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Panamá

Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

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La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Para desgracia de los panameños, el Gobierno a la deriva de Laurentino Cortizo tiene que seguir gobernando dos años más

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El Gobierno voltea para otro lado, y para desgracia de nosotros, tiene que seguir gobernando dos años más, y aunque conoce los soluciones de fondo, como dijimos antes, no está dispuesto a pagar ese precio.

Por Ing. Helmut De Puy

En una semana movida, políticamente hablando, el Gobierno no logra cumplir con lo prometido. Eso no significa que querramos que se cierren las calles, ni que el presidente regale protagonismo a quienes se aprovechan de las necesidades del pueblo. Solo queremos que cumpla con su compromiso y rompa el círculo vicioso que destruye empresas y puestos de trabajo cuando el país se para.

¿Qué está pasando? Podemos ensayar muchas respuestas. Entre ellas, que si el precio fijo no satisface a los empresarios, muchos de los productos no van a aparecer en las estanterías. Pero, vayamos un poco más allá y analicemos lo anunciado hoy en materia de medicamentos: rebajan 30% los medicamentos y 20% más a los jubilados. Hagamos la matemática: Nexium vale $63.38 aquí y $3.62 en Turquía. En el mejor de los casos, los jubilados pagarán $31.84. ¿Es esa una buena solución? Obviamente no. Los precios de los medicamentos no van a bajar así, y tampoco encontraremos los productos de la canasta básica que no satisfagan las demandas de los empresarios. Punto y aparte.

¿Hay solución? Por supuesto, pero implica adquirir enemigos poderosos y el Gobierno no va a tomar ese camino. Entonces, ¿qué podemos esperar? Si el Gobierno decide subsidiar indefinidamente la canasta básica, el costo lo asumimos todos con los impuestos. Es importante recordar que el Gobierno no es una empresa, es un recolector de impuestos y administrador de los mismos Y cuando no le alcanza, pide préstamos y nos endeuda (más adelante hablaré de eso).

Ahora bien, si las empresas no logran sus objetivos, cierran, y adiós trabajos. Si la gente no genera ni con qué pagar su comida, vuelve a parar el país. En el medio de esto, el poder ejecutivo, ofrece recortar una planilla que jamás debió llegar a estar como está.

El Gobierno voltea para otro lado, y para desgracia de nosotros, tiene que seguir gobernando dos años más, y aunque conoce los soluciones de fondo, como dijimos antes, no está dispuesto a pagar ese precio. Ni qué hablar de los temas que quedaron tapados por esto, como el del mercado del marisco que sigue impulsando el alcalde Fábrega, o saber que aumentan la deuda cada vez más, así como el déficit fiscal; o el descontento con querer llevar al actual administrador de la ASEP a la Corte Suprema, o el problema con los marítimos que siguen sin lograr que el presidente los reciba, o los temas de migración y seguridad que a Nito Cortizo le toca resolver con el nuevo presidente de Colombia.
La economía para crecer está necesitando viagra, pero al parecer, está muy caro, y créanme que si la economía no crece, estamos condenados. Los subsidios y la regulación de precios no son la solución. Usted lo sabe señor presidente. ¿Qué espera para tomar las decisiones que el país necesita?

 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Policía investiga diversas hipótesis en torno al móvil del asesinato en La Chorrera del taxista José Javier Martínez “Pirulo”

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La noche del miércoles asesinaron a José Javier Martínez, apodado a ‘Pirulo’ de un tiro en la cabeza.

De acuerdo a las primeras pesquisas de las autoridades judiciales, ‘Pirulo’ recibió la llamada de un hombre que le dijo que le iba a comprar el auto que estaba vendiendo y lo citó al parque de la iglesia San Francisco de Paula de La Chorrera para negociar la venta, informó Miguel Ángel Victoria, El Siglo.

José Javier Martínez “Pirulo”

Una vez que ‘Pirulo’ llegó al lugar fue sorprendido por un desconocido que se le acercó por la espalda y le disparó en la cabeza. Todo ocurrió frente a la mirada de feligreses de la iglesia. La víctima residía en el sector La Milagrosa de La Chorrera y era dueño de un taxi.

Horas antes del crimen había estado jugando fútbol con unos sobrinos y fue allí cuando recibió la llamada.

El crimen se perpetró cerca de las 8:00 de la noche y a la escena llegaron familiares quienes desconsolados se lamentaban por lo sucedido.

«Pirulo por qué, por qué saliste de la casa’. Otros decían: ‘No tenías necesidad de vender el carro».

Tras ser baleado, ‘Pirulo’ quedó tendido en el piso en medio de un charco de sangre entre su taxi y un auto sedan gris.

 

Los investigadores creen que él salió del taxi y lo dejó andando. Luego se sentó en la acera a conversar con el supuesto comprador y otra persona se le acercó sigilosamente por la espalda y le disparó en la nuca y luego lo remató con cuatro balazos más.

Una vez que cumplió con su encargo, el homicida tomó una foto del cadáver de ‘Pirulo’ y rápidamente abandonó la escena.

Las autoridades judiciales investigan el vehículo sedan gris ya que allí pudieron haber llegado los agresores. En el sitio donde ocurrió el crimen hay cámaras de videovigilancia municipal así como de comercios las cuales servirán para esclarecer este hecho de sangre en La Chorrera.

De acuerdo a datos policiales en febrero del año pasado «Pirulo» sobrevivió a un atentado en La Chorrera. En días pasados el taxi de ‘Pirulo’ fue llevado en grúa por la Policía ya que siempre le andaba cambiando el stiker de la numeración de la puerta del taxi. Unas veces lo identificaba como taxi de Arraiján y otras veces como de La Chorrera.

Otro dato que suministró la policía es que el pasado fin de semana, supuestamente, ‘Pirulo’ había amenazado a una menor de edad quien tiene un familiar preso en La Joya.

También ayer circuló un video donde se observa a ‘Pirulo’ en plena calle pateando a un hombre que está tendido en la carretera.

 

Las investigaciones de este hecho han iniciado por parte del Ministerio Público, puesto que las estadísticas con este caso aumentan a 28 fallecimientos por homicidios en la provincia de Panamá Oeste.

Las autoridades judiciales informaron que aún no hay detenidos, a pesar de que la policía ha iniciado operativos en La Chorrera para dar con los responsables de cometer el crimen.

Una fuente policial informó que la víctima pertenecía a la banda ‘Afganistán’ y mantenía rencillas con grupos delincuenciales que operan en puerto Caimito. En el 2020 sufrió un atentado y era familia de uno de los que iniciaron la masacre en la Joya en diciembre de 2019.

Este es el cuarto miembro de esta familia que matan.

De acuerdo a estadísticas de las autoridades van 28 homicidios en Panamá Oeste en 2022

 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

El privilegio habitacional logrado por el líder del Suntracs Saúl Méndez del que no pueden disfrutar la mayoría de los obreros en Panamá

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La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá realizó una subasta el 15 de octubre de 2018 para la venta de una vivienda ubicada en Pedro Miguel, cerca del canal de Panamá, en el corregimiento de Ancón.

Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores y Similares (Suntracs), resultó ganador en la subasta, en la que el líder sindical ofreció pagar por la vivienda $57.200.

La escritura fue realizada de manera expedita bajo la administración del entonces presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, el 10 de mayo de 2019, luego de la celebración de elecciones generales en el país y a menos de dos meses de dejar el Gobierno. La propiedad fue adjudicada en el año 2020, según explicó Félix Tijerino en InformaT Panamá.

Sin embargo, el precio de otras casas con condiciones similares en la comunidad de Pedro Miguel, sobrepasa los $185.000.

Mientras el común de los obreros deben aplicar para intentar ser beneficiados con casas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento territorial (MIVIOT) o recurrir al precarismo, el secretario general del Suntracs, sí tiene la posibilidad de adquirir una vivienda a través de una subasta.

 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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