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Panamá

El magistrado Wilfredo Sáenz sale del Segundo Tribunal Superior de Panamá en medio de un nuevo escándalo judicial y luego de muchas otras polémicas

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El abogado y exembajador de Panamá en la OEA, Guillermo Cochez, comentó sobre la renuncia del magistrado Wilfredo Sáenz Fernández, sobre quien dijo habrían pactado pagarle vacaciones para tapar un escándalo ocurrido en el Segundo Tribunal Superior Penal.

En las redes sociales se comentó que la renuncia del magistrado se produjo tras un escándalo por el archivo del proceso penal contra el exjuez César Alexis Menchaca Navarro, acusado en un caso conocido como el fraude Panamá Bodyboard. Debido a esto, Sáenz habría anunciado su retiro a partir del 15 de septiembre, luego de haber cumplido casi 50 años en la judicatura.

César Alexis Menchaca Navarro

Menchaca Navarro se desempeñó como juez 3 municipal civil y el caso Panamá Bodyboard consistió en un fraude contra en perjuicio del Grupo Barcelona.

En el despacho de Sáenz cursaría el expediente en donde se acusa penalmente al fiscal Sergio Yorett, la secretaria Denis Acevedo y el secretario Javier Mitre, todos señalados por el mismo caso.

Pero no es la primera vez que Wilfredo Sáenz se ve en medio de críticas y escándalos. Años atrás se ha rechazado su actuación en casos como el del expresidente Ricardo Martinelli.

Cuestionado en el caso Martinelli

La designación de Wilfredo Sáenz como el magistrado que vería los recursos de casación y nulidad presentados por el fiscal Ricaurte González y los abogados querellantes en contra de la decisión del Tribunal de Juicio Oral que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, no fue vista con buenos ojos.

Uno de los que criticó esta decisión fue el abogado Luis Eduardo Camacho González, quien en 2019 indicó que le parecía un exabrupto y deja un mal sabor sobre las actuaciones que él pueda tener ante estos recursos.

«Me parece un exabrupto y deja un mal sabor cuál pueda ser su actuación frente a estos recursos, eso en razón de que ya él actuó dentro de la presente causa y así él lo reconoció», indicó Camacho González.

Camacho agregó que en la decisión que adoptó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se había incurrido en una violación a la Constitución Nacional, pero también a compromisos internacionales, esto porque los derechos humanos le reconocen a una persona el derecho a un juez independiente imparcial.

«Los derechos humanos le reconocen a una persona el tener derecho a un juez imparcial, es decir alguien que no tenga relación, y en este caso del magistrado Sáenz ha actuado en el expediente a Ricardo Martinelli y, por lo tanto, no tiene la capacidad de garantizar esa independencia e imparcialidad frente a la decisión que tiene que adoptar».

Ante esto, el abogado indicó que la defensa del exmandatario Martinelli debía mostrar no solo su disconformidad, sino también su preocupación con las actuaciones que Sáenz podía tener en estos recursos.

«Hay que recordar que el magistrado Wilfredo Sáenz ha sido el suplente del magistrado Harry Díaz, que era el encargado de llevar este proceso ante el Pleno, un proceso que se llevó evidentemente mal», manifestó el abogado Luis Eduardo Camacho González.

Sáenz, quien es suplente del magistrado Harry Díaz, fue notificado de esta decisión por parte de los magistrados Luis Mario Carrasco y Asunción Alonso -suplentes de Jerónimo Mejía y José Ayú Prado, respectivamente-.

Carrasco fue el ponente del fallo en el que se negó la solicitud de impedimento presentada por Sáenz.

Hay que indicar que a mediados del mes de septiembre de 2019 la Sala Penal de la Corte Suprema repartió al despacho del magistrado Harry Díaz los recursos de anulación con concurrencia de casación presentado por el fiscal Ricaurte González y el querellante Rosendo Rivera.

También se repartió el recurso de casación presentado por otro grupo de abogados querellantes contra el veredicto que declaró no culpable a Martinelli.

Hay que señalar que el magistrado Díaz se declaró impedido de conocer de estos recursos, toda vez que él actuó como fiscal de la causa cuando el proceso fue llevado por la Corte.

Hay que indicar que Sáenz también presentó una solicitud de impedimento por haber actuado en varias audiencias en las que el pleno de la Corte Suprema resolvió recursos presentados por la defensa del exgobernante.

20 de septiembre se repartieron en la Sala Penal estos recursos.

Escándalos

La nulidad de la investigación seguida a familiares y allegados del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, es solo una de las tantas decisiones controversiales que en los últimos años ha tomado el magistrado del Segundo Tribunal de Panamá Wilfredo Sáenz. En la mayoría de los casos más recientes, ha favorecido a exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli, y en otras ha perjudicado a los adversarios del exgobernante. Sáenz, designado magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá en el año 1996, además fue nombrado por Martinelli en 2010 como suplente del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Abel Almengor. Pese a la renuncia de Almengor en 2011, Sáenz aún sigue de magistrado suplente de Harry Díaz. EXPEDIENTE MONCADA LUNA. El magistrado Sáenz fue criticado por ser ponente del fallo del 23 de septiembre de 2016, que declaró la nulidad y ordenó el archivo del proceso penal por blanqueo de capitales seguido a la esposa de Moncada Luna, María del Pilar de Moncada Luna y otras 13 personas acusadas de blanqueo de capitales. Esta investigación surgió del caso seguido a Moncada Luna luego que fue condenado a 5 años de prisión. Sáenz, que fue allegado a Moncada Luna cuando éste fue presidente de la CSJ (2012-2013), manifestó en el fallo que la condena al exmagistrado, exime de responsabilidad a los otros involucrados. Además de archivar el caso, ordenó levantar las medidas cautelares y devolver los bienes y dineros secuestrados. Moncada Luna fue investigado y juzgado por la Asamblea Nacional, mientras que el resto de los vinculados fueron procesados por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. El fallo fue recurrido en casación (último recurso de apelación) por la Fiscalía y este debía ser atendido por la Sala Penal.

CASO ALMA CORTÉS. Sáenz fue ponente de dos fallos que concedieron fianzas de excarcelación a la exministra de Trabajo Alma Cortés y al abogado Rubén Moreno, investigados por enriquecimiento injustificado. Cortés salió de prisión en agosto de 2016 luego que Sáenz le concedió la fianza de 300 mil dólares en tiempo récord, apenas seis días después que la exministra presentó la apelación luego que el Juzgado Cuarto le negó en principio la fianza. Moreno obtuvo una fianza de 100 mil dólares por parte del mismo Sáenz. Benefició a Carretero y a Martinelli. La fianza a Cortés y Moreno no es la única dada por Sáenz. También concedió fianzas a los empresarios Roberto Carretero y Mario Martinelli, éste último hermano del expresidente. El 22 de marzo de 2016, Sáenz no solo concedió la fianza a Carretero sino que rebajó el monto de la misma. De 500 mil dólares que había establecido el Juzgado Décimoquinto Penal, quedó en 300 mil balboas. Carretero era investigado por supuesto peculado en un contrato de compraventa de bolsas de comida en el Programa de Ayuda Nacional (PAN). En el caso de Mario Martinelli, el magistrado le concedió una fianza de 1 millón de dólares por el caso de la compra de mochilas escolares en el PAN. Gilberto Boutin. Sáenz tuvo por 11 años el expediente seguido al abogado Gilberto Boutin por delitos de prevaricación y falsificación de documentos en perjuicio del empresario Marc Harris. Boutin y los otros dos acusados Ariel Corbetti y Francisco Espino fueron condenados a prisión en el año 2005. Pero apelaron la condena y Sáenz nunca resolvió la apelación. En su lugar, el magistrado Sáenz decretó la prescripción del caso el 2 de febrero de 2015. El 30 de mayo de 2016, la Sala Penal archivó definitivamente el expediente al rechazar la casación. Harris acusó a los abogados Boutin, Corbetti y Espino en el año 1997, porque ellos tres presuntamente gestionaron un embargo a cuatro de sus empresas, cuando las mismas estaban bajo un secuestro. ADELAG. El caso Boutin no ha sido su única prescripción. Sáenz también aplicó ese mismo criterio en el proceso por estafa y falsedad seguido a los hermanos Aquilino y Carlos De La Guardia, por la quiebra del Grupo Adelag. Sáenz fue ponente del fallo del 20 de diciembre de 2013, que archivó el caso Adelag a pesar que desde el 2012, la Sala Penal condenó a los hermanos De La Guardia a 66 meses de prisión. El magistrado argumentó que la Sala Penal de la Corte nunca se pronunció sobre el recurso de prescripción, pues esta solicitud se hizo después del fallo condenatorio.

ARNOLDO ALEMÁN. Y completando el trío de polémicos casos archivados, está el proceso por lavado de dinero seguido en Panamá al expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán. En el año 2010, Wilfredo Sáenz fue el ponente del fallo que anuló el caso a Alemán por doble juzgamiento, debido a que ya había sido absuelto por la justicia nicaragüense. También ordenó devolver los 8.5 millones de dólares incautados en bancos panameños, a sociedades anónimas vinculadas a Alemán. El 23 de octubre de 2013, la Sala Penal confirmó la decisión de Sáenz y el caso fue cerrado definitivamente.

GUILLERMO FERRUFINO. La medida cautelar de país por cárcel, que permitió salir de prisión al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, fue firmada por Sáenz. Este fallo tuvo como ponente al magistrado Secundino Mendieta, colega y amigo de Sáenz, quien firmó apoyando esta resolución. Ferrufino estaba llamado a juicio en dos procesos penales, uno por enriquecimiento injustificado y otro por corrupción de funcionario público.

JAVIER PARIENTE. Sáenz también apoyó con su firma el fallo del 30 de mayo de 2016, en que el Segundo Tribunal anuló la orden de indagatoria al empresario Javier Pariente, exvicepresidente de Importadora Ricamar-empresa ligada a Martinelli. Pariente fue citado a indagatoria por la Fiscalía Primera Anticorrupción el 11 de noviembre de 2015, por el supuesto peculado en el contrato de 14.5 millones de dólares de la comida deshidratada en el PAN. El fallo que declaró la nulidad de la indagatoria tuvo como ponente al magistrado Diego Fernández, que fue apoyado por Sáenz.

BALBINA HERRERA. Al igual que los casos de Ferrufino y Pariente, el magistrado Sáenz también firmó el fallo que anuló la prescripción y revivió un proceso penal seguido a la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, acusada de calumnia e injuria por Juan Montero. Herrera fue acusada por calumnia e injuria desde el año 2011 por el abogado Juan Montero, exfuncionario del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en el gobierno de Martinelli. Al igual que los casos de Ferrufino y Pariente, el magistrado Sáenz también firmó el fallo que anuló la prescripción y revivió un proceso penal seguido a la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, acusada de calumnia e injuria por Juan Montero. Herrera fue acusada por calumnia e injuria desde el año 2011 por el abogado Juan Montero, exfuncionario del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en el gobierno de Martinelli. El Segundo Tribunal revivió el caso en fallo del 18 de julio, que tuvo como ponente al magistrado Mendieta.

EXJUEZ ALEXIS BALLESTEROS. El 19 de marzo de 2014, el exjuez Cuarto Penal Alexis Ballesteros, acusó directamente al magistrado Sáenz, de haberlo presionado para fallar a favor de los amigos del entonces presidente Ricardo Martinelli. Los señalamientos de Ballesteros surgieron luego que Sáenz junto al magistrado Mendieta, le pidieron poner su cargo a disposición por no seguir la línea de fallar a favor de los amigos del entonces gobernante. A raíz de esta situación, Ballesteros presentó una denuncia penal contra los magistrados José Ayú Prado, Alejandro Moncada Luna, Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta. Posteriormente, el 1 de abril de ese año, Ballesteros se vio obligado a renunciar por las presiones en su contra, debido a que fue objeto de un proceso disciplinario y habían decidido destituirlo del cargo. La denuncia de Ballesteros aun hasta 2016 seguía pendiente de ser resuelta en la Asamblea Nacional.

JUAN HOMBRÓN. Sáenz también firmó el fallo dictado por el Segundo Tribunal en el que se dio un sobreseimiento definitivo al proceso penal por la adjudicación de 54 hectáreas de tierra en Juan Hombrón, Coclé. Este fallo fue dictado el 28 de febrero de 2013, y tuvo como ponente al magistrado Mendieta. Las tierras de Juan Hombrón fueron cedidas en el año 2011, a sociedades anónimas vinculadas a la familia del exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu.

ANA MATILDE GÓMEZ. Sáenz fue el ponente de un fallo que el 10 de agosto de 2010 condenó a la entonces Procuradora de la Nación y actual diputada Ana Matilde Gómez, a 6 meses de prisión por delito de abuso de autoridad y 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En este caso, Sáenz actuó como ponente, en calidad de magistrado suplente de la CSJ (reemplazando a Almengor que se declaró impedido). La Corte fue la entidad encargada de enjuiciar a la exprocuradora Gómez, en un caso muy cuestionado. El proceso a Gómez se dio por ordenar intervenciones telefónicas en un operativo contra el exfiscal Arquímedes Sáez, condenado a tres años por el cobro de una coima. Gómez nunca estuvo en prisión porque la condena fue reemplazada por 4 mil dólares en días multa. El dinero fue pagado por Carlos Zavala, para dejar sin efecto una campaña del abogado Miguel Antonio Bernal, que impulsó una iniciativa para recoger el dinero centavo a centavo. No obstante, la condena sirvió para que Gómez fuese destituida del cargo de Procuradora y así el entonces presidente Martinelli designó a Giuseppe Bonissi como procurador. Gómez salió electa diputada independiente, pero antes de tomar posesión del cargo enfrentó una audiencia en la CSJ el 30 de mayo de 2014, en la que se le rebajó la pena accesoria para ejercer cargos públicos a 6 meses. Nuevamente Sáenz fue el encargado de leer ese veredicto. – Con información de Agencias

Wilfredo Sáenz fue señalado también en otros casos aparecidos en 2018 en el medio Noticias Candela, en donde se comentó

(24/08/2017) VICIOS EN SEGUNDO TRIBUNAL. De un lector: Como en la historia de Alí Babá, las bandas y tribus que hacen de las suyas en el sistema judicial panameño no dejan exento al Segundo Tribunal Superior de Panamá, donde un grupo de secretarias y secretarios de los honorables magistrados, quienes muchas veces, tal y como lo hacen, según procesados, algunas secretarias del magistrado José Ayú Prado o del magistrado Wilfredo Sáenz, que aseguran hablar en nombre de los juzgadores, manejan la justicia, las gestiones y decisiones como una especie de mercancía que se transa en efectivo. Chats, imágenes de conversaciones escritas con supuestos magistrados, depósitos en efectivo, notas de voz, etc., serían evidencia de los vicios imperantes. En determinados casos, además de imponerles tasas para derrocharlas en paseos y viajes, algunos varones de esas bandas les exigen favores de cama a procesados y condenados de su mismo género. Todavía no se aprecia que en Panamá haya esmero en depurar tan pestilente situación. – Adrián Ramírez

(30/11/2018) “COIMEO” ENSEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR. De un lector: Las revelaciones y confesiones del “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior de Panamá colocan en el tapete la participación de diversos funcionarios del Órgano Judicial en el “coimeo” a imputados y procesados. Tales funcionarios fungirían como protectores y figuras importantes en el ilegal esquema. Las expresiones sobre el magistrado Wilfredo Saenz en audios y chats centrados en la secretaria Melissa Puga, tampoco dejan la mejor impresión sobre el alto representante judicial. – Adrián Ramírez

Melissa Puga, Wilfredo Sáenz

(09/03/2018) JUSTICIA RETORCIDA. Después de más de 30 meses de estar pagando condena (la pena es de 40 meses), en el expediente de un ciudadano venezolano en Panamá no existe acta del allanamiento que le fue practicado. Al ciudadano se le condenó en base a pruebas inexistentes e insuficientes y lo que es peor, el caso estaría viciado de nulidad absoluta, pero hasta ahora el magistrado Wilfredo Sáenz y la jueza Zaida Cárdenas no se han percatado ni han querido percatarse de esa situación. Este es uno de los motivos por los que el caso será denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es más que el ejemplo de una de las tantas situaciones retorcidas del sistema de justicia en Panamá. – Adrián Ramírez

(05/03/2018) “CAOS TERCERMUNDISTA” EN SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR. De un lector: En el Segundo Tribunal Superior de Panamá se padecería una especie de “caos tercermundista”, por la mala atención, años de mora judicial, etc. La pequeña sala de atención al público muestra un aspecto infrahumano, con mobiliario deteriorado y archivos repletos de millones de ácaros. Dentro de muy poco se estaría presentando ante la Corte IDH una denuncia por vicios procesales, que profetiza el empeoramiento del concepto que existe en el ámbito judicial sobre el Wilfredo Sáenz y un grupo numeroso de funcionarios. – Adrián Ramírez

 

Otras actuaciones polémicas en el Segundo Tribunal Superior Penal

 

Magistrados Adolfo Mejía, Wilfredo Sáenz, Secundino Mendieta, María De Lourdes Estrada y Luis Mario Carrasco

Adolfo Mejía, Wilfredo Sáenz, Secundino Mendieta, María De Lourdes Estrada y Luis Mario Carrasco eran, al menos hasta 2016, los magistrados que componían el Segundo Tribunal Superior Penal, con competencia en el Primer Distrito Judicial, formado por las provincias de Panamá, Colón, Darién, y por la comarca Guna Yala. ¿Quiénes son? ¿Cuáles han sido sus actuaciones?

Adolfo Mejía fue nombrado en septiembre de 2012. Antes fue juez tercero penal y en esa instancia sobreseyó a la exdirectora de Migración María Cristina González en un proceso por la supuesta tramitación irregular de visas. También, absolvió a la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras Anabelle Villamonte, señalada por presuntamente adjudicar tierras de manera ilícita en Juan Hombrón, provincia de Coclé, informó La Prensa en 2016.

Ya en el cargo de magistrado, dio una fianza de $500 mil a Marco Albán Crespo, representante en Panamá de Hidalgo & Hidalgo, empresa vinculada con el escándalo del fallido proyecto de riego de Tonosí.

En tanto, Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta estuvieron a cargo del fallo del caso Juan Hombrón, que negó la apelación del Ministerio Público y ratificó la liberación de Villamonte.

Sáenz, nombrado en enero de 1996; y Mendieta, en agosto de 2012, fueron denunciados en la Asamblea Nacional por el exjuez Alexis Ballesteros, debido a supuestas presiones para fallar a favor de allegados del expresidente Ricardo Martinelli. Esta denuncia fue archivada.

Mientras tanto, María De Lourdes Estrada ejerce como magistrada desde agosto de 2012. Antes se desempeñó como jueza segunda de lo penal.

Por su despacho ha pasado el proceso del incendio en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, del 9 de enero de 2011. También se encuentra en la terna de magistrados que tuvo que resolver el fallo por los envenenamientos masivos con dietilenglicol. En esta decisión también tuvieron participación Carrasco y Mejía.

Carrasco, quien fue nombrado en el Tribunal en julio de 1998 y además es suplente del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jerónimo Mejía, le correspondió leer el fallo del 21 de diciembre de 2015, que ordenó la detención provisional de Martinelli, para ser investigado por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Empresa Galmobile implicada en irregularidades en la adquisición de vehículos potabilizadores por parte del Ministerio de Salud (Minsa) en perjuicio del Estado panameño

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Transformar agua cruda en potable podría costar millones de dólares en sobrecostos debido a que el Ministerio de Salud (Minsa) está dispuesto a pagar $4.6 millones por diez unidades móviles de segunda mano, utilizadas para purificar y desalinizar agua. Es decir, pagaría unos $460 mil por vehículo, pese a que en el mercado se adquieren entre unos $53 mil y $140 mil, según las especificaciones.

En la página web del fabricante israelí Galmobile (galmobile.co.il) se indica que el precio del vehículo es de 475 mil séquel (moneda de Israel), unos $136 mil, al cambio, informó La Prensa.

La licitación para obtener estos vehículos 4×4 se realizaría el pasado lunes 26 de septiembre, en medio de reclamos de la empresa Raditex, S.A. que advirtió de posibles irregularidades en el pliego de cargos del Minsa para supuestamente favorecer a una empresa que cuenta con el equipo requerido. Tras reclamos de Raditek para que se hicieran cambios al pliego de cargos, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el acto público en mayo pasado, hasta el 22 de agosto, cuando archivó la queja y ordenó que continuara el acto público.

El titular de la DGCP, Raphael Fuentes, consideró que el Minsa “subsanó” las situaciones advertidas y modificó el pliego de cargos, aunque nada dijo del precio de referencia, uno de los puntos del que se queja Raditex. Una revisión de La Prensa a las modificaciones del pliego revela que el Minsa pagaría casi $500 mil por vehículo usado o, por lo menos, con recorrido previo, contrario a lo solicitado al principio (ver facsímil), cuando se pedían vehículos “0 kilómetros”. Ahora indica el documento que “debe tener hasta 500 kilómetros en recorrido”.

No es el único cambio para bajar el estándar de adquisición. El costo del traslado de estos vehículos, por daño o mantenimiento, ya no será por cuenta de la empresa, sino de la entidad adquiriente. Tampoco se pedirán los manuales de mantenimiento.

Sobre la obtención de agua dulce o salada para potabilizarla, se pedía que la profundidad mínima de succión de la bomba del vehículo fuera de 6 metros, pero ahora es de 2 a 6 metros. También se bajó la producción de agua. Y en cuanto a las especificaciones técnicas, se indicaba que el sistema de comunicación interna y externa del vehículo sería “responsabilidad del contratista”, pero ahora ese servicio lo tendría que pagar el Minsa.

¿Quién decidió estos cambios en detrimento del Estado? El director del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado (Disapas) del Minsa, Nicolás Alvarado, se negó a responder a La Prensa. Tampoco contestó ¿cómo se obtuvo el precio de referencia de $4.6 millones? O ¿Qué institución o empresa realizó el estudio de mercado?

En violación a la Ley de Transparencia, Alvarado ignoró una solicitud de información, pese a haber informado –vía telefónica– que respondería el pasado 9 septiembre.

El artículo 21 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas indica que la DGCP podrá solicitar –cuando lo considere oportuno– el estudio de mercado y las explicaciones que sirvieron para establecer el precio de referencia en el acto de selección de contratista. Si la entidad no puede sustentar el precio de referencia, la DGCP puede suspender el acto antes de la apertura de las propuestas.

Al acto de homologación del acto público para adquirir estos vehículos se presentaron diez empresas. Entre ellas, una identificada solo como Galmobile. En el Registro Público aparecen dos sociedades con nombres similares: Galmobile América, S.A. y Galmobile, S.A. El Minsa no corroboró a La Prensa cuál es la que fue al acto público. La empresa identificada como Galmobile –a secas– se presentó a la reunión de homologación representada por Gipsy Díaz, según el acta de reunión del Minsa.

Según la red Linkedin, Díaz fue gerente de proyectos senior en la empresa Fursys, desde marzo de 2020 (esta compañía está vinculada al empresario Mike Btesh). En el correo que aportó Díaz, se identifica al Grupo Betco. Esta sociedad –Grupo Betco Zona Libre– fue inscrita en 1994 y tiene como suscriptores a miembros de la familia Btesh y Cohen Mugrabi. La Prensa envió correos a Díaz solicitando una entrevista, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Desde el 26 de julio pasado aparecen como directivos de Grupo Betco: Raymond Nahem (tesorero), Aldo Lancini (presidente) y Joann Orozco (secretaria). Estos dos últimos también aparecen en Galmobile, S.A.

A su vez, el 3 de enero de 2020 se constituyó la sociedad Galmobile América, S.A., cuyos dignatarios son Salomón Elías Btesh (presidente); Salomón Jack Btesh (vicepresidente y secretario) y Mike Btesh (tesorero). Este último aparece en una lista publicada por el Ministerio Público en 2021, acusado de blanqueo de capitales en el caso New Business.

Un año después fue inscrita Galmobile S.A., que tiene como directivos a Aldo Lancini (presidente y tesorero) y a Joann Orozco (secretaria).

El Minsa informó en agosto de 2021 que Galmobile, S.A. utilizó carros con el sistema de purificación y desalinización de agua cruda “exitosamente” en Cerro Punta y Bocas del Toro, zonas afectadas por los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020.

También en la página web galmobileamerica.com se observa que la empresa confirmó meses antes –el 21 de enero de 2021–, a través de una nota de prensa, que ofreció su ayuda al Minsa –y “sin costo”– con sus vehículos para obtener agua potable durante siete días en Chiriquí, luego de que comunidades de Tierras Altas se quedaran sin suministro de agua.

En la misma nota de prensa –publicada pocos días después de que se inscribiera en el Registro Público esta sociedad–, Galmobile América, en compañía del entonces embajador de Israel en Panamá, Reda Mansour, y autoridades del Minsa, probaron el agua potabilizada por estos vehículos en la rampa marina de la Cinta Costera 3.

En agosto de 2021, el Minsa informó que Galmobile, S.A., junto a funcionarios de Disapas, “realizaron trabajos de reconocimiento y levantamiento de un sistema de acueducto rural” en Mocambo Arriba, Las Cumbres.

También a la prueba se presentó el nuevo embajador israelí en Panamá, Itai Bardov. En esa nota de prensa del Minsa se indica que los trabajos representan el “inicio de un plan piloto de producción de agua potable, mediante avanzada tecnología israelí”.

Sin identificar cuál de las dos empresas es, Galmobile –a secas– aparece como una de las diez compañías interesadas en vender al Minsa los vehículos potabilizadores.

En mayo de 2022, Galmobile, S.A. ingresó al país tres vehículos de purificación y desalinización de agua, a un costo de $53,123 cada uno, según registros de la Autoridad de Aduanas.

Previamente, la empresa trajo dos de estos carros modelo four wheel. El primero, el 21 de abril, y el segundo, el 29 de julio de 2021. El costo de cada uno fue de $76,500.

En el caso de Galmobile América, S.A., La Prensa no pudo corroborar la importación de este tipo de vehículos en los registros de la Dirección de Aduanas.

La empresa Raditex Inc. –la única que se quejó ante Contrataciones Públicas– denunció, además de irregularidades en el pliego de cargos, que el precio de los vehículos era “excesivo, y no concordante con la realidad”, ya que “el propio fabricante israelí [Galmobile] anuncia el servicio completo en cada carro en $125 mil”.

El precio de los carros “resulta injustificable y excesivo, incluso incluyendo el mantenimiento por 5 años como exige el pliego de cargos”, puntualizó Raditex en su reclamo.

 
 
 

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Panamá

Defensa de Elías Cárdenas Jordán intentó politizar acusaciones contra representante de Pedregal en juicio por homicidio

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Elías Cárdenas Jordán

Víctor Almengor, abogado de Elías Cárdenas Jordán, representante de Pedregal, intentó deslindar de responsabilidad a su cliente, en torno a las amenazas que han recibido familiares de Rigoberto Ceberino Santiago Choli, a quien Cárdenas, estando en estado de ebriedad, dio muerte, tras atropellarlo con su camioneta 4×4 el 29 de septiembre de 2019.

En una audiencia del caso, el abogado Almengor intentó desviar la atención sobre las denuncias presentadas por el fiscal del caso ante la juez, después que el fiscal se quejara de las amenazas recibidas por familiares de Santiago Choli. Para ello Almengor trató de politizar el tema, asegurando que las denuncias elevadas por familiares de la víctima a distintas instancias, eran promovidas por una diputada, que aunque no mencionó su nombre, se presume se trata de Cenobia Vargas, parlamentaria por el Circuito 8-10.

Según Almengor, las motivaciones de la diputada para promover las acciones de los familiares de Santiago Choli, se an fundamentado en aspiraciones políticas a la Representación de Pedregal. Pero el abogado fue más allá, en su intento por desviar la atención sobre la responsabilidad de su cliente en el homicidio, culpando al fiscal de no haber hecho su trabajo correctamente, al no haber investigado en mayor profundidad las amenazas recibidas por los familiares del hoy occiso.

 

Documentos revelan el amplio historial de violaciones a las normas de tránsito del representante Elías Cárdenas Jordán y sus presiones y tramas para ser exculpado por el arrollamiento de Rigoberto Santiago Choly

 
 
 

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Panamá

Critican aumento del gasto del Gobierno panameño en temas menos prioritarios, mientras se advierte sobre el posible incremento en el precio de los tanques de gas de Tropigas en casi un 400% por falta de subsidio

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La compañía Tropigas emitió recientemente un comunicado en el que indicó que por falta de pago del Gobierno nacional de Panamá, el precio del tanque de gas de 25 libras, que en la actualidad se encuentra subsidiado en $4,37, pudiera incrementar su precio a $16,63.

Adicionalmente, la compañía señaló que pudiera haber problema en la distribución de los tanques de gas de 25 libras en todo el territorio panameño.

En un video, el TikToker Gilberto Romero se preguntó por qué motivo el Gobierno de Panamá mantiene una deuda con Tropigas. Comentó que el gasto público del Gobierno se incrementó en $4.5 millones diarios, situación que se traduce en que la deuda pública del país ha aumentado el doble, desde poco antes el ascenso al poder del hoy presidente Laurentino Cortizo. Romero estimó que a ese paso, cuando culmine el Gobierno de Cortizo, en 2024, la deuda pública panameña pudiera ascender a cuatro veces, desde que el hoy jefe de Estado se posesionó del cargo.

El TikToker criticó que el Gobierno no destine suficientes fondos en ayudar al pueblo y en sacar la economía adelante, pues según Romero, el dinero está siendo utilizado para dárselo a asesores, para aumentarle el salario a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, para aumentar el presupuesto de la misma universidad, para los dobles salarios, para gastar en viajes y para que ese dinero vaya al bolsillo de los políticos actuales.

 
 
 

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En Panamá Dos Cucharas es tu destino...

"Laboratorio Fútbol” ofrecerá a los fanáticos una nueva manera de vivir el deporte rey

Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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Excandidato presidencial Juan Carlos Navarro es víctima de campaña de desprestigio y persecución judicial por parte de fuerzas oscuras con intereses políticos

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