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Panamá

El epílogo de una prórroga anunciada de Panama Ports

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Por Tomás Paredes Royo

Al describir la relación entre el Estado y Panama Ports algunos se han referido a la empresa en términos duros y peyorativos para indicar que la empresa incumplió su parte del contrato y que a Panamá, durante estos 25 años, se le han esquilmado oportunidades y beneficios económicos establecidos en el contrato de 1997.

Un vocero del gobierno del presidente Cortizo dijo en una entrevista que PPC “ha sido un socio difícil, un socio incómodo”, sin explicar cómo esos adjetivos influyeron o afectaron la relación contractual entre el Estado y la empresa. Por el desenlace final, alguien concluiría que estos atributos resultaron ser beneficiosos para la empresa, y que además, son condiciones favorables para cualquier inversionista en nuestro país.

Tal vez lo que no se ha dicho con suficiente claridad es que PPC ha sido un socio desleal y abusador, un accionista sin escrúpulos para ejercer su poder y ajustar a su conveniencia el contrato de concesión para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. Y así, durante casi 25 años, PPC ha hecho uso y gala de todos los recursos para tejer una vasta y oscura red de influencias, compuesta por la variopinta fauna y flora de nuestra sociedad, incluyendo políticos, funcionarios, medios de comunicación, periodistas, abogados, opinadores, empresarios y cualquier persona dispuesta defender una situación insostenible e injustificable, contraria a los mejores intereses del país.

Tal vez quienes teníamos la quimera de renegociar un nuevo contrato más balanceado y justo para Panamá, debimos primero preguntarnos si el marco de referencia antes descrito, al igual que las ejecutorias de la empresa en esos primeros 25 años hacían previsible la prórroga automática de la concesión. Basta con repasar algunos de los logros de PPC en esta primera etapa del contrato.

El contrato original, con la aquiescencia de los gobiernos, fue modificado y ajustado en sus términos y condiciones, en varias ocasiones, a requerimiento y a favor de la empresa. A los cuatro años de la concesión, en el 2002, PPC logró cambiar las condiciones del contrato original con una simple resolución ministerial. En el 2005, perdida en la Corte Suprema de Justicia por una demanda de nulidad contra el marco jurídico que la amparaba, PPC solicitó al gobierno eliminar la resolución referida y propuso un nuevo documento. Sin embargo, por razones no explicadas ni entendidas, PPC mantuvo la estructura tarifaria de la resolución y no la del contrato inicial.

Más aún, durante todos estos años PPC incumplió con el pago anual de dividendos a la República de Panamá en virtud del 10% de las acciones propiedad del Estado panameño en la empresa. Con el silencio, la negligencia o la complicidad de los representantes de los diferentes gobiernos en la Junta Directiva de PPC, las ganancias correspondientes a Panamá se reinvirtieron en la empresa, a pesar de que el contrato existente establece que esa participación accionaria no conlleva responsabilidad u obligación alguna para el Estado, ni en el capital ni en las operaciones de la empresa. Esto pasó desapercibido para el Contralor y sus auditores.

Pero quizás los eventos más lamentables y bochornosos relacionados con la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal los hemos vivido en los últimos meses con la decisión de prorrogar de manera automática el contrato de concesión, en los mismos términos y condiciones del contrato existente y las diferentes adendas que lo modificaron durante estos primeros 25 años.

En primer lugar, con sorpresa vimos un gobierno tímido de ejercer su derecho contractual para modificar y mejorar los términos y condiciones de la concesión, tal como se hizo en el 2005, 2010 y 2012. Por el contrario, se percibió un gobierno complaciente con la empresa, al punto que algunos lo tildaron de genuflexo, inclinado a descartar la opinión calificada de expertos portuarios, exadministradores del canal, economistas, abogados, pero más preocupante aún, dispuesto a ignorar la opinión de la ciudadanía en general que clamaba por una relación más justa y equitativa.
Segundo, en estos meses, el proceso que requería la evaluación del contrato de concesión se vio plagado y carcomido por la falta de transparencia. Los informes de la Autoridad Marítima de Panamá, la Contraloría General de la República y la firma internacional Arnold & Porter, elaborados con el fin de validar el cumplimiento de PPC de sus compromisos contractuales para asegurar la prórroga automática, terminaron por generar más preguntas que respuestas y solo consiguieron levantar suspicacias y desconfianza en el proceso y en las intenciones del gobierno.

Tercero, la información pertinente y relevante del proceso de evaluación fue selectiva, al igual que la comunicación de la negociación entre el gobierno y PPC, la cual se limitó a una millonaria campaña publicitaria, de parte del gobierno y la empresa, a favor de la prórroga automática, llena de inexactitudes, verdades a medias y falsedades construidas para ello. Nuevamente, el gobierno evitó en todo momento el debate y el intercambio de ideas, prefiriendo así un proceso oscuro y excluyente, donde prevaleció la lluvia de opiniones y las descalificaciones sin que se vieran reflejadas en una verdadera negociación.

Cuarto, como resultado de esta “negociación”, PPC mantuvo el privilegio de alquilar tierras a terceros, en actividades que no corresponden a las autorizadas en la concesión original. En el contrato, PPC está autorizada al “desarrollo, construcción, operación y administración de dos puertos” para el manejo de carga general, contenedores, pasajeros, automóviles (ro-ro) y carga a granel. El contrato definió dos áreas, “Puertos Existentes” (Balboa y Cristóbal) y “Extensión Futura”, esta última para suplir necesidades a medida que el negocio creciera y prosperara. La realidad ha probado que Isla Telfers resultó en exceso a las necesidades de PPC, donde la empresa tiene como “clientes” una planta de gas, una tanquería de combustible y otras actividades diferentes a las autorizadas. Se estima que los ingresos que recibe PPC del alquiler de tierras en Isla Telfers son superiores a los dineros que pagará anualmente la empresa al Estado panameño por la prórroga de la concesión.

Quinto, en su actuar poco transparente en este proceso de otorgarle a PPC una prórroga automática en los mismos términos y condiciones de hace 25 años, el gobierno ha aceptado un “Acuerdo de Accionistas”, mecanismo poco convencional y de dudosa solidez para formalizar una transacción de esta magnitud y naturaleza, más si tomamos en cuenta que la contraparte ha actuado a su libre antojo y única conveniencia. En este compromiso de socios curiosamente faltan indicadores de medición, control y resultados para dar seguimiento a las obligaciones de la empresa, como el número de contenedores a movilizar por año, o el monto y el calendario de las inversiones a realizar en este nuevo periodo. Ante esta falla, los voceros del Ejecutivo han preferido decir de manera engañosa que “todos los equipos propiedad de la empresa pasarán al final a manos del Estado”, cuando el contrato estipula un tratamiento específico y diferente en esta materia. Quienes vivimos la amarga experiencia de la transferencia de los puertos y el ferrocarril a Panamá en 1979 sabemos el alto riesgo de recibir solo chatarra.

Sexto, la posición de la empresa se ha fundamentado en el respeto a la seguridad jurídica para hacer prevalecer sus intereses. Si bien la “prórroga automática” estaba supeditada en el contrato original a que PPC hubiese cumplido con todas sus obligaciones, nada, repito, nada impedía que los términos y condiciones del contrato fueran renegociados, tal como lo establece de manera clara y taxativa una de las cláusulas del contrato. El argumento de la seguridad jurídica parece haber impactado de tal forma al gobierno que varios de sus representantes incluso advirtieron de supuestas y futuras demandas millonarias, de la afectación de la imagen del país y otras especulaciones para justificar que no se podía renegociar el contrato original y sus adendas, que como señalé anteriormente, fue acomodado varias veces en favor de la empresa.

Frente al concepto de la seguridad jurídica, los panameños sabemos que no hay ninguna situación o contrato que no pueda ser revisado. Solo basta recordar la condición de perpetuidad que existía en el tratado de 1903 con los Estados Unidos de América y donde Panamá, gracias al liderazgo y voluntad política de Omar Torrijos Herrera y el pueblo panameño, se logró en una mesa de negociación la eliminación de la Zona del Canal, la salida de las tropas norteamericanas de este país y la transferencia del canal a manos panameñas. Es obvio, además de triste, que no todos aprendimos la lección.

Por último, en este tema de Panama Ports y la imposición de una prórroga automática sin haber modificado los términos y condiciones del contrato para los próximos 25 años, debo resaltar la responsabilidad histórica del gobierno y aquellos funcionarios que prefirieron una opción fácil y cómoda, creativa y mágica, que satisface más los ganancias de la empresa y resulta lesiva a los mejores intereses de Panamá. Tal vez nuestro poeta Demetrio Herrera Sevillano tenía razón: “panameño, tu siempre dices sí”.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

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Panamá

Llega a su fin el juicio en Estados Unidos contra los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares por lavar sobornos de Odebrecht

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En la Corte de Brooklyn se escuchará de boca del juez de distrito, Raymond J. Dearie, cuál será la pena que deberán pagar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal, por lavar fondos irregulares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.

La lectura de sentencia de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares se fijó para el viernes 20 de mayo. A las 4 de la tarde, el juez de la causa, Raymond J. Dearie, establecería cuál sería la pena que deberán purgar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal. Los hermanos se declararon culpables de haber lavado USD 28 millones provenientes de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio del otorgamiento de contratos en beneficio “de un familiar cercano y alto funcionario” del gobierno de Panamá, informó Maibort Petit maibortpetit.info.

Por documentos del caso, se conocieron los últimos movimientos judiciales de los Martinelli Linares, por ejemplo, para el 13 de mayo estaba programada la fecha de control para la sentencia de Ricardo Martinelli Linares luego de que el juez Dearie, le negara su pedido de fianza. Este, así como su hermano, Luis Martinelli Linares, se declararon culpables diciembre de 2021. En razón de que la defensa había solicitado una sentencia acelerada antes de una solicitud anticipada de una sentencia de tiempo cumplido, la Corte refirió que estaría dispuesta a adelantar la fecha de dicha sentencia.

Se convino en pedir al Departamento de Libertad Condicional avocarse al caso y, en tal sentido, el 28 d e marzo emitió un borrador de PSR para Luis Martinelli y el 30 de marzo recibió las objeciones y pedidos de corrección de parte de los abogados defensores.

Luego, el 4 de abril, la defensa pidió a la fiscalía que expusiera su posición respecto a la solicitud anticipada para que la Corte adelantara la sentencia del 13 de mayo a la semana del 25 de abril. El gobierno respondió el 8 de abril que se oponía a cualquier adelanto de sentencia de Martinelli porque la fiscalía continuaba “reuniendo información para las audiencias de sentencia, incluso a la espera de información adicional de Panamá sobre la posición del país como víctima para fines de restitución”.

Los abogados defensores expusieron que todas las partes habían tenido tiempo suficiente para prepararse para la sentencia, encontrándose, además, el PSR sustancialmente completo y no representa un obstáculo para un avance razonable de las audiencias de sentencia, por lo que requirieron del Tribunal un adelanto de las fechas de sentencia de Ricardo Martinelli y su hermano.

Presentaron una oferta de cronograma:

“Para una audiencia el lunes 25 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el jueves 14 de abril; presentación del gobierno para el jueves 21 de abril; la respuesta de la defensa vence el viernes 22 de abril.

“Para una audiencia el miércoles 27 de abril o el jueves 28 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el lunes 18 de abril; presentaciones del gobierno vencen el lunes 25 de abril; respuesta de la defensa para el martes 26 de abril”.

Entretanto, los fiscales han solicitado que la condena que se les dicte a los hermanos Martinelli Linares entre en el rango de los 108 y los 135 mes, es decir, entre 9 y 11 años.

El Departamento de Libertad Condicional sugirió al tribunal una sentencia de 180 meses de prisión y el pago de una multa de USD 250.000, puesto que a su juicio no existen causales que puedan hacer mitigar la pena.

Para el gobierno resulta inadmisible la pretensión de la defensa que ha pedido al juez Dearie que, incluso, deje en libertad a sus clientes, toda vez que a criterio de sus abogados defensores, ya habrían sido suficientes los 23 meses que llevan detenidos tanto en Guatemala como en Brooklyn.

Son escasos los datos biográficos de los Martinelli Linares y entre la poca información que puede encontrarse en la web, está el hecho de que ambos tienen doble nacionalidad, panameña e italiana, en razón de los orígenes de su padre, el expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.

El exmandatario panameño es un empresario cuya mayor compañía es Súper 99, una de las principales cadenas de supermercados de Panamá. También es dueño de Importadora Ricamar S.A.,al tiempo que es socio, inversionista, directivo o accionista de otras firmas panameñas, como el Diario por la Democracia S.A., la Azucarera La Victoria, Empresa ERA, MegaDepot, ToyLand, Compañía Digital de Televisión y Plastigol S.A. Igualmente es director de Gold Mills de Panamá, Global Bank, Panasal S.A., Televisora Nacional de Panamá, DirectTV, Desarrollo Norte S.A. el Molino de Oro, Avipac Inc y Calox Panameña.

Entretanto, la madre es Marta Linares de Martinelli quien está titulada en Comercio en el Saint Mary of the Woods College en Indiana (Estados Unidos) y posteriormente adquiere la licencia como Corredora de Seguros en la Universidad de Panamá.

Ricardo Alberto, el mayor, tiene 42 años de edad, mientras Luis Enrique tiene 39. La tercera de los hermanos Martinelli Linares es Carolina Elizabeth.

En la red social LinkedIn, el perfil de Luis Enrique Martinelli Linares refiere que es el director general de la empresa Importadora Ricamar S.A. Allí se describe como un joven empresario panameño que dirige la firma Super-99, como también es denominada la cadena de supermercados más grande de Panamá.

Es egresado en administración de negocios de la Universidad Metodista del Sur (Southern Methodist University) ubicada en Texas, donde igualmente cursó estudios internacionales[1].

La Importadora Ricamar S.A. es una empresa registrada en Panamá el 10 de diciembre de 1961 bajo el número 115395, cuyo estatus actual es vigente, de acuerdo a lo que informa el portal Open Corporates. El nombre del agente es Magalis Guadalupe Reyes Reyes y el directorio está conformado por Adrián Domínguez Castro y María Concepción Rodríguez, como apoderados; Alejandro Garuz, como apoderado y gerente general; Alejandro Garuz Adames, como director y presidente; David Alejandro Jiménez Barrios, como director y secretario; Gabriel Arturo Jiménez Barrios, como director y tesorero; Roberto Antenos Reyes Reyes y Vicente González Jiménez, como suscriptores. La representación legal de la empresa la ejercen el presidente, el secretario y el tesorero. Marta Linares de Martinelli fue destituida de la presidencia entre el 25 de julio de 2019 y el 21 de mayo de 2020[2].

El 29 de enero de 2017, el gobierno de los Estados Unidos canceló la visa, tanto de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, como de su madre, la ex primera dama panameña, Marta Linares de Martinelli[3].

La figuración pública de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal comenzó con la acusación que su contra se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde están imputados por delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de un esquema masivo de soborno en el que está involucrada el conglomerado mundial de construcción con sede en Brasil, Odebrecht S.A.

De acuerdo a la documentación que se maneja en Corte de Brooklyn, el plan corrupto por el que se señala a los Martinelli Linares involucraba el pago de más de USD 700 millones en sobornos a funcionarios de gobierno, miembros de partidos políticos y otros funcionario y personeros en Panamá y otros países alrededor del mundo para obtener y retener negocios para Odebrecht.

La constructora brasileña a través de sus representantes admitió su culpabilidad el 21 de diciembre de 2016. Esto ocurrió igualmente en el Distrito Este de Nueva York donde enfrentó una acusación criminal de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA)[4].

Luego de un complicado proceso, Luis Enrique Martinelli Linares fue extraditado desde Guatemala hacia los Estados Unidos para enfrentar la acusación presentada ante el tribunal federal en Brooklyn el 15 de noviembre de 2021. Por su parte, Ricardo Alberto Martinelli Linares fue extraditado el 10 de diciembre de 2021. Habían sido detenidos en julio de 2020, en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala, cuanto procuraban abordar un avión privado que los sacara de suelo guatemalteco rápidamente y así evitar su captura en razón de la solicitud que cursaba de parte de la justicia estadounidense. Desde su aprehensión estuvieron recluidos en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala, en Guatemala.

En el esquema corrupto de Odebrecht, los Martinelli Linares habrían lavado —de acuerdo a los documentos judiciales— aproximadamente USD 28 millones en pagos de sobornos hechos por la empresa brasileña a un alto funcionario del gobierno de Panamá que es pariente cercano de los acusados. Contra los hermanos fue presentada la denuncia penal el 27 de junio de 2020 y, posteriormente, el 4 de febrero de 2021, en contra de Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron presentados cinco cargos. En la Corte de Brooklyn. Uno de los cargos es por conspiración para cometer lavado de dinero, mientras dos son por encubrimiento de lavado de dinero. Luis Martinelli Linares enfrenta también dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente[5].

Luis Enrique Martinelli Linares se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su desempeño en el esquema corrupto de soborno de Odebrecht S.A., ante el juez federal de distrito Raymond J. Dearie, el 2 de diciembre de 2021. Ante el magistrado dijo que participó en la conspiración junto con su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares y otras personas mediante el establecimiento de cuentas bancarias extraterritoriales a nombre de compañías de fachada en las que recibirían y disfrazarían los fondos irregulares que sumaban USD 28 millones. Explicó que él y sus socios transfirieron hacia y desde los Estados Unidos el dinero, lo cual llevaron a cabo a través de transferencias electrónicas que involucraban las ganancias del esquema y que les servirían para la compra de un yate y un condominio en EE. UU.[6]

Entretanto, la declaración de culpabilidad de Ricardo Alberto Martinelli Linares se produjo el 14 de diciembre de 2021, cuando ante el juez federal de distrito, Raymond J. Dearie, admitió que participó en la conspiración para lavar dinero en el esquema encabezado por Odebrecht S.A. Tal como lo hizo su hermano, asintió los términos de la acusación que los señala de usar el sistema financiero de Estados Unidos para promover su esquema de corrupción, lo cual lograron constituyendo “cuentas de empresas ficticias en bancos extraterritoriales para tratar de evadir la responsabilidad y usaron parte de las ganancias de los sobornos para su beneficio personal”[7].

El artículo completo puede ser leído maibortpetit.info

 

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Panamá

Participación de los hermanos Martinelli Linares en Digicel habría desencadenado reveses sufridos por la empresa en Panamá

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En opinión de algunos ciudadanos, ha quedado claro que reveses recientes que ha sufrido Digicel en Panamá se han desencadenado en parte debido a la vinculación de la familia Martinelli con la empresa.

El pasado mes de abril la compañía solicitó su liquidación voluntaria ante los Tribunales de Justicia Civiles, como consecuencia de la aprobación, por parte del Gobierno Nacional de Panamá, de la fusión de Cable & Wireless Panamá (CWP) y Claro, decisión que representa el fin de la libre competencia para el mercado de las telecomunicaciones en el país, según dijo la compañía en una declaración.

Revelaciones recientes han indicado que tras bastidores los verdaderos accionistas de la compañía son los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, quienes esperan sentencia tras haberse declarado culpables de lavar dinero de sobornos de Odebrecht.

Los fiscales del caso de los hermanos Martinelli en Nueva York confirmaron que 9.2 millones de dólares de las coimas de Odebrecht fueron utilizados para comprar una empresa de telefonía celular, informó FOCO.

Diversas fuentes consultadas confirmaron a FOCO que la empresa a la que se refieren es Digicel.

 

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Panamá

El video viral con imágenes del presidente Laurentino Cortizo en el que un hombre asegura arrepentirse de «haber votado por usted»

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En las redes sociales se viraliza un video con un audio de fondo en el que una persona dice arrepentirse de «haber votado por usted», mientras se muestran imágenes del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

En el vIdeo el hombre señala: «…porque usted no ayuda al pueblo, usted ayuda al rico…».

No está claro si se trata de un vídeo auténtico, de un montaje o si el reclamo iba dirigido realmente a Cortizo.

 

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