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Documentos exponen detalles del caso en Panamá contra el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín por el delito de fraude financiero

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A través de la descripción del caso de Rubén Prato, propietario de dos empresas, con cuentas en la entidad, se dejan ver las penurias de los clientes de la entidad en proceso de liquidación forzada desde 2019.

Fragmentos de la acusación penal que cursa en Panamá contra Víctor Vargas Irausquín en su carácter de propietario de AllBank Corp, revelan las irregularidades cometidas por el banquero y su entidad en la nación centroamericana en contra de los depositantes de la misma, las cuales se constituyen como elementos de convicción de la comisión del delito de fraude financiero, reveló Maibort Petit en maibortpetit.info.

El documento revela una solicitud hecha al Registro Público de Panamá de toda la información registral sobre AllBank Corp en la que se certifica el historial de dicha sociedad anónima constituida el 24 de enero de 2011, con Víctor Vargas Irausquín como director, presidente y beneficiario final.

Se refiere que la Superintendencia de Bancos de Panamá confirmó la situación financiera de AllBank[1], la cual se encuentra el proceso de liquidación forzosa administrativa desde el 8 de noviembre de 2019, por resolución Nº SBP-0205-2019 y a cuyo frente se encuentra Rafael Moscarella Valladares como liquidador administrativo[2].

En la acusación se citan declaraciones de Moscarella Valladares, quien requirió que la decisión de liquidar la institución bancaria se adoptó en razón de la duda razonable existente sobre su liquidez para afrontar sus obligaciones, especialmente, los depósitos de los clientes.

Explicó que la presunción de iliquidez partió de la imposibilidad de lograr que, tanto los fondos líquidos como las posiciones y títulos valores en poder de las entidades relacionadas —en las cuales Víctor Vargas es el beneficiario final— pudieran ser transferidas a las cuentas en el Banco Nacional. Entonces, al no contar con dicha disponibilidad de fondos se hacía imposible cubrir el pago de las obligaciones del banco.

En tal sentido, Moscarella Valladares informó que el objetivo de la liquidación era obtener fondos correspondientes a partir de los activos del banco para entonces proceder a devolver los depósitos a los clientes de la institución, así como para pagar cualesquiera otras obligaciones pendientes.

Precisó que ante la falta de respuesta por parte de las entidades relacionadas que permitieran la obtención de fondos y títulos valores, Rafael Moscarella Valladares presentó una denuncia penal en enero de 2020 a objeto de que las autoridades correspondientes procedieran a realizar la investigación correspondiente. Esta denuncia se presentó ante la Procuraduría General de la Nación de Panamá, entidad a la que se le informó acerca de la presunción de estar en presencia de un fraude financiero, dada la similitud de la situación de AllBank Corp con la de otras instituciones financieras relacionadas con Víctor Vargas en todas las jurisdicciones que no proveen información que permita que la clientela de los mismos disponga de sus fondos y porque no cumplen con las regulaciones bancarias.

Pero a pesar de la dificultad, manifestó que continuaban solicitando los fondos y títulos valores, así como otras dirigencias para lo lograr la liquidez necesaria.

El caso de Rubén Prato

Entre la información suministrada por Moscarella Valladares se encuentra la relacionada con la cuenta 001110006693, abierta el 15 de septiembre de 2013 a nombre de Edificaciones y Estructuras Seguras S.A., cuyos firmantes autorizados eran Rubén Darío Prato Zuluaga y María Rocío Zuluaga de Prato, la cual desde el 8 de noviembre de 2019 se encontraba bajo el estatus de “cuenta controlada. Tal situación impedía la aplicación de créditos y débitos sin que para ello mediara una autorización del oficial y/o área encargada.

Igualmente, la cuenta 001110017006 abierta el 15 de septiembre de 2013, a nombre de Consorcio Praval, encontrándose autorizados para firmar en ella Rubén Prato y María Martínez de Prato. Esta cuenta está controlada desde el 8 de noviembre de 2019, impedida de realizar créditos y débitos en la misma sin autorización expresa del oficial y/o área encargada.

El engaño

Se indica que se solicitó entrevista con Rubén Prato, quien dijo desconocer dicho estatus de sus cuentas, refiriendo que desde su apertura, estas cuentas funcionaron normalmente, pero sin indicación previa, el banco comenzó a manejarlas irregularmente en lo que a transacciones se refiere.

 

Agregó que AllBank en algún momento adujo que la Superintendencia de Bancos se encontraba auditándolos y en razón de que era un cliente significativo por la cuantía de sus depósitos, tenían que limitar los desembolsos, por lo cual exigió le entregaran la orden formal de la SBP de dicho acto, lo cual nunca sucedió.

Las diligencias de los cuentahabientes

Moscarella Valladares presentó copias de las múltiples peticiones formuladas por Rubén Prato en 2019 a la institución bancaria a objeto de que se le suministrara información sobre la razón de devolución de sus cheques, así como del cierre de sus cuentas y devolución de fondos.

Una de estas solicitudes tuvo lugar el 26 de agosto de 2019, suscrita por cuando Rubén Prato, en su carácter de representante legal de Consorcio Praval; la otra ocurrió en agosto de 2019 firmada por Francisco Espinosa, administrador de la citada empresa.

Rubén Prado escribió a AllBank Corp. en agosto de 2019, esta vez en representación de Edificaciones y estructuras Seguras S.A., solicitando la emisión de dos cheques de gerencia; también en nombre de esta última compañía, Prato escribió al banco el 2 de septiembre de 2019 para reiterar su pedido de dos cheques de gerencia.

El 29 de agosto de 2019, Francisco Espinosa escribió en nombre de Consorcio Praval a Francisco Abraham García, con copia a Evelyn Rojas, empleados de AllBank Corp., para solicitar respuesta a las peticiones formuladas con anterioridad y que no habían sido ejecutadas por el banco. En la misma fecha, Rubén Prato Zuluaga en representación de Edificaciones y Estructuras Seguras S.A., instruyó al banco para que emitiera dos cheques de gerencia contra la cuenta 001110006693 de dicha empresa, a favor de Panamá Viejo Development Corp. por 1.000.000 de balboas y de Constructora Selva Negra S.A. por 500.000 balboas, pero la instrucción no fue acatada por el banco y dispuso de los fondos de manera ilegal.

   El 30 de agosto de 2019, espinosa, mediante correo electrónico a Francisco Abraham García con copia a Evelyn Rojas, pidió una explicación a la entidad bancaria, al igual que el 2 de septiembre de 2019 también Rubén Prato reiteró pedido de que se corrigiera el estado de cuenta de Edificaciones y Estructuras Seguras, sin que obtuviera respuesta.

Los delitos

Se explica en el informe que la situación descrita en el caso de las cuentas de Rubén Prato en AllBank, se compadece con los hallazgos de los inspectores de la Superintendencia de Bancos de Panamá y que están vertidos en el Informe de Inspección Especial de fecha 8 de febrero de 2019. Allí se indicaba que en 2018 y 2019 se encontraron transferencias reportadas como pendientes por procesar de clientes por un total de 6.749.160,23 balboas y 556.100. Algunas de estas transacciones tenían hasta 10 meses de atraso.

El escrito deja ver que se está ante la suposición de existencia del delito de “Contra el orden económico” en la modalidad de “Delito Financiero”, tipificado en el Capítulo III, Título VII del Libro Segundo del Código Penal, artículo 250.

Se indica que los hechos se enmarcan dentro del delito de Fraude Financiero, consistente en el apoderamiento, uso indebido y transferencia ilícita del dinero de las sociedades Edificaciones y Estructuras Seguras S.A. y Consorcio Praval, las cuales confiaron sus recursos al AllBank.

REFERENCIAS

[1] Superintendencia de Bancos de Panamá. AllBank Corp. En liquidación forzosa. Informe preliminar. https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/informacion_general_bancos/Informes_Liquidacion/Allbank/INFORME_PRELIMINAR.pdf

[2] Antilavado de Dinero. “AllBank, el nuevo fraude bancario que golpea a Panamá”. 12 de abril de 2021. https://www.antilavadodedinero.com/allbank-el-nuevo-fraude-bancario-que-golpea-a-panama/

/Mas en maibortpetit.info

 

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Diputado Benicio Robinson: El ministro de Obras Públicas Rafael Sabonge no tiene la capacidad para ejercer y el presidente Cortizo debe tomar una decisión

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Benicio Robinson, Rafael Sabonge

El diputado Benicio Robinson cuestionó la labor del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge de quien dijo no tiene la entereza para resolver los problemas de esta cartera y que el presidente Cortizo debe tomar una decisión.

El fue nombrado de a dedo y debe hacer el trabajo que los panameños estamos esperando que haga. “ No puede ser que tengamos la ciudad llena de huecos, los distritos llenos de huecos y las carreteras sin rehabilitar y que en tres años todavía estemos con un ministro que no tiene la capacidad para ejercer…”

Yo como diputado de la provincia de Bocas del Toro le digo hoy que el señor presidente debe tomar la decisión con una persona como lo es el ministro Sabonge, expresó.

Esa es una potestad del señor presidente, pero yo como diputado y presidente del PRD creo que lo mejor que podemos hacer como gobierno es escoger a las personas que puedan ejercer los cargos y en nuestro partido hay bastantes y con mística de trabajo.

 

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Sacerdote Ramón Buriticá Giraldo, acusado de encubrir casos de pederastia en Colón, se desempeña ahora como profesor del Colegio De La Salle en la Ciudad de Panamá

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Un sacerdote investigado por encubrir casos de pederastia y violaciones a niños por parte de miembros del clero, es profesor de lógica en el Colegio De La Salle, en la Ciudad de Panamá.

Se trata del reverendo Ramón Buriticá Giraldo, quien fue denunciado por al menos tres víctimas, de haber encubierto violaciones en la Ciudadela Jesús y María, en Colón, alrededor del año 2009, informó FOCO.

Las declaraciones bajo juramento de las víctimas son sumamente graves, según FOCO. Señalan directamente cómo Buriticá Giraldo, encargado de la ciudadela, llamada a las víctimas y las presionada para que no delataran los abusos por parte de diferentes sacerdotes.

Una niña de 16 años narró bajo juramento ante el Ministerio Público, cómo le transmitieron una enfermedad venérea y una monja la inyectaba diariamente para tratársela.

Los abusos eran dance constantes, que era rutina chequear a las menores con pruebas de embarazo, pues los sacerdotes no quería utilizar preservativo.

Pero las denuncias cayeron en saco roto y todo fue archivado en el Ministerio Público.

En el caso hubo solamente un condenado, mientras que muchos sacerdotes implicados fueron enviados al extranjero para encubrir el escándalo.

Ramón Buriticá fue asignado posteriormente al Colegio De La Salle en Panamá, dónde interactúa con cientos quizás miles de niñas y niños, impartiendo la clase de lógica.

 

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¿Cumple Panamá con las observaciones del análisis de 2020 del PNUD sobre el impacto socioeconómico causado por la pandemia?

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La pandemia por COVID-19, producida por el virus Sars-CoV-2, ha detenido a la economía global. Todas las economías del mundo se encuentran sufriendo los efectos de parar la actividad para contener el virus y salvar vidas. Frente a un virus desconocido, para el cual no existían vacuna ni medicamentos antivirales disponibles, los países se han visto obligados a recurrir a la aplicación de estrictas cuarentenas que llegaron a  afectar al 81% de la fuerza laboral del mundo. A pesar de ser una tecnología para el control de epidemias que data de siglos de antigüedad, la cuarentena se volvió el recurso más eficiente en el control del COVID-19, según un análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2020.

Las cuarentenas imponen un fuerte costo a las economías por su extensión generalizada a la mayoría de los sectores, con excepción de aquellos indispensables y, por su duración. Como consecuencia de la crisis de salud hoy, la mayoría de los pronósticos de los especialistas esperan que esta crisis económica mundial sea la más grande desde la Gran Depresión de 1929.

Los pronósticos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) apuntan a una caída del comercio global de entre 13% y 32%, especialmente fuerte para el comercio de servicios. Señala que existe mucha incertidumbre y una recuperación rápida no es segura. En el caso específico del continente americano y de Panamá, no es alentadora. Las exportaciones en América del Norte podrían tener una contracción entre el 17% y 40% y en América del sur entre 12% y 31%. En las importaciones será entre 14% y 34% en América del Norte y entre 22% y 44% en América del Sur. Para Panamá este efecto reducirá fuertemente el tránsito en el canal.

Frente a este difícil escenario que conlleva tanto una crisis de salud, como una crisis económica, Panamá, al igual que el resto de los países en la región, se verá forzado a adoptar políticas agresivas que deben poder cumplir varios objetivos. Primero: que coadyuven a la protección de la salud de las personas, es decir, deben estar alineadas a los objetivos del control de la epidemia en su territorio. Segundo: dados los elevados niveles de pobreza e informalidad, estas medidas deben poder garantizar la subsistencia de las personas durante el tiempo que sea necesario para superar la epidemia. Tercero: deben proporcionar el suficiente respaldo a la economía, para que una vez se controle la epidemia, el proceso de recuperación económica sea veloz. En este sentido, las medidas de apoyo económico deben estar enfocadas a salvaguardar la estructura ocupacional y evitar la quiebra masiva de empresas. Cuarto: en lo posible, deben ser medidas que permitan mantener o regresar a la estabilidad macroeconómica en el mediano y largo plazo.

 

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