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Panamá

¿Está Panama Ports comprometida y alineada con el desarrollo marítimo de Panamá?

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Por: Tomás Paredes Royo

Supe de Arnold & Porter en la década de los 80´s, cuando la firma cooperaba en la promoción de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI). En aquella ocasión, A&P ofrecía sus servicios para que los países cumplieran con las normas legales y procedimentales para beneficiarse de aquel programa. Desde entonces, como parte de una lista de bufetes internacionales, diferentes gobiernos han utilizado los servicios de Arnold & Porter en sus relaciones comerciales con otros países; para obtener nuevos financiamientos; y para atender demandas de terceros contra el Estado. Dicho de otra manera, servicios jurídicos en beneficio de los mejores intereses de la nación panameña.

Recientemente Arnold & Porter fue contratada por la Autoridad Marítima de Panamá, o por el gobierno de la República de Panamá, para emitir una opinión legal sobre la renovación “automática” del contrato existente con la empresa Panama Ports para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, con el fin de que sus conclusiones sustentaran la decisión de la AMP de prorrogar o rescindir dicho contrato.

Contrario a lo que comentan algunos alabarderos de PPC, he leído el contrato existente entre las partes y he objetado desde un inicio la pretensión de la empresa y del gobierno actual de que continuar el contrato original bajo los mismos términos y condiciones. Sin embargo, quienes hoy se rasgan las vestiduras aludiendo la necesidad de preservar la seguridad jurídica en nuestro país, olvidan por conveniencia la negociación de Panamá con los Estados Unidos para recuperar su soberanía en todo su territorio, que llevó a la eliminación de la Zona del Canal y a la administración del Canal de Panamá. ¿Qué mayor seguridad jurídica, argumentaron algunos en su momento, que el tratado de 1903?

Más allá de santificar la seguridad jurídica, manto con el cual quieren arropar y proteger la relación desigual que emana del contrato aludido, como en el Hay-Bunau Varilla, baso mi opinión en la necesidad de ajustar los términos y condiciones a las realidades actuales, por considerar que mantener la situación original, proyectada hacia el futuro, sería un despropósito para el país y promovería una correlación insostenible, lesiva a nuestra dignidad como nación y como Estado anfitrión de la inversión extranjera.

La estrategia utilizada por el gobierno y la empresa para justificar la concesión de Panama Ports hasta el 2047 puede ser calificada como ruin y traidora. Inventarse un áudito para justificar supuestos cumplimientos de PPC al contrato; abocarse a una costosa campaña publicitaria para exaltar de manera exagerada y repetitiva las aparentes bondades y beneficios de PPC; y demeritar o soslayar la posición geográfica del país y la contribución del Canal de Panamá al sistema marítimo, los califica de cuerpo entero. Pena ajena, pero dolor propio como panameño.

Si Arnold & Porter estaba limitada a preguntar a la Contraloría General de la República, hubiese esperado de ese bufete una posición más ética y no prestar su nombre para justificar lo que ya sabíamos, un interés decidido del gobierno por renovar el contrato con PPC bajo los mismos términos y condiciones, sin importar los métodos o las consecuencias.

Preguntó A&P si PPC: (1) ocupa todas las tierras y aguas del contrato para el propósito de sus operaciones portuarias?; (2) puede PPC subarrendar las tierras y aguas que constituyen un exceso a sus necesidades para que terceros realicen actividades ajenas a sus operaciones portuarias?; (3) está sujeta a revisión y ajuste periódico la estructura de beneficios económicos que recibe Panamá de esta concesión en función del valor de la posición geográfica y la valorización del entorno donde operan los puertos?; (4) ha PPC cancelado sus obligaciones contractuales, incluyendo dividendos, según lo establecido en el contrato existente?; (5) está PPC comprometida y alineada con el desarrollo marítimo del país, que incluye necesariamente la diversificación y la creación de nuevas cadenas de valor con el fin de diversificar la oferta y enriquecer los servicios logísticos que se puedan ofrecer desde nuestro país y que demanda la industria marítima mundial?.

La poca transparencia con que el gobierno ha manejado este asunto y su decisión final de ir en contra de la opinión de expertos y conocedores del tema solo sirve para abonar al sentimiento y a la percepción de muchos de que este gobierno se caracteriza por tener funcionarios de pantalones muy cortos y bolsillos muy largos, en todo caso, sin correa. Puede que para algunos el contrato de PPC sea “caso cerrado”, cuando en realidad se ha abierto para los próximos 25 años una herida que no se curará con unos cuantos dólares más.

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Panamá

Clienta denunció aparente estafa tras colocación de dinero a plazo fijo en Banistmo

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Una usuaria del banco Banistmo, de nombre Martha, denunció cómo había colocado $500.000 a plazo fijo en la entidad bancaria desde el año 2015, que obtuvo gracias a una herencia que le dejó su madre, y luego de vencerse el plazo en 2020 y reclamar sus ahorros, se percató que su dinero había desaparecido.

En entrevista con Nancy Dunkley, la usuaria denunció que el banco no le comunicó en ningún momento inconveniente alguno y que al solicitar explicaciones el banco le informó que el dinero ya no existía porque ella había solicitado un crédito prendario, el cual la clienta negó haber firmado.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sólo le ha respondido que no puede hacer nada, en una situación que tiene visos de haber sido una estafa.

Martha también denunció que una subgerente de Banistmo la amenazó con llevarla a juicio. Sin embargo, señaló que una testigo aseguró que la entidad tenía «comprados» a funcionarios de la superintendencia bancaria.

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Panamá

Se agudiza crisis de migrantes entre Colombia y Panamá

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El pasado sábado el gobierno colombiano planteó un diálogo con Panamá para aliviar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, por el inusual flujo de migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos con destino a Estados Unidos.

Desde hace algunas semanas miles de migrantes, entre venezolanos, haitianos, africanos y cubanos, esperan en el puerto colombiano de Necoclí las embarcaciones que lo lleven hasta la frontera con Panamá, una de las escalas antes de llegar al destino final que es EEUU o Canadá.

Las autoridades colombianas y panameñas temen un brote considerable de coronavirus por la aglomeración de personas en plena pandemia justo cuando Colombia vive la tercera ola de la COVID-19.

La presencia de los migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos genera ganancias a la economía de este pequeño puerto turístico azotado por la pandemia.

La cantidad de migrantes alquilan cuartos de hoteles y casas particulares a la espera de poder abordar alguno de los muchos botes que cruzan a diario el golfo de Urabá.

El golfo de Urabá es uno de los puntos principales del tránsito de migrantes que buscan cruzar caminando hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón de Darién, con rumbo hacia Centroamérica, según la información de AFP.

Aunque la migración de venezolanos en los últimos 5 años es la que ha ocupado mayor centimetraje en los medios de comunicación, hay otros países que también están viendo salir a sus ciudadanos aunque con menos proporción.

Las autoridades colombianas han denunciado recientemente la intervención de redes internacionales que se encargan de trasladar a migrantes no solo desde Venezuela sino también de otros países de latinoamérica al departamento de Nariño.

Migrantes de Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela pagan a estas mafias cientos de dólares para ser trasladados desde la frontera de Colombia con Ecuador hasta los límites con Panamá, situación que ha creado una crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

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Panamá

Ciudadanos ven con suspicacia propuesta del contralor Gerardo Solís de vender el 10% de participación del Estado panameño en Panamá Ports Company

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Tras concluir la votación de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) —el pasado 23 de junio—, que aprobó autorizar la renovación automática del contrato a Panamá Ports Company (PPC), el contralor de la República, Gerardo Solís, propuso venderle a la empresa la participación del Estado en la portuaria, que corresponde al 10% de las acciones.

El planteamiento de Solís lo recoge el acta de la reunión del 23 de junio de 2021, publicada en la página web de la AMP luego de la solicitud de información que hizo el activista político Ricardo Lombana, señaló La Prensa.

“Al venderle el Estado a la empresa el 10%, la empresa queda en igualdad de condiciones, en paridad con el resto de las empresas portuarias, y nosotros tenemos esa plata, ese valor de 25 años lo traemos a valor presente y se puede invertir ahora en beneficio del pueblo panameño, ese dinero…”, dijo Solís.

La propuesta fue planteada por Solís casi al final de la reunión y luego de reiterar que la decisión de prorrogara el contrato es la correcta, porque la empresa cumplió. Se desconoce cuál es el valor de las acciones, pero PPC ha señalado que invirtió más de $1,695 millones en los 23 años y 5 meses de vigencia del contrato.

El tema ha repercutido en las redes sociales, donde algunos ciudadanos han visto con suspicacia la propuesta del contralor Solís.

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