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Comunicador venezolano relata estremecedoras experiencias vividas por migrantes que atraviesan la selva del Darién para llegar a Panamá

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La Selva de Darién es una de las rutas irregulares más transitadas por venezolanos que intentan llegar a Estados Unidos con la esperanza de solicitar asilo. Los migrantes deciden aventurarse en el trayecto que separa a Colombia de Panamá, pese a que se exponen a asaltos, asesinatos, secuestros y abusos sexuales.

En 2021, al menos 95.000 migrantes de diferentes nacionalidades atravesaron la selva del Darién en búsqueda del sueño americano. En agosto de ese mismo año se registró un récord de 568 venezolanos que tomaron este trayecto desde Colombia a Panamá. En dos meses y medio de 2022, 2 mujeres venezolanas murieron en esta travesía, según reportes oficiales, pues se estima que más personas perdieron la vida, informan César Batiz y Daniela Carrasco en el medio venezolano El Pitazo.

En febrero de 2022, las autoridades panameñas informaron que los migrantes de origen venezolano fueron los que más han cruzado el Darién, incluso por encima de los haitianos que, hasta el año pasado, lideraron esta lista.

Esa afirmación corresponde a Roberto Bermúdez, comunicador venezolano en Panamá, fundador y CEO de @ChamoNoticiasPanamá, quien sigue el constante flujo de migrantes, en especial de venezolanos que atraviesan el Tapón del Darién. Asegura que quienes se aventuran a pasar por dicho trayecto cruzan una puerta hacia el infierno.

En una entrevista con el director de El Pitazo, César Batiz, Bermúdez explicó los peligros de la tupida selva.

–¿Qué es el Darién y cuántas personas lo atravesaron el año pasado?

–Hablar del Darién es hablar del infierno, podría llamarlo el demonio verde. Se ha convertido en un espacio donde han fallecido miles de personas. Si yo me consiguiera al diablo y él me dijera ‘voy a entrar al Darién’, le diría que no lo hiciera.

En 2021, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) registró a 95.000 personas que lograron cruzar y para ese mismo año se contabilizaron 100 fallecidos. Para lo que va de 2022, según datos de Acnur, los migrantes venezolanos se convirtieron en el mayor grupo que transita esta ruta. Entre enero y febrero han cruzado casi 5.000 migrantes, de los cuales al menos el 30 % son venezolanos.

— ¿Cómo es el recorrido?

— La travesía parte desde Necoclí, un municipio de Antioquía en Colombia, donde los migrantes se reúnen en una bahía para trasladarse en lancha a Capurganá. De esta forma, cruzan el Golfo de Urabá y cortan camino por la selva del Darién, reduciendo el trayecto a seis o siete días.

El viaje en lancha tiene un costo de 100 dólares por persona, pero quienes no pueden pagar deben irse a pie, por lo que atravesar la selva del Darién les llevaría 15 días de viaje.

Necoclí era conocido como un lugar paradisíaco por sus playas, pero resulta que allí es la puerta al infierno, donde empiezan esa travesía que los hace cruzar el Tapón del Darién, conocido como la selva de la muerte.

–¿Desde cuándo comenzó a realizar un seguimiento a las vivencias de los venezolanos que pasan por el Darién?

– A principios de 2021, cuando conocí el caso de una venezolana llamada Mixi Oviedo. Ella decidió ir de Colombia a Panamá cruzando la selva. Durante el trayecto, cuando lograba obtener señal en su teléfono, me escribía para contarme lo que veía en la selva del Darién. A raíz de eso comencé a investigar qué era ese lugar, porque no lo sabía y mientras más averiguaba, más le hacía la cruz. Fue allí cuando decidí que el mundo debía saber qué era, aunque hay imágenes horribles, hay que difundir información.

Son vidas las que se están perdiendo en esa selva, hay casos de violaciones, robos, secuestros, asesinatos; hay que detenerlo, somos seres humanos, por lo que nos duele, aunque no conozcamos a nadie.

—¿Qué cosas has visto en esos videos y fotografías que te llegan por diferentes vías?

–Lo voy a relatar. Hubo una madre que se lanzó por uno de los barrancos de la selva. Decidió quitarse la vida, porque no soportó observar cuando siete u ocho delincuentes abusaban de su hija de 13 años. Ahí te dejas violar o de tejas violar. 

También supe de unos colombianos que se encontraron a una señora africana gritando, porque el pie tenía gusanos, pero no pudieron sacarla, así que lastimosamente la dejaron.

—¿Por qué hay niños solos en el Darién?

—Supe de unos migrantes cubanos que caminaban en la selva y escucharon la voz de una niña de seis años gritando ‘mamá’; estaba sola, por lo que tuvieron que llevarla con ellos. Esto ocurre porque muchas personas llegan con sus bolsos llenos de cosas, pero no se imaginan lo fuerte que es el trayecto.

Cuando empiezan a subir el cerro, un trayecto de siete horas, todo empieza a pesar y van dejando todo. Si una gorra le pesa al migrante para subir, imagina a un niño. En 2021, solamente en el Servicio Nacional de Migración de San Vicente, en Panamá, llegaron 100 niños sin padres, que fueron rescatados por personas que pasaban por allí.

—¿Cuál es el testimonio de un migrante venezolano, o de otra nacionalidad, que haya pasado por el Darién, que más lo marcó? 

–En referencia a un migrante venezolano, el caso que más me marcó fue el de la joven zuliana Andreina Acosta. Ella salió con un sueño, con su niño y falleció en el camino dejando a su hijo en medio de la selva. Sus familiares me dijeron que ella quería lo mejor para su hijo y ayudar a su familia. Es impactante, porque salió con sueños y esos mismos se quedaron en el camino.

En cuanto a otra nacionalidad, me impactó el caso de un hombre que no dejó que abusaran de él. Debido a esto lo asesinaron con un machete, lo cortaron en pedazos y, al parecer, solo tenía 25 o 26 años.

—¿Por qué cree que los venezolanos arriesgan sus vidas para cruzar el Tapón del Darién, en lugar de tomar otra ruta menos insegura?

–Lastimosamente es la única vía que hay y la gente busca el sueño americano. Entiendo la situación de Venezuela, comprendo la economía de nuestro país, que los jóvenes quieren buscar un futuro y que no se van a otros países, debido a la situación que hay en ellos. Pero pasar la selva es un juego, pierdes o ganas, es un juego mortal.

Hace unos días salió una lancha de Necoclí, en el Golfo de Urabá, y resultó en un naufragio con 32 personas, entre ellos 3 venezolanos. Deben darle gracias a Dios que estaba la Guardia Costera de Colombia cerca y los rescató, porque si no 32 vidas se quedan en el Golfo de Urabá.

–En promedio, ¿cuántos días pasan los migrantes en la selva del Darién cuando deciden atravesarla?

–Si tomas la lancha desde Necoclí hasta Capurganá el camino es corto y puede durar de 6 a 10 días. Si no tienes cómo pagarla, para ahorrar la ruta de Necoclí, deben caminarla y serían más de 15 días. 

La entrevista completa puede ser leída en El Pitazo

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

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Panamá

Organización Médicos Sin Fronteras denunció deterioro en la atención a migrantes que atraviesan la selva del Darién entre Panamá y Colombia

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Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció un deterioro en la atención a los migrantes del Darién, la peligrosa frontera natural entre Panamá y Colombia, a la vez que pidió ayuda a las autoridades panameñas para dar mayor protección a las transeúntes víctimas de violencia sexual.

La organización médica y humanitaria advirtió en un comunicado del peligro de las nuevas rutas usadas por los migrantes, pues están arribando a Canaán Membrillo, una de las primeras poblaciones al atravesar Darién, con lesiones físicas y psicológicas, informó EFE.

“Las condiciones para la recepción de migrantes son insuficientes. Cada día son cientos de personas que llegan a Canaán Membrillo”, dijo la coordinadora de MSF en Panamá, Rabia Ben Ali.

En Canaán Membrillo, la nueva puerta de entrada de los migrantes, según MSF, los migrantes “no reciben atención médica, y luego son llevados a San Vicente, donde difícilmente encuentran condiciones adecuadas para la atención, según estándares internacionales”, explicó Ben Ali.

Al ¿rededor de 300 migrantes están llegando a diario a San Vicente, Darién, donde hay una estación de recepción migratoria, y se encuentran con dificultades para acceder a atención médica o servicios de urgencia básicos, alertó MSF.

“Las condiciones de las instalaciones de San Vicente también deben ser mejoradas”, agregó Ben Ali.

MSF, que está presente en San Vicente, reveló que no hay acceso general a dormitorios, en el suelo duermen niños y mujeres embarazadas y las condiciones higiénicas son “deficientes”, lo que afecta a la salud mental y física de los migrantes.

La organización atendió a 78 pacientes en abril, siendo las enfermedades de piel y dolores corporales, las patologías más detectadas, seguido de las diarreas, infecciones respiratorias y dificultades en el sistema digestivo.

También, asistió a seis pacientes por afectaciones como estrés agudo, episodios depresivos, reacciones ansiosas y duelos relacionados con muertes de familiares durante el camino, así como muertes por ahogamiento.

Hasta abril, cerca de 19.000 migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica han llegado a Panamá tras cruzar el Darién, siendo los venezolanos la nacionalidad predominante.

El año pasado, atravesaron la jungla más 133.000 personas, una cifra histórica y más o menos igual a la registrada en toda la década anterior.

MSF anunció que con el aumento del flujo en marzo y abril han incrementando los casos de robos y violencia sexual.

Desde enero hasta la primera semana de mayo, la organización atendió a 89 víctimas de violencia sexual, mientras que entre abril y diciembre de 2021 fueron 328 casos.

En Canaán Membrilo, las mujeres víctimas de violencia sexual “no reciben ningún tipo de atención”, y luego de trasladarlas a San Vicente “muchas veces las complicaciones médicas se han agudizado y el tiempo para que un tratamiento médico preventivo sea efectivo en casos de violencia sexual, es insuficiente”, explicó MSF en el comunicado.

MSF consideró que es “indispensable” que las autoridades panameñas pongan en marcha los mecanismos para detener de los casos de violencia sexual en Canaán Membrillo y para evitar las agresiones durante de la ruta.

 

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Irregularidades en licitación para la construcción del nuevo mercado de mariscos de la ciudad de Panamá en la que participa Ulife América Central, sancionada por el BID

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El polémico proyecto del nuevo mercado de mariscos avanza contra resoluciones judiciales y la marea de críticas que se amontonan, en medio del proceso de revocatoria del mandato del alcalde José Luis Fábrega.

José Luis Fábrega

Aunque un juzgado civil ordenó suspender “de forma inmediata” la licitación, el pasado martes 17 de mayo hubo una reunión de homologación a la que asistieron dos empresas: Corporación Continental S.A. y Ulife América Central, esta última, sancionada por fraude y corrupción, informó Sol Lauria en La Prensa.

Las empresas interesadas no tienen antecedentes conocidos en el rubro construcciones de la ciudad de Panamá. Corporación Continental S.A. es una firma de seguros que, según dijo a La Prensa, no representó a ningún cliente en el acto y asistió para conocer a los posibles proponentes.

De Ulife América Central S.A. no hay muchos legajos en el país. Según consta en los documentos de creación, se dedica a la actividad promotora de viviendas, además de a la compraventa inmobiliaria o a la exportación e importación de toda clase de bienes, entre otros fines.

Sin embargo, la evidencia fuera la condena: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de sancionarla por fraude y corrupción, excluyéndola de hacer negocios con la institución tras comprobar prácticas que violan las políticas anticorrupción del grupo. O sea: Fábrega no consiguió una empresa seria que haga la obra que tanto quiere.

En la saga que el alcalde se empeña en sostener, este acto es un capítulo más marcado por irregularidades, sospechas y faltas institucionales.

“Estamos enfrentando una dictadura municipal”, dijo Luis Pineda, del Movimiento Consulta Ciudadana. Pineda formó parte del grupo que presentó el amparo por el cual el juzgado Decimoctavo Civil ordenó frenar el proceso, debido a que se realizó “sin que se cumpliera el principio democrático representativo y participativo” en la consulta ciudadana que lo aprobó.

“Fábrega está en rebeldía y sigue violando la ley . Primero con la consulta ciudadana y ahora con el fallo, que también viola”, agregó Pineda.

Los detalles del encuentro están en el acta de homologación publicada en el sitio de compras oficiales PanamaCompra: comenzó a las 9:16 a.m., terminó media hora después y, aunque fue realizado para que los interesados puedan aclarar dudas, nadie hizo preguntas.

La convocatoria de la reunión fue publicada en el acto “Construcción del nuevo Mercado de Marisco” (2022-5-76-0-08-LV- 014686) el 5 de mayo pasado, pocos días después de que la la jueza Rosalba Sánchez Cisneros ordenara su suspensión provisional. Y a pesar de que el 13 de mayo falló para dejar en firme esa decisión, la reunión de homologación ocurrió el martes 17.

El acta indica que por la Alcaldía participaron el director de Mercados, Fernando Duque; la jefa de Compras Descentralizadas, Martha Alemán; la cotizadora, Iraida Herrera; y la abogada Cristina Bonilla. Por el lado de las empresas, Juan Jaén, de Corporación Continental; y alguien de la empresa Ulife América Central, de quien no mencionan el nombre. ¿Quiénes son estas empresas y por qué concurrieron a pesar de la orden judicial?

Por Corporación Continental, una firma de seguros familiar fundada en 1970 por Jorge Manuel Arias Thompson, asistió el especialista en seguros Juan Jaén. Jaén indicó a La Prensa que la firma suele asistir a este tipo de reuniones para conocer quiénes son los posibles proponentes de las obras que se ejecutan en Panamá, como una herramienta de captación de clientes. “No fuimos en representación de ningún cliente, porque no tenemos ningún cliente interesado”, dijo.

De Ulife America Central hay poca información en Panamá. Fue registrada el 25 de julio de 2006 por el empresario español Javier Olcina Feliu, cuyo hermano Jaime fue asesor del alcalde de Marbella, según informó el periódico El Mundo de España. Olcina Feliu comparte la directiva con Manuel de Jesús Solís Arcia y Enilda Damarys Govea Ramos de Solís, pero él aparece en dos fundaciones y cuatro sociedades más.

Ulife America Central y Olcina Feliu fueron incluidos en la lista de sancionados por el BID por fraude y corrupción. El pasado 25 de marzo, el Comité de Sanciones de la institución sentenció a ambos con la categoría más rotunda de todas (debarment, excluida), tras un proceso en el que pudo comprobar que ofrecieron, dieron, recibieron o solicitaron “cosas de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte” y actos de engaño “para obtener un beneficio”, según se describe en su sitio web.

De las dos que estuvieron, una está vinculada a hechos de corrupción y la otra no estaría interesada, ni capacitada, en hacer la obra. ¿Conseguirá Fábrega quien levante su mercado?

“El señor alcalde se burla una vez más de todos”, dijo la presidente de Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Lina Vega. “Desacato, ¿dónde queda nuestro Estado de Derecho?”, tuiteó Pineda.

En la red social del pajarito, el clima ha sido ese: “nunca les ha interesado cumplir con la ley” o “es posible que también se encuentre el delito de abuso de autoridad”, escribieron usuarios.

A contramano, el presidente del Consejo Municipal de Panamá, Abdiel Sandoya, dijo a La Prensa que no hay nada de malo con la reunión (“lo que se está haciendo es solo una homologación”) y que están analizando presentar un recurso de apelación contra el amparo que dejó sin efecto el acuerdo emitido por ese organismo y que dio vida a la licitación del mercado de Fábrega. “Nuestro equipo legal está analizando la situación”, dijo Sandoya.

En la Alcaldía, no respondieron a La Prensa esa pregunta simple: ¿Por qué siguen con un proceso que la Justicia ordenó frenar?

Del lado de las organizaciones ciudadanas, tanto Pineda como Vega hacen foco en la burla, tras la burla anterior a la consulta ciudadana. “La supuesta consulta ciudadana fue una burla, se burla de las necesidades de la ciudad y su gente al impulsar un mega proyecto que no es prioridad. Francamente impresionante su desapego al estado de Derecho”, dijo Vega.

El acto que aprobó la iniciativa se hizo en plena pandemia, el miércoles 11 de noviembre de 2021, sin convocatoria abierta y con 22 personas, de las cuales al menos 4 tienen o tuvieron empleos en el municipio que Fábrega dirige. Ahí estuvo el principio de la saga que siguió con una avalancha de denuncias: una contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por ceder terrenos a la Alcaldía sin consulta, cuando hay un cambio de uso de suelo; otra del movimiento Consulta Ciudadana, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque, además de violar varias leyes, no cuenta con refrendo de la Contraloría; una más de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana para que se examine la legalidad de la consulta ciudadana, que la Procuraduría de la Administración admitió.

La historia continúa ahora con el proceso de revocatoria en marcha y el incumplimiento del fallo que ordenó frenar la licitación por $43 millones, una que Fábrega se niega a detener.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

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Panamá

Llega a su fin el juicio en Estados Unidos contra los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares por lavar sobornos de Odebrecht

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En la Corte de Brooklyn se escuchará de boca del juez de distrito, Raymond J. Dearie, cuál será la pena que deberán pagar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal, por lavar fondos irregulares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.

La lectura de sentencia de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares se fijó para el viernes 20 de mayo. A las 4 de la tarde, el juez de la causa, Raymond J. Dearie, establecería cuál sería la pena que deberán purgar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal. Los hermanos se declararon culpables de haber lavado USD 28 millones provenientes de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio del otorgamiento de contratos en beneficio “de un familiar cercano y alto funcionario” del gobierno de Panamá, informó Maibort Petit maibortpetit.info.

Por documentos del caso, se conocieron los últimos movimientos judiciales de los Martinelli Linares, por ejemplo, para el 13 de mayo estaba programada la fecha de control para la sentencia de Ricardo Martinelli Linares luego de que el juez Dearie, le negara su pedido de fianza. Este, así como su hermano, Luis Martinelli Linares, se declararon culpables diciembre de 2021. En razón de que la defensa había solicitado una sentencia acelerada antes de una solicitud anticipada de una sentencia de tiempo cumplido, la Corte refirió que estaría dispuesta a adelantar la fecha de dicha sentencia.

Se convino en pedir al Departamento de Libertad Condicional avocarse al caso y, en tal sentido, el 28 d e marzo emitió un borrador de PSR para Luis Martinelli y el 30 de marzo recibió las objeciones y pedidos de corrección de parte de los abogados defensores.

Luego, el 4 de abril, la defensa pidió a la fiscalía que expusiera su posición respecto a la solicitud anticipada para que la Corte adelantara la sentencia del 13 de mayo a la semana del 25 de abril. El gobierno respondió el 8 de abril que se oponía a cualquier adelanto de sentencia de Martinelli porque la fiscalía continuaba “reuniendo información para las audiencias de sentencia, incluso a la espera de información adicional de Panamá sobre la posición del país como víctima para fines de restitución”.

Los abogados defensores expusieron que todas las partes habían tenido tiempo suficiente para prepararse para la sentencia, encontrándose, además, el PSR sustancialmente completo y no representa un obstáculo para un avance razonable de las audiencias de sentencia, por lo que requirieron del Tribunal un adelanto de las fechas de sentencia de Ricardo Martinelli y su hermano.

Presentaron una oferta de cronograma:

“Para una audiencia el lunes 25 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el jueves 14 de abril; presentación del gobierno para el jueves 21 de abril; la respuesta de la defensa vence el viernes 22 de abril.

“Para una audiencia el miércoles 27 de abril o el jueves 28 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el lunes 18 de abril; presentaciones del gobierno vencen el lunes 25 de abril; respuesta de la defensa para el martes 26 de abril”.

Entretanto, los fiscales han solicitado que la condena que se les dicte a los hermanos Martinelli Linares entre en el rango de los 108 y los 135 mes, es decir, entre 9 y 11 años.

El Departamento de Libertad Condicional sugirió al tribunal una sentencia de 180 meses de prisión y el pago de una multa de USD 250.000, puesto que a su juicio no existen causales que puedan hacer mitigar la pena.

Para el gobierno resulta inadmisible la pretensión de la defensa que ha pedido al juez Dearie que, incluso, deje en libertad a sus clientes, toda vez que a criterio de sus abogados defensores, ya habrían sido suficientes los 23 meses que llevan detenidos tanto en Guatemala como en Brooklyn.

Son escasos los datos biográficos de los Martinelli Linares y entre la poca información que puede encontrarse en la web, está el hecho de que ambos tienen doble nacionalidad, panameña e italiana, en razón de los orígenes de su padre, el expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.

El exmandatario panameño es un empresario cuya mayor compañía es Súper 99, una de las principales cadenas de supermercados de Panamá. También es dueño de Importadora Ricamar S.A.,al tiempo que es socio, inversionista, directivo o accionista de otras firmas panameñas, como el Diario por la Democracia S.A., la Azucarera La Victoria, Empresa ERA, MegaDepot, ToyLand, Compañía Digital de Televisión y Plastigol S.A. Igualmente es director de Gold Mills de Panamá, Global Bank, Panasal S.A., Televisora Nacional de Panamá, DirectTV, Desarrollo Norte S.A. el Molino de Oro, Avipac Inc y Calox Panameña.

Entretanto, la madre es Marta Linares de Martinelli quien está titulada en Comercio en el Saint Mary of the Woods College en Indiana (Estados Unidos) y posteriormente adquiere la licencia como Corredora de Seguros en la Universidad de Panamá.

Ricardo Alberto, el mayor, tiene 42 años de edad, mientras Luis Enrique tiene 39. La tercera de los hermanos Martinelli Linares es Carolina Elizabeth.

En la red social LinkedIn, el perfil de Luis Enrique Martinelli Linares refiere que es el director general de la empresa Importadora Ricamar S.A. Allí se describe como un joven empresario panameño que dirige la firma Super-99, como también es denominada la cadena de supermercados más grande de Panamá.

Es egresado en administración de negocios de la Universidad Metodista del Sur (Southern Methodist University) ubicada en Texas, donde igualmente cursó estudios internacionales[1].

La Importadora Ricamar S.A. es una empresa registrada en Panamá el 10 de diciembre de 1961 bajo el número 115395, cuyo estatus actual es vigente, de acuerdo a lo que informa el portal Open Corporates. El nombre del agente es Magalis Guadalupe Reyes Reyes y el directorio está conformado por Adrián Domínguez Castro y María Concepción Rodríguez, como apoderados; Alejandro Garuz, como apoderado y gerente general; Alejandro Garuz Adames, como director y presidente; David Alejandro Jiménez Barrios, como director y secretario; Gabriel Arturo Jiménez Barrios, como director y tesorero; Roberto Antenos Reyes Reyes y Vicente González Jiménez, como suscriptores. La representación legal de la empresa la ejercen el presidente, el secretario y el tesorero. Marta Linares de Martinelli fue destituida de la presidencia entre el 25 de julio de 2019 y el 21 de mayo de 2020[2].

El 29 de enero de 2017, el gobierno de los Estados Unidos canceló la visa, tanto de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, como de su madre, la ex primera dama panameña, Marta Linares de Martinelli[3].

La figuración pública de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal comenzó con la acusación que su contra se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde están imputados por delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de un esquema masivo de soborno en el que está involucrada el conglomerado mundial de construcción con sede en Brasil, Odebrecht S.A.

De acuerdo a la documentación que se maneja en Corte de Brooklyn, el plan corrupto por el que se señala a los Martinelli Linares involucraba el pago de más de USD 700 millones en sobornos a funcionarios de gobierno, miembros de partidos políticos y otros funcionario y personeros en Panamá y otros países alrededor del mundo para obtener y retener negocios para Odebrecht.

La constructora brasileña a través de sus representantes admitió su culpabilidad el 21 de diciembre de 2016. Esto ocurrió igualmente en el Distrito Este de Nueva York donde enfrentó una acusación criminal de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA)[4].

Luego de un complicado proceso, Luis Enrique Martinelli Linares fue extraditado desde Guatemala hacia los Estados Unidos para enfrentar la acusación presentada ante el tribunal federal en Brooklyn el 15 de noviembre de 2021. Por su parte, Ricardo Alberto Martinelli Linares fue extraditado el 10 de diciembre de 2021. Habían sido detenidos en julio de 2020, en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala, cuanto procuraban abordar un avión privado que los sacara de suelo guatemalteco rápidamente y así evitar su captura en razón de la solicitud que cursaba de parte de la justicia estadounidense. Desde su aprehensión estuvieron recluidos en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala, en Guatemala.

En el esquema corrupto de Odebrecht, los Martinelli Linares habrían lavado —de acuerdo a los documentos judiciales— aproximadamente USD 28 millones en pagos de sobornos hechos por la empresa brasileña a un alto funcionario del gobierno de Panamá que es pariente cercano de los acusados. Contra los hermanos fue presentada la denuncia penal el 27 de junio de 2020 y, posteriormente, el 4 de febrero de 2021, en contra de Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron presentados cinco cargos. En la Corte de Brooklyn. Uno de los cargos es por conspiración para cometer lavado de dinero, mientras dos son por encubrimiento de lavado de dinero. Luis Martinelli Linares enfrenta también dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente[5].

Luis Enrique Martinelli Linares se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su desempeño en el esquema corrupto de soborno de Odebrecht S.A., ante el juez federal de distrito Raymond J. Dearie, el 2 de diciembre de 2021. Ante el magistrado dijo que participó en la conspiración junto con su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares y otras personas mediante el establecimiento de cuentas bancarias extraterritoriales a nombre de compañías de fachada en las que recibirían y disfrazarían los fondos irregulares que sumaban USD 28 millones. Explicó que él y sus socios transfirieron hacia y desde los Estados Unidos el dinero, lo cual llevaron a cabo a través de transferencias electrónicas que involucraban las ganancias del esquema y que les servirían para la compra de un yate y un condominio en EE. UU.[6]

Entretanto, la declaración de culpabilidad de Ricardo Alberto Martinelli Linares se produjo el 14 de diciembre de 2021, cuando ante el juez federal de distrito, Raymond J. Dearie, admitió que participó en la conspiración para lavar dinero en el esquema encabezado por Odebrecht S.A. Tal como lo hizo su hermano, asintió los términos de la acusación que los señala de usar el sistema financiero de Estados Unidos para promover su esquema de corrupción, lo cual lograron constituyendo “cuentas de empresas ficticias en bancos extraterritoriales para tratar de evadir la responsabilidad y usaron parte de las ganancias de los sobornos para su beneficio personal”[7].

El artículo completo puede ser leído maibortpetit.info

 

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