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Panamá

Cuentas “offshore” de Jaime Lasso sirvieron para que Odebrecht pagara en Panamá a “Cachaza”

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Entre 2009 y 2012 el Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE), mejor conocido como la caja 2 mediante la cual se generaban pagos de coimas de la constructora Odebrecht a políticos alrededor del mundo, realizó 11 transacciones identificadas con el apelativo ‘Cachaza’ que se originaron de offshores controladas por la brasileña dirigidas a las sociedades V Tech Ltd y Poseidon Enterprises, en las que firmaba Jaime Lasso, lobista y recolector de fondos para el Partido Panameñista, según Adelita Coriat en La Estrella de Panamá.

Hay quienes, por el significado de este nombre en portugués, asocian el mencionado apodo con la actividad de la familia del expresidente Juan Carlos Varela, que se dedica a la producción de licor (rones y aguardientes), y que en Brasil refiere a una bebida elaborada a base de aguardiente. Si bien la Fiscalía asocia el apodo con el panameñismo, no lo relaciona con un nombre propio.

Para la Fiscalía Especial Anticorrupción el apodo es un indicio, un nexo entre el expresidente Varela y las órdenes de pago de la caja 2 que se efectuaron a través de las sociedades anónimas empleadas por el panameñista para recibir dinero de la constructora y posteriormente triangularlo para hacer pagos personales o gastos de la campaña del colectivo cuando Varela era candidato a la vicepresidencia (2009) y posteriormente a la Presidencia de la República (2014).

La Estrella de Panamá tuvo acceso a parte de la documentación con la que la fiscalía acreditó el delito de blanqueo de capitales en contra de Lasso y Varela. En la información que tiene la fiscalía, hay evidencias de transacciones bancarias dirigidas a Cachaza por más de $3 millones provenientes de la contabilidad paralela de la constructora entre 2010 y 2014, pagos ordenados por Olivio Rodrigues que emanaron de cuentas offshore controladas por la constructora como Innovation Research o Kliendfeld, sociedades que utilizó la constructora para concretar coimas a políticos de la región latinoamericana, y en el caso de Panamá, dirigidas también a lobistas o allegados al poder durante los gobiernos con los que licitó la empresa en Panamá. Relaciones que le merecían un trato preferencial, sin importar quién estuviera en el poder.

El 17 de febrero de 2020 la Fiscalía Especial Anticorrupción recibió un documento remitido por la empresa Odebrecht –como parte del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre la empresa y el Ministerio Público en 2017– en el que se detallan las órdenes de pago, y otros datos, que identificaron sociedades anónimas y/o cuentas de bancos vinculados a pseudónimos como beneficiarios de transferencias pertenecientes a Lasso y cuyos pagos se realizaban bajo el apelativo Cachaza.

La primera transacción de la lista data de diciembre de 2009 por un monto de $150 mil, fondos que emanaron de Trident Inter Trade, una de las empresas que empleó la constructora para el pago de coimas a nivel internacional.

La mayor parte de las transacciones se efectuaron cuando la fórmula Martinelli-Varela se posicionó en el poder en 2009, e iniciaba un agresivo plan de infraestructura pública como parte del programa de trabajo del gobierno que comenzó en julio de ese año. La administración Martinelli y posteriormente la de Varela se convirtieron en un periodo de prosperidad para la brasileña, al grado de posicionarse como la principal contratista del Estado. En 10 años se adjudicó y entregó 20 megaproyectos que superaron un valor de $18 mil millones.

Mientras la última transferencia con el apodo de Cachaza se registró el 21 de mayo de 2012, cuando el Partido Panameñista se divorció de su compañero de fórmula Cambio Democrático, liderado por Ricardo Martinelli, en agosto de 2011 (ver tabla).

Todas las transacciones a favor de Cachaza fueron ordenadas por Gigolino, el sobrenombre bajo el cual se bautizó a Olivio Rodrígues, uno de los principales proveedores de servicios y pagos externos de la constructora a la que brindó sus servicios de 2006 al 2016. Gigolino, además, controlaba la cuenta Constructora Internacional del Sur de donde se distribuyeron miles de millones para coimas.

La constructora contaba con un esquema sumamente calculado para disfrazar los pagos ilícitos que se hacían de las sociedades bajo su control: Innovation Research Engineering and Development y Klienfeld Services, a cuentas beneficiarias en el Meinl Bank, como se dijo, por un monto de $3,3 millones.

Para nutrir a la cuenta Poseidon Enterprises, controlada por Jaime Lasso, la caja 2 envió 16 partidas entre 2010 y 2013, de distintos montos, que totalizaron $5,486,276.53. De ellas, nueve estaban identificadas bajo el apelativo de Cachaza y suman $2,9 millones.

En relación con las transferencias enviadas desde la caja 2 hacia la sociedad V Tech, hubo cuatro transferencias por diferentes montos, entre diciembre de 2009 y junio de 2010, procedentes de las sociedades Trident Inter Trade, Klienfield Services, y otras directamente de Gigolino, por el orden de $750 mil. Dos de ellas, una por $150 mil (del 15 de diciembre de 2009) y la segunda por $200 mil (29 de junio 2010) tienen como nombre Cachaza.

Una vez recibidas las transferencias de la caja 2, desde Poseidon se transfirieron $232 mil en dos partes iguales hacia BV Tech Group. La primera el 21 de noviembre de 2011 y la segunda el 24 del mismo mes.

De igual forma, la empresa proporcionó los datos de las transferencias efectuadas desde la cuenta Poseidón a Jaime Lasso, como beneficiario final. En total son dos transacciones, cada una de $250 mil, la primera fechada el 7 de diciembre de 2010 y la segunda el 26 de noviembre del mismo año, totalizando $500 mil.

De esta misma cuenta, Poseidon Enterprises, se transfirieron $3,787,051 divididos en 24 partidas de diferentes montos para la cuenta Ji Shun International, uno de los proveedores de artículos promocionales para la campaña. Estos pagos empezaron en 2011, cuando el Panameñista y Cambio Democrático aún estaban en alianza, y concluyeron en julio de 2014, cuando Varela ganó la Presidencia. De estos pagos, la suma menor es de $112 mil, y la más alta de $500 mil que se efectuó en junio de 2014.

Lasso era miembro del comité de finanzas y recolector de fondos para las campañas del Partido Panameñista, amigo personal de Juan Carlos Varela quien fungió como vicepresidente (2009-2014), presidente del colectivo, y después como presidente de la República (2014-2019).

De la cuenta Caribbean Holding, la fiscalía identificó transacciones provenientes de la sociedad Klienfeld por $1,599,601; de Innovation por $364,900 y de Intercorp Logistic por $599,899.

Además, Caribbean mantuvo transferencias a su favor provenientes de cuentas empleadas por Odebrecht por un monto total de $3,749,401.

Para la fiscalía, este hilo conductor se suma a otra vinculación sostenida de Juan Carlos Varela con la cuenta de Caribbean Holding, la cual fue utilizada para mover fondos que se originaron en la sociedad Innovation Research, controlada por Olivio Rodrigues, y mediante la cual se transfirieron fondos a favor de Varela por $150 mil el 26 de junio de 2009.

El reportaje completo aquí

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Panamá

Clienta denunció aparente estafa tras colocación de dinero a plazo fijo en Banistmo

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Una usuaria del banco Banistmo, de nombre Martha, denunció cómo había colocado $500.000 a plazo fijo en la entidad bancaria desde el año 2015, que obtuvo gracias a una herencia que le dejó su madre, y luego de vencerse el plazo en 2020 y reclamar sus ahorros, se percató que su dinero había desaparecido.

En entrevista con Nancy Dunkley, la usuaria denunció que el banco no le comunicó en ningún momento inconveniente alguno y que al solicitar explicaciones el banco le informó que el dinero ya no existía porque ella había solicitado un crédito prendario, el cual la clienta negó haber firmado.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sólo le ha respondido que no puede hacer nada, en una situación que tiene visos de haber sido una estafa.

Martha también denunció que una subgerente de Banistmo la amenazó con llevarla a juicio. Sin embargo, señaló que una testigo aseguró que la entidad tenía «comprados» a funcionarios de la superintendencia bancaria.

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Panamá

Se agudiza crisis de migrantes entre Colombia y Panamá

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El pasado sábado el gobierno colombiano planteó un diálogo con Panamá para aliviar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, por el inusual flujo de migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos con destino a Estados Unidos.

Desde hace algunas semanas miles de migrantes, entre venezolanos, haitianos, africanos y cubanos, esperan en el puerto colombiano de Necoclí las embarcaciones que lo lleven hasta la frontera con Panamá, una de las escalas antes de llegar al destino final que es EEUU o Canadá.

Las autoridades colombianas y panameñas temen un brote considerable de coronavirus por la aglomeración de personas en plena pandemia justo cuando Colombia vive la tercera ola de la COVID-19.

La presencia de los migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos genera ganancias a la economía de este pequeño puerto turístico azotado por la pandemia.

La cantidad de migrantes alquilan cuartos de hoteles y casas particulares a la espera de poder abordar alguno de los muchos botes que cruzan a diario el golfo de Urabá.

El golfo de Urabá es uno de los puntos principales del tránsito de migrantes que buscan cruzar caminando hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón de Darién, con rumbo hacia Centroamérica, según la información de AFP.

Aunque la migración de venezolanos en los últimos 5 años es la que ha ocupado mayor centimetraje en los medios de comunicación, hay otros países que también están viendo salir a sus ciudadanos aunque con menos proporción.

Las autoridades colombianas han denunciado recientemente la intervención de redes internacionales que se encargan de trasladar a migrantes no solo desde Venezuela sino también de otros países de latinoamérica al departamento de Nariño.

Migrantes de Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela pagan a estas mafias cientos de dólares para ser trasladados desde la frontera de Colombia con Ecuador hasta los límites con Panamá, situación que ha creado una crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

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Panamá

Ciudadanos ven con suspicacia propuesta del contralor Gerardo Solís de vender el 10% de participación del Estado panameño en Panamá Ports Company

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Tras concluir la votación de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) —el pasado 23 de junio—, que aprobó autorizar la renovación automática del contrato a Panamá Ports Company (PPC), el contralor de la República, Gerardo Solís, propuso venderle a la empresa la participación del Estado en la portuaria, que corresponde al 10% de las acciones.

El planteamiento de Solís lo recoge el acta de la reunión del 23 de junio de 2021, publicada en la página web de la AMP luego de la solicitud de información que hizo el activista político Ricardo Lombana, señaló La Prensa.

“Al venderle el Estado a la empresa el 10%, la empresa queda en igualdad de condiciones, en paridad con el resto de las empresas portuarias, y nosotros tenemos esa plata, ese valor de 25 años lo traemos a valor presente y se puede invertir ahora en beneficio del pueblo panameño, ese dinero…”, dijo Solís.

La propuesta fue planteada por Solís casi al final de la reunión y luego de reiterar que la decisión de prorrogara el contrato es la correcta, porque la empresa cumplió. Se desconoce cuál es el valor de las acciones, pero PPC ha señalado que invirtió más de $1,695 millones en los 23 años y 5 meses de vigencia del contrato.

El tema ha repercutido en las redes sociales, donde algunos ciudadanos han visto con suspicacia la propuesta del contralor Solís.

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