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Panamá

El divorcio del empresario Rajesh Mohinani, propietario de las joyerías Pandora en Panamá, saca a flote pagos irregulares a exgerente del aeropuerto de Tocumen

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Un caso de divorcio en Panamá ha trascendido las fronteras panameñas, siendo para algunos una muestra más de los altos niveles de corrupción en el sistema judicial, político y administrativo del país centroamericano.

La separación de la pareja conformada por los empresarios Rajesh Mohinani Parvani y Rina Aswani, propietarios de la franquicia de las joyerías Pandora en Panamá, condujo a que se conocieran pagos que el hombre habría realizado al entonces gerente del aeropuerto de Tocumen, localizado a 24 kilómetros del centro de la Ciudad de Panamá.

Rina Aswani ha alegado haber sido maltratada por su esposo Rajesh Mohinani Parvani, a quien ha acusado de haber realizado pagos dudosos al gerente de la terminal aérea,para la obtención de beneficios comerciales.

Un dictamen forense concluyó que, a través de la empresa del copropietario de la franquicia de Pandora en Panamá, el empresario Rajesh Mohinani Parvani, se hicieron cheques por un total de 50,000 dólares a nombre de distintas personas, pero que tenían como beneficiario final a Franklin Carrillo, quien era gerente comercial del aeropuerto Internacional de Tocumen al momento de los pagos.

Según un reporte de Univisión, Carrillo, quien fue contratado en esa posición en el 2014, participaba en decisiones relacionadas con los locales que Pandora opera en el terminal aéreo en concesión. El dictamen afirma que esos pagos que ocurrieron en 2014 “no tenían relación comercial’’ con Mohinani Group S.A, la empresa que representa a la franquicia de Pandora.

“Se le estaban haciendo cheques por 50,000 a nombre de otra persona pero que este [Carrillo] era el beneficiario final, quien era funcionario de la Administración de Tocumen, S.A como gerente comercial’’, señala el dictamen del pasado 24 de marzo elaborado por la sección de auditoría forense del Ministerio Público de Panamá.

Carrillo no afronta cargos criminales en Panamá.

En la casilla de «memo» de uno de los cheques analizados por la auditoría se lee: «Señor Rajesh Tocumen/Carrillo». El total del pago en este caso fue de 10.000 dólares y está a nombre de un tercero. En un documento aparte, la asistente de gerencia de la empresa Katherine Desiree Ortiz Lugo escribió en la descripción de varios desembolsos: «Franklin Carrillo-Tocumen».

Un dictamen forense concluyó que el beneficiario final del pago fue Frank Carrillo.

Al ser interrogada por el Ministerio Público, Ortiz dijo que no recordaba el motivo por el cual había escrito el nombre del funcionario, pero aclaró que generalmente lo hacía cuando los cheques eran autorizados por Mohinani. Ortiz no está bajo investigación.

Carrillo, quien dejó su cargo en el aeropuerto de Tocumen, negó que haya sido beneficiario de los pagos.

«Lo único que tengo que decir es que no he recibido ningún pago de nadie. Las autoridades deben hacer su trabajo», dijo Carrillo en un mensaje a Univision.

Según el reporte de Carolina Rosario y Gerardo Reyes para Univisión, Rina Aswani, exesposa del copropietario de la franquicia de Pandora en Panamá, aseguró en una denuncia penal que Mohinani enviaba dinero por debajo de la mesa a Carrillo con el fin de obtener beneficios comerciales.

“Mi esposo me confesó de grandes sumas de dinero que le daba al señor Franklin Carrillo, 5,000 dólares mensuales por cada tienda durante el contrato de 10 años que ofrecía Tocumen», declaró Aswani en una denuncia penal contra su esposo en marzo de 2015.

Aswani, quien también es accionista de la franquicia de Pandora en Panamá, ratificó sus declaraciones a periodistas de Univision agregando que su esposo le había advertido que el litigio entre ambos lo iba a ganar «pagando con la corrupción» ya que «todo en Panamá se maneja mediante corrupción y contactos».

Antes de conocerse el dictamen, Ohad Kiperstock, abogado de Mohinani, negó que hubieran sido realizados pagos del empresario a Carrillo.

“No se ha hecho ningún pago a Franklin Carrillo, ni se va a hacer”, afirmó Kiperstock.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen adjudica por concesión los locales que funcionan en sus instalaciones a través de licitaciones públicas y excepcionalmente por contratación directa, de acuerdo con el estatuto interno de la entidad. El hallazgo de los cuestionados pagos a Carrillo se produjo luego de un allanamiento a las oficinas de Mohinani Group como parte de la demanda de su exesposa.

Mohinani afronta cargos por los delitos de falsificación de documentos y contra el patrimonio económico «en la modalidad de violencia patrimonial contra la mujer» radicados por la Procuraduría General de la Nación de Panamá el pasado 25 de marzo. La fiscal adjunta del caso, Maryam Marcucci Sánchez, pidió una pena de nueve años de prisión para el empresario.

De acuerdo con la acusación, Mohinani excluyó arbitrariamente de la franquicia a su esposa en una escritura pública registrada en septiembre de 2018, lo cual configura la falsedad en documento público por cuanto Aswani posee el 50 por ciento de las acciones y no fue notificada de las modificaciones.

El litigio se originó tras un altercado físico y verbal entre Aswani y su entonces esposo Mohinani, que quedó grabado por las cámaras del elevador de su residencia el 2 de septiembre de 2017. El incidente dejó a Aswani incapacitada por 10 días, de acuerdo con un dictamen médico.

Tras la disputa, la mujer entabló una demanda por violencia doméstica. Ella alega que era víctima de abusos constantes por parte de su pareja y el video servía como prueba para demostrarlo.

«Me sentía humillada. En ese momento como yo estaba grabando toda la agresión que estaba sucediendo dentro de la casa, él quería arrebatarme mi celular», dijo Rina Aswani a Univisión.

El video de la disputa desapareció de forma misteriosa de los archivos de la corte. Ambas partes alegan no saber qué ocurrió.

Aswani también acusó a su expareja de infidelidad.

“Yo no entendía por qué sufría el rechazo constante de mi esposo, por qué me pegaba, por qué me escupía,” dijo Aswani.

El abogado de Mohinani aseguró que su cliente jamás maltrató a Aswani.

“Han pasado dos años y se ha extraído todo lo que la señora Rina solicitó. No ha habido ningún indicio de agresión física, psicológica o patrimonial”, dijo Kiperstock.

El 31 de octubre de 2019, la fiscal presentó cargos de violencia doméstica contra Mohinani y el 20 de agosto de 2020 pidió una condena de 6 años de cárcel. Mohinani fue conminado a pagar un estipendio de 10,000 dólares mensuales a su exesposa, pero para ella lo primordial es recuperar su parte de los negocios de Pandora.

Aswani también enfrenta varias demandas por parte de su exesposo. La acusa de extorsión, calumnia y desacato. También presentó un proceso por hostigamiento, alegando que no se ha encontrado evidencia en los 11 procesos legales que ha iniciado en contra de Mohinani.

Aswani y Mohinani abrieron la primera franquicia de Pandora en el año 2007 en Panamá. Según varios documentos remitidos por la empresa Pandora y revisados por Univisión, ambos eran dueños y cada uno poseía un 50 por ciento de las acciones.

Varios mensajes de texto revelan que en medio del proceso de divorcio, Mohinani quería que Aswani le vendiera su parte; sin embargo, ella alega que se negó porque él se resistía a realizar una auditoría de la empresa, lo que para ella era un requisito importante.

Finalmente Mohinani la despidió de la empresa, según ella sin su aprobación. En el 2018, la empresa pasó a nombre de una fundación en la que Rajesh Mohinani aparece como el único beneficiario.

 

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El desplante del representante de CUCO al presidente Laurentino Cortizo al negarse a firmar documento en los términos propuestos por el Gobierno panameño para poner fin a la huelga en Colón

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La dirigencia de la Coalición por Unidad de Colón (CUCO) no firmó un documento para poner fin a la huelga general en la provincia.

CUCO se reunió con el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en la sede de la presidencia de la República.

La agrupación reclama que se ejecuten proyectos para priorizar empleos.

El Ejecutivo firmó un acuerdo con los gremios docentes para poner fin a la huelga.

Durante la reunión en el Palacio Presidencial, la Comisión del Gobierno Nacional, liderada por el mandatario Cortizo Cohen, informó a los dirigentes de Colón que se lleva a cabo un Plan de Capacitación para el Empleo, donde más de 1,700 han presentado solicitudes para recibir adiestramiento con el propósito de obtener una plaza de trabajo, informó Ismael Gordón Guerrel en La Estrella de Panamá.

El presidente Cortizo Cohen reiteró que hay más de 25 proyectos en ejecución en Colón, cuya inversión supera los $900 millones.

Edgardo Voitier, dirigente de Cuco, explicó que no se podía firmar el fin de la huelga porque deben llevar las propuesta a una asamblea general. En las redes sociales se viralizó un video de Voitier desplantando a Cortizo, al  negarse a firmar el documento y señalando:

«…Aquí nosotros no venimos a adquirir un compromiso y levantar ningún paro. Esa no es potestad, ni poder que tenemos. No fuimos empoderados para eso. Por tanto, nosotros no nos comprometemos a firmar este documento en los términos que están».

 

«No vemos un compromiso de parte del Gobierno», manifestó Voitier, quien dice que el problema de Colón es «asfixiante, nunca habíamos tenido este desempleo». En la provincia de Colón hay un 30%, según datos oficiales.

Entre las pautas mencionadas por el gobierno se estableció congelar el precio de combustible a nivel nacional en $3.95, y asignar una partida de $100 millones para contrarrestar el efecto de la falta de ingreso, pero a Cuco no le convence porque el precio será congelado solo para el sistema de transporte y no para el resto de los panameños.

Acompañaron al presidente Cortizo Cohen, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral encargado (Mitradel) Roger Tejada; la gobernadora de Colón, Irasema de Dale; el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Carlos Ordoñez; y la directora del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), Mariela Salgado.

 

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El video viral de una residente de la provincia exigiendo respeto por parte del Gobierno de Panamá a los habitantes de Colón

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El video de una residente de Colón se ha viralizado en las redes sociales, luego que la mujer tomara la palabra en una reunión con representantes del Gobierno panameño, para quejarse de las acciones del Banco Hipotecario, tendientes a incluir a muchos colonenses en los registros de la APC Panamá, entidad encargada de brindar el servicio de información relacionado a las referencias de crédito a los consumidores, pese al desempleo qué afecta a la población de la provincia.

La indignada mujer también reclamó la instalación de paradas dignas, pues aseguró que debido a que carecen de tales paradas en la época lluviosa, la gente se moja.

Igualmente denunció un alto desempleo y el hambre que padece la población colonense, por culpa «de ustedes los millonarios que se están llenando el bolsillo a costilla de la gente de Colón».

La colonense manifestó también que Panamá es una nación que por medio del Canal, cada una de las personas que viven en el país deberían de estar comiendo bien.

«… ¡O porque ustedes me ven chacalita, yo no puedo tener un diploma de Licenciada en derecho. Yo quiero que ustedes respeten, respeten a la gente de Colón, porque no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. La gente de colon se está cabreando y esto va a ser muerte y eso es lo que no se quiere. Respeten a Colón…!», exclamó la enfurecida mujer.

 

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