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Panamá

El epílogo de una prórroga anunciada de Panama Ports

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Por Tomás Paredes Royo

Al describir la relación entre el Estado y Panama Ports algunos se han referido a la empresa en términos duros y peyorativos para indicar que la empresa incumplió su parte del contrato y que a Panamá, durante estos 25 años, se le han esquilmado oportunidades y beneficios económicos establecidos en el contrato de 1997.

Un vocero del gobierno del presidente Cortizo dijo en una entrevista que PPC “ha sido un socio difícil, un socio incómodo”, sin explicar cómo esos adjetivos influyeron o afectaron la relación contractual entre el Estado y la empresa. Por el desenlace final, alguien concluiría que estos atributos resultaron ser beneficiosos para la empresa, y que además, son condiciones favorables para cualquier inversionista en nuestro país.

Tal vez lo que no se ha dicho con suficiente claridad es que PPC ha sido un socio desleal y abusador, un accionista sin escrúpulos para ejercer su poder y ajustar a su conveniencia el contrato de concesión para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. Y así, durante casi 25 años, PPC ha hecho uso y gala de todos los recursos para tejer una vasta y oscura red de influencias, compuesta por la variopinta fauna y flora de nuestra sociedad, incluyendo políticos, funcionarios, medios de comunicación, periodistas, abogados, opinadores, empresarios y cualquier persona dispuesta defender una situación insostenible e injustificable, contraria a los mejores intereses del país.

Tal vez quienes teníamos la quimera de renegociar un nuevo contrato más balanceado y justo para Panamá, debimos primero preguntarnos si el marco de referencia antes descrito, al igual que las ejecutorias de la empresa en esos primeros 25 años hacían previsible la prórroga automática de la concesión. Basta con repasar algunos de los logros de PPC en esta primera etapa del contrato.

El contrato original, con la aquiescencia de los gobiernos, fue modificado y ajustado en sus términos y condiciones, en varias ocasiones, a requerimiento y a favor de la empresa. A los cuatro años de la concesión, en el 2002, PPC logró cambiar las condiciones del contrato original con una simple resolución ministerial. En el 2005, perdida en la Corte Suprema de Justicia por una demanda de nulidad contra el marco jurídico que la amparaba, PPC solicitó al gobierno eliminar la resolución referida y propuso un nuevo documento. Sin embargo, por razones no explicadas ni entendidas, PPC mantuvo la estructura tarifaria de la resolución y no la del contrato inicial.

Más aún, durante todos estos años PPC incumplió con el pago anual de dividendos a la República de Panamá en virtud del 10% de las acciones propiedad del Estado panameño en la empresa. Con el silencio, la negligencia o la complicidad de los representantes de los diferentes gobiernos en la Junta Directiva de PPC, las ganancias correspondientes a Panamá se reinvirtieron en la empresa, a pesar de que el contrato existente establece que esa participación accionaria no conlleva responsabilidad u obligación alguna para el Estado, ni en el capital ni en las operaciones de la empresa. Esto pasó desapercibido para el Contralor y sus auditores.

Pero quizás los eventos más lamentables y bochornosos relacionados con la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal los hemos vivido en los últimos meses con la decisión de prorrogar de manera automática el contrato de concesión, en los mismos términos y condiciones del contrato existente y las diferentes adendas que lo modificaron durante estos primeros 25 años.

En primer lugar, con sorpresa vimos un gobierno tímido de ejercer su derecho contractual para modificar y mejorar los términos y condiciones de la concesión, tal como se hizo en el 2005, 2010 y 2012. Por el contrario, se percibió un gobierno complaciente con la empresa, al punto que algunos lo tildaron de genuflexo, inclinado a descartar la opinión calificada de expertos portuarios, exadministradores del canal, economistas, abogados, pero más preocupante aún, dispuesto a ignorar la opinión de la ciudadanía en general que clamaba por una relación más justa y equitativa.
Segundo, en estos meses, el proceso que requería la evaluación del contrato de concesión se vio plagado y carcomido por la falta de transparencia. Los informes de la Autoridad Marítima de Panamá, la Contraloría General de la República y la firma internacional Arnold & Porter, elaborados con el fin de validar el cumplimiento de PPC de sus compromisos contractuales para asegurar la prórroga automática, terminaron por generar más preguntas que respuestas y solo consiguieron levantar suspicacias y desconfianza en el proceso y en las intenciones del gobierno.

Tercero, la información pertinente y relevante del proceso de evaluación fue selectiva, al igual que la comunicación de la negociación entre el gobierno y PPC, la cual se limitó a una millonaria campaña publicitaria, de parte del gobierno y la empresa, a favor de la prórroga automática, llena de inexactitudes, verdades a medias y falsedades construidas para ello. Nuevamente, el gobierno evitó en todo momento el debate y el intercambio de ideas, prefiriendo así un proceso oscuro y excluyente, donde prevaleció la lluvia de opiniones y las descalificaciones sin que se vieran reflejadas en una verdadera negociación.

Cuarto, como resultado de esta “negociación”, PPC mantuvo el privilegio de alquilar tierras a terceros, en actividades que no corresponden a las autorizadas en la concesión original. En el contrato, PPC está autorizada al “desarrollo, construcción, operación y administración de dos puertos” para el manejo de carga general, contenedores, pasajeros, automóviles (ro-ro) y carga a granel. El contrato definió dos áreas, “Puertos Existentes” (Balboa y Cristóbal) y “Extensión Futura”, esta última para suplir necesidades a medida que el negocio creciera y prosperara. La realidad ha probado que Isla Telfers resultó en exceso a las necesidades de PPC, donde la empresa tiene como “clientes” una planta de gas, una tanquería de combustible y otras actividades diferentes a las autorizadas. Se estima que los ingresos que recibe PPC del alquiler de tierras en Isla Telfers son superiores a los dineros que pagará anualmente la empresa al Estado panameño por la prórroga de la concesión.

Quinto, en su actuar poco transparente en este proceso de otorgarle a PPC una prórroga automática en los mismos términos y condiciones de hace 25 años, el gobierno ha aceptado un “Acuerdo de Accionistas”, mecanismo poco convencional y de dudosa solidez para formalizar una transacción de esta magnitud y naturaleza, más si tomamos en cuenta que la contraparte ha actuado a su libre antojo y única conveniencia. En este compromiso de socios curiosamente faltan indicadores de medición, control y resultados para dar seguimiento a las obligaciones de la empresa, como el número de contenedores a movilizar por año, o el monto y el calendario de las inversiones a realizar en este nuevo periodo. Ante esta falla, los voceros del Ejecutivo han preferido decir de manera engañosa que “todos los equipos propiedad de la empresa pasarán al final a manos del Estado”, cuando el contrato estipula un tratamiento específico y diferente en esta materia. Quienes vivimos la amarga experiencia de la transferencia de los puertos y el ferrocarril a Panamá en 1979 sabemos el alto riesgo de recibir solo chatarra.

Sexto, la posición de la empresa se ha fundamentado en el respeto a la seguridad jurídica para hacer prevalecer sus intereses. Si bien la “prórroga automática” estaba supeditada en el contrato original a que PPC hubiese cumplido con todas sus obligaciones, nada, repito, nada impedía que los términos y condiciones del contrato fueran renegociados, tal como lo establece de manera clara y taxativa una de las cláusulas del contrato. El argumento de la seguridad jurídica parece haber impactado de tal forma al gobierno que varios de sus representantes incluso advirtieron de supuestas y futuras demandas millonarias, de la afectación de la imagen del país y otras especulaciones para justificar que no se podía renegociar el contrato original y sus adendas, que como señalé anteriormente, fue acomodado varias veces en favor de la empresa.

Frente al concepto de la seguridad jurídica, los panameños sabemos que no hay ninguna situación o contrato que no pueda ser revisado. Solo basta recordar la condición de perpetuidad que existía en el tratado de 1903 con los Estados Unidos de América y donde Panamá, gracias al liderazgo y voluntad política de Omar Torrijos Herrera y el pueblo panameño, se logró en una mesa de negociación la eliminación de la Zona del Canal, la salida de las tropas norteamericanas de este país y la transferencia del canal a manos panameñas. Es obvio, además de triste, que no todos aprendimos la lección.

Por último, en este tema de Panama Ports y la imposición de una prórroga automática sin haber modificado los términos y condiciones del contrato para los próximos 25 años, debo resaltar la responsabilidad histórica del gobierno y aquellos funcionarios que prefirieron una opción fácil y cómoda, creativa y mágica, que satisface más los ganancias de la empresa y resulta lesiva a los mejores intereses de Panamá. Tal vez nuestro poeta Demetrio Herrera Sevillano tenía razón: “panameño, tu siempre dices sí”.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Empresa Galmobile implicada en irregularidades en la adquisición de vehículos potabilizadores por parte del Ministerio de Salud (Minsa) en perjuicio del Estado panameño

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Transformar agua cruda en potable podría costar millones de dólares en sobrecostos debido a que el Ministerio de Salud (Minsa) está dispuesto a pagar $4.6 millones por diez unidades móviles de segunda mano, utilizadas para purificar y desalinizar agua. Es decir, pagaría unos $460 mil por vehículo, pese a que en el mercado se adquieren entre unos $53 mil y $140 mil, según las especificaciones.

En la página web del fabricante israelí Galmobile (galmobile.co.il) se indica que el precio del vehículo es de 475 mil séquel (moneda de Israel), unos $136 mil, al cambio, informó La Prensa.

La licitación para obtener estos vehículos 4×4 se realizaría el pasado lunes 26 de septiembre, en medio de reclamos de la empresa Raditex, S.A. que advirtió de posibles irregularidades en el pliego de cargos del Minsa para supuestamente favorecer a una empresa que cuenta con el equipo requerido. Tras reclamos de Raditek para que se hicieran cambios al pliego de cargos, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el acto público en mayo pasado, hasta el 22 de agosto, cuando archivó la queja y ordenó que continuara el acto público.

El titular de la DGCP, Raphael Fuentes, consideró que el Minsa “subsanó” las situaciones advertidas y modificó el pliego de cargos, aunque nada dijo del precio de referencia, uno de los puntos del que se queja Raditex. Una revisión de La Prensa a las modificaciones del pliego revela que el Minsa pagaría casi $500 mil por vehículo usado o, por lo menos, con recorrido previo, contrario a lo solicitado al principio (ver facsímil), cuando se pedían vehículos “0 kilómetros”. Ahora indica el documento que “debe tener hasta 500 kilómetros en recorrido”.

No es el único cambio para bajar el estándar de adquisición. El costo del traslado de estos vehículos, por daño o mantenimiento, ya no será por cuenta de la empresa, sino de la entidad adquiriente. Tampoco se pedirán los manuales de mantenimiento.

Sobre la obtención de agua dulce o salada para potabilizarla, se pedía que la profundidad mínima de succión de la bomba del vehículo fuera de 6 metros, pero ahora es de 2 a 6 metros. También se bajó la producción de agua. Y en cuanto a las especificaciones técnicas, se indicaba que el sistema de comunicación interna y externa del vehículo sería “responsabilidad del contratista”, pero ahora ese servicio lo tendría que pagar el Minsa.

¿Quién decidió estos cambios en detrimento del Estado? El director del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado (Disapas) del Minsa, Nicolás Alvarado, se negó a responder a La Prensa. Tampoco contestó ¿cómo se obtuvo el precio de referencia de $4.6 millones? O ¿Qué institución o empresa realizó el estudio de mercado?

En violación a la Ley de Transparencia, Alvarado ignoró una solicitud de información, pese a haber informado –vía telefónica– que respondería el pasado 9 septiembre.

El artículo 21 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas indica que la DGCP podrá solicitar –cuando lo considere oportuno– el estudio de mercado y las explicaciones que sirvieron para establecer el precio de referencia en el acto de selección de contratista. Si la entidad no puede sustentar el precio de referencia, la DGCP puede suspender el acto antes de la apertura de las propuestas.

Al acto de homologación del acto público para adquirir estos vehículos se presentaron diez empresas. Entre ellas, una identificada solo como Galmobile. En el Registro Público aparecen dos sociedades con nombres similares: Galmobile América, S.A. y Galmobile, S.A. El Minsa no corroboró a La Prensa cuál es la que fue al acto público. La empresa identificada como Galmobile –a secas– se presentó a la reunión de homologación representada por Gipsy Díaz, según el acta de reunión del Minsa.

Según la red Linkedin, Díaz fue gerente de proyectos senior en la empresa Fursys, desde marzo de 2020 (esta compañía está vinculada al empresario Mike Btesh). En el correo que aportó Díaz, se identifica al Grupo Betco. Esta sociedad –Grupo Betco Zona Libre– fue inscrita en 1994 y tiene como suscriptores a miembros de la familia Btesh y Cohen Mugrabi. La Prensa envió correos a Díaz solicitando una entrevista, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Desde el 26 de julio pasado aparecen como directivos de Grupo Betco: Raymond Nahem (tesorero), Aldo Lancini (presidente) y Joann Orozco (secretaria). Estos dos últimos también aparecen en Galmobile, S.A.

A su vez, el 3 de enero de 2020 se constituyó la sociedad Galmobile América, S.A., cuyos dignatarios son Salomón Elías Btesh (presidente); Salomón Jack Btesh (vicepresidente y secretario) y Mike Btesh (tesorero). Este último aparece en una lista publicada por el Ministerio Público en 2021, acusado de blanqueo de capitales en el caso New Business.

Un año después fue inscrita Galmobile S.A., que tiene como directivos a Aldo Lancini (presidente y tesorero) y a Joann Orozco (secretaria).

El Minsa informó en agosto de 2021 que Galmobile, S.A. utilizó carros con el sistema de purificación y desalinización de agua cruda “exitosamente” en Cerro Punta y Bocas del Toro, zonas afectadas por los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020.

También en la página web galmobileamerica.com se observa que la empresa confirmó meses antes –el 21 de enero de 2021–, a través de una nota de prensa, que ofreció su ayuda al Minsa –y “sin costo”– con sus vehículos para obtener agua potable durante siete días en Chiriquí, luego de que comunidades de Tierras Altas se quedaran sin suministro de agua.

En la misma nota de prensa –publicada pocos días después de que se inscribiera en el Registro Público esta sociedad–, Galmobile América, en compañía del entonces embajador de Israel en Panamá, Reda Mansour, y autoridades del Minsa, probaron el agua potabilizada por estos vehículos en la rampa marina de la Cinta Costera 3.

En agosto de 2021, el Minsa informó que Galmobile, S.A., junto a funcionarios de Disapas, “realizaron trabajos de reconocimiento y levantamiento de un sistema de acueducto rural” en Mocambo Arriba, Las Cumbres.

También a la prueba se presentó el nuevo embajador israelí en Panamá, Itai Bardov. En esa nota de prensa del Minsa se indica que los trabajos representan el “inicio de un plan piloto de producción de agua potable, mediante avanzada tecnología israelí”.

Sin identificar cuál de las dos empresas es, Galmobile –a secas– aparece como una de las diez compañías interesadas en vender al Minsa los vehículos potabilizadores.

En mayo de 2022, Galmobile, S.A. ingresó al país tres vehículos de purificación y desalinización de agua, a un costo de $53,123 cada uno, según registros de la Autoridad de Aduanas.

Previamente, la empresa trajo dos de estos carros modelo four wheel. El primero, el 21 de abril, y el segundo, el 29 de julio de 2021. El costo de cada uno fue de $76,500.

En el caso de Galmobile América, S.A., La Prensa no pudo corroborar la importación de este tipo de vehículos en los registros de la Dirección de Aduanas.

La empresa Raditex Inc. –la única que se quejó ante Contrataciones Públicas– denunció, además de irregularidades en el pliego de cargos, que el precio de los vehículos era “excesivo, y no concordante con la realidad”, ya que “el propio fabricante israelí [Galmobile] anuncia el servicio completo en cada carro en $125 mil”.

El precio de los carros “resulta injustificable y excesivo, incluso incluyendo el mantenimiento por 5 años como exige el pliego de cargos”, puntualizó Raditex en su reclamo.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Defensa de Elías Cárdenas Jordán intentó politizar acusaciones contra representante de Pedregal en juicio por homicidio

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Elías Cárdenas Jordán

Víctor Almengor, abogado de Elías Cárdenas Jordán, representante de Pedregal, intentó deslindar de responsabilidad a su cliente, en torno a las amenazas que han recibido familiares de Rigoberto Ceberino Santiago Choli, a quien Cárdenas, estando en estado de ebriedad, dio muerte, tras atropellarlo con su camioneta 4×4 el 29 de septiembre de 2019.

En una audiencia del caso, el abogado Almengor intentó desviar la atención sobre las denuncias presentadas por el fiscal del caso ante la juez, después que el fiscal se quejara de las amenazas recibidas por familiares de Santiago Choli. Para ello Almengor trató de politizar el tema, asegurando que las denuncias elevadas por familiares de la víctima a distintas instancias, eran promovidas por una diputada, que aunque no mencionó su nombre, se presume se trata de Cenobia Vargas, parlamentaria por el Circuito 8-10.

Según Almengor, las motivaciones de la diputada para promover las acciones de los familiares de Santiago Choli, se an fundamentado en aspiraciones políticas a la Representación de Pedregal. Pero el abogado fue más allá, en su intento por desviar la atención sobre la responsabilidad de su cliente en el homicidio, culpando al fiscal de no haber hecho su trabajo correctamente, al no haber investigado en mayor profundidad las amenazas recibidas por los familiares del hoy occiso.

 

Documentos revelan el amplio historial de violaciones a las normas de tránsito del representante Elías Cárdenas Jordán y sus presiones y tramas para ser exculpado por el arrollamiento de Rigoberto Santiago Choly

 
 
 

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Panamá

Critican aumento del gasto del Gobierno panameño en temas menos prioritarios, mientras se advierte sobre el posible incremento en el precio de los tanques de gas de Tropigas en casi un 400% por falta de subsidio

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La compañía Tropigas emitió recientemente un comunicado en el que indicó que por falta de pago del Gobierno nacional de Panamá, el precio del tanque de gas de 25 libras, que en la actualidad se encuentra subsidiado en $4,37, pudiera incrementar su precio a $16,63.

Adicionalmente, la compañía señaló que pudiera haber problema en la distribución de los tanques de gas de 25 libras en todo el territorio panameño.

En un video, el TikToker Gilberto Romero se preguntó por qué motivo el Gobierno de Panamá mantiene una deuda con Tropigas. Comentó que el gasto público del Gobierno se incrementó en $4.5 millones diarios, situación que se traduce en que la deuda pública del país ha aumentado el doble, desde poco antes el ascenso al poder del hoy presidente Laurentino Cortizo. Romero estimó que a ese paso, cuando culmine el Gobierno de Cortizo, en 2024, la deuda pública panameña pudiera ascender a cuatro veces, desde que el hoy jefe de Estado se posesionó del cargo.

El TikToker criticó que el Gobierno no destine suficientes fondos en ayudar al pueblo y en sacar la economía adelante, pues según Romero, el dinero está siendo utilizado para dárselo a asesores, para aumentarle el salario a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, para aumentar el presupuesto de la misma universidad, para los dobles salarios, para gastar en viajes y para que ese dinero vaya al bolsillo de los políticos actuales.

 
 
 

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En Panamá Dos Cucharas es tu destino...

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