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Panamá

Clientes venezolanos de la firma de abogados panameña Alfaro, Ferrer & Ramírez encienden las alarmas de autoridades financieras de Estados Unidos

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Fundado en 1982, el Banco Caroní es una pequeña entidad en Venezuela de vocación regional. En el ranking bancario venezolano de abril de 2021, ocupa la posición 20 entre las instituciones con mayores activos, y la 22 en términos de su cartera crediticia, entre los 30 bancos universales que la Superintendencia Nacional del Sector Bancario (Sudeban) vigila.

Sin embargo, la influencia gremial del Banco Caroní siempre ha excedido su volumen de negocios. El presidente desde 1986 del banco, Arístides Maza Tirado, ha presidido en tres períodos la Asociación Bancaria de Venezuela, y también dirigió algunas cámaras empresariales, como el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio). Uno de sus hijos, Octavio, también fue director de Consecomercio.

En la actual junta directiva del banco figuran cuatro personas con su apellido: además del propio Arístides Maza, están Octavio Maza Duerto, Fredy Maza Tirado y Gonzalo Maza Anduze.

El otro apellido que se repite tanto como el de los Maza es Kabchi, una familia de origen cristiano libanés que asentó sus reales en Guayana: Edmundo Kabchi Murgus es el vicepresidente del banco, quien tiene por suplente a su hijo, Edmundo Kabchi Zakia. Gamal Kabchi, Georges Kabchi Zakia, Mounir Kabche El Douaihi y George Kabche Dzoubaun también aparecen entre la directiva del banco.

Amén de ser un apellido común en el Medio Oriente, la confusión entre Kabchi-Kabche es siempre probable por cuenta de la transcripción de la grafía árabe al alfabeto latino. No en balde, el propio SAR de JP Morgan Chase Bank parece dar por equivalentes o por alias los nombres de padre e hijo: “Edmundo Kabchi”, se lee en el reporte, “fue identificado como Edmundo Jreige Kabchi Murgus (‘Murgus’), localizado en Venezuela, y como Edmundo Jorge Kabchi Zakia (‘Zakia’)”. Otro ejemplo de esta dificultad en la traducción de nombres árabes se encuentra en una versión que corre por Internet y atañe a los Kabchi de Guayana: Sayari, un reputado servicio de inteligencia financiera con sede en Washington DC, publicó en marzo pasado un reporte en el que señala que los Edmundo Kabchi, padre e hijo, son socios en un par de empresas registradas en Líbano de los hermanos Khalil, Majed y Khaled, unos de los empresarios más favorecidos con contratos del Estado venezolano a lo largo del régimen chavista. Pero un vistazo a los expedientes del Registro Mercantil de Líbano muestra que entre los diez directores de la compañía Airport Mall Holding SAL se cuenta un tal Edmond George Qebshi, que no ha podido comprobarse si se trata del mismo banquero venezolano.

En un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) dirigido a FinCEN, los ejecutivos de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank comprueban que, si bien las más de 500 operaciones reseñadas conectan a muchas personas jurídicas y naturales, incluyendo once empresas del grupo del Banco Caroní, las 19 transacciones más voluminosas incumben a Edmundo Kabchi Zakia, Arístides Maza Duerto, Juliana Maza Sanvicente, todos ellos como receptores de transferencias; y las empresas Continental Bank Corp de Barbados, Seguros Caroní, Global Risk Solutions de Venezuela e Intersecurities International Inc de Panamá. De estas últimas, todas excepto Intersecurities, son empresas adscritas al grupo de empresas del Banco Caroní, reveló Ewald Scharfenberg en el medio de investigación periodística Armando.info.

Es importante que este SAR, como cualquier otro de los cerca de dos millones que FinCEN recibe cada año, no constituye prueba de delito alguno, sino que es un primer recurso del que el sistema bancario de Estados Unidos dispone para llamar la atención de las autoridades sobre una situación que podría considerarse como sospechosa.

A Juliana Maza Sanvicente, hija de Arístides Maza Tirado, el SAR solo la identifica como directora de una empresa en Miami, de nombre 1200 Brickell 14th Floor LLC, donde también figuran sus hermanos y su propio padre. Idéntico grupo familiar es el que configura el directorio de al menos otras cuatro empresas en el sur de Florida, la mayoría constituidas para detentar la propiedad de inmuebles, y que también incluyen a Arístides Maza Duerto, hermano de Juliana, pero a quien el reporte de JP Morgan Chase Bank falla en identificar.

Maza Duerto es presidente de una universidad privada en Miami, la Millennia Atlantic University, diseñada sobre el troquel de otro negocio de la familia en Venezuela, la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. En Millennia Atlantic, Luis Eduardo Martínez, ex gobernador del estado Monagas, en Venezuela, actual diputado por la Acción Democrática (AD) de Bernabé Gutiérrez, y desde hace unas semanas candidato a la gobernación del estado Aragua, hace las veces de chancellor. Monagas, en el oriente de Venezuela, es la tierra natal de Arístides Maza Tirado, el patriarca familiar.

En el informe, Maza Duerto aparece recibiendo pagos por algo más de 99.000 dólares desde el Continental Bank, el banco en Barbados de los accionistas del Banco Caroní. Las transferencias fueron hechas con una referencia a “RFB/ Altaro Holdings Corp ALT402”. En el Registro Mercantil de Panamá se halla una Altaro Holdings Corp, en la que funcionarios del bufete local, Alfaro, Ferrer & Ramírez, aparecen como directores.

En cambio, JP Morgan Chase acierta en mencionar a Edmundo Kabchi como vicepresidente del Banco Caroní. De hecho, singulariza a Edmundo Kabchi Zakia, hijo, vicepresidente suplente del Caroní, con presunta residencia en una quinta de la urbanización Los Altos de Puerto Ordaz, como receptor de tres transferencias, que totalizaron 4,44 millones de dólares, llegadas desde el Continental Bank de Barbados a cuentas de Kabchi Zakia en los bancos suizos Julius Bär, Barclays Bank (Schweiz) y Credit Agricole Suisse. En todos los casos, el remitente dirigió las transferencias a “Edmundo Jorge Kabchi Z KAB486”.

Bufete panameño

El bufete panameño Alfaro, Ferrer & Ramírez ha sido uno de los preferidos de controversiales grupos empresariales venezolanos, algunos de ellos de origen libanés, para crear sociedades anónimas y ocultar su patrimonio y operaciones financieras.

Según la investigación periodística Chavismoinc, los venezolanos Eudoro González Dellán y Luis Ramón Francis Moreno, asociados ambos directa o indirectamente a casos de corrupción en Venezuela, acudieron al bufete panameño Alfaro, Ferrer & Ramírez.

Otros clientes

Eudoro González Dellán

De acuerdo al portal Dateas, Eudoro Antonio González Dellán, nació el 25 de septiembre de 1974 y se le ubica en la parroquia Baruta del municipio homónimo del estado Miranda en Venezuela. Es hijo del dirigente y exsenador venezolano por el partido socialcristiano Copei, Eudoro González. Fue diputado suplente a la Asamblea Nacional de Venezuela en representación del estado Anzoátegui, electo en las listas de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, por el partido Primero Justicia.

Igualmente, integró por Venezuela el Parlamento del Mercosur desde el 15 de febrero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020.

En su página web, refiere que es abogado egresado en octubre de 1996 de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en las Universidades Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. También tiene un diplomado en Estudios Avanzados en Derecho de Familia, de la Universidad de Zaragoza, España. Dicta la cátedra de Teoría Política, en la Universidad Monteávila de Caracas. Es miembro del Partido Primero Justicia, donde es asesor del Comité Político Nacional. Se define como “centro humanista”.

Eduardo González es hermano del expresidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), Leonardo González Dellán, quien aparece en los Papeles de Panamá. Leonardo González fue designado por el finado expresidente Hugo Chávez como presidente del BIV en 2002, permaneciendo en el cargo hasta 2004, cuando fue sustituido por Arné Chacón. El paso del hermano del diputado por la citada entidad financiera coincide con el surgimiento del control de cambios en Venezuela bajo la administración chavista. “En el libro El gran saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre se identifica a Leonardo González Dellán como uno de los ‘operadores’ financieros que durante el Gobierno de Chávez se benefició a través de negociaciones de títulos valores y transacciones que permitían aprovechar el ‘diferencial cambiario’.

Entretanto en el sitio web Axesor, informa que Eudoro Antonio González Dellán ha ejercido dos cargos en compañías españolas, a saber, como “administrador único en una empresa situada en Madrid. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 17/10/2018, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 200, Referencia 415003. Este cambio ha sido Otros Conceptos, inscrito el 08/10/2018, Tomo 32776, Folio 201, Sección 8, Hoja 589965, Inscripción 5. El tiempo máximo que Eudoro Antonio González Dellán ha permanecido en un cargo es 4 años y 17 días, mientras que el tiempo mínimo ha sido 4 años y 15 días”
A su vez, la página Administradores El Economista dice que estas empresas se dedican a la “compraventa y adquisición, posesión y disfrute de inmuebles, terrenos, la urbanización de los mismos, su transformación y explotación por cualquier título, su promoción, parcelación, reventa —al contado o a plazos—, directamente o por mediación de terceros, y posterior administración en su caso”.

Luis Ramón Francis Moreno

Luis Ramón Francis Moreno es la cara visible de un clan que se fue formando con los años y que reunió en varias propiedades y compañías en República Dominicana a un puñado de empresarios que durante años amasaron fortunas a través de contratos con la industria petrolera venezolana. Junto a él, y de bajo perfil, están los hermanos Urbano Fermín, cuya empresa, Cuferca, también prestó servicios por años a Pdvsa e incluso formó una empresa mixta con la estatal petrolera, hasta que cayeron en desgracia en el año 2017.

Hoy los negocios en Venezuela de los Urbano Fermín están bajo la lupa del poder judicial de ese país, pero en República Dominicana siguen activos. Los hermanos Carlos Eduardo, Carlos Enrique y Carlos Esteban fueron acusados en 2017 por la fiscalía venezolana por haber cometido un presunto desfalco a través de los contratos que obtuvieron en la Faja Petrolífera del Orinoco, la enorme reserva de crudo al oriente venezolano. Carlos Esteban está detenido desde septiembre de ese año en Venezuela, luego de que la fiscalía lo imputara por presuntos delitos de peculado doloso, asociación para delinquir, lavado de dinero y concierto de funcionario con contratista, a través de la Constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca). Sobre sus hermanos Carlos Eduardo y Carlos Esteban también pesan órdenes de detención desde entonces, pero eso no ha roto los lazos empresariales que mantienen con el Caribe dominicano.

Mientras tanto, Francis Moreno y sus hijos dan la cara por el millonario proyecto turístico Downtown Punta Cana y por los negocios que comparten con los Urbano Fermín desde hace una década, cuando aterrizaron en el este de República Dominicana.

 

Perfil de Alfaro, Ferrer & Ramírez

Alfaro, Ferrer & Ramírez (AFRA) es una de las firmas de abogados más conocidas de Panamá. Los servicios de la firma se extienden a la negociación de contratos con el gobierno, representando a los clientes a través del proceso de licitación y estructurando el financiamiento de las operaciones. La mayoría de las adquisiciones públicas en las que ha participado la firma se referían a la construcción y operación de infraestructura como carreteras, puertos, zonas libres de petróleo, sistemas de transmisión de energía, infraestructura de alcantarillado, concesiones de telecomunicaciones e infraestructura de transporte público.

La firma ha sido contratada en varias ocasiones para realizar complejos estudios y análisis de debida diligencia en relación con posibles adquisiciones y fusiones que involucren empresas en Panamá. La firma ha tenido experiencia en transacciones de fusiones y adquisiciones que involucran industrias minoristas, compañías de fabricación, bancos y compañías de seguros, desarrolladores inmobiliarios, compañías farmacéuticas y de TI.

La firma brinda asesoramiento sobre la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual en los tribunales administrativos y judiciales,

La firma es líder en brindar asistencia a clientes internacionales que realizan actividades comerciales en Panamá en relación con la regulación de la presencia de ejecutivos expatriados reubicados en Panamá por empresas multinacionales.

La firma ha participado en sofisticados acuerdos de financiamiento de proyectos, principalmente representando a bancos, inversionistas institucionales e instituciones financieras internacionales. La firma generalmente participa en la redacción y negociación de los términos legales de los acuerdos financieros, y en el establecimiento de complejas garantías y garantías para proteger a los tenedores de crédito, así como en la emisión de opiniones legales en relación con la transacción.

La participación de AFRA en los mercados de capitales y el sector de la regulación de valores abarca desde los clientes que acompañan a los clientes a través del proceso de concesión de licencias hasta el asesoramiento sobre sus necesidades legales y reglamentarias diarias, hasta la participación en transacciones complejas de los mercados de capitales. Además, la firma tiene experiencia en el registro de ofertas de valores y el establecimiento de fondos mutuos. La firma ha estado involucrada en una amplia variedad de acuerdos de financiamiento garantizado y no garantizado, desde deuda y capital hasta servicios estructurados, habiendo documentado una amplia gama de ofertas de deuda y capital, así como bonos, incluida la deuda relacionada con el capital.

Algunos de los clientes de la firma son: Telefónica Móviles Panamá, SA, Banesco, SA, Banco Aliado, SA, Arcos Dorados, Global Bank Corporation, Credicorp Bank, Safra National Bank of New York, L’Oreal, BP Products, Hilton Hotels, Riu Hoteles, Autoridad del Puerto de Singapur (PSA), Western Union Company, Organización Terpel, Grand Bay Paper & Care Products, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Interamericana de Inversiones, Deutsche Investititions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), Corporación Andina de Fomento (CAF), JVCKenwood Latin America, SA, adidas Latin America, SA, Red Bull GmbH / Red Bull de Panamá, SA, Grupo Agrisal, Hilti Latin America, AbbVie, Abbott Laboratories, Stanley Black & Decker, Vopak, PEPSICO, Accenture, Prada, Ricoh Latin America, Kingsland Holdings, Cinemark y Microsoft de Panamá, SA.

Según Opencorporates, en la junta directiva de AFRA figuran los siguientes nombres:

 

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El techo raso de los camerinos de un estadio que está como el deporte en Panamá

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A través de las redes sociales se han difundido fotografías del mal estado del área de camerinos, que algunos internautas aseguran pertenece al estadio Armando Dely Valdés en Colón. No obstante, otros han señalado que correspondería al estadio Rommel Fernández en la ciudad de Panamá.

En las fotografías se aprecia el grave deterioro de un techo raso que estaría prácticamente a punto de caerse.

Hasta el momento ninguna autoridad de Pandeportes se ha pronunciado acerca del tema.

 

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Panamá

Abogada vinculada a Mossack Fonseca (Panama Papers) es designada por el presidente Laurentino Cortizo como secretaria de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales

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A través de un decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el Gobierno designó a Isabel Vecchio como nueva secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC).

Esta es la posición que quedó vacante tras la renuncia de Dani Kuzniecky, que se conoció el pasado 5 de octubre.

Vecchio se ha desempeñado en los últimos 10 años en la administración pública, en distintas instituciones y cargos, algunos de ellos vinculados a la estrategia del país para salir de las listas discriminatorias, informó La Prensa.

Antes, entre 2005 y 2010, fue abogada en Mossack Fonseca, la firma que fue objeto de una investigación periodística internacional que tuvo repercusión mundial en 2016 por el uso de estructuras jurídicas opacas.

Vecchio dijo que desempeñó en la firma distintos roles de la práctica profesional de un abogado, en las áreas de mercantil, marítimo, administrativo, litigios, así como en materia laboral.

Consultada sobre un eventual mensaje contradictorio que se pueda enviar a las organizaciones internacionales por su nombramiento como la persona que debe liderar la estrategia del país para salir de las listas, dijo que no debería haber conflicto porque lleva más de 10 años trabajando para la administración pública, que es lo que quiere seguir haciendo, y que tiene experiencia y conocimiento en temas de prevención de blanqueo de capitales.

En 2016, ingresó en la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, entidad creada para mejorar el sistema de prevención contra el lavado de activos en un gran grupo de actividades económicas no financieras, entre ellas, los abogados.

Empezó como abogada de la Intendencia -entidad que hoy en día es una Superintendencia- y llegó a ser su subdirectora.

Ha sido subdirectora de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales del Ministerio de la Presidencia y asesora de la CNBC, de la que ahora es secretaria técnica.

Adscrita al despacho del ministro de Economía y Finanzas, la CNBC fue creada a través de la Ley 23 de 2015 y está compuesta por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Presidencia, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea.

Consultada acerca de la presencia de Panamá en las listas, Vecchio dijo que el país ha presentado avances, que estos tienen que continuar y que existe un compromiso al más alto nivel. Destacó en su estrategia la importancia del trabajo interinstitucional para avanzar y obtener resultados.

Vecchio es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María La Antigua. Cuenta con un diplomado en Comercio Internacional y Servicios Bancarios de la Universidad Latina de Panamá; una maestría en Derecho Marítimo de Tulane University, New Orleans, Estados Unidos; y una maestría en Administración Pública de Cornell University, Ithaca, Nueva York, Estados Unidos.

Asume el cargo en un momento complejo para Panamá, cuya presencia en la lista negra de la Unión Europea fue ratificada a inicios de octubre y que espera conocer esta semana la nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre los avances en la ejecución del plan de acción para abordar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.

En la Asamblea, además, reposa el proyecto de ley 624, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que aspira a cambiar varias leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales y que ha generado rechazo entre algunos gremios, entre ellos los abogados.

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Magistrado Cecilio Cedalise pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá tomar acciones legales por filtración de proyecto de fallo que dejaría sin efecto caso contra Martinelli

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El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise, envió una carta a su homólogo y presidente de esa corporación de justicia Luis Ramón Fábrega en la que le solicita la presentación de acciones legales a raíz de la difusión en diversos medios de comunicación de un proyecto de fallo en el cual se concede una demanda de inconstitucionalidad a favor del expresidente Ricardo Martinelli, por el caso de los pinchazos.

La nota, publicada en la tarde del martes, 19 de octubre, en la página web del Órgano Judicial, precisa que en diversos medios de comunicación y redes sociales se ha puesto en conocimiento del público la existencia de un proyecto de fallo sometido a lectura simultánea entre los miembros de la Corte, en el que se decide una demanda de inconstitucionalidad, informó La Prensa.

Según Cedalise, la filtración del fallo ha producido un desasosiego nacional y bien puede considerarse una violación al ordenamiento jurídico nacional, por lo que exigió a Fábrega el inicio de acciones legales al respecto.

En su nota Cedalise precisa que el proyecto tenía una encriptación para cada uno de los despachos de los magistrados, a fin de detectar el posible origen de una filtración, a pesar de lo cual la misma se produjo.

La nota de Cedalise argumenta que las acciones legales deben ser ejecutadas sin excusa, para que impere el respeto “a la majestad de la justicia”.

El proyecto de fallo de Cedalise anularía el caso de los pinchazos con el argumento de que en un juicio especial contra un diputado, en este caso, un diputado del Parlamento Centroamericano, cargo que ostentaba Martinelli, no se podía realizar una audiencia de acusación sin antes haber realizado la audiencia de imputación.

Esta posición ha sido rechazada por los querellantes en el proceso que se le sigue al expresidente por espionaje político.

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