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Panamá

El magistrado Wilfredo Sáenz sale del Segundo Tribunal Superior de Panamá en medio de un nuevo escándalo judicial y luego de muchas otras polémicas

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El abogado y exembajador de Panamá en la OEA, Guillermo Cochez, comentó sobre la renuncia del magistrado Wilfredo Sáenz Fernández, sobre quien dijo habrían pactado pagarle vacaciones para tapar un escándalo ocurrido en el Segundo Tribunal Superior Penal.

En las redes sociales se comentó que la renuncia del magistrado se produjo tras un escándalo por el archivo del proceso penal contra el exjuez César Alexis Menchaca Navarro, acusado en un caso conocido como el fraude Panamá Bodyboard. Debido a esto, Sáenz habría anunciado su retiro a partir del 15 de septiembre, luego de haber cumplido casi 50 años en la judicatura.

César Alexis Menchaca Navarro

Menchaca Navarro se desempeñó como juez 3 municipal civil y el caso Panamá Bodyboard consistió en un fraude contra en perjuicio del Grupo Barcelona.

En el despacho de Sáenz cursaría el expediente en donde se acusa penalmente al fiscal Sergio Yorett, la secretaria Denis Acevedo y el secretario Javier Mitre, todos señalados por el mismo caso.

Pero no es la primera vez que Wilfredo Sáenz se ve en medio de críticas y escándalos. Años atrás se ha rechazado su actuación en casos como el del expresidente Ricardo Martinelli.

Cuestionado en el caso Martinelli

La designación de Wilfredo Sáenz como el magistrado que vería los recursos de casación y nulidad presentados por el fiscal Ricaurte González y los abogados querellantes en contra de la decisión del Tribunal de Juicio Oral que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, no fue vista con buenos ojos.

Uno de los que criticó esta decisión fue el abogado Luis Eduardo Camacho González, quien en 2019 indicó que le parecía un exabrupto y deja un mal sabor sobre las actuaciones que él pueda tener ante estos recursos.

«Me parece un exabrupto y deja un mal sabor cuál pueda ser su actuación frente a estos recursos, eso en razón de que ya él actuó dentro de la presente causa y así él lo reconoció», indicó Camacho González.

Camacho agregó que en la decisión que adoptó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se había incurrido en una violación a la Constitución Nacional, pero también a compromisos internacionales, esto porque los derechos humanos le reconocen a una persona el derecho a un juez independiente imparcial.

«Los derechos humanos le reconocen a una persona el tener derecho a un juez imparcial, es decir alguien que no tenga relación, y en este caso del magistrado Sáenz ha actuado en el expediente a Ricardo Martinelli y, por lo tanto, no tiene la capacidad de garantizar esa independencia e imparcialidad frente a la decisión que tiene que adoptar».

Ante esto, el abogado indicó que la defensa del exmandatario Martinelli debía mostrar no solo su disconformidad, sino también su preocupación con las actuaciones que Sáenz podía tener en estos recursos.

«Hay que recordar que el magistrado Wilfredo Sáenz ha sido el suplente del magistrado Harry Díaz, que era el encargado de llevar este proceso ante el Pleno, un proceso que se llevó evidentemente mal», manifestó el abogado Luis Eduardo Camacho González.

Sáenz, quien es suplente del magistrado Harry Díaz, fue notificado de esta decisión por parte de los magistrados Luis Mario Carrasco y Asunción Alonso -suplentes de Jerónimo Mejía y José Ayú Prado, respectivamente-.

Carrasco fue el ponente del fallo en el que se negó la solicitud de impedimento presentada por Sáenz.

Hay que indicar que a mediados del mes de septiembre de 2019 la Sala Penal de la Corte Suprema repartió al despacho del magistrado Harry Díaz los recursos de anulación con concurrencia de casación presentado por el fiscal Ricaurte González y el querellante Rosendo Rivera.

También se repartió el recurso de casación presentado por otro grupo de abogados querellantes contra el veredicto que declaró no culpable a Martinelli.

Hay que señalar que el magistrado Díaz se declaró impedido de conocer de estos recursos, toda vez que él actuó como fiscal de la causa cuando el proceso fue llevado por la Corte.

Hay que indicar que Sáenz también presentó una solicitud de impedimento por haber actuado en varias audiencias en las que el pleno de la Corte Suprema resolvió recursos presentados por la defensa del exgobernante.

20 de septiembre se repartieron en la Sala Penal estos recursos.

Escándalos

La nulidad de la investigación seguida a familiares y allegados del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, es solo una de las tantas decisiones controversiales que en los últimos años ha tomado el magistrado del Segundo Tribunal de Panamá Wilfredo Sáenz. En la mayoría de los casos más recientes, ha favorecido a exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli, y en otras ha perjudicado a los adversarios del exgobernante. Sáenz, designado magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá en el año 1996, además fue nombrado por Martinelli en 2010 como suplente del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Abel Almengor. Pese a la renuncia de Almengor en 2011, Sáenz aún sigue de magistrado suplente de Harry Díaz. EXPEDIENTE MONCADA LUNA. El magistrado Sáenz fue criticado por ser ponente del fallo del 23 de septiembre de 2016, que declaró la nulidad y ordenó el archivo del proceso penal por blanqueo de capitales seguido a la esposa de Moncada Luna, María del Pilar de Moncada Luna y otras 13 personas acusadas de blanqueo de capitales. Esta investigación surgió del caso seguido a Moncada Luna luego que fue condenado a 5 años de prisión. Sáenz, que fue allegado a Moncada Luna cuando éste fue presidente de la CSJ (2012-2013), manifestó en el fallo que la condena al exmagistrado, exime de responsabilidad a los otros involucrados. Además de archivar el caso, ordenó levantar las medidas cautelares y devolver los bienes y dineros secuestrados. Moncada Luna fue investigado y juzgado por la Asamblea Nacional, mientras que el resto de los vinculados fueron procesados por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. El fallo fue recurrido en casación (último recurso de apelación) por la Fiscalía y este debía ser atendido por la Sala Penal.

CASO ALMA CORTÉS. Sáenz fue ponente de dos fallos que concedieron fianzas de excarcelación a la exministra de Trabajo Alma Cortés y al abogado Rubén Moreno, investigados por enriquecimiento injustificado. Cortés salió de prisión en agosto de 2016 luego que Sáenz le concedió la fianza de 300 mil dólares en tiempo récord, apenas seis días después que la exministra presentó la apelación luego que el Juzgado Cuarto le negó en principio la fianza. Moreno obtuvo una fianza de 100 mil dólares por parte del mismo Sáenz. Benefició a Carretero y a Martinelli. La fianza a Cortés y Moreno no es la única dada por Sáenz. También concedió fianzas a los empresarios Roberto Carretero y Mario Martinelli, éste último hermano del expresidente. El 22 de marzo de 2016, Sáenz no solo concedió la fianza a Carretero sino que rebajó el monto de la misma. De 500 mil dólares que había establecido el Juzgado Décimoquinto Penal, quedó en 300 mil balboas. Carretero era investigado por supuesto peculado en un contrato de compraventa de bolsas de comida en el Programa de Ayuda Nacional (PAN). En el caso de Mario Martinelli, el magistrado le concedió una fianza de 1 millón de dólares por el caso de la compra de mochilas escolares en el PAN. Gilberto Boutin. Sáenz tuvo por 11 años el expediente seguido al abogado Gilberto Boutin por delitos de prevaricación y falsificación de documentos en perjuicio del empresario Marc Harris. Boutin y los otros dos acusados Ariel Corbetti y Francisco Espino fueron condenados a prisión en el año 2005. Pero apelaron la condena y Sáenz nunca resolvió la apelación. En su lugar, el magistrado Sáenz decretó la prescripción del caso el 2 de febrero de 2015. El 30 de mayo de 2016, la Sala Penal archivó definitivamente el expediente al rechazar la casación. Harris acusó a los abogados Boutin, Corbetti y Espino en el año 1997, porque ellos tres presuntamente gestionaron un embargo a cuatro de sus empresas, cuando las mismas estaban bajo un secuestro. ADELAG. El caso Boutin no ha sido su única prescripción. Sáenz también aplicó ese mismo criterio en el proceso por estafa y falsedad seguido a los hermanos Aquilino y Carlos De La Guardia, por la quiebra del Grupo Adelag. Sáenz fue ponente del fallo del 20 de diciembre de 2013, que archivó el caso Adelag a pesar que desde el 2012, la Sala Penal condenó a los hermanos De La Guardia a 66 meses de prisión. El magistrado argumentó que la Sala Penal de la Corte nunca se pronunció sobre el recurso de prescripción, pues esta solicitud se hizo después del fallo condenatorio.

ARNOLDO ALEMÁN. Y completando el trío de polémicos casos archivados, está el proceso por lavado de dinero seguido en Panamá al expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán. En el año 2010, Wilfredo Sáenz fue el ponente del fallo que anuló el caso a Alemán por doble juzgamiento, debido a que ya había sido absuelto por la justicia nicaragüense. También ordenó devolver los 8.5 millones de dólares incautados en bancos panameños, a sociedades anónimas vinculadas a Alemán. El 23 de octubre de 2013, la Sala Penal confirmó la decisión de Sáenz y el caso fue cerrado definitivamente.

GUILLERMO FERRUFINO. La medida cautelar de país por cárcel, que permitió salir de prisión al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, fue firmada por Sáenz. Este fallo tuvo como ponente al magistrado Secundino Mendieta, colega y amigo de Sáenz, quien firmó apoyando esta resolución. Ferrufino estaba llamado a juicio en dos procesos penales, uno por enriquecimiento injustificado y otro por corrupción de funcionario público.

JAVIER PARIENTE. Sáenz también apoyó con su firma el fallo del 30 de mayo de 2016, en que el Segundo Tribunal anuló la orden de indagatoria al empresario Javier Pariente, exvicepresidente de Importadora Ricamar-empresa ligada a Martinelli. Pariente fue citado a indagatoria por la Fiscalía Primera Anticorrupción el 11 de noviembre de 2015, por el supuesto peculado en el contrato de 14.5 millones de dólares de la comida deshidratada en el PAN. El fallo que declaró la nulidad de la indagatoria tuvo como ponente al magistrado Diego Fernández, que fue apoyado por Sáenz.

BALBINA HERRERA. Al igual que los casos de Ferrufino y Pariente, el magistrado Sáenz también firmó el fallo que anuló la prescripción y revivió un proceso penal seguido a la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, acusada de calumnia e injuria por Juan Montero. Herrera fue acusada por calumnia e injuria desde el año 2011 por el abogado Juan Montero, exfuncionario del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en el gobierno de Martinelli. Al igual que los casos de Ferrufino y Pariente, el magistrado Sáenz también firmó el fallo que anuló la prescripción y revivió un proceso penal seguido a la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, acusada de calumnia e injuria por Juan Montero. Herrera fue acusada por calumnia e injuria desde el año 2011 por el abogado Juan Montero, exfuncionario del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en el gobierno de Martinelli. El Segundo Tribunal revivió el caso en fallo del 18 de julio, que tuvo como ponente al magistrado Mendieta.

EXJUEZ ALEXIS BALLESTEROS. El 19 de marzo de 2014, el exjuez Cuarto Penal Alexis Ballesteros, acusó directamente al magistrado Sáenz, de haberlo presionado para fallar a favor de los amigos del entonces presidente Ricardo Martinelli. Los señalamientos de Ballesteros surgieron luego que Sáenz junto al magistrado Mendieta, le pidieron poner su cargo a disposición por no seguir la línea de fallar a favor de los amigos del entonces gobernante. A raíz de esta situación, Ballesteros presentó una denuncia penal contra los magistrados José Ayú Prado, Alejandro Moncada Luna, Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta. Posteriormente, el 1 de abril de ese año, Ballesteros se vio obligado a renunciar por las presiones en su contra, debido a que fue objeto de un proceso disciplinario y habían decidido destituirlo del cargo. La denuncia de Ballesteros aun hasta 2016 seguía pendiente de ser resuelta en la Asamblea Nacional.

JUAN HOMBRÓN. Sáenz también firmó el fallo dictado por el Segundo Tribunal en el que se dio un sobreseimiento definitivo al proceso penal por la adjudicación de 54 hectáreas de tierra en Juan Hombrón, Coclé. Este fallo fue dictado el 28 de febrero de 2013, y tuvo como ponente al magistrado Mendieta. Las tierras de Juan Hombrón fueron cedidas en el año 2011, a sociedades anónimas vinculadas a la familia del exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu.

ANA MATILDE GÓMEZ. Sáenz fue el ponente de un fallo que el 10 de agosto de 2010 condenó a la entonces Procuradora de la Nación y actual diputada Ana Matilde Gómez, a 6 meses de prisión por delito de abuso de autoridad y 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En este caso, Sáenz actuó como ponente, en calidad de magistrado suplente de la CSJ (reemplazando a Almengor que se declaró impedido). La Corte fue la entidad encargada de enjuiciar a la exprocuradora Gómez, en un caso muy cuestionado. El proceso a Gómez se dio por ordenar intervenciones telefónicas en un operativo contra el exfiscal Arquímedes Sáez, condenado a tres años por el cobro de una coima. Gómez nunca estuvo en prisión porque la condena fue reemplazada por 4 mil dólares en días multa. El dinero fue pagado por Carlos Zavala, para dejar sin efecto una campaña del abogado Miguel Antonio Bernal, que impulsó una iniciativa para recoger el dinero centavo a centavo. No obstante, la condena sirvió para que Gómez fuese destituida del cargo de Procuradora y así el entonces presidente Martinelli designó a Giuseppe Bonissi como procurador. Gómez salió electa diputada independiente, pero antes de tomar posesión del cargo enfrentó una audiencia en la CSJ el 30 de mayo de 2014, en la que se le rebajó la pena accesoria para ejercer cargos públicos a 6 meses. Nuevamente Sáenz fue el encargado de leer ese veredicto. – Con información de Agencias

Wilfredo Sáenz fue señalado también en otros casos aparecidos en 2018 en el medio Noticias Candela, en donde se comentó

(24/08/2017) VICIOS EN SEGUNDO TRIBUNAL. De un lector: Como en la historia de Alí Babá, las bandas y tribus que hacen de las suyas en el sistema judicial panameño no dejan exento al Segundo Tribunal Superior de Panamá, donde un grupo de secretarias y secretarios de los honorables magistrados, quienes muchas veces, tal y como lo hacen, según procesados, algunas secretarias del magistrado José Ayú Prado o del magistrado Wilfredo Sáenz, que aseguran hablar en nombre de los juzgadores, manejan la justicia, las gestiones y decisiones como una especie de mercancía que se transa en efectivo. Chats, imágenes de conversaciones escritas con supuestos magistrados, depósitos en efectivo, notas de voz, etc., serían evidencia de los vicios imperantes. En determinados casos, además de imponerles tasas para derrocharlas en paseos y viajes, algunos varones de esas bandas les exigen favores de cama a procesados y condenados de su mismo género. Todavía no se aprecia que en Panamá haya esmero en depurar tan pestilente situación. – Adrián Ramírez

(30/11/2018) “COIMEO” ENSEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR. De un lector: Las revelaciones y confesiones del “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior de Panamá colocan en el tapete la participación de diversos funcionarios del Órgano Judicial en el “coimeo” a imputados y procesados. Tales funcionarios fungirían como protectores y figuras importantes en el ilegal esquema. Las expresiones sobre el magistrado Wilfredo Saenz en audios y chats centrados en la secretaria Melissa Puga, tampoco dejan la mejor impresión sobre el alto representante judicial. – Adrián Ramírez

Melissa Puga, Wilfredo Sáenz

(09/03/2018) JUSTICIA RETORCIDA. Después de más de 30 meses de estar pagando condena (la pena es de 40 meses), en el expediente de un ciudadano venezolano en Panamá no existe acta del allanamiento que le fue practicado. Al ciudadano se le condenó en base a pruebas inexistentes e insuficientes y lo que es peor, el caso estaría viciado de nulidad absoluta, pero hasta ahora el magistrado Wilfredo Sáenz y la jueza Zaida Cárdenas no se han percatado ni han querido percatarse de esa situación. Este es uno de los motivos por los que el caso será denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es más que el ejemplo de una de las tantas situaciones retorcidas del sistema de justicia en Panamá. – Adrián Ramírez

(05/03/2018) “CAOS TERCERMUNDISTA” EN SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR. De un lector: En el Segundo Tribunal Superior de Panamá se padecería una especie de “caos tercermundista”, por la mala atención, años de mora judicial, etc. La pequeña sala de atención al público muestra un aspecto infrahumano, con mobiliario deteriorado y archivos repletos de millones de ácaros. Dentro de muy poco se estaría presentando ante la Corte IDH una denuncia por vicios procesales, que profetiza el empeoramiento del concepto que existe en el ámbito judicial sobre el Wilfredo Sáenz y un grupo numeroso de funcionarios. – Adrián Ramírez

 

Otras actuaciones polémicas en el Segundo Tribunal Superior Penal

 

Magistrados Adolfo Mejía, Wilfredo Sáenz, Secundino Mendieta, María De Lourdes Estrada y Luis Mario Carrasco

Adolfo Mejía, Wilfredo Sáenz, Secundino Mendieta, María De Lourdes Estrada y Luis Mario Carrasco eran, al menos hasta 2016, los magistrados que componían el Segundo Tribunal Superior Penal, con competencia en el Primer Distrito Judicial, formado por las provincias de Panamá, Colón, Darién, y por la comarca Guna Yala. ¿Quiénes son? ¿Cuáles han sido sus actuaciones?

Adolfo Mejía fue nombrado en septiembre de 2012. Antes fue juez tercero penal y en esa instancia sobreseyó a la exdirectora de Migración María Cristina González en un proceso por la supuesta tramitación irregular de visas. También, absolvió a la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras Anabelle Villamonte, señalada por presuntamente adjudicar tierras de manera ilícita en Juan Hombrón, provincia de Coclé, informó La Prensa en 2016.

Ya en el cargo de magistrado, dio una fianza de $500 mil a Marco Albán Crespo, representante en Panamá de Hidalgo & Hidalgo, empresa vinculada con el escándalo del fallido proyecto de riego de Tonosí.

En tanto, Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta estuvieron a cargo del fallo del caso Juan Hombrón, que negó la apelación del Ministerio Público y ratificó la liberación de Villamonte.

Sáenz, nombrado en enero de 1996; y Mendieta, en agosto de 2012, fueron denunciados en la Asamblea Nacional por el exjuez Alexis Ballesteros, debido a supuestas presiones para fallar a favor de allegados del expresidente Ricardo Martinelli. Esta denuncia fue archivada.

Mientras tanto, María De Lourdes Estrada ejerce como magistrada desde agosto de 2012. Antes se desempeñó como jueza segunda de lo penal.

Por su despacho ha pasado el proceso del incendio en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, del 9 de enero de 2011. También se encuentra en la terna de magistrados que tuvo que resolver el fallo por los envenenamientos masivos con dietilenglicol. En esta decisión también tuvieron participación Carrasco y Mejía.

Carrasco, quien fue nombrado en el Tribunal en julio de 1998 y además es suplente del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jerónimo Mejía, le correspondió leer el fallo del 21 de diciembre de 2015, que ordenó la detención provisional de Martinelli, para ser investigado por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

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Omar Torrijos falleció cuando Panamá todavía era una colonia española, según un video viral de Cortizo

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Nuevamente se ha viralizado en las redes sociales un video en el que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dice estar conmemorando los 300 años de la desaparición de Omar Torrijos, quien falleció el 31 de julio de 1981, es decir, hace solo 40 años.

Si el dato de Cortizo fuera cierto, esto significaría que Torrijos falleció en los años 1700’s cuando aún Panamá era una colonia española, pues el país declaró su independencia el 28 de noviembre de 1821.

El video ya se había difundido en 2018 cuando todavía Cortizo no era presidente y ya algunos ciudadanos criticaban que alguien con semejante memoria pudiera ocupar el más alto cargo de Gobierno en Panamá.

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Señalan a la constructora Bagatrac, que ha recibido contratos millonarios del Gobierno panameño, de construir una casa para el diputado Benicio Robinson

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Un video que circula en las redes sociales denuncia que en la zona de Boquete, la constructora Bagatrac, S.A., que ha conseguido contratos con el Gobierno de Laurentino «Nito» Cortizo por el orden de los 170 millones de dólares, le construye supuestamente una mansión a legislador perredista Benicio Robinson.

En el video se señala que Bagatrac es, presuntamente, propiedad de Alberto Jurado Rosales, actual representante del corregimiento de Tijeras y su gerente general es Jessenka Espinoza Ríos, alcaldesa del distrito de Boquerón, ambos electos por el gobernante partido PRD.

Asimismo se critica que en otros tiempos un caso así hubiese provocado que muchos se rasgaran las vestiduras y que el Ministerio Público iniciara una investigación de oficio por el evidente tráfico de influencias.

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Escándalo de cuenta secreta vinculada al fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero salpica a Panamá y al banco suizo Julius Baer

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Durante seis años Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República de México, ha realizado una persecución contra Laura Morán de 94 años de edad, quien fuera durante 50 años la compañera de vida de su hermano mayor Federico. Hasta ahora la motivación de la disputa era la supuesta negligencia de Laura y su familia en la atención de Federico, lo cual según el Fiscal habría provocado su muerte. En base a esa acusación Alejandra Cuevas de 67 años, hija de Laura, fue detenida acusada de «homicidio doloso por omisión de auxilio” y se encuentra en prisión desde hace casi un año aunque un juez anuló este jueves 16 de septiembre la orden de encarcelar a esta última.

En el litigio de un asunto personal, usando su poder como Fiscal, Gertz Manero ha incurrido en actos de prepotencia, abuso, conflicto de interés, chantajes y negociaciones «poco ortodoxas”. Lo que parecía una historia de terror en el ámbito de lo personal, se ha convertido en una historia de interés público, señaló la periodista mexicana Anabel Hernández en una columna para la agencia alemana Deutsche Welle que aquí reproducimos.

Hay información que podría significar que la verdadera motivación de la persecución es otra. La familia Morán encontró en el domicilio que Laura y Federico compartieron durante años, estados de cuenta fechados en 2014 de un portafolio de inversión de 7.954 millones de dólares, manejada por Operadora Invictus, establecida en Panamá- considerado mundialmente un paraíso fiscal-, abierta en el banco suizo Julius Bär y que de los cuales tengo copia. No tienen rotulado el nombre del titular, solo un número de cliente: el 0016.9863

La cuenta creada en 2010 comenzó con un depósito de 1.298 millones de dólares, en 2012 hubo un nuevo depósito de 6.158 millones de dólares, y en 2013 uno más de 293 mil dólares. En los documentos se detalla que el 26 por ciento de los recursos están en inversiones de renta fija y corto plazo, el 44 por ciento en renta fija y plazo mayor, y el 22 por ciento en acciones.

Operadora Invictus creada en 2010 se publicita como «un grupo de profesionales calificados, comprometidos y con amplia experiencia en el sector financiero”. De acuerdo a los registros oficiales de Panamá su director y tesorero es Fernando Méndez Montes. Katia Jannette Smith Chavez, es otro de sus directivos. Ambos están vinculados como directivos de al menos otras 7 compañías de manera simultánea en Panamá. Un esquema típico en la creación de empresas para que los verdaderos propietarios queden bajo la sombra.

Como «representante” de Operadora Invictus está registrado Antonio Sacido Blasco de nacionalidad española, quien fue denunciado en 2019 en Panamá por el delito de «patrimonio económico” junto con otras ocho personas de acuerdo a registros judiciales de ese país. Mientras que el banco suizo Julios Bar fue acusado de conspiración de lavado de dinero en el escandalo FiFA Gate, y en julio pasado anunció que pagaría al Departamento de Justicia de Estados Unidos cerca de 80 millones de dólares para llegar a un acuerdo judicial.

Gertz Manero es un funcionario público del viejo establishment. Fue responsable de la campaña nacional contra el narcotráfico en 1976, fue jefe de la policía de la Ciudad de México de 1998 al 2000, fue Secretario de Seguridad Pública del 1 de diciembre del 2000 al 2004 y diputado federal de 2009 a 2012 por el Partido Convergencia. Nadie comprende cómo fue nominado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como fiscal, cargo en el que fue ratificado por el gobierno.

Existen testigos presenciales a quienes he entrevistado desde hace meses bajo la condición de no revelar sus nombres , quienes me han revelado que el Fiscal Gertz Manero a lo largo de su función pública, al menos de la época del sexenio de Felipe Calderón, cuando fue diputado federal; y cuando inició su función como Fiscal habría recibido dádivas, habría realizado llamadas de presión y negociaciones poco ortodoxas en algunos de los casos de delitos de cuello blanco abiertos en el actual sexenio.

De lo público a lo privado

El periódico El País publicó en marzo pasado un capítulo más de la tortuosa historia entre Gertz Manero y la familia Morán. Reveló que en noviembre de 2020, días después del arresto de la hija de Laura, el Fiscal a través de intermediarios habría prácticamente extorsionado a Laura y su familia para liberar a Laura a cambio de que le entregaran los bienes que le correspondían a Laura según el testamento de Federico, y desocupara la lujosa residencia en la que también, según el testamento, ella tenía derecho a vivir hasta que muriera.

Gertz Manero habló directamente con un familiar de Laura, quien esperaba por desesperación de ver a Alejandra Cuevas en la cárcel, llevar a buen término una negociación con el Fiscal. El familiar grabó la llamada. En ella el Fiscal los acusó no solo de la muerte de su hermano, sino de haberse apropiado de bienes y de haber tomado indebidamente 3.5 millones de pesos de las cuentas de Federico, cuentas que eran mancomunadas con Laura.

En la grabación, a veces en tono claramente amenazante, el Fiscal les exige que firmen escritos asumiendo la responsabilidad en la muerte de su hermano Federico. En un claro conflicto de interés y abuso de poder dio instrucciones que para terminar de llegar al acuerdo debían reunirse con Juan Ramos, subprocurador de la Fiscalía, revelando un claro conflicto de interés y abuso de poder del Fiscal quien usa como abogado privado a un subprocurador subordinado a él.

Otro de los operadores de Gertz Manero en el caso contra Laura Morán ha sido Javier Coello Trejo, quien fue quien a su nombre presentó la denuncia penal contra Laura y su familia por homicidio. Coello Trejo fue subprocurador de Investigación en la Lucha contra el narcotráfico en la PGR en el sexenio de Carlos Salinas. En expedientes judiciales de la PGR hay declaraciones ministeriales que revelan los nexos de Coello Trejo con el crimen organizado. Lo he documentado en el libro «Los Señores del Narco” desde 2010. En específico las denuncias narran las visitas personales que hacía en sus tiempos de subprocurador al capo Amado Carrillo Fuentes líder del Cartel de Juárez.

En su círculo cercano Coello Trejo solía bromear para justificarse: «esos son cuentos, no hay gordo malo”.

Casualmente Coello Trejo es el abogado de Emilio Lozoya ex director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado en el mayor escándalo de corrupción destapado en el en el sexenio de AMLO. Se le señala por un desfalco a la petrolera mexicana de más de 200 millones de dólares y de haber sido parte de una red de sobornos para dar contratos a Odebrecht. Pero extrañamente nunca ha pisado la cárcel y ha llegado a una benéfica negociación con la FGR cuyo titular es amigo de Coello Trejo. Es claro en éste caso un conflicto de interés entre la parte acusadora y la parte defensora.

¿De quién es y de dónde viene el dinero?

Ni la compañera de Federico ni su familia sabían de la existencia de la cuenta en Suiza de casi 8 millones de dólares , y dudan que el dinero pudiera ser realmente de Federico. Sospechan que éste en realidad era el prestanombres de Alejandro Gertz Manero según me confiaron integrantes de la familia en mayo pasado, en un encuentro que sostuvimos.

Narraron que durante los últimos meses de vida y ya con un estado de salud deteriorado por la edad- Federico tenía más de 80 años- se cayó de la cama y se golpeó la cabeza. Aun así, mal herido y pese a que los doctores que mandó llamar Laura recomendaron reposo, Alejandro, quien entonces era rector de la Universidad de las Americas en la Ciudad de México, lo sacó de su domicilio. Laura le pidió que no se lo llevara por su delicado estado de salud pero el ahora Fiscal insistió en que era algo importante y no dejo que nadie lo acompañara. Se lo llevó por 7 horas presuntamente a firmar una serie de documentos. Federico llegó muy alterado y cansado a su domicilio y ahí se aceleró el declive fatal de su salud.

La familia de Laura dice desconocer a dónde llevó el Fiscal a su hermano aquel día, pero piensan que podría estar relacionado con la cuenta en Suiza. Operadora Invictus tiene una oficina en la Ciudad de México.

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