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Panamá

Clientes venezolanos de la firma de abogados panameña Alfaro, Ferrer & Ramírez encienden las alarmas de autoridades financieras de Estados Unidos

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Fundado en 1982, el Banco Caroní es una pequeña entidad en Venezuela de vocación regional. En el ranking bancario venezolano de abril de 2021, ocupa la posición 20 entre las instituciones con mayores activos, y la 22 en términos de su cartera crediticia, entre los 30 bancos universales que la Superintendencia Nacional del Sector Bancario (Sudeban) vigila.

Sin embargo, la influencia gremial del Banco Caroní siempre ha excedido su volumen de negocios. El presidente desde 1986 del banco, Arístides Maza Tirado, ha presidido en tres períodos la Asociación Bancaria de Venezuela, y también dirigió algunas cámaras empresariales, como el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio). Uno de sus hijos, Octavio, también fue director de Consecomercio.

En la actual junta directiva del banco figuran cuatro personas con su apellido: además del propio Arístides Maza, están Octavio Maza Duerto, Fredy Maza Tirado y Gonzalo Maza Anduze.

El otro apellido que se repite tanto como el de los Maza es Kabchi, una familia de origen cristiano libanés que asentó sus reales en Guayana: Edmundo Kabchi Murgus es el vicepresidente del banco, quien tiene por suplente a su hijo, Edmundo Kabchi Zakia. Gamal Kabchi, Georges Kabchi Zakia, Mounir Kabche El Douaihi y George Kabche Dzoubaun también aparecen entre la directiva del banco.

Amén de ser un apellido común en el Medio Oriente, la confusión entre Kabchi-Kabche es siempre probable por cuenta de la transcripción de la grafía árabe al alfabeto latino. No en balde, el propio SAR de JP Morgan Chase Bank parece dar por equivalentes o por alias los nombres de padre e hijo: “Edmundo Kabchi”, se lee en el reporte, “fue identificado como Edmundo Jreige Kabchi Murgus (‘Murgus’), localizado en Venezuela, y como Edmundo Jorge Kabchi Zakia (‘Zakia’)”. Otro ejemplo de esta dificultad en la traducción de nombres árabes se encuentra en una versión que corre por Internet y atañe a los Kabchi de Guayana: Sayari, un reputado servicio de inteligencia financiera con sede en Washington DC, publicó en marzo pasado un reporte en el que señala que los Edmundo Kabchi, padre e hijo, son socios en un par de empresas registradas en Líbano de los hermanos Khalil, Majed y Khaled, unos de los empresarios más favorecidos con contratos del Estado venezolano a lo largo del régimen chavista. Pero un vistazo a los expedientes del Registro Mercantil de Líbano muestra que entre los diez directores de la compañía Airport Mall Holding SAL se cuenta un tal Edmond George Qebshi, que no ha podido comprobarse si se trata del mismo banquero venezolano.

En un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) dirigido a FinCEN, los ejecutivos de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank comprueban que, si bien las más de 500 operaciones reseñadas conectan a muchas personas jurídicas y naturales, incluyendo once empresas del grupo del Banco Caroní, las 19 transacciones más voluminosas incumben a Edmundo Kabchi Zakia, Arístides Maza Duerto, Juliana Maza Sanvicente, todos ellos como receptores de transferencias; y las empresas Continental Bank Corp de Barbados, Seguros Caroní, Global Risk Solutions de Venezuela e Intersecurities International Inc de Panamá. De estas últimas, todas excepto Intersecurities, son empresas adscritas al grupo de empresas del Banco Caroní, reveló Ewald Scharfenberg en el medio de investigación periodística Armando.info.

Es importante que este SAR, como cualquier otro de los cerca de dos millones que FinCEN recibe cada año, no constituye prueba de delito alguno, sino que es un primer recurso del que el sistema bancario de Estados Unidos dispone para llamar la atención de las autoridades sobre una situación que podría considerarse como sospechosa.

A Juliana Maza Sanvicente, hija de Arístides Maza Tirado, el SAR solo la identifica como directora de una empresa en Miami, de nombre 1200 Brickell 14th Floor LLC, donde también figuran sus hermanos y su propio padre. Idéntico grupo familiar es el que configura el directorio de al menos otras cuatro empresas en el sur de Florida, la mayoría constituidas para detentar la propiedad de inmuebles, y que también incluyen a Arístides Maza Duerto, hermano de Juliana, pero a quien el reporte de JP Morgan Chase Bank falla en identificar.

Maza Duerto es presidente de una universidad privada en Miami, la Millennia Atlantic University, diseñada sobre el troquel de otro negocio de la familia en Venezuela, la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. En Millennia Atlantic, Luis Eduardo Martínez, ex gobernador del estado Monagas, en Venezuela, actual diputado por la Acción Democrática (AD) de Bernabé Gutiérrez, y desde hace unas semanas candidato a la gobernación del estado Aragua, hace las veces de chancellor. Monagas, en el oriente de Venezuela, es la tierra natal de Arístides Maza Tirado, el patriarca familiar.

En el informe, Maza Duerto aparece recibiendo pagos por algo más de 99.000 dólares desde el Continental Bank, el banco en Barbados de los accionistas del Banco Caroní. Las transferencias fueron hechas con una referencia a “RFB/ Altaro Holdings Corp ALT402”. En el Registro Mercantil de Panamá se halla una Altaro Holdings Corp, en la que funcionarios del bufete local, Alfaro, Ferrer & Ramírez, aparecen como directores.

En cambio, JP Morgan Chase acierta en mencionar a Edmundo Kabchi como vicepresidente del Banco Caroní. De hecho, singulariza a Edmundo Kabchi Zakia, hijo, vicepresidente suplente del Caroní, con presunta residencia en una quinta de la urbanización Los Altos de Puerto Ordaz, como receptor de tres transferencias, que totalizaron 4,44 millones de dólares, llegadas desde el Continental Bank de Barbados a cuentas de Kabchi Zakia en los bancos suizos Julius Bär, Barclays Bank (Schweiz) y Credit Agricole Suisse. En todos los casos, el remitente dirigió las transferencias a “Edmundo Jorge Kabchi Z KAB486”.

Bufete panameño

El bufete panameño Alfaro, Ferrer & Ramírez ha sido uno de los preferidos de controversiales grupos empresariales venezolanos, algunos de ellos de origen libanés, para crear sociedades anónimas y ocultar su patrimonio y operaciones financieras.

Según la investigación periodística Chavismoinc, los venezolanos Eudoro González Dellán y Luis Ramón Francis Moreno, asociados ambos directa o indirectamente a casos de corrupción en Venezuela, acudieron al bufete panameño Alfaro, Ferrer & Ramírez.

Otros clientes

Eudoro González Dellán

De acuerdo al portal Dateas, Eudoro Antonio González Dellán, nació el 25 de septiembre de 1974 y se le ubica en la parroquia Baruta del municipio homónimo del estado Miranda en Venezuela. Es hijo del dirigente y exsenador venezolano por el partido socialcristiano Copei, Eudoro González. Fue diputado suplente a la Asamblea Nacional de Venezuela en representación del estado Anzoátegui, electo en las listas de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, por el partido Primero Justicia.

Igualmente, integró por Venezuela el Parlamento del Mercosur desde el 15 de febrero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020.

En su página web, refiere que es abogado egresado en octubre de 1996 de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en las Universidades Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. También tiene un diplomado en Estudios Avanzados en Derecho de Familia, de la Universidad de Zaragoza, España. Dicta la cátedra de Teoría Política, en la Universidad Monteávila de Caracas. Es miembro del Partido Primero Justicia, donde es asesor del Comité Político Nacional. Se define como “centro humanista”.

Eduardo González es hermano del expresidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), Leonardo González Dellán, quien aparece en los Papeles de Panamá. Leonardo González fue designado por el finado expresidente Hugo Chávez como presidente del BIV en 2002, permaneciendo en el cargo hasta 2004, cuando fue sustituido por Arné Chacón. El paso del hermano del diputado por la citada entidad financiera coincide con el surgimiento del control de cambios en Venezuela bajo la administración chavista. “En el libro El gran saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre se identifica a Leonardo González Dellán como uno de los ‘operadores’ financieros que durante el Gobierno de Chávez se benefició a través de negociaciones de títulos valores y transacciones que permitían aprovechar el ‘diferencial cambiario’.

Entretanto en el sitio web Axesor, informa que Eudoro Antonio González Dellán ha ejercido dos cargos en compañías españolas, a saber, como “administrador único en una empresa situada en Madrid. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 17/10/2018, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 200, Referencia 415003. Este cambio ha sido Otros Conceptos, inscrito el 08/10/2018, Tomo 32776, Folio 201, Sección 8, Hoja 589965, Inscripción 5. El tiempo máximo que Eudoro Antonio González Dellán ha permanecido en un cargo es 4 años y 17 días, mientras que el tiempo mínimo ha sido 4 años y 15 días”
A su vez, la página Administradores El Economista dice que estas empresas se dedican a la “compraventa y adquisición, posesión y disfrute de inmuebles, terrenos, la urbanización de los mismos, su transformación y explotación por cualquier título, su promoción, parcelación, reventa —al contado o a plazos—, directamente o por mediación de terceros, y posterior administración en su caso”.

Luis Ramón Francis Moreno

Luis Ramón Francis Moreno es la cara visible de un clan que se fue formando con los años y que reunió en varias propiedades y compañías en República Dominicana a un puñado de empresarios que durante años amasaron fortunas a través de contratos con la industria petrolera venezolana. Junto a él, y de bajo perfil, están los hermanos Urbano Fermín, cuya empresa, Cuferca, también prestó servicios por años a Pdvsa e incluso formó una empresa mixta con la estatal petrolera, hasta que cayeron en desgracia en el año 2017.

Hoy los negocios en Venezuela de los Urbano Fermín están bajo la lupa del poder judicial de ese país, pero en República Dominicana siguen activos. Los hermanos Carlos Eduardo, Carlos Enrique y Carlos Esteban fueron acusados en 2017 por la fiscalía venezolana por haber cometido un presunto desfalco a través de los contratos que obtuvieron en la Faja Petrolífera del Orinoco, la enorme reserva de crudo al oriente venezolano. Carlos Esteban está detenido desde septiembre de ese año en Venezuela, luego de que la fiscalía lo imputara por presuntos delitos de peculado doloso, asociación para delinquir, lavado de dinero y concierto de funcionario con contratista, a través de la Constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca). Sobre sus hermanos Carlos Eduardo y Carlos Esteban también pesan órdenes de detención desde entonces, pero eso no ha roto los lazos empresariales que mantienen con el Caribe dominicano.

Mientras tanto, Francis Moreno y sus hijos dan la cara por el millonario proyecto turístico Downtown Punta Cana y por los negocios que comparten con los Urbano Fermín desde hace una década, cuando aterrizaron en el este de República Dominicana.

 

Perfil de Alfaro, Ferrer & Ramírez

Alfaro, Ferrer & Ramírez (AFRA) es una de las firmas de abogados más conocidas de Panamá. Los servicios de la firma se extienden a la negociación de contratos con el gobierno, representando a los clientes a través del proceso de licitación y estructurando el financiamiento de las operaciones. La mayoría de las adquisiciones públicas en las que ha participado la firma se referían a la construcción y operación de infraestructura como carreteras, puertos, zonas libres de petróleo, sistemas de transmisión de energía, infraestructura de alcantarillado, concesiones de telecomunicaciones e infraestructura de transporte público.

La firma ha sido contratada en varias ocasiones para realizar complejos estudios y análisis de debida diligencia en relación con posibles adquisiciones y fusiones que involucren empresas en Panamá. La firma ha tenido experiencia en transacciones de fusiones y adquisiciones que involucran industrias minoristas, compañías de fabricación, bancos y compañías de seguros, desarrolladores inmobiliarios, compañías farmacéuticas y de TI.

La firma brinda asesoramiento sobre la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual en los tribunales administrativos y judiciales,

La firma es líder en brindar asistencia a clientes internacionales que realizan actividades comerciales en Panamá en relación con la regulación de la presencia de ejecutivos expatriados reubicados en Panamá por empresas multinacionales.

La firma ha participado en sofisticados acuerdos de financiamiento de proyectos, principalmente representando a bancos, inversionistas institucionales e instituciones financieras internacionales. La firma generalmente participa en la redacción y negociación de los términos legales de los acuerdos financieros, y en el establecimiento de complejas garantías y garantías para proteger a los tenedores de crédito, así como en la emisión de opiniones legales en relación con la transacción.

La participación de AFRA en los mercados de capitales y el sector de la regulación de valores abarca desde los clientes que acompañan a los clientes a través del proceso de concesión de licencias hasta el asesoramiento sobre sus necesidades legales y reglamentarias diarias, hasta la participación en transacciones complejas de los mercados de capitales. Además, la firma tiene experiencia en el registro de ofertas de valores y el establecimiento de fondos mutuos. La firma ha estado involucrada en una amplia variedad de acuerdos de financiamiento garantizado y no garantizado, desde deuda y capital hasta servicios estructurados, habiendo documentado una amplia gama de ofertas de deuda y capital, así como bonos, incluida la deuda relacionada con el capital.

Algunos de los clientes de la firma son: Telefónica Móviles Panamá, SA, Banesco, SA, Banco Aliado, SA, Arcos Dorados, Global Bank Corporation, Credicorp Bank, Safra National Bank of New York, L’Oreal, BP Products, Hilton Hotels, Riu Hoteles, Autoridad del Puerto de Singapur (PSA), Western Union Company, Organización Terpel, Grand Bay Paper & Care Products, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Interamericana de Inversiones, Deutsche Investititions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), Corporación Andina de Fomento (CAF), JVCKenwood Latin America, SA, adidas Latin America, SA, Red Bull GmbH / Red Bull de Panamá, SA, Grupo Agrisal, Hilti Latin America, AbbVie, Abbott Laboratories, Stanley Black & Decker, Vopak, PEPSICO, Accenture, Prada, Ricoh Latin America, Kingsland Holdings, Cinemark y Microsoft de Panamá, SA.

Según Opencorporates, en la junta directiva de AFRA figuran los siguientes nombres:

 

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 

Panamá

Empresa Galmobile implicada en irregularidades en la adquisición de vehículos potabilizadores por parte del Ministerio de Salud (Minsa) en perjuicio del Estado panameño

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Transformar agua cruda en potable podría costar millones de dólares en sobrecostos debido a que el Ministerio de Salud (Minsa) está dispuesto a pagar $4.6 millones por diez unidades móviles de segunda mano, utilizadas para purificar y desalinizar agua. Es decir, pagaría unos $460 mil por vehículo, pese a que en el mercado se adquieren entre unos $53 mil y $140 mil, según las especificaciones.

En la página web del fabricante israelí Galmobile (galmobile.co.il) se indica que el precio del vehículo es de 475 mil séquel (moneda de Israel), unos $136 mil, al cambio, informó La Prensa.

La licitación para obtener estos vehículos 4×4 se realizaría el pasado lunes 26 de septiembre, en medio de reclamos de la empresa Raditex, S.A. que advirtió de posibles irregularidades en el pliego de cargos del Minsa para supuestamente favorecer a una empresa que cuenta con el equipo requerido. Tras reclamos de Raditek para que se hicieran cambios al pliego de cargos, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el acto público en mayo pasado, hasta el 22 de agosto, cuando archivó la queja y ordenó que continuara el acto público.

El titular de la DGCP, Raphael Fuentes, consideró que el Minsa “subsanó” las situaciones advertidas y modificó el pliego de cargos, aunque nada dijo del precio de referencia, uno de los puntos del que se queja Raditex. Una revisión de La Prensa a las modificaciones del pliego revela que el Minsa pagaría casi $500 mil por vehículo usado o, por lo menos, con recorrido previo, contrario a lo solicitado al principio (ver facsímil), cuando se pedían vehículos “0 kilómetros”. Ahora indica el documento que “debe tener hasta 500 kilómetros en recorrido”.

No es el único cambio para bajar el estándar de adquisición. El costo del traslado de estos vehículos, por daño o mantenimiento, ya no será por cuenta de la empresa, sino de la entidad adquiriente. Tampoco se pedirán los manuales de mantenimiento.

Sobre la obtención de agua dulce o salada para potabilizarla, se pedía que la profundidad mínima de succión de la bomba del vehículo fuera de 6 metros, pero ahora es de 2 a 6 metros. También se bajó la producción de agua. Y en cuanto a las especificaciones técnicas, se indicaba que el sistema de comunicación interna y externa del vehículo sería “responsabilidad del contratista”, pero ahora ese servicio lo tendría que pagar el Minsa.

¿Quién decidió estos cambios en detrimento del Estado? El director del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado (Disapas) del Minsa, Nicolás Alvarado, se negó a responder a La Prensa. Tampoco contestó ¿cómo se obtuvo el precio de referencia de $4.6 millones? O ¿Qué institución o empresa realizó el estudio de mercado?

En violación a la Ley de Transparencia, Alvarado ignoró una solicitud de información, pese a haber informado –vía telefónica– que respondería el pasado 9 septiembre.

El artículo 21 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas indica que la DGCP podrá solicitar –cuando lo considere oportuno– el estudio de mercado y las explicaciones que sirvieron para establecer el precio de referencia en el acto de selección de contratista. Si la entidad no puede sustentar el precio de referencia, la DGCP puede suspender el acto antes de la apertura de las propuestas.

Al acto de homologación del acto público para adquirir estos vehículos se presentaron diez empresas. Entre ellas, una identificada solo como Galmobile. En el Registro Público aparecen dos sociedades con nombres similares: Galmobile América, S.A. y Galmobile, S.A. El Minsa no corroboró a La Prensa cuál es la que fue al acto público. La empresa identificada como Galmobile –a secas– se presentó a la reunión de homologación representada por Gipsy Díaz, según el acta de reunión del Minsa.

Según la red Linkedin, Díaz fue gerente de proyectos senior en la empresa Fursys, desde marzo de 2020 (esta compañía está vinculada al empresario Mike Btesh). En el correo que aportó Díaz, se identifica al Grupo Betco. Esta sociedad –Grupo Betco Zona Libre– fue inscrita en 1994 y tiene como suscriptores a miembros de la familia Btesh y Cohen Mugrabi. La Prensa envió correos a Díaz solicitando una entrevista, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Desde el 26 de julio pasado aparecen como directivos de Grupo Betco: Raymond Nahem (tesorero), Aldo Lancini (presidente) y Joann Orozco (secretaria). Estos dos últimos también aparecen en Galmobile, S.A.

A su vez, el 3 de enero de 2020 se constituyó la sociedad Galmobile América, S.A., cuyos dignatarios son Salomón Elías Btesh (presidente); Salomón Jack Btesh (vicepresidente y secretario) y Mike Btesh (tesorero). Este último aparece en una lista publicada por el Ministerio Público en 2021, acusado de blanqueo de capitales en el caso New Business.

Un año después fue inscrita Galmobile S.A., que tiene como directivos a Aldo Lancini (presidente y tesorero) y a Joann Orozco (secretaria).

El Minsa informó en agosto de 2021 que Galmobile, S.A. utilizó carros con el sistema de purificación y desalinización de agua cruda “exitosamente” en Cerro Punta y Bocas del Toro, zonas afectadas por los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020.

También en la página web galmobileamerica.com se observa que la empresa confirmó meses antes –el 21 de enero de 2021–, a través de una nota de prensa, que ofreció su ayuda al Minsa –y “sin costo”– con sus vehículos para obtener agua potable durante siete días en Chiriquí, luego de que comunidades de Tierras Altas se quedaran sin suministro de agua.

En la misma nota de prensa –publicada pocos días después de que se inscribiera en el Registro Público esta sociedad–, Galmobile América, en compañía del entonces embajador de Israel en Panamá, Reda Mansour, y autoridades del Minsa, probaron el agua potabilizada por estos vehículos en la rampa marina de la Cinta Costera 3.

En agosto de 2021, el Minsa informó que Galmobile, S.A., junto a funcionarios de Disapas, “realizaron trabajos de reconocimiento y levantamiento de un sistema de acueducto rural” en Mocambo Arriba, Las Cumbres.

También a la prueba se presentó el nuevo embajador israelí en Panamá, Itai Bardov. En esa nota de prensa del Minsa se indica que los trabajos representan el “inicio de un plan piloto de producción de agua potable, mediante avanzada tecnología israelí”.

Sin identificar cuál de las dos empresas es, Galmobile –a secas– aparece como una de las diez compañías interesadas en vender al Minsa los vehículos potabilizadores.

En mayo de 2022, Galmobile, S.A. ingresó al país tres vehículos de purificación y desalinización de agua, a un costo de $53,123 cada uno, según registros de la Autoridad de Aduanas.

Previamente, la empresa trajo dos de estos carros modelo four wheel. El primero, el 21 de abril, y el segundo, el 29 de julio de 2021. El costo de cada uno fue de $76,500.

En el caso de Galmobile América, S.A., La Prensa no pudo corroborar la importación de este tipo de vehículos en los registros de la Dirección de Aduanas.

La empresa Raditex Inc. –la única que se quejó ante Contrataciones Públicas– denunció, además de irregularidades en el pliego de cargos, que el precio de los vehículos era “excesivo, y no concordante con la realidad”, ya que “el propio fabricante israelí [Galmobile] anuncia el servicio completo en cada carro en $125 mil”.

El precio de los carros “resulta injustificable y excesivo, incluso incluyendo el mantenimiento por 5 años como exige el pliego de cargos”, puntualizó Raditex en su reclamo.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Defensa de Elías Cárdenas Jordán intentó politizar acusaciones contra representante de Pedregal en juicio por homicidio

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Elías Cárdenas Jordán

Víctor Almengor, abogado de Elías Cárdenas Jordán, representante de Pedregal, intentó deslindar de responsabilidad a su cliente, en torno a las amenazas que han recibido familiares de Rigoberto Ceberino Santiago Choli, a quien Cárdenas, estando en estado de ebriedad, dio muerte, tras atropellarlo con su camioneta 4×4 el 29 de septiembre de 2019.

En una audiencia del caso, el abogado Almengor intentó desviar la atención sobre las denuncias presentadas por el fiscal del caso ante la juez, después que el fiscal se quejara de las amenazas recibidas por familiares de Santiago Choli. Para ello Almengor trató de politizar el tema, asegurando que las denuncias elevadas por familiares de la víctima a distintas instancias, eran promovidas por una diputada, que aunque no mencionó su nombre, se presume se trata de Cenobia Vargas, parlamentaria por el Circuito 8-10.

Según Almengor, las motivaciones de la diputada para promover las acciones de los familiares de Santiago Choli, se an fundamentado en aspiraciones políticas a la Representación de Pedregal. Pero el abogado fue más allá, en su intento por desviar la atención sobre la responsabilidad de su cliente en el homicidio, culpando al fiscal de no haber hecho su trabajo correctamente, al no haber investigado en mayor profundidad las amenazas recibidas por los familiares del hoy occiso.

 

Documentos revelan el amplio historial de violaciones a las normas de tránsito del representante Elías Cárdenas Jordán y sus presiones y tramas para ser exculpado por el arrollamiento de Rigoberto Santiago Choly

 
 
 

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Panamá

Critican aumento del gasto del Gobierno panameño en temas menos prioritarios, mientras se advierte sobre el posible incremento en el precio de los tanques de gas de Tropigas en casi un 400% por falta de subsidio

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La compañía Tropigas emitió recientemente un comunicado en el que indicó que por falta de pago del Gobierno nacional de Panamá, el precio del tanque de gas de 25 libras, que en la actualidad se encuentra subsidiado en $4,37, pudiera incrementar su precio a $16,63.

Adicionalmente, la compañía señaló que pudiera haber problema en la distribución de los tanques de gas de 25 libras en todo el territorio panameño.

En un video, el TikToker Gilberto Romero se preguntó por qué motivo el Gobierno de Panamá mantiene una deuda con Tropigas. Comentó que el gasto público del Gobierno se incrementó en $4.5 millones diarios, situación que se traduce en que la deuda pública del país ha aumentado el doble, desde poco antes el ascenso al poder del hoy presidente Laurentino Cortizo. Romero estimó que a ese paso, cuando culmine el Gobierno de Cortizo, en 2024, la deuda pública panameña pudiera ascender a cuatro veces, desde que el hoy jefe de Estado se posesionó del cargo.

El TikToker criticó que el Gobierno no destine suficientes fondos en ayudar al pueblo y en sacar la economía adelante, pues según Romero, el dinero está siendo utilizado para dárselo a asesores, para aumentarle el salario a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, para aumentar el presupuesto de la misma universidad, para los dobles salarios, para gastar en viajes y para que ese dinero vaya al bolsillo de los políticos actuales.

 
 
 

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