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Clientes venezolanos de la firma de abogados panameña Alfaro, Ferrer & Ramírez encienden las alarmas de autoridades financieras de Estados Unidos

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Fundado en 1982, el Banco Caroní es una pequeña entidad en Venezuela de vocación regional. En el ranking bancario venezolano de abril de 2021, ocupa la posición 20 entre las instituciones con mayores activos, y la 22 en términos de su cartera crediticia, entre los 30 bancos universales que la Superintendencia Nacional del Sector Bancario (Sudeban) vigila.

Sin embargo, la influencia gremial del Banco Caroní siempre ha excedido su volumen de negocios. El presidente desde 1986 del banco, Arístides Maza Tirado, ha presidido en tres períodos la Asociación Bancaria de Venezuela, y también dirigió algunas cámaras empresariales, como el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio). Uno de sus hijos, Octavio, también fue director de Consecomercio.

En la actual junta directiva del banco figuran cuatro personas con su apellido: además del propio Arístides Maza, están Octavio Maza Duerto, Fredy Maza Tirado y Gonzalo Maza Anduze.

El otro apellido que se repite tanto como el de los Maza es Kabchi, una familia de origen cristiano libanés que asentó sus reales en Guayana: Edmundo Kabchi Murgus es el vicepresidente del banco, quien tiene por suplente a su hijo, Edmundo Kabchi Zakia. Gamal Kabchi, Georges Kabchi Zakia, Mounir Kabche El Douaihi y George Kabche Dzoubaun también aparecen entre la directiva del banco.

Amén de ser un apellido común en el Medio Oriente, la confusión entre Kabchi-Kabche es siempre probable por cuenta de la transcripción de la grafía árabe al alfabeto latino. No en balde, el propio SAR de JP Morgan Chase Bank parece dar por equivalentes o por alias los nombres de padre e hijo: “Edmundo Kabchi”, se lee en el reporte, “fue identificado como Edmundo Jreige Kabchi Murgus (‘Murgus’), localizado en Venezuela, y como Edmundo Jorge Kabchi Zakia (‘Zakia’)”. Otro ejemplo de esta dificultad en la traducción de nombres árabes se encuentra en una versión que corre por Internet y atañe a los Kabchi de Guayana: Sayari, un reputado servicio de inteligencia financiera con sede en Washington DC, publicó en marzo pasado un reporte en el que señala que los Edmundo Kabchi, padre e hijo, son socios en un par de empresas registradas en Líbano de los hermanos Khalil, Majed y Khaled, unos de los empresarios más favorecidos con contratos del Estado venezolano a lo largo del régimen chavista. Pero un vistazo a los expedientes del Registro Mercantil de Líbano muestra que entre los diez directores de la compañía Airport Mall Holding SAL se cuenta un tal Edmond George Qebshi, que no ha podido comprobarse si se trata del mismo banquero venezolano.

En un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) dirigido a FinCEN, los ejecutivos de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank comprueban que, si bien las más de 500 operaciones reseñadas conectan a muchas personas jurídicas y naturales, incluyendo once empresas del grupo del Banco Caroní, las 19 transacciones más voluminosas incumben a Edmundo Kabchi Zakia, Arístides Maza Duerto, Juliana Maza Sanvicente, todos ellos como receptores de transferencias; y las empresas Continental Bank Corp de Barbados, Seguros Caroní, Global Risk Solutions de Venezuela e Intersecurities International Inc de Panamá. De estas últimas, todas excepto Intersecurities, son empresas adscritas al grupo de empresas del Banco Caroní, reveló Ewald Scharfenberg en el medio de investigación periodística Armando.info.

Es importante que este SAR, como cualquier otro de los cerca de dos millones que FinCEN recibe cada año, no constituye prueba de delito alguno, sino que es un primer recurso del que el sistema bancario de Estados Unidos dispone para llamar la atención de las autoridades sobre una situación que podría considerarse como sospechosa.

A Juliana Maza Sanvicente, hija de Arístides Maza Tirado, el SAR solo la identifica como directora de una empresa en Miami, de nombre 1200 Brickell 14th Floor LLC, donde también figuran sus hermanos y su propio padre. Idéntico grupo familiar es el que configura el directorio de al menos otras cuatro empresas en el sur de Florida, la mayoría constituidas para detentar la propiedad de inmuebles, y que también incluyen a Arístides Maza Duerto, hermano de Juliana, pero a quien el reporte de JP Morgan Chase Bank falla en identificar.

Maza Duerto es presidente de una universidad privada en Miami, la Millennia Atlantic University, diseñada sobre el troquel de otro negocio de la familia en Venezuela, la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. En Millennia Atlantic, Luis Eduardo Martínez, ex gobernador del estado Monagas, en Venezuela, actual diputado por la Acción Democrática (AD) de Bernabé Gutiérrez, y desde hace unas semanas candidato a la gobernación del estado Aragua, hace las veces de chancellor. Monagas, en el oriente de Venezuela, es la tierra natal de Arístides Maza Tirado, el patriarca familiar.

En el informe, Maza Duerto aparece recibiendo pagos por algo más de 99.000 dólares desde el Continental Bank, el banco en Barbados de los accionistas del Banco Caroní. Las transferencias fueron hechas con una referencia a “RFB/ Altaro Holdings Corp ALT402”. En el Registro Mercantil de Panamá se halla una Altaro Holdings Corp, en la que funcionarios del bufete local, Alfaro, Ferrer & Ramírez, aparecen como directores.

En cambio, JP Morgan Chase acierta en mencionar a Edmundo Kabchi como vicepresidente del Banco Caroní. De hecho, singulariza a Edmundo Kabchi Zakia, hijo, vicepresidente suplente del Caroní, con presunta residencia en una quinta de la urbanización Los Altos de Puerto Ordaz, como receptor de tres transferencias, que totalizaron 4,44 millones de dólares, llegadas desde el Continental Bank de Barbados a cuentas de Kabchi Zakia en los bancos suizos Julius Bär, Barclays Bank (Schweiz) y Credit Agricole Suisse. En todos los casos, el remitente dirigió las transferencias a “Edmundo Jorge Kabchi Z KAB486”.

Bufete panameño

El bufete panameño Alfaro, Ferrer & Ramírez ha sido uno de los preferidos de controversiales grupos empresariales venezolanos, algunos de ellos de origen libanés, para crear sociedades anónimas y ocultar su patrimonio y operaciones financieras.

Según la investigación periodística Chavismoinc, los venezolanos Eudoro González Dellán y Luis Ramón Francis Moreno, asociados ambos directa o indirectamente a casos de corrupción en Venezuela, acudieron al bufete panameño Alfaro, Ferrer & Ramírez.

Otros clientes

Eudoro González Dellán

De acuerdo al portal Dateas, Eudoro Antonio González Dellán, nació el 25 de septiembre de 1974 y se le ubica en la parroquia Baruta del municipio homónimo del estado Miranda en Venezuela. Es hijo del dirigente y exsenador venezolano por el partido socialcristiano Copei, Eudoro González. Fue diputado suplente a la Asamblea Nacional de Venezuela en representación del estado Anzoátegui, electo en las listas de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, por el partido Primero Justicia.

Igualmente, integró por Venezuela el Parlamento del Mercosur desde el 15 de febrero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020.

En su página web, refiere que es abogado egresado en octubre de 1996 de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en las Universidades Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. También tiene un diplomado en Estudios Avanzados en Derecho de Familia, de la Universidad de Zaragoza, España. Dicta la cátedra de Teoría Política, en la Universidad Monteávila de Caracas. Es miembro del Partido Primero Justicia, donde es asesor del Comité Político Nacional. Se define como “centro humanista”.

Eduardo González es hermano del expresidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), Leonardo González Dellán, quien aparece en los Papeles de Panamá. Leonardo González fue designado por el finado expresidente Hugo Chávez como presidente del BIV en 2002, permaneciendo en el cargo hasta 2004, cuando fue sustituido por Arné Chacón. El paso del hermano del diputado por la citada entidad financiera coincide con el surgimiento del control de cambios en Venezuela bajo la administración chavista. “En el libro El gran saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre se identifica a Leonardo González Dellán como uno de los ‘operadores’ financieros que durante el Gobierno de Chávez se benefició a través de negociaciones de títulos valores y transacciones que permitían aprovechar el ‘diferencial cambiario’.

Entretanto en el sitio web Axesor, informa que Eudoro Antonio González Dellán ha ejercido dos cargos en compañías españolas, a saber, como “administrador único en una empresa situada en Madrid. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 17/10/2018, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 200, Referencia 415003. Este cambio ha sido Otros Conceptos, inscrito el 08/10/2018, Tomo 32776, Folio 201, Sección 8, Hoja 589965, Inscripción 5. El tiempo máximo que Eudoro Antonio González Dellán ha permanecido en un cargo es 4 años y 17 días, mientras que el tiempo mínimo ha sido 4 años y 15 días”
A su vez, la página Administradores El Economista dice que estas empresas se dedican a la “compraventa y adquisición, posesión y disfrute de inmuebles, terrenos, la urbanización de los mismos, su transformación y explotación por cualquier título, su promoción, parcelación, reventa —al contado o a plazos—, directamente o por mediación de terceros, y posterior administración en su caso”.

Luis Ramón Francis Moreno

Luis Ramón Francis Moreno es la cara visible de un clan que se fue formando con los años y que reunió en varias propiedades y compañías en República Dominicana a un puñado de empresarios que durante años amasaron fortunas a través de contratos con la industria petrolera venezolana. Junto a él, y de bajo perfil, están los hermanos Urbano Fermín, cuya empresa, Cuferca, también prestó servicios por años a Pdvsa e incluso formó una empresa mixta con la estatal petrolera, hasta que cayeron en desgracia en el año 2017.

Hoy los negocios en Venezuela de los Urbano Fermín están bajo la lupa del poder judicial de ese país, pero en República Dominicana siguen activos. Los hermanos Carlos Eduardo, Carlos Enrique y Carlos Esteban fueron acusados en 2017 por la fiscalía venezolana por haber cometido un presunto desfalco a través de los contratos que obtuvieron en la Faja Petrolífera del Orinoco, la enorme reserva de crudo al oriente venezolano. Carlos Esteban está detenido desde septiembre de ese año en Venezuela, luego de que la fiscalía lo imputara por presuntos delitos de peculado doloso, asociación para delinquir, lavado de dinero y concierto de funcionario con contratista, a través de la Constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca). Sobre sus hermanos Carlos Eduardo y Carlos Esteban también pesan órdenes de detención desde entonces, pero eso no ha roto los lazos empresariales que mantienen con el Caribe dominicano.

Mientras tanto, Francis Moreno y sus hijos dan la cara por el millonario proyecto turístico Downtown Punta Cana y por los negocios que comparten con los Urbano Fermín desde hace una década, cuando aterrizaron en el este de República Dominicana.

 

Perfil de Alfaro, Ferrer & Ramírez

Alfaro, Ferrer & Ramírez (AFRA) es una de las firmas de abogados más conocidas de Panamá. Los servicios de la firma se extienden a la negociación de contratos con el gobierno, representando a los clientes a través del proceso de licitación y estructurando el financiamiento de las operaciones. La mayoría de las adquisiciones públicas en las que ha participado la firma se referían a la construcción y operación de infraestructura como carreteras, puertos, zonas libres de petróleo, sistemas de transmisión de energía, infraestructura de alcantarillado, concesiones de telecomunicaciones e infraestructura de transporte público.

La firma ha sido contratada en varias ocasiones para realizar complejos estudios y análisis de debida diligencia en relación con posibles adquisiciones y fusiones que involucren empresas en Panamá. La firma ha tenido experiencia en transacciones de fusiones y adquisiciones que involucran industrias minoristas, compañías de fabricación, bancos y compañías de seguros, desarrolladores inmobiliarios, compañías farmacéuticas y de TI.

La firma brinda asesoramiento sobre la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual en los tribunales administrativos y judiciales,

La firma es líder en brindar asistencia a clientes internacionales que realizan actividades comerciales en Panamá en relación con la regulación de la presencia de ejecutivos expatriados reubicados en Panamá por empresas multinacionales.

La firma ha participado en sofisticados acuerdos de financiamiento de proyectos, principalmente representando a bancos, inversionistas institucionales e instituciones financieras internacionales. La firma generalmente participa en la redacción y negociación de los términos legales de los acuerdos financieros, y en el establecimiento de complejas garantías y garantías para proteger a los tenedores de crédito, así como en la emisión de opiniones legales en relación con la transacción.

La participación de AFRA en los mercados de capitales y el sector de la regulación de valores abarca desde los clientes que acompañan a los clientes a través del proceso de concesión de licencias hasta el asesoramiento sobre sus necesidades legales y reglamentarias diarias, hasta la participación en transacciones complejas de los mercados de capitales. Además, la firma tiene experiencia en el registro de ofertas de valores y el establecimiento de fondos mutuos. La firma ha estado involucrada en una amplia variedad de acuerdos de financiamiento garantizado y no garantizado, desde deuda y capital hasta servicios estructurados, habiendo documentado una amplia gama de ofertas de deuda y capital, así como bonos, incluida la deuda relacionada con el capital.

Algunos de los clientes de la firma son: Telefónica Móviles Panamá, SA, Banesco, SA, Banco Aliado, SA, Arcos Dorados, Global Bank Corporation, Credicorp Bank, Safra National Bank of New York, L’Oreal, BP Products, Hilton Hotels, Riu Hoteles, Autoridad del Puerto de Singapur (PSA), Western Union Company, Organización Terpel, Grand Bay Paper & Care Products, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Interamericana de Inversiones, Deutsche Investititions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), Corporación Andina de Fomento (CAF), JVCKenwood Latin America, SA, adidas Latin America, SA, Red Bull GmbH / Red Bull de Panamá, SA, Grupo Agrisal, Hilti Latin America, AbbVie, Abbott Laboratories, Stanley Black & Decker, Vopak, PEPSICO, Accenture, Prada, Ricoh Latin America, Kingsland Holdings, Cinemark y Microsoft de Panamá, SA.

Según Opencorporates, en la junta directiva de AFRA figuran los siguientes nombres:

 

 

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Panamá

Llega a su fin el juicio en Estados Unidos contra los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares por lavar sobornos de Odebrecht

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En la Corte de Brooklyn se escuchará de boca del juez de distrito, Raymond J. Dearie, cuál será la pena que deberán pagar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal, por lavar fondos irregulares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.

La lectura de sentencia de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares se fijó para el viernes 20 de mayo. A las 4 de la tarde, el juez de la causa, Raymond J. Dearie, establecería cuál sería la pena que deberán purgar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal. Los hermanos se declararon culpables de haber lavado USD 28 millones provenientes de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio del otorgamiento de contratos en beneficio “de un familiar cercano y alto funcionario” del gobierno de Panamá, informó Maibort Petit maibortpetit.info.

Por documentos del caso, se conocieron los últimos movimientos judiciales de los Martinelli Linares, por ejemplo, para el 13 de mayo estaba programada la fecha de control para la sentencia de Ricardo Martinelli Linares luego de que el juez Dearie, le negara su pedido de fianza. Este, así como su hermano, Luis Martinelli Linares, se declararon culpables diciembre de 2021. En razón de que la defensa había solicitado una sentencia acelerada antes de una solicitud anticipada de una sentencia de tiempo cumplido, la Corte refirió que estaría dispuesta a adelantar la fecha de dicha sentencia.

Se convino en pedir al Departamento de Libertad Condicional avocarse al caso y, en tal sentido, el 28 d e marzo emitió un borrador de PSR para Luis Martinelli y el 30 de marzo recibió las objeciones y pedidos de corrección de parte de los abogados defensores.

Luego, el 4 de abril, la defensa pidió a la fiscalía que expusiera su posición respecto a la solicitud anticipada para que la Corte adelantara la sentencia del 13 de mayo a la semana del 25 de abril. El gobierno respondió el 8 de abril que se oponía a cualquier adelanto de sentencia de Martinelli porque la fiscalía continuaba “reuniendo información para las audiencias de sentencia, incluso a la espera de información adicional de Panamá sobre la posición del país como víctima para fines de restitución”.

Los abogados defensores expusieron que todas las partes habían tenido tiempo suficiente para prepararse para la sentencia, encontrándose, además, el PSR sustancialmente completo y no representa un obstáculo para un avance razonable de las audiencias de sentencia, por lo que requirieron del Tribunal un adelanto de las fechas de sentencia de Ricardo Martinelli y su hermano.

Presentaron una oferta de cronograma:

“Para una audiencia el lunes 25 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el jueves 14 de abril; presentación del gobierno para el jueves 21 de abril; la respuesta de la defensa vence el viernes 22 de abril.

“Para una audiencia el miércoles 27 de abril o el jueves 28 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el lunes 18 de abril; presentaciones del gobierno vencen el lunes 25 de abril; respuesta de la defensa para el martes 26 de abril”.

Entretanto, los fiscales han solicitado que la condena que se les dicte a los hermanos Martinelli Linares entre en el rango de los 108 y los 135 mes, es decir, entre 9 y 11 años.

El Departamento de Libertad Condicional sugirió al tribunal una sentencia de 180 meses de prisión y el pago de una multa de USD 250.000, puesto que a su juicio no existen causales que puedan hacer mitigar la pena.

Para el gobierno resulta inadmisible la pretensión de la defensa que ha pedido al juez Dearie que, incluso, deje en libertad a sus clientes, toda vez que a criterio de sus abogados defensores, ya habrían sido suficientes los 23 meses que llevan detenidos tanto en Guatemala como en Brooklyn.

Son escasos los datos biográficos de los Martinelli Linares y entre la poca información que puede encontrarse en la web, está el hecho de que ambos tienen doble nacionalidad, panameña e italiana, en razón de los orígenes de su padre, el expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.

El exmandatario panameño es un empresario cuya mayor compañía es Súper 99, una de las principales cadenas de supermercados de Panamá. También es dueño de Importadora Ricamar S.A.,al tiempo que es socio, inversionista, directivo o accionista de otras firmas panameñas, como el Diario por la Democracia S.A., la Azucarera La Victoria, Empresa ERA, MegaDepot, ToyLand, Compañía Digital de Televisión y Plastigol S.A. Igualmente es director de Gold Mills de Panamá, Global Bank, Panasal S.A., Televisora Nacional de Panamá, DirectTV, Desarrollo Norte S.A. el Molino de Oro, Avipac Inc y Calox Panameña.

Entretanto, la madre es Marta Linares de Martinelli quien está titulada en Comercio en el Saint Mary of the Woods College en Indiana (Estados Unidos) y posteriormente adquiere la licencia como Corredora de Seguros en la Universidad de Panamá.

Ricardo Alberto, el mayor, tiene 42 años de edad, mientras Luis Enrique tiene 39. La tercera de los hermanos Martinelli Linares es Carolina Elizabeth.

En la red social LinkedIn, el perfil de Luis Enrique Martinelli Linares refiere que es el director general de la empresa Importadora Ricamar S.A. Allí se describe como un joven empresario panameño que dirige la firma Super-99, como también es denominada la cadena de supermercados más grande de Panamá.

Es egresado en administración de negocios de la Universidad Metodista del Sur (Southern Methodist University) ubicada en Texas, donde igualmente cursó estudios internacionales[1].

La Importadora Ricamar S.A. es una empresa registrada en Panamá el 10 de diciembre de 1961 bajo el número 115395, cuyo estatus actual es vigente, de acuerdo a lo que informa el portal Open Corporates. El nombre del agente es Magalis Guadalupe Reyes Reyes y el directorio está conformado por Adrián Domínguez Castro y María Concepción Rodríguez, como apoderados; Alejandro Garuz, como apoderado y gerente general; Alejandro Garuz Adames, como director y presidente; David Alejandro Jiménez Barrios, como director y secretario; Gabriel Arturo Jiménez Barrios, como director y tesorero; Roberto Antenos Reyes Reyes y Vicente González Jiménez, como suscriptores. La representación legal de la empresa la ejercen el presidente, el secretario y el tesorero. Marta Linares de Martinelli fue destituida de la presidencia entre el 25 de julio de 2019 y el 21 de mayo de 2020[2].

El 29 de enero de 2017, el gobierno de los Estados Unidos canceló la visa, tanto de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, como de su madre, la ex primera dama panameña, Marta Linares de Martinelli[3].

La figuración pública de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal comenzó con la acusación que su contra se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde están imputados por delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de un esquema masivo de soborno en el que está involucrada el conglomerado mundial de construcción con sede en Brasil, Odebrecht S.A.

De acuerdo a la documentación que se maneja en Corte de Brooklyn, el plan corrupto por el que se señala a los Martinelli Linares involucraba el pago de más de USD 700 millones en sobornos a funcionarios de gobierno, miembros de partidos políticos y otros funcionario y personeros en Panamá y otros países alrededor del mundo para obtener y retener negocios para Odebrecht.

La constructora brasileña a través de sus representantes admitió su culpabilidad el 21 de diciembre de 2016. Esto ocurrió igualmente en el Distrito Este de Nueva York donde enfrentó una acusación criminal de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA)[4].

Luego de un complicado proceso, Luis Enrique Martinelli Linares fue extraditado desde Guatemala hacia los Estados Unidos para enfrentar la acusación presentada ante el tribunal federal en Brooklyn el 15 de noviembre de 2021. Por su parte, Ricardo Alberto Martinelli Linares fue extraditado el 10 de diciembre de 2021. Habían sido detenidos en julio de 2020, en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala, cuanto procuraban abordar un avión privado que los sacara de suelo guatemalteco rápidamente y así evitar su captura en razón de la solicitud que cursaba de parte de la justicia estadounidense. Desde su aprehensión estuvieron recluidos en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala, en Guatemala.

En el esquema corrupto de Odebrecht, los Martinelli Linares habrían lavado —de acuerdo a los documentos judiciales— aproximadamente USD 28 millones en pagos de sobornos hechos por la empresa brasileña a un alto funcionario del gobierno de Panamá que es pariente cercano de los acusados. Contra los hermanos fue presentada la denuncia penal el 27 de junio de 2020 y, posteriormente, el 4 de febrero de 2021, en contra de Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron presentados cinco cargos. En la Corte de Brooklyn. Uno de los cargos es por conspiración para cometer lavado de dinero, mientras dos son por encubrimiento de lavado de dinero. Luis Martinelli Linares enfrenta también dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente[5].

Luis Enrique Martinelli Linares se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su desempeño en el esquema corrupto de soborno de Odebrecht S.A., ante el juez federal de distrito Raymond J. Dearie, el 2 de diciembre de 2021. Ante el magistrado dijo que participó en la conspiración junto con su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares y otras personas mediante el establecimiento de cuentas bancarias extraterritoriales a nombre de compañías de fachada en las que recibirían y disfrazarían los fondos irregulares que sumaban USD 28 millones. Explicó que él y sus socios transfirieron hacia y desde los Estados Unidos el dinero, lo cual llevaron a cabo a través de transferencias electrónicas que involucraban las ganancias del esquema y que les servirían para la compra de un yate y un condominio en EE. UU.[6]

Entretanto, la declaración de culpabilidad de Ricardo Alberto Martinelli Linares se produjo el 14 de diciembre de 2021, cuando ante el juez federal de distrito, Raymond J. Dearie, admitió que participó en la conspiración para lavar dinero en el esquema encabezado por Odebrecht S.A. Tal como lo hizo su hermano, asintió los términos de la acusación que los señala de usar el sistema financiero de Estados Unidos para promover su esquema de corrupción, lo cual lograron constituyendo “cuentas de empresas ficticias en bancos extraterritoriales para tratar de evadir la responsabilidad y usaron parte de las ganancias de los sobornos para su beneficio personal”[7].

El artículo completo puede ser leído maibortpetit.info

 

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Participación de los hermanos Martinelli Linares en Digicel habría desencadenado reveses sufridos por la empresa en Panamá

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En opinión de algunos ciudadanos, ha quedado claro que reveses recientes que ha sufrido Digicel en Panamá se han desencadenado en parte debido a la vinculación de la familia Martinelli con la empresa.

El pasado mes de abril la compañía solicitó su liquidación voluntaria ante los Tribunales de Justicia Civiles, como consecuencia de la aprobación, por parte del Gobierno Nacional de Panamá, de la fusión de Cable & Wireless Panamá (CWP) y Claro, decisión que representa el fin de la libre competencia para el mercado de las telecomunicaciones en el país, según dijo la compañía en una declaración.

Revelaciones recientes han indicado que tras bastidores los verdaderos accionistas de la compañía son los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, quienes esperan sentencia tras haberse declarado culpables de lavar dinero de sobornos de Odebrecht.

Los fiscales del caso de los hermanos Martinelli en Nueva York confirmaron que 9.2 millones de dólares de las coimas de Odebrecht fueron utilizados para comprar una empresa de telefonía celular, informó FOCO.

Diversas fuentes consultadas confirmaron a FOCO que la empresa a la que se refieren es Digicel.

 

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Panamá

El video viral con imágenes del presidente Laurentino Cortizo en el que un hombre asegura arrepentirse de «haber votado por usted»

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En las redes sociales se viraliza un video con un audio de fondo en el que una persona dice arrepentirse de «haber votado por usted», mientras se muestran imágenes del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

En el vIdeo el hombre señala: «…porque usted no ayuda al pueblo, usted ayuda al rico…».

No está claro si se trata de un vídeo auténtico, de un montaje o si el reclamo iba dirigido realmente a Cortizo.

 

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