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Panamá

Empresario venezolano Pedro José Antar Antar es detenido en Miami ante acusaciones de fraude y otros delitos

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En 2020 fueron revelados en los medios de comunicación una serie de documentos que daban cuenta de la conformación de un consorcio denominado Caribbean Recovery Assets (CRA) conformado por las empresas LockinCapital y Global Risk Management, cuyos directores son Jorge Reyes y Pedro Antar.

Según un reporte de la web Prensa América, CRA fue creado para ir a la cacería de bienes de Venezuela en el Caribe, guardando las características de ser el rostro corporativo para actuar, como un tercer actor, en la ejecución de acciones “administrativas” del “interinato” de Guaidó.

Venezuela, a través de PDV Caribe, tiene un rango de porcentaje capital entre 25% y 60% en empresas fundadas en 12 países del Caribe, que son parte de la plataforma de bienes y servicios de Petrocaribe para la distribución de combustible en el marco de dicho tratado de cooperación energética. Estos bienes serían el “objetivo” de estas operaciones de corsarios financieros pseudo legales.

El consorcio CRA actuaría como intermediario en las gestiones de deuda, pero además de ello, abordando dichas empresas, promoviendo la “recuperación de bienes” y realizando labores de “inteligencia” financiera en 19 países del Caribe. Por ello, serían beneficiarios de un 18% del valor de los montos “recuperados”, tanto en recursos líquidos como en activos físicos.

Tantos eufemismos propios de la jerga financiera en realidad encubren actos de sicariato corporativo, mediante el consorcio CRA como matones que tenían el objetivo de ir contra empresas y gobiernos en el Caribe ejerciendo presiones.

Las gestiones de dicho consorcio se vieron frustradas por negociaciones fallidas con el equipo de Guaidó.

Las acciones del consorcio estarían respaldadas mediante un contrato entre ellos y el “gobierno interino”, un contrato de Guaidó con CRA que aunque tuvo una “buena pro” inicial, no continuó debido a que los representantes del Consorcio se negaron a caer en el chantaje, a pagar las comisiones y coimas que exigía cada uno de los funcionarios del Gobierno Interino, a cambio de otorgarles el contrato.

En esta componenda participarían los hermanos Fernando y Magin Blasi-Blanchard. Fernando, como encargado de negocios de Guaidó en Washington y mano derecha del “embajador” de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio.

Reapareció también José Ignacio Hernández, el procurador de Guaidó, quien habría dado el visto bueno a CRA para su “labor” y su comisión de 18%. También el presidente de la Junta Ad Hoc de PDVSA, o la PDVSA de Guaidó, Luis Augusto Pacheco Rodríguez, y Yon Goicoechea como diputado.

Todos participaron en reuniones preparativas para orquestar las cruzadas en el Caribe a cargo del referido consorcio. Varias reuniones se realizaron con ese objeto a inicios de 2019, justo en el furor del “gobierno paralelo” y la búsqueda de los activos venezolanos.

Sin embargo, todo desembocaría, para octubre de 2019, en la recién creada Comisión Presidencial para la Gestión de Activos, por lo que los representantes del consorcio comenzaron a partir de ese momento a entenderse con Javier Troconis, jefe de esa comisión designado por Guaidó.

Según se denunció en 2020, Fernando y Magin Blasi-Blanchard, autorizados por Troconis, exigieron a CRA “una comisión de 750 mil dólares, y que del 18% de los honorarios del Consorcio, se les diera a ellos el 50%. Es decir, que se les considerara como socios del consorcio que ellos mismos estaban contratando”. Esto sólo para dar pie a su contrato.

CRA fue creado para ir a la cacería de bienes de Venezuela en el Caribe, guardando las características de ser el rostro corporativo para actuar, como un tercer actor, en la ejecución de acciones “administrativas” del “interinato” de Guaidó.Venezuela, a través de PDV Caribe, tiene un rango de porcentaje capital entre 25% y 60% en empresas fundadas en 12 países del Caribe, que son parte de la plataforma de bienes y servicios de Petrocaribe para la distribución de combustible en el marco de dicho tratado de cooperación energética. Estos bienes serían el “objetivo” de estas operaciones de corsarios financieros pseudo legales.

El consorcio CRA actuaría como intermediario en las gestiones de deuda, pero además de ello, abordando dichas empresas, promoviendo la “recuperación de bienes” y realizando labores de “inteligencia” financiera en 19 países del Caribe. Por ello, serían beneficiarios de un 18% del valor de los montos “recuperados”, tanto en recursos líquidos como en activos físicos.

Tantos eufemismos propios de la jerga financiera en realidad encubren actos de sicariato corporativo, mediante el consorcio CRA como matones que tenían el objetivo de ir contra empresas y gobiernos en el Caribe ejerciendo presiones.

Las gestiones de dicho consorcio se vieron frustradas por negociaciones fallidas con el equipo de Guaidó.

Las acciones del consorcio estarían respaldadas mediante un contrato entre ellos y el “gobierno interino”, un contrato de Guaidó con CRA que aunque tuvo una “buena pro” inicial, no continuó debido a que los representantes del Consorcio se negaron a caer en el chantaje, a pagar las comisiones y coimas que exigía cada uno de los funcionarios del Gobierno Interino, a cambio de otorgarles el contrato.

En esta componenda participarían los hermanos Fernando y Magin Blasi-Blanchard. Fernando, como encargado de negocios de Guaidó en Washington y mano derecha del “embajador” de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio.

Reapareció también José Ignacio Hernández, el procurador de Guaidó, quien habría dado el visto bueno a CRA para su “labor” y su comisión de 18%. También el presidente de la Junta Ad Hoc de PDVSA, o la PDVSA de Guaidó, Luis Augusto Pacheco Rodríguez, y Yon Goicoechea como diputado.

Todos participaron en reuniones preparativas para orquestar las cruzadas en el Caribe a cargo del referido consorcio. Varias reuniones se realizaron con ese objeto a inicios de 2019, justo en el furor del “gobierno paralelo” y la búsqueda de los activos venezolanos.

Sin embargo, todo desembocaría, para octubre de 2019, en la recién creada Comisión Presidencial para la Gestión de Activos, por lo que los representantes del consorcio comenzaron a partir de ese momento a entenderse con Javier Troconis, jefe de esa comisión designado por Guaidó.

Según se denunció en 2020, Fernando y Magin Blasi-Blanchard, autorizados por Troconis, exigieron a CRA “una comisión de 750 mil dólares, y que del 18% de los honorarios del Consorcio, se les diera a ellos el 50%. Es decir, que se les considerara como socios del consorcio que ellos mismos estaban contratando”. Esto sólo para dar pie a su contrato.

Acusado de varios delitos

Pero Pedro José Antar Antar, uno de los empresarios supuestamente extorsionados y quien denunció los hechos, tiene sobre sí varias acusaciones penales. Antar ha estado ligado a una investigación por lavado de activos tras montar en Venezuela exportaciones fraudulentas desde Ecuador, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) creado en 2008. Algunas exportaciones estaban sobrevaloradas, otras nunca se realizaron. En las redes sociales, algunos han calificado a Antar de “revolucionario, chavista y militante del PSUV”.

El pasado 9 de septiembre el sitio Mugshots Zone reportó la detención de Pedro José Antar en el condado de Miami Dade en Florida, debido a acusaciones en su contra por delitos tales como hurto en tercer grado, esquema organizado para defraudar y práctica de derecho sin licencia. Por lo pronto, no han sido revelados más datos del caso contra Antar.

Cheque robado

Pedro Antar, quien es descendiente de una familia judía, fue acusado años atrás en Venezuela de supuestamente haberse apropiado indebidamente de un cheque de la Gobernación del estado Miranda, cuando el gobernador era Henrique Capriles Radonski.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

¿Se dedican verdaderamente en la Policía Nacional de Panamá a «proteger y servir» al pueblo panameño?

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Por Edmundo Dante Dolphy

Proteger y Servir es un eslogan atractivo, desde el punto de vista de mercadeo vende y sugiere que nuestros uniformados del Jardín de Los Olivos cumplen a cabalidad con el mandato constitucional al que están llamados como servidores públicos.

Lo que dudamos es de que la tropa esté motivada a servir y proteger, cuando observan que el eslogan lo aplican para protegerse entre subcomisionados y comisionados preñados de privilegios, entre ellos, las jubilaciones especiales de casi 7 mil dólares y ni hablar de los jefes de zonas.

¿Será que el pie de fuerza que representa a la tropa está desmotivada por la injusticia en el tema de la ley de los ascensos? Cuando le corresponde a la tropa -entiéndase de agente a teniente- ascender a capitán tienen que hacer 5 años con el despropósito de que la gran mayoría no llegue a ese rango ya que no les da el tiempo y se jubilan inexorablemente con las dos barras. Solo a los oficiales de carrera les dan los tiempos para llegar a comisionados.

En contravía que ustedes creen, los intocables subcomisionados y comisionados, estos últimos con salarios de 6 mil 550 dólares, se jubilan pero no firman la resolución después de 6,7 y 8 meses para continuar disfrutando de los gastos de representación. Esto casi raya en una figura de peculado.

¿Puede una tropa estar motivada para salir a combatir al hampa, sin la provisión de uniformes, zapatos y equipos que por años no reciben? Hay unidades que se ven obligadas a comprar sus calzados de sus salarios. ¿Puede una tropa salir a reprimir la delincuencia sin una comida saludable, que reúna los nutrientes necesarios? Bueno, el director de la Policía Nacional nos aseguró que los alimentos que reciben los que están de turno, es de calidad, incluso, tenemos hasta el menú; sin embargo, unidades insisten en calificar de mentiras lo planteado por su Director General.

Veamos lo que sucede en el reino de los Jefes de Zona, que, según varias unidades comprometidas con la institución y la transparencia que debiera prevalecer en este estamento de seguridad, reciben incentivos de hasta mil 500 dólares mensualmente, cuando la estadística de delitos en su área de competencia no registre incrementos en comparación con el mes anterior. Pero, ¿porqué ese incentivo no se extiende a los agentes, cabos, sargentos, subtenientes y tenientes que salen diariamente a poner el pecho contra una delincuencia feroz y muy bien armada y que dicho sea de paso, le ha dado de baja a una cantidad importante de policías?

Es frustrante para la sociedad conocer estas verdades amargas de una institución noble, en la que la mayoría de sus componentes está comprometida con la patria, con la defensa de los derechos humanos y de la seguridad de todos los ciudadanos.

Desafortunadamente, los índices de delincuencia en el país nos mantienen en un permanente estado de indefensión del cual no saldremos hasta que se corrijan las inequidades descritas y denunciadas por policías que podemos interpretar como el “Gold roll” y el Silver roll”.

Artículo original publicado en La Verdad Panamá

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

El impasse entre los gobiernos de Colombia y Panamá en la elección del nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud que agrió las relaciones diplomáticas entre ambos países

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Las relaciones diplomáticas entre Panamá y Colombia no atraviesan su mejor momento y últimamente han estado signadas por las tensiones y el malestar, luego que Panamá le ofreciera a Colombia apoyar a su candidato para dirigir la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Colombia confiaba en que su candidato podía alzarse en la elección, al lograr la mayoría de los votos, pero finalmente el apoyo no fue tal.

El candidato colombiano quedó sin la posibilidad de dirigir la OPS, a pesar del esfuerzo de la diplomacia del Gobierno de Gustavo Petro, qué no terminó siendo respaldado por el Gobierno de su homólogo panameño, Laurentino Cortizo, toda vez que Panamá decidió apoyar al candidato de México.

La propuesta de un posible acuerdo consistía en que, a su vez, Colombia respaldaría al candidato de Panamá para el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, algunos entendidos afirman que, cuando a lo interno del Gobierno de Cortizo se percataron que contaban con los votos necesarios, sin el apoyo colombiano, decidieron desconocer cualquier acuerdo previo con Colombia, votando así por el candidato mexicano.

La elección del nuevo director tuvo lugar por votación secreta durante la 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana, que se celebró entre el pasado 26 y 30 de septiembre. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es el organismo especializado de salud del sistema interamericano, encabezado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), y también está afiliada a la Organización Mundial de la Salud. El candidato elegido, el pasado 28 de septiembre, fue el doctor Jarbas Barbosa da Silva Jr., representante de Brasil.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Documentos e imágenes dejan en evidencia las mentiras del representante de Pedregal Elías Cárdenas Jordán para ocultar su culpabilidad en el arrollamiento de Rigoberto Santiago Choli

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El representante de la Junta Comunal de Pedregal, Elías Cárdenas Jordán, ha intentado deslindarse de su responsabilidad, por la muerte de Rigoberto Ceberiano Santiago Choli, quien perdió la vida tras ser arrollado por Cárdenas el 29 de septiembre de 2019.

En un video, el representante señaló que las autoridades estaban realizando sus investigaciones, culpando del arrollamiento a uno de sus choferes y asegurando que no podía comentar más sobre lo sucedido.

 

Empero, documentos judiciales indican que el responsable del arrollamiento no es otro que el propio Cárdenas Jordán. Uno de los documentos señala:

«…cerca de la Parrillada Adelina, ELÍAS CÁRDENAS JORDÁN, conducía su vehículo marca Toyota, modelo Fortuner, color oscuro, sin matrícula visible, vehículo asignado a la Junta Comunal de Pedregal, cuando atropelló a RIGOBERTO CEBERIANO SANTIAGO CHOLI (Q.E.P.D.), se detiene a pocos metros de lo ocurrido y se retira del lugar, dejando a la víctima tirada en la vía, donde fallece.»

CUARTO: Que la participación que se le atribuye al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 133, 134 numeral 3 del Código Penal.
QUINTO: La pena cuya aplicación se solicita es de 90 meses de prisión, para al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 52, 79, 80, 133, 134 numeral 3 del Código Penal.
SEXTO: Que durante la audiencia de fase intermedia las partes, no llegaron a un método alterno de resolución de conflictos,
SÉPTIMO: Que el Abogado Querellante Adimael Franco Cortéz, presentó Acción Resarcitoria a favor de su representada Berta Smith con cédula 1-720-346.
OCTAVO: Que durante la audiencia de fase intermedia las partes no realizaron convenciones probatorias.
NOVENO: Que el Ministerio Público solicita con fundamento en el artículo 108 y 109 del Código Procesal Penal citar al tercero civilmente responsable en esta causa a Juicio Oral, La Regional De Seguros, con oficinas en Boulevard Costa del Este y Avenida La Rotonda, Torre Panamá, piso 13, oficina 1300, responsable de la póliza AUTO-10-29-2101282″.

DÉCIMO PRIMERO: Este Tribunal De Garantía acoge la formulación de acusación en contra del acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 133, 134 numeral 3 del Código Penal, y los elementos de prueba de cada uno de ellos tanto del Ministerio Público, Querellante, como la defensa particular han argumentado en audiencia. Además, se remite a disposición del Tribunal de Juicio Oral de la Ciudad de Panamá del Primer Distrito Judicial, Primer Circuito Judicial de Panamá al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859.
Remítase la presente resolución al TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE LA CIUDAD DE PANAMÁ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL competente, fijando como fecha de audiencia para el día Miércoles 17 de Abril del 2024, a las 2:00 P.M. Sala número 1.

 

Otros documentos del caso dejan en evidencia cómo Elías Cárdenas Jordán contrató a una persona para que fingiera que la camioneta en la que arrolló a Rigoberto Santiago Choli le había sido robada a la junta comunal de Pedregal.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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