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Panamá

El magistrado Wilfredo Sáenz sale del Segundo Tribunal Superior de Panamá en medio de un nuevo escándalo judicial y luego de muchas otras polémicas

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El abogado y exembajador de Panamá en la OEA, Guillermo Cochez, comentó sobre la renuncia del magistrado Wilfredo Sáenz Fernández, sobre quien dijo habrían pactado pagarle vacaciones para tapar un escándalo ocurrido en el Segundo Tribunal Superior Penal.

En las redes sociales se comentó que la renuncia del magistrado se produjo tras un escándalo por el archivo del proceso penal contra el exjuez César Alexis Menchaca Navarro, acusado en un caso conocido como el fraude Panamá Bodyboard. Debido a esto, Sáenz habría anunciado su retiro a partir del 15 de septiembre, luego de haber cumplido casi 50 años en la judicatura.

César Alexis Menchaca Navarro

Menchaca Navarro se desempeñó como juez 3 municipal civil y el caso Panamá Bodyboard consistió en un fraude contra en perjuicio del Grupo Barcelona.

En el despacho de Sáenz cursaría el expediente en donde se acusa penalmente al fiscal Sergio Yorett, la secretaria Denis Acevedo y el secretario Javier Mitre, todos señalados por el mismo caso.

Pero no es la primera vez que Wilfredo Sáenz se ve en medio de críticas y escándalos. Años atrás se ha rechazado su actuación en casos como el del expresidente Ricardo Martinelli.

Cuestionado en el caso Martinelli

La designación de Wilfredo Sáenz como el magistrado que vería los recursos de casación y nulidad presentados por el fiscal Ricaurte González y los abogados querellantes en contra de la decisión del Tribunal de Juicio Oral que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, no fue vista con buenos ojos.

Uno de los que criticó esta decisión fue el abogado Luis Eduardo Camacho González, quien en 2019 indicó que le parecía un exabrupto y deja un mal sabor sobre las actuaciones que él pueda tener ante estos recursos.

«Me parece un exabrupto y deja un mal sabor cuál pueda ser su actuación frente a estos recursos, eso en razón de que ya él actuó dentro de la presente causa y así él lo reconoció», indicó Camacho González.

Camacho agregó que en la decisión que adoptó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se había incurrido en una violación a la Constitución Nacional, pero también a compromisos internacionales, esto porque los derechos humanos le reconocen a una persona el derecho a un juez independiente imparcial.

«Los derechos humanos le reconocen a una persona el tener derecho a un juez imparcial, es decir alguien que no tenga relación, y en este caso del magistrado Sáenz ha actuado en el expediente a Ricardo Martinelli y, por lo tanto, no tiene la capacidad de garantizar esa independencia e imparcialidad frente a la decisión que tiene que adoptar».

Ante esto, el abogado indicó que la defensa del exmandatario Martinelli debía mostrar no solo su disconformidad, sino también su preocupación con las actuaciones que Sáenz podía tener en estos recursos.

«Hay que recordar que el magistrado Wilfredo Sáenz ha sido el suplente del magistrado Harry Díaz, que era el encargado de llevar este proceso ante el Pleno, un proceso que se llevó evidentemente mal», manifestó el abogado Luis Eduardo Camacho González.

Sáenz, quien es suplente del magistrado Harry Díaz, fue notificado de esta decisión por parte de los magistrados Luis Mario Carrasco y Asunción Alonso -suplentes de Jerónimo Mejía y José Ayú Prado, respectivamente-.

Carrasco fue el ponente del fallo en el que se negó la solicitud de impedimento presentada por Sáenz.

Hay que indicar que a mediados del mes de septiembre de 2019 la Sala Penal de la Corte Suprema repartió al despacho del magistrado Harry Díaz los recursos de anulación con concurrencia de casación presentado por el fiscal Ricaurte González y el querellante Rosendo Rivera.

También se repartió el recurso de casación presentado por otro grupo de abogados querellantes contra el veredicto que declaró no culpable a Martinelli.

Hay que señalar que el magistrado Díaz se declaró impedido de conocer de estos recursos, toda vez que él actuó como fiscal de la causa cuando el proceso fue llevado por la Corte.

Hay que indicar que Sáenz también presentó una solicitud de impedimento por haber actuado en varias audiencias en las que el pleno de la Corte Suprema resolvió recursos presentados por la defensa del exgobernante.

20 de septiembre se repartieron en la Sala Penal estos recursos.

Escándalos

La nulidad de la investigación seguida a familiares y allegados del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, es solo una de las tantas decisiones controversiales que en los últimos años ha tomado el magistrado del Segundo Tribunal de Panamá Wilfredo Sáenz. En la mayoría de los casos más recientes, ha favorecido a exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli, y en otras ha perjudicado a los adversarios del exgobernante. Sáenz, designado magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá en el año 1996, además fue nombrado por Martinelli en 2010 como suplente del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Abel Almengor. Pese a la renuncia de Almengor en 2011, Sáenz aún sigue de magistrado suplente de Harry Díaz. EXPEDIENTE MONCADA LUNA. El magistrado Sáenz fue criticado por ser ponente del fallo del 23 de septiembre de 2016, que declaró la nulidad y ordenó el archivo del proceso penal por blanqueo de capitales seguido a la esposa de Moncada Luna, María del Pilar de Moncada Luna y otras 13 personas acusadas de blanqueo de capitales. Esta investigación surgió del caso seguido a Moncada Luna luego que fue condenado a 5 años de prisión. Sáenz, que fue allegado a Moncada Luna cuando éste fue presidente de la CSJ (2012-2013), manifestó en el fallo que la condena al exmagistrado, exime de responsabilidad a los otros involucrados. Además de archivar el caso, ordenó levantar las medidas cautelares y devolver los bienes y dineros secuestrados. Moncada Luna fue investigado y juzgado por la Asamblea Nacional, mientras que el resto de los vinculados fueron procesados por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. El fallo fue recurrido en casación (último recurso de apelación) por la Fiscalía y este debía ser atendido por la Sala Penal.

CASO ALMA CORTÉS. Sáenz fue ponente de dos fallos que concedieron fianzas de excarcelación a la exministra de Trabajo Alma Cortés y al abogado Rubén Moreno, investigados por enriquecimiento injustificado. Cortés salió de prisión en agosto de 2016 luego que Sáenz le concedió la fianza de 300 mil dólares en tiempo récord, apenas seis días después que la exministra presentó la apelación luego que el Juzgado Cuarto le negó en principio la fianza. Moreno obtuvo una fianza de 100 mil dólares por parte del mismo Sáenz. Benefició a Carretero y a Martinelli. La fianza a Cortés y Moreno no es la única dada por Sáenz. También concedió fianzas a los empresarios Roberto Carretero y Mario Martinelli, éste último hermano del expresidente. El 22 de marzo de 2016, Sáenz no solo concedió la fianza a Carretero sino que rebajó el monto de la misma. De 500 mil dólares que había establecido el Juzgado Décimoquinto Penal, quedó en 300 mil balboas. Carretero era investigado por supuesto peculado en un contrato de compraventa de bolsas de comida en el Programa de Ayuda Nacional (PAN). En el caso de Mario Martinelli, el magistrado le concedió una fianza de 1 millón de dólares por el caso de la compra de mochilas escolares en el PAN. Gilberto Boutin. Sáenz tuvo por 11 años el expediente seguido al abogado Gilberto Boutin por delitos de prevaricación y falsificación de documentos en perjuicio del empresario Marc Harris. Boutin y los otros dos acusados Ariel Corbetti y Francisco Espino fueron condenados a prisión en el año 2005. Pero apelaron la condena y Sáenz nunca resolvió la apelación. En su lugar, el magistrado Sáenz decretó la prescripción del caso el 2 de febrero de 2015. El 30 de mayo de 2016, la Sala Penal archivó definitivamente el expediente al rechazar la casación. Harris acusó a los abogados Boutin, Corbetti y Espino en el año 1997, porque ellos tres presuntamente gestionaron un embargo a cuatro de sus empresas, cuando las mismas estaban bajo un secuestro. ADELAG. El caso Boutin no ha sido su única prescripción. Sáenz también aplicó ese mismo criterio en el proceso por estafa y falsedad seguido a los hermanos Aquilino y Carlos De La Guardia, por la quiebra del Grupo Adelag. Sáenz fue ponente del fallo del 20 de diciembre de 2013, que archivó el caso Adelag a pesar que desde el 2012, la Sala Penal condenó a los hermanos De La Guardia a 66 meses de prisión. El magistrado argumentó que la Sala Penal de la Corte nunca se pronunció sobre el recurso de prescripción, pues esta solicitud se hizo después del fallo condenatorio.

ARNOLDO ALEMÁN. Y completando el trío de polémicos casos archivados, está el proceso por lavado de dinero seguido en Panamá al expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán. En el año 2010, Wilfredo Sáenz fue el ponente del fallo que anuló el caso a Alemán por doble juzgamiento, debido a que ya había sido absuelto por la justicia nicaragüense. También ordenó devolver los 8.5 millones de dólares incautados en bancos panameños, a sociedades anónimas vinculadas a Alemán. El 23 de octubre de 2013, la Sala Penal confirmó la decisión de Sáenz y el caso fue cerrado definitivamente.

GUILLERMO FERRUFINO. La medida cautelar de país por cárcel, que permitió salir de prisión al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, fue firmada por Sáenz. Este fallo tuvo como ponente al magistrado Secundino Mendieta, colega y amigo de Sáenz, quien firmó apoyando esta resolución. Ferrufino estaba llamado a juicio en dos procesos penales, uno por enriquecimiento injustificado y otro por corrupción de funcionario público.

JAVIER PARIENTE. Sáenz también apoyó con su firma el fallo del 30 de mayo de 2016, en que el Segundo Tribunal anuló la orden de indagatoria al empresario Javier Pariente, exvicepresidente de Importadora Ricamar-empresa ligada a Martinelli. Pariente fue citado a indagatoria por la Fiscalía Primera Anticorrupción el 11 de noviembre de 2015, por el supuesto peculado en el contrato de 14.5 millones de dólares de la comida deshidratada en el PAN. El fallo que declaró la nulidad de la indagatoria tuvo como ponente al magistrado Diego Fernández, que fue apoyado por Sáenz.

BALBINA HERRERA. Al igual que los casos de Ferrufino y Pariente, el magistrado Sáenz también firmó el fallo que anuló la prescripción y revivió un proceso penal seguido a la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, acusada de calumnia e injuria por Juan Montero. Herrera fue acusada por calumnia e injuria desde el año 2011 por el abogado Juan Montero, exfuncionario del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en el gobierno de Martinelli. Al igual que los casos de Ferrufino y Pariente, el magistrado Sáenz también firmó el fallo que anuló la prescripción y revivió un proceso penal seguido a la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, acusada de calumnia e injuria por Juan Montero. Herrera fue acusada por calumnia e injuria desde el año 2011 por el abogado Juan Montero, exfuncionario del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en el gobierno de Martinelli. El Segundo Tribunal revivió el caso en fallo del 18 de julio, que tuvo como ponente al magistrado Mendieta.

EXJUEZ ALEXIS BALLESTEROS. El 19 de marzo de 2014, el exjuez Cuarto Penal Alexis Ballesteros, acusó directamente al magistrado Sáenz, de haberlo presionado para fallar a favor de los amigos del entonces presidente Ricardo Martinelli. Los señalamientos de Ballesteros surgieron luego que Sáenz junto al magistrado Mendieta, le pidieron poner su cargo a disposición por no seguir la línea de fallar a favor de los amigos del entonces gobernante. A raíz de esta situación, Ballesteros presentó una denuncia penal contra los magistrados José Ayú Prado, Alejandro Moncada Luna, Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta. Posteriormente, el 1 de abril de ese año, Ballesteros se vio obligado a renunciar por las presiones en su contra, debido a que fue objeto de un proceso disciplinario y habían decidido destituirlo del cargo. La denuncia de Ballesteros aun hasta 2016 seguía pendiente de ser resuelta en la Asamblea Nacional.

JUAN HOMBRÓN. Sáenz también firmó el fallo dictado por el Segundo Tribunal en el que se dio un sobreseimiento definitivo al proceso penal por la adjudicación de 54 hectáreas de tierra en Juan Hombrón, Coclé. Este fallo fue dictado el 28 de febrero de 2013, y tuvo como ponente al magistrado Mendieta. Las tierras de Juan Hombrón fueron cedidas en el año 2011, a sociedades anónimas vinculadas a la familia del exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu.

ANA MATILDE GÓMEZ. Sáenz fue el ponente de un fallo que el 10 de agosto de 2010 condenó a la entonces Procuradora de la Nación y actual diputada Ana Matilde Gómez, a 6 meses de prisión por delito de abuso de autoridad y 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En este caso, Sáenz actuó como ponente, en calidad de magistrado suplente de la CSJ (reemplazando a Almengor que se declaró impedido). La Corte fue la entidad encargada de enjuiciar a la exprocuradora Gómez, en un caso muy cuestionado. El proceso a Gómez se dio por ordenar intervenciones telefónicas en un operativo contra el exfiscal Arquímedes Sáez, condenado a tres años por el cobro de una coima. Gómez nunca estuvo en prisión porque la condena fue reemplazada por 4 mil dólares en días multa. El dinero fue pagado por Carlos Zavala, para dejar sin efecto una campaña del abogado Miguel Antonio Bernal, que impulsó una iniciativa para recoger el dinero centavo a centavo. No obstante, la condena sirvió para que Gómez fuese destituida del cargo de Procuradora y así el entonces presidente Martinelli designó a Giuseppe Bonissi como procurador. Gómez salió electa diputada independiente, pero antes de tomar posesión del cargo enfrentó una audiencia en la CSJ el 30 de mayo de 2014, en la que se le rebajó la pena accesoria para ejercer cargos públicos a 6 meses. Nuevamente Sáenz fue el encargado de leer ese veredicto. – Con información de Agencias

Wilfredo Sáenz fue señalado también en otros casos aparecidos en 2018 en el medio Noticias Candela, en donde se comentó

(24/08/2017) VICIOS EN SEGUNDO TRIBUNAL. De un lector: Como en la historia de Alí Babá, las bandas y tribus que hacen de las suyas en el sistema judicial panameño no dejan exento al Segundo Tribunal Superior de Panamá, donde un grupo de secretarias y secretarios de los honorables magistrados, quienes muchas veces, tal y como lo hacen, según procesados, algunas secretarias del magistrado José Ayú Prado o del magistrado Wilfredo Sáenz, que aseguran hablar en nombre de los juzgadores, manejan la justicia, las gestiones y decisiones como una especie de mercancía que se transa en efectivo. Chats, imágenes de conversaciones escritas con supuestos magistrados, depósitos en efectivo, notas de voz, etc., serían evidencia de los vicios imperantes. En determinados casos, además de imponerles tasas para derrocharlas en paseos y viajes, algunos varones de esas bandas les exigen favores de cama a procesados y condenados de su mismo género. Todavía no se aprecia que en Panamá haya esmero en depurar tan pestilente situación. – Adrián Ramírez

(30/11/2018) “COIMEO” ENSEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR. De un lector: Las revelaciones y confesiones del “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior de Panamá colocan en el tapete la participación de diversos funcionarios del Órgano Judicial en el “coimeo” a imputados y procesados. Tales funcionarios fungirían como protectores y figuras importantes en el ilegal esquema. Las expresiones sobre el magistrado Wilfredo Saenz en audios y chats centrados en la secretaria Melissa Puga, tampoco dejan la mejor impresión sobre el alto representante judicial. – Adrián Ramírez

Melissa Puga, Wilfredo Sáenz

(09/03/2018) JUSTICIA RETORCIDA. Después de más de 30 meses de estar pagando condena (la pena es de 40 meses), en el expediente de un ciudadano venezolano en Panamá no existe acta del allanamiento que le fue practicado. Al ciudadano se le condenó en base a pruebas inexistentes e insuficientes y lo que es peor, el caso estaría viciado de nulidad absoluta, pero hasta ahora el magistrado Wilfredo Sáenz y la jueza Zaida Cárdenas no se han percatado ni han querido percatarse de esa situación. Este es uno de los motivos por los que el caso será denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es más que el ejemplo de una de las tantas situaciones retorcidas del sistema de justicia en Panamá. – Adrián Ramírez

(05/03/2018) “CAOS TERCERMUNDISTA” EN SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR. De un lector: En el Segundo Tribunal Superior de Panamá se padecería una especie de “caos tercermundista”, por la mala atención, años de mora judicial, etc. La pequeña sala de atención al público muestra un aspecto infrahumano, con mobiliario deteriorado y archivos repletos de millones de ácaros. Dentro de muy poco se estaría presentando ante la Corte IDH una denuncia por vicios procesales, que profetiza el empeoramiento del concepto que existe en el ámbito judicial sobre el Wilfredo Sáenz y un grupo numeroso de funcionarios. – Adrián Ramírez

 

Otras actuaciones polémicas en el Segundo Tribunal Superior Penal

 

Magistrados Adolfo Mejía, Wilfredo Sáenz, Secundino Mendieta, María De Lourdes Estrada y Luis Mario Carrasco

Adolfo Mejía, Wilfredo Sáenz, Secundino Mendieta, María De Lourdes Estrada y Luis Mario Carrasco eran, al menos hasta 2016, los magistrados que componían el Segundo Tribunal Superior Penal, con competencia en el Primer Distrito Judicial, formado por las provincias de Panamá, Colón, Darién, y por la comarca Guna Yala. ¿Quiénes son? ¿Cuáles han sido sus actuaciones?

Adolfo Mejía fue nombrado en septiembre de 2012. Antes fue juez tercero penal y en esa instancia sobreseyó a la exdirectora de Migración María Cristina González en un proceso por la supuesta tramitación irregular de visas. También, absolvió a la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras Anabelle Villamonte, señalada por presuntamente adjudicar tierras de manera ilícita en Juan Hombrón, provincia de Coclé, informó La Prensa en 2016.

Ya en el cargo de magistrado, dio una fianza de $500 mil a Marco Albán Crespo, representante en Panamá de Hidalgo & Hidalgo, empresa vinculada con el escándalo del fallido proyecto de riego de Tonosí.

En tanto, Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta estuvieron a cargo del fallo del caso Juan Hombrón, que negó la apelación del Ministerio Público y ratificó la liberación de Villamonte.

Sáenz, nombrado en enero de 1996; y Mendieta, en agosto de 2012, fueron denunciados en la Asamblea Nacional por el exjuez Alexis Ballesteros, debido a supuestas presiones para fallar a favor de allegados del expresidente Ricardo Martinelli. Esta denuncia fue archivada.

Mientras tanto, María De Lourdes Estrada ejerce como magistrada desde agosto de 2012. Antes se desempeñó como jueza segunda de lo penal.

Por su despacho ha pasado el proceso del incendio en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, del 9 de enero de 2011. También se encuentra en la terna de magistrados que tuvo que resolver el fallo por los envenenamientos masivos con dietilenglicol. En esta decisión también tuvieron participación Carrasco y Mejía.

Carrasco, quien fue nombrado en el Tribunal en julio de 1998 y además es suplente del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jerónimo Mejía, le correspondió leer el fallo del 21 de diciembre de 2015, que ordenó la detención provisional de Martinelli, para ser investigado por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

 

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Panamá

Diputado Benicio Robinson: El ministro de Obras Públicas Rafael Sabonge no tiene la capacidad para ejercer y el presidente Cortizo debe tomar una decisión

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Benicio Robinson, Rafael Sabonge

El diputado Benicio Robinson cuestionó la labor del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge de quien dijo no tiene la entereza para resolver los problemas de esta cartera y que el presidente Cortizo debe tomar una decisión.

El fue nombrado de a dedo y debe hacer el trabajo que los panameños estamos esperando que haga. “ No puede ser que tengamos la ciudad llena de huecos, los distritos llenos de huecos y las carreteras sin rehabilitar y que en tres años todavía estemos con un ministro que no tiene la capacidad para ejercer…”

Yo como diputado de la provincia de Bocas del Toro le digo hoy que el señor presidente debe tomar la decisión con una persona como lo es el ministro Sabonge, expresó.

Esa es una potestad del señor presidente, pero yo como diputado y presidente del PRD creo que lo mejor que podemos hacer como gobierno es escoger a las personas que puedan ejercer los cargos y en nuestro partido hay bastantes y con mística de trabajo.

 

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Sacerdote Ramón Buriticá Giraldo, acusado de encubrir casos de pederastia en Colón, se desempeña ahora como profesor del Colegio De La Salle en la Ciudad de Panamá

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Un sacerdote investigado por encubrir casos de pederastia y violaciones a niños por parte de miembros del clero, es profesor de lógica en el Colegio De La Salle, en la Ciudad de Panamá.

Se trata del reverendo Ramón Buriticá Giraldo, quien fue denunciado por al menos tres víctimas, de haber encubierto violaciones en la Ciudadela Jesús y María, en Colón, alrededor del año 2009, informó FOCO.

Las declaraciones bajo juramento de las víctimas son sumamente graves, según FOCO. Señalan directamente cómo Buriticá Giraldo, encargado de la ciudadela, llamada a las víctimas y las presionada para que no delataran los abusos por parte de diferentes sacerdotes.

Una niña de 16 años narró bajo juramento ante el Ministerio Público, cómo le transmitieron una enfermedad venérea y una monja la inyectaba diariamente para tratársela.

Los abusos eran dance constantes, que era rutina chequear a las menores con pruebas de embarazo, pues los sacerdotes no quería utilizar preservativo.

Pero las denuncias cayeron en saco roto y todo fue archivado en el Ministerio Público.

En el caso hubo solamente un condenado, mientras que muchos sacerdotes implicados fueron enviados al extranjero para encubrir el escándalo.

Ramón Buriticá fue asignado posteriormente al Colegio De La Salle en Panamá, dónde interactúa con cientos quizás miles de niñas y niños, impartiendo la clase de lógica.

 

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¿Cumple Panamá con las observaciones del análisis de 2020 del PNUD sobre el impacto socioeconómico causado por la pandemia?

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La pandemia por COVID-19, producida por el virus Sars-CoV-2, ha detenido a la economía global. Todas las economías del mundo se encuentran sufriendo los efectos de parar la actividad para contener el virus y salvar vidas. Frente a un virus desconocido, para el cual no existían vacuna ni medicamentos antivirales disponibles, los países se han visto obligados a recurrir a la aplicación de estrictas cuarentenas que llegaron a  afectar al 81% de la fuerza laboral del mundo. A pesar de ser una tecnología para el control de epidemias que data de siglos de antigüedad, la cuarentena se volvió el recurso más eficiente en el control del COVID-19, según un análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2020.

Las cuarentenas imponen un fuerte costo a las economías por su extensión generalizada a la mayoría de los sectores, con excepción de aquellos indispensables y, por su duración. Como consecuencia de la crisis de salud hoy, la mayoría de los pronósticos de los especialistas esperan que esta crisis económica mundial sea la más grande desde la Gran Depresión de 1929.

Los pronósticos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) apuntan a una caída del comercio global de entre 13% y 32%, especialmente fuerte para el comercio de servicios. Señala que existe mucha incertidumbre y una recuperación rápida no es segura. En el caso específico del continente americano y de Panamá, no es alentadora. Las exportaciones en América del Norte podrían tener una contracción entre el 17% y 40% y en América del sur entre 12% y 31%. En las importaciones será entre 14% y 34% en América del Norte y entre 22% y 44% en América del Sur. Para Panamá este efecto reducirá fuertemente el tránsito en el canal.

Frente a este difícil escenario que conlleva tanto una crisis de salud, como una crisis económica, Panamá, al igual que el resto de los países en la región, se verá forzado a adoptar políticas agresivas que deben poder cumplir varios objetivos. Primero: que coadyuven a la protección de la salud de las personas, es decir, deben estar alineadas a los objetivos del control de la epidemia en su territorio. Segundo: dados los elevados niveles de pobreza e informalidad, estas medidas deben poder garantizar la subsistencia de las personas durante el tiempo que sea necesario para superar la epidemia. Tercero: deben proporcionar el suficiente respaldo a la economía, para que una vez se controle la epidemia, el proceso de recuperación económica sea veloz. En este sentido, las medidas de apoyo económico deben estar enfocadas a salvaguardar la estructura ocupacional y evitar la quiebra masiva de empresas. Cuarto: en lo posible, deben ser medidas que permitan mantener o regresar a la estabilidad macroeconómica en el mediano y largo plazo.

 

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