Las revelaciones que detallan que uno de los principales contratistas del Estado, Bagatrac, S.A., le vendió —por triangulación— al presidente del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) e influyente diputado de la Asamblea Nacional, Benicio Robinson, una finca en Boquete (Chiriquí), próxima al área donde la empresa paralelamente hacía trabajos de mejoras en la infraestructura pública, requieren una investigación exhaustiva, señalaron Dalia Pichel y Olmedo Rodríguez Campos en La Prensa.

Así lo plantearon voces de la sociedad civil organizada. Los políticos de oposición, sin embargo, evitaron referirse al tema. La Prensa contactó o hizo gestiones para conocer la opinión de Rómulo Roux (Cambio Democrático), José Isabel Blandón (Partido Panameñista) y Ricardo Lombana (Otro Camino) y ninguno se pronunció.

Olga de Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, dijo que el reportaje evidencia la captura del Estado para el servicio de intereses económicos particulares. Además, en su cuenta de Twitter, la Fundación dijo que la información desnuda posibles actos de corrupción que van desde sobornos, contrataciones públicas amañadas hasta empresas coimeras que siguen contratando con el Estado.

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Las revelaciones de una triangulación que permitió que Bagatrac, un contratista del Estado, le vendiera al diputado del Partido Revolucionario Democrático Benicio Robinson una finca próxima a donde la misma empresa hacía trabajos para el Estado de dotación de agua potable y mejora de caminos, causaron indignación entre ciudadanos y representantes de la sociedad civil. Dirigentes políticos de oposición, en cambio, guardaron silencio, con contadas excepciones.

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“No conozco todos los detalles del tema. En todo caso, debe aclararse a satisfacción de la sociedad. No debe quedar en el ambiente que existen influencias inadecuadas. Debe darse una investigación transparente”, aseguró Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Olga de Obaldía, secretaria ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, dijo que lo reportado en La Prensa este lunes es una muestra de que el Estado ha sido capturado por los intereses económicos particulares. Agregó que este caso saca a relucir, además, la debilidad institucional al no saberse los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, así como el mal uso de las fundaciones de interés privado.

El 4 de marzo de 2021 se celebró un contrato de compraventa entre Bagatrac (vendedora), representada por Alberto Jurado, y la sociedad Valle Luna Contractors, S.A. (compradora), presidida por José Aníbal Miranda. El valor de la transacción –en papel– fue de $20 mil. Pero 20 días después –el 24 de marzo de 2021–Miranda le vendió su supuesta finca a la Fundación El Gato Benro, que preside el diputado Robinson Grajales, alias El Gato.

De Obaldía hizo un llamado a que se investigue a fondo. “Hay suficientes elementos para que el Ministerio Público abra una investigación de oficio”, dijo.

La Prensa consultó al presidente de Cambio Democrático, Rómulo Roux. Leyó el mensaje, pero no contestó. Igualmente, llamó al presidente de Otro Camino, Ricardo Lombana, pero no contestó. Le dejaron mensajes con su equipo, pero su respuesta no llegó.

Por su parte, el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, dijo que no estaba al tanto del tema por lo que no opinaría.

En contraste, la exdiputada panameñista Katleen Levy pidió que se aclaren los hechos. “Guardar silencio no es una opción y menos cuando, de por medio, habría manejo de fondos públicos. El reportaje tiene elementos específicos que pone, no sólo al diputado y presidente del PRD, sino a empresarios y directores de varias entidades de gobierno en el ojo del huracán”, señaló.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez recordó que en 2020, durante los debates a la ley de contrataciones públicas, Robinson defendió que las empresas confesas de corrupción debían seguir contratando con el Estado.

“Fue Benicio quien impidió que muchos de estos cambios fueran aprobados en las reformas electorales, la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley de Asociaciones Público-privadas”, dijo.

Además, recordó que a la Comisión de Presupuesto, que preside Robinson, se le autorizan partidas al Ministerio de Obras Públicas para pagar a Bagatrac.

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