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Panamá

Abusos, peculado y una «pirámide invertida» caracterizan a la Policía Nacional de Panamá

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La violencia y la corrupción policial se propagan por América Latina como si se tratara de otra epidemia. La represión de las policías de Colombia y Chile, el racismo de los uniformados en Brasil, las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, el uso desproporcionado de la fuerza en Costa Rica, y la militarización de la seguridad ciudadana en México, disputaron a la pandemia por el Covid los titulares en la agenda noticiosa en 2020.

A diferencia de estos cuerpos de seguridad, la Policía Nacional de Panamá no atrae la atención de la prensa internacional, ni de los analistas especializados, pero esta institución también tiene su cuota de excesos. La violación de una mujer extranjera por dos agentes en un reten policial ilegal y la investigación de media docena de exoficiales de alto rango por tráfico de armas son algunos de los escándalos recientes de esta institución, una de las mejor pagadas de la región, aunque no la de mejores resultados.

Este cuerpo de seguridad, que nació en 1990 con la caída de la dictadura y la eliminación de las Fuerzas Armadas panameñas, conserva vicios y privilegios del militarismo. Además de una marcada politización que busca garantizar “lealtades” a la democracia mediante una inflada nómina de funcionarios de alto rango. Según el mismo director de la entidad, la Institución tendría un excedente de más de 150 por ciento del personal.

Un polémico fondo para prestar seguridad privada, el Fiscoi, es otra de las insignias que identifican a la PNP. Los agentes de la policía en sus ratos libres brindan un servicio particular para el cual utilizan sus armas y vehículos de reglamento, lo que se traduce en sueldos paralelos y poca transparencia, que en cualquier otro país sería considerado peculado de uso. Esta investigación de Con las Manos en la Data y CONNECTAS revela cómo opera esta institución y los millones que han entrado a este saco sin fondo en los últimos 10 años.

Mucho cacique y poco indio

Una de las características de la Policía Nacional de Panamá (PNP) que salta a la vista es la abultada y desproporcionada nómina de funcionarios de alto rango. La institución contaba con 200 comisionados —el grado más elevado en la jerarquía, 185 subcomisionados, 313 mayores y 833 capitanes hasta mediados de 2020.

En su conjunto, esto resulta en una proporción de más de un oficial por cada dos agentes de menor rango. “Es como ir a una guerra con dos soldados por cada general”, cuestionó el exministro de Seguridad panameño Rodolfo Aguilera.

El propio director de la policía, Jorge Miranda, admitió que existe una plana de comisionados inflada al 150 por ciento, es decir, que el número ideal de estos funcionarios de alto rango debe ser de 52, según un estudio que la misma institución encargó y que revela en exclusiva para esta investigación. Además, hay 75 por ciento más subcomisionados de los que se necesitan, 50 por ciento más mayores y 116 por ciento más capitanes de los requeridos, cuenta el jefe policial.

Los casos de corrupción de alto perfil en esa larga planilla de comisionados no son raros. En 2014, algunos comisionados quedaron salpicados en el escándalo por supuestamente haber realizado escuchas ilegales por encargo del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). En su momento el exdirector de la policía y exdirector del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez fue condenado. En 2019, un tribunal de juicio declaró al expresidente “no culpable” en el proceso judicial que se le seguía por las escuchas, y recientemente un tribunal superior de apelaciones reabrió el caso y la audiencia fue fijada para junio de 2021.

Otro sonado caso fue en julio de 2020, cuando se descubrió una red de tráfico de armas en la que estarían involucrados dos exdirectores de la PNP y varios funcionarios, en cuyos domicilios habrían encontrado armas de guerra que habrían salido de los estamentos de seguridad y tendrían como objetivo ser vendidas a particulares, según el reporte de la Deutsche Welle.

Por otro lado, el costo de mantenimiento de esta pirámide invertida pone una presión mayor sobre el presupuesto de Seguridad, ya de por sí abultado: un comisionado gana en promedio 5 mil 228 dólares mensuales, 49.3 por ciento más de lo que gana un ministro de la República en salario base (3 mil 500 dólares). Aun cuando los ministros doblan su salario con los gastos de representación (para llegar a 7 mil dólares), si se suman sobresueldos anuales, gastos de representación y viáticos, los ingresos totales de los comisionados superan los 10 mil dólares mensuales, además de otros beneficios como escoltas, carro oficial, viajes y becas.

Solo el Ministerio de Seguridad tiene un presupuesto que sobrepasa los 800 millones de dólares al año, es decir, seis veces mayor al del Ministerio Público, que es de 145.3 millones de dólares. Gran parte del presupuesto del despacho de Seguridad está destinado a pagar la nómina de más de 26 mil 516 oficiales dentro de la Fuerza Pública, que ostentan rangos que van desde cadete hasta comisionados, según cifras oficiales.

Panamá es uno de los países de América Latina y del mundo con más policías por habitantes, con 648 policías por cada 100 mil habitantes. Esto lo coloca por encima de algunos de los países europeos que se consideran muy seguros y con una elevada valoración de sus policías como Alemania, Suiza, Suecia, Finlandia y Austria. La Organización de Naciones Unidas sugiere un estándar de 300 policías por cada 100 mil habitantes.

Tener un significativo número de policías no es algo cuestionable por sí mismo. Sin embargo, en el caso de Panamá esto no se traduce en mayor seguridad. “La tasa de homicidios de Panamá alcanzó 11.2 por 100 mil habitantes en 2019, año en que las autoridades registraran 472 homicidios, según datos del Ministerio Público, lo que representa un notable aumento respecto al total de 2018, que fue de 439”, dice el balance de homicidios regional elaborado por InSight Crime. En 2020 la situación de seguridad no parece haber mejorado, el año finalizó con 491 homicidios en todo el país.

¿Cómo explicar la pirámide invertida en la estructura policial? Las causas de este particular fenómeno tienen que ver con la discrecionalidad en los nombramientos y la necesidad de garantizarse la lealtad de la tropa por parte del Ejecutivo, que condujo a una regla del ascenso a los cuatro años que ha generado “una pirámide a la invertida, con muchos oficiales, pocos agentes”, agrega el exministro Aguilera.

En Panamá, no hay una ley general de ascensos dentro de la fuerza pública, y los requisitos varían con cada Gobierno. Lo único que se mantiene constante es que todas las promociones tienen que ser autorizadas por el Presidente de la República, y en ocasiones la discrecionalidad relega la meritocracia.

Este sistema tiene muchas críticas, incluso al interior del Estado. En 2019, el entonces ministro de Seguridad, Rolando Mirones, dijo públicamente que demandaría 180 ascensos ante la corte, entre ellos 21 ascensos de comisionados y ocho de subcomisionados, por considerar que hubo irregularidades en estos procesos. Las primeras 14 demandas se interpusieron en septiembre del mismo año, pero estas no incluyeron a los comisionados y subcomisionados, sino a capitanes y mayores.

Se contactó a la Corte para tener el status de estas demandas, y de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo dijeron que hasta el momento son 150 demandas y algunas de ellas están en trámite. Pero que como eran demandas separadas, para dar un status debíamos proporcionar el nombre de alguno de los demandados, información que el Ministerio de Seguridad no ha revelado y que, por tanto, imposibilita conocer el status general de cada una.

Miranda, director de la policía panameña, también criticó que el régimen de ascensos se hiciera a discreción “por tiempo y recomendación y no por mérito” y afirmó que esa situación se arreglará con un decreto para otro reglamento de ascensos.

El documento que modifica los criterios para los ascensos fue firmado el presidente Cortizo y el ministro de Seguridad Juan Pino y publicado en Gaceta el 4 de diciembre de 2020, tal como lo prometió. Tres semanas después, el presidente Cortizo autorizó 3 mil 900 nuevos ascensos aumentando el problema de la abultada nómina. El nuevo reglamento entra en vigencia en 2021.

Aunque esta reforma podría contribuir a solucionar el problema de la pirámide invertida en la institución a mediano plazo, los expertos consultados para esta investigación aseguran que otras reformas serían también necesarias para solucionar otros vicios que permanecen al interior de la policía, como su excesiva cultura militarista, que se ha traducido en una serie de denuncias de uso excesivo de la fuerza en los últimos años.

Mucho cacique y poco indio

Una de las características de la Policía Nacional de Panamá (PNP) que salta a la vista es la abultada y desproporcionada nómina de funcionarios de alto rango. La institución contaba con 200 comisionados —el grado más elevado en la jerarquía, 185 subcomisionados, 313 mayores y 833 capitanes hasta mediados de 2020.

En su conjunto, esto resulta en una proporción de más de un oficial por cada dos agentes de menor rango. “Es como ir a una guerra con dos soldados por cada general”, cuestionó el exministro de Seguridad panameño Rodolfo Aguilera.

El propio director de la policía, Jorge Miranda, admitió que existe una plana de comisionados inflada al 150 por ciento, es decir, que el número ideal de estos funcionarios de alto rango debe ser de 52, según un estudio que la misma institución encargó y que revela en exclusiva para esta investigación. Además, hay 75 por ciento más subcomisionados de los que se necesitan, 50 por ciento más mayores y 116 por ciento más capitanes de los requeridos, cuenta el jefe policial.

Los casos de corrupción de alto perfil en esa larga planilla de comisionados no son raros. En 2014, algunos comisionados quedaron salpicados en el escándalo por supuestamente haber realizado escuchas ilegales por encargo del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). En su momento el exdirector de la policía y exdirector del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez fue condenado. En 2019, un tribunal de juicio declaró al expresidente “no culpable” en el proceso judicial que se le seguía por las escuchas, y recientemente un tribunal superior de apelaciones reabrió el caso y la audiencia fue fijada para junio de 2021.

Otro sonado caso fue en julio de 2020, cuando se descubrió una red de tráfico de armas en la que estarían involucrados dos exdirectores de la PNP y varios funcionarios, en cuyos domicilios habrían encontrado armas de guerra que habrían salido de los estamentos de seguridad y tendrían como objetivo ser vendidas a particulares, según el reporte de la Deutsche Welle.

Por otro lado, el costo de mantenimiento de esta pirámide invertida pone una presión mayor sobre el presupuesto de Seguridad, ya de por sí abultado: un comisionado gana en promedio 5 mil 228 dólares mensuales, 49.3 por ciento más de lo que gana un ministro de la República en salario base (3 mil 500 dólares). Aun cuando los ministros doblan su salario con los gastos de representación (para llegar a 7 mil dólares), si se suman sobresueldos anuales, gastos de representación y viáticos, los ingresos totales de los comisionados superan los 10 mil dólares mensuales, además de otros beneficios como escoltas, carro oficial, viajes y becas.

Solo el Ministerio de Seguridad tiene un presupuesto que sobrepasa los 800 millones de dólares al año, es decir, seis veces mayor al del Ministerio Público, que es de 145.3 millones de dólares. Gran parte del presupuesto del despacho de Seguridad está destinado a pagar la nómina de más de 26 mil 516 oficiales dentro de la Fuerza Pública, que ostentan rangos que van desde cadete hasta comisionados, según cifras oficiales.

Panamá es uno de los países de América Latina y del mundo con más policías por habitantes, con 648 policías por cada 100 mil habitantes. Esto lo coloca por encima de algunos de los países europeos que se consideran muy seguros y con una elevada valoración de sus policías como Alemania, Suiza, Suecia, Finlandia y Austria. La Organización de Naciones Unidas sugiere un estándar de 300 policías por cada 100 mil habitantes.

Tener un significativo número de policías no es algo cuestionable por sí mismo. Sin embargo, en el caso de Panamá esto no se traduce en mayor seguridad. “La tasa de homicidios de Panamá alcanzó 11.2 por 100 mil habitantes en 2019, año en que las autoridades registraran 472 homicidios, según datos del Ministerio Público, lo que representa un notable aumento respecto al total de 2018, que fue de 439”, dice el balance de homicidios regional elaborado por InSight Crime. En 2020 la situación de seguridad no parece haber mejorado, el año finalizó con 491 homicidios en todo el país.

¿Cómo explicar la pirámide invertida en la estructura policial? Las causas de este particular fenómeno tienen que ver con la discrecionalidad en los nombramientos y la necesidad de garantizarse la lealtad de la tropa por parte del Ejecutivo, que condujo a una regla del ascenso a los cuatro años que ha generado “una pirámide a la invertida, con muchos oficiales, pocos agentes”, agrega el exministro Aguilera.

En Panamá, no hay una ley general de ascensos dentro de la fuerza pública, y los requisitos varían con cada Gobierno. Lo único que se mantiene constante es que todas las promociones tienen que ser autorizadas por el Presidente de la República, y en ocasiones la discrecionalidad relega la meritocracia.

Este sistema tiene muchas críticas, incluso al interior del Estado. En 2019, el entonces ministro de Seguridad, Rolando Mirones, dijo públicamente que demandaría 180 ascensos ante la corte, entre ellos 21 ascensos de comisionados y ocho de subcomisionados, por considerar que hubo irregularidades en estos procesos. Las primeras 14 demandas se interpusieron en septiembre del mismo año, pero estas no incluyeron a los comisionados y subcomisionados, sino a capitanes y mayores.

Se contactó a la Corte para tener el status de estas demandas, y de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo dijeron que hasta el momento son 150 demandas y algunas de ellas están en trámite. Pero que como eran demandas separadas, para dar un status debíamos proporcionar el nombre de alguno de los demandados, información que el Ministerio de Seguridad no ha revelado y que, por tanto, imposibilita conocer el status general de cada una.

Miranda, director de la policía panameña, también criticó que el régimen de ascensos se hiciera a discreción “por tiempo y recomendación y no por mérito” y afirmó que esa situación se arreglará con un decreto para otro reglamento de ascensos.

El documento que modifica los criterios para los ascensos fue firmado el presidente Cortizo y el ministro de Seguridad Juan Pino y publicado en Gaceta el 4 de diciembre de 2020, tal como lo prometió. Tres semanas después, el presidente Cortizo autorizó 3 mil 900 nuevos ascensos aumentando el problema de la abultada nómina. El nuevo reglamento entra en vigencia en 2021.

Aunque esta reforma podría contribuir a solucionar el problema de la pirámide invertida en la institución a mediano plazo, los expertos consultados para esta investigación aseguran que otras reformas serían también necesarias para solucionar otros vicios que permanecen al interior de la policía, como su excesiva cultura militarista, que se ha traducido en una serie de denuncias de uso excesivo de la fuerza en los últimos años.

La bota militar sigue pisando fuerte
Panamá no tiene Ejército desde la vuelta a la democracia en 1990. Tras la invasión de 1989, el país aprobó una enmienda a la Constitución que abolió las fuerzas armadas, atomizó la nueva fuerza pública en diferentes estamentos -para evitar la concentración de poder- y los subordinó bajo juramento al Poder Ejecutivo. Pero el cuerpo policial que se construyó en su reemplazo es como un organismo híbrido, donde destaca una fuerte cultura militarista.

“La Fuerza Pública dejó de ser un servicio civil en el gobierno de Martín Torrijos (entre 2004 y 2009)”, explica el politólogo e historiador Carlos Guevara Mann. Según él, desde entonces, “los organismos de la fuerza pública están dirigidos por militares; tienen normas y procedimientos de operación de carácter castrense; usan símbolos, jerarquías y prácticas militares; funcionan de manera totalmente autónoma, sin ninguna fiscalización por ninguna de las ramas del Estado; y actúan arbitrariamente, sin atenerse a la ley y sin respeto por los derechos ciudadanos”.

La mayoría de los comisionados que están a la cabeza de los estamentos de Seguridad, e incluso el ministro, son de formación militar. Están entrenados para matar. ¿Qué implica esto?, Carlos Icaza, un subcomisionado jubilado de la Policía Nacional de Panamá (PNP), lo resume de la siguiente manera: “un policía puede convertirse en militar, pero un militar jamás puede ser un policía”.

Icaza, quien ejerce como abogado, explicó que quienes comandan actualmente son personas que vienen con un entrenamiento militar y un pasado ligado a las Fuerzas de Defensa (el ejército que comandaba el exdictador Manuel Antonio Noriega). Aseguró que la institución “se mantiene estancada porque va traspasando malas prácticas porque queremos y pretendemos ser militares”. Lo dice con conocimiento de causa; se graduó en Argentina en la gendarmería, una institución mixta que es auxiliar del Ejército en materia fronteriza.

Como él, la mayoría de comisionados se entrenan en academias militares de otros países, que reafirman desde su formación una orientación castrense. Muchos de los comisionados que están en la institución actualmente vienen de la época de la dictadura (1968-1989) cuando existían las Fuerzas de Defensa (que era la fuerza militar panameña) y mandaban a estudiar afuera, a través de becas y el apoyo económico de gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos, que canaliza anualmente muchos millones al Ministerio de Seguridad y a la Policía.

Según los registros de School Of The Americas Watch (SOA Watch), 3 mil 537 panameños se entrenaron en La Escuela de las Américas antes de 1989, y otros 40 han recibido entrenamiento en el periodo posdictadura en Fort Benning, Georgia. Muchos otros se han formado en academias militares de distintas latitudes de la región.

Las desventajas que genera esta formación son diversas. “Los militares están para proteger a la nación, combatir y eliminar enemigos; no para detener delincuentes o gestionar conflictos locales”, escribió la experta mexicana, Catalina Pérez Correa, doctora en derecho de la Universidad de Stanford en California y profesora Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en un artículo para El Universal. Aunque la especialista analizaba el caso de México, su afirmación encaja perfectamente en las dinámicas de otros países de la región, como Panamá, donde la militarización de la seguridad ciudadana ha sido una práctica común, que ha degenerado en políticas de mano dura, excesos y violaciones de derechos humanos.

Por otra parte, en el mismo análisis Pérez Correa plantea cómo la militarización en México ha llevado al abandono y deterioro de las instituciones civiles de seguridad.

Otra característica de la formación militar que destaca en el caso panameño es que los uniformados responden a unos grupos en detrimento de otros, algo “usual en la educación militar”, dijo Oswaldo Fernandez, exdirector de la PNP.

Funcionarios entrevistados para esta investigación confirmaron que actualmente en la policía de Panamá manda un grupo de altos funcionarios que estudiaron, todos, en Venezuela: el ministro de Seguridad, el director del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), del Servicio de Protección Institucional (SPI) y de la propia Policía. Tanto así, que al interior de la fuerza los conocen como “los chamos” (un venezolanismo usado para referirse a un amigo o compañero).

Lo llamativo es que en los últimos años un grupo de militares venezolanos formados en las mismas academias a las que acuden algunos policías panameños –que hoy ocupan altos mandos– han sido señalados por corrupción y por una serie de excesos asociados a la represión, que terminaron en violaciones de derechos humanos. Diversos gobiernos y algunas agencias internacionales –como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, entre otros– han denunciado y sancionado a varios de estos oficiales.

El 2012, una serie de hechos de represión policial cuestionados por Amnistía Internacional, que dejaron casi una decena de muertos y más de 700 heridos, mostraron el rostro más violento de la policía panameña. Los agentes del Senafront —que por ley deben circunscribirse a las fronteras— fueron llevados a las ciudades por el Ejecutivo para reprimir protestas de ciudadanos.

En opinión del jurista Jaime Abad, quien fue director de la extinta Policía Técnica Judicial, el militarismo “nunca se fue, está profundamente arraigado sobre todo en los funcionarios de la vieja guardia. Todavía en su argot se siguen llamando comando, garra. Eso incomoda a los que ven en esa conducta un fantasma del pasado que pone en peligro la democracia. Pero lo que aumenta ese riesgo es la corrupción y la penetración del crimen organizado en los cuatro componentes de la fuerza pública, en el ministerio público y los tribunales de justicia”.

El profesor de la Universidad de Panamá, Miguel Antonio Bernal, coincide en que la desmilitarización postinvasión es una ficción. “Se dejaron las estructuras del militarismo intactas, tanto dentro de la constitución como en las leyes. La inclusión del artículo de que Panamá no tendrá Ejército únicamente cumplió un propósito de tirarle polvo a los ojos de la población. Y ahora vivimos un proceso creciente de remilitarización, que empieza a tomar auge en 2007 con la reforma policial, y está en la fase más peligrosa, con el presidente (Laurentino) Cortizo”, explicó.

En el actual Gobierno, con Juan Pino como ministro de Seguridad, se han colocado a militares a la cabezas de todos los estamentos de esta cartera. Sin embargo, en este grupo hay una excepción: el comisionado Miranda, director de la PNP, es egresado de una academia policial de Venezuela, y fue director de inteligencia policial durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

Aún así, esto no ha significado un manejo de las prácticas policiales ajustadas a las recomendaciones de los expertos y el respeto a los derechos humanos. Durante la pandemia se ha registrado un endurecimiento de las acciones policiales. Hacia finales de 2020 ya había registro de 150 denuncias de civiles por abuso de autoridad, que involucran a 189 policías.

Los casos más sonados han sido el de una mujer extranjera que fue violada por dos funcionarios de la PNP en un retén policial; y el de Juan Cajar, periodista que cubría unas protestas en octubre y lo detuvo la policía, a pesar de mostrar el carnet que lo identificaba como miembro de la prensa. En diciembre, un policía golpeó a puño limpio a una dirigente estudiantil que protestaba frente a la Asamblea Nacional. El año pasado, en redes sociales circuló un video donde la policía detuvo a 50 personas y las retuvo en jaulas improvisadas en un paradero de buses.

Por otro lado, algunos políticos, como el diputado Rony Arúz, del partido opositor Cambio Democrático, han propuesto legalizar un mayor uso de la fuerza con armas de fuego, como una medida para contener los índices de criminalidad que vienen en aumento. De esta forma se acabaría con la norma que impone a los oficiales no usar armas de fuego sino como último recurso. Según el proyecto de ley 306 “la política de que el policía debe agotar todos los medios posibles antes de poder emplear el arma de fuego es insostenible y pone en peligro, no sólo la vida e integridad del agente de la ley, sino su seguridad jurídica y hasta su libertad”. De aprobarse, la política marcaría un precedente para la militarización de las fuerzas policiales, coincidieron la mayoría de expertos consultados para esta investigación.

La policía “privatizada”

Otro controvertido componente que hace particular a la policía panameña, es la posibilidad de sobre sueldos de los funcionarios, usando parcialmente su investidura y armas. En las calles de la capital del Istmo es usual por ejemplo ver camiones de reparto de reconocidos productos, escoltados por piquetes de tres o más agentes de la Policía Nacional. Usan uniformes, vehículos y armas del cuerpo de seguridad, aunque están en su día de descanso. Los funcionarios están realizando una de las tareas seguridad asignadas desde el Fondo de Intercambio del Servicio para Cumplimiento de Objetivos Institucionales (Fiscoi), una agencia dependiente de la PNP que opera como una empresa de seguridad privada. Por esta “operación” de custodia reciben un ingreso adicional. Lo llaman servicio remunerado.

Aunque América Latina tiene una larga y consistente historia de rechazo a la privatización de servicios públicos esenciales, en especial en lo que concierne a los cuerpos de seguridad y defensa del territorio, la historia de Panamá le permite ser la excepción que confirma la regla. El Fiscoi es una especie de agencia de seguridad privada que funciona como una dependencia más dentro de la estructura de la Policía Nacional de Panamá.

Esta instancia avala que los agentes ejerzan durante su tiempo de descanso la protección de negocios privados, camiones de reparto, eventos, conciertos, ferias, y un largo etcétera. La policía cobra 40 dólares diarios por agente, de los cuales 11 dólares entran al fondo del Fiscoi y 29 dólares son pagados a la unidad que laboró. La policía es la que decide cuántos agentes se “deben contratar” dependiendo del evento. El dinero va directo a una cuenta bancaria especial del Fiscoi, una especie de caja chica que maneja la entidad discrecionalmente, sin control previo de gastos por parte de la Contraloría panameña mientras el monto no supere los 20 mil dólares.

“Los policías no podemos salir a hacer un segundo trabajo a la calle como cualquier otro ciudadano, por eso nació la idea de que cuando las unidades (así se les denomina a los funcionarios de la policía en Panamá) estuvieran libres pudieran ejercer una actividad remunerada”, dijo el comisionado Jorge Miranda, director de la PNP.

Pero algunos analistas y expertos no piensan igual. Cuestionan el conflicto de intereses de una fuerza pública a la que le pagan extra por cumplir funciones que están dentro de su rol natural. “La Policía deja de hacer su trabajo de represión y queda gestionando una especie de agencia de seguridad. Ellos no deberían estar en eso, deberían perseguir a los delincuentes. Y el servicio de cuidar un evento público debería ser gratuito”, dijo el exministro de Seguridad Rodolfo Aguilera.

El negocio es redondo. Entre los requisitos para que ferias, bailes, conciertos y demás eventos masivos obtengan el permiso municipal, se exige el comprobante de contratación del Fiscoi. Esto, además, impide la libre competencia, alega Aura Rosa Maury, una promotora artística con larga trayectoria en la organización de eventos en Panamá. “Incluso meten gente gratis”, dice, para denunciar algunas de las atribuciones que se toman los funcionarios por ofrecer el servicio.

Además, es una práctica que según la interpretación jurídica podría ser considerada delito, pues los oficiales utilizan uniformes, armas y vehículos de un ente público del Estado para realizar una labor privada. De hecho, el Código Penal panameño define como peculado de uso: “cuando el servidor público utiliza, para fines ajenos al servicio, en beneficio propio o ajeno, o permite que otro utilice, dinero, valores o bienes que estén destinados a sus funciones o que estén bajo su custodia”. En cualquier caso, este fondo se ha conformado como una de las prerrogativas más generosas que demuestran el poder de la institución y que les permite manejar un sustancial flujo de recursos casi sin control alguno.

Un documento al que tuvo acceso esta investigación en exclusiva da cuenta de que entre 2008 y 2018 la Policía obtuvo por encima de los 63.4 millones de dólares solo por este servicio paralelo de seguridad privada. En 10 años, la PNP duplicó el monto facturado por año, pasando de 3.92 millones de dólares en 2008 a 6.89 millones de dólares en 2018.

El subcomisionado retirado Carlos Icaza, admite que hasta 2007 “era una caja menuda de los jefes, que una gran mayoría usaba como propia y no le rendían cuentas a nadie”. Ese año se reguló el fondo, obligando a la policía a enviar informes -que no son públicos- a la Contraloría sobre su uso. Pero como no hay control previo, la veeduría del Estado se limita a recibir las facturas y registrarlas.

El informe de ingresos y las compras que se hacen también tienen un halo de secretismo. Lo que la policía compra con esos fondos puede ser tan diverso como los gustos que tenga cada jefe de zona. Aunque la entidad no publica un informe detallado de los gastos, informes obtenidos a través de una búsqueda avanzada en el sitio de la Contraloría General, registran compras tan atípicas como forros para autos, aires acondicionados y ceremonias de matrimonio.

Isaac Brawerman, presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA), relaciona la veda de importación decretada en el país en 2010 con el repunte en la facturación del Fiscoi. “La veda fue una receta a la medida, eliminó la competencia privada y entró un gran actor, la Policía Nacional”, aseguró. La restricción forzó a los ciudadanos que querían sentirse seguros a “contratar” seguridad. Del 2011 al 2018, las ganancias del Fiscoi (que usaba los equipos de las policías) se duplicaron, mientras que las agencias de seguridad privada quedaron relegadas al no poder renovar su inventario de armas.

Tanto la Contraloría como la Policía declinaron comentar sobre los informes de ingresos y gastos del Fiscoi. Miranda, director de la Policía, esquivó la pregunta sobre el monto acumulado en el Ficoi y tampoco proporcionó los criterios en los que se basan para hacer las compras que salen de ese fondo, y que según la ley son “para cumplir objetivos institucionales”.

Eric L. Olson, Director de la Plataforma Centroamericana DC Seattle Foundation y miembro global del Wilson Center, con amplia experiencia en cuerpos policiales a nivel continental, explicó que no hay distinción entre el policía que custodia o el que es contratado en días libres. En Washington, por ejemplo, los policías son pagados para mantener el orden y tienen que regirse por las leyes del estado.

“El rol policial es claro y los ciudadanos tienen el derecho a reclamar cuando éstos se salen de la ley. El tema es cómo se garantizan los derechos de los ciudadanos de estar protegidos. Hay estándares en la transparencia y sobre quiénes se benefician que se tienen que cumplir”, dijo.

Ante el caso panameño, Olson reaccionó calificando como “un posible sistema de seguridad paralelo y descontrolado”.

El testimonio de un funcionario activo, que aceptó ser entrevistado para esta investigación con la condición de proteger su identidad por razones de seguridad, confirma la afirmación de Olson.

“He trabajado para el Fiscoi. Yo me anoté en el listado, y cuando me necesitan yo llamo a la subestación para notificar. Y voy a donde me necesiten”, confirmó el agente, que recibe un pago adicional por este servicio. Pero asegura que “nadie sabe para dónde van esos dineros, todos piensan que quedan en el bolsillo de los grandes. Dicen que es para los policías, pero no se ve”, aseguró.

En el corto plazo estas prácticas irregulares y opacas identificadas dentro de la Policía Nacional de Panamá no parecen estar cerca de desaparecer. Por el contrario, algunas decisiones, como la firma de 3 mil 900 ascensos de oficiales de la policía a finales de diciembre de 2020, apuntan al fortalecimiento de este Frankenstein uniformado.

*Este reportaje fue realizado por Rekha Chandiramani y Grisel Bethancourt para Con las Manos en La Data en alianza con CONNECTAS.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

Panamá

Organización Médicos Sin Fronteras denunció deterioro en la atención a migrantes que atraviesan la selva del Darién entre Panamá y Colombia

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Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció un deterioro en la atención a los migrantes del Darién, la peligrosa frontera natural entre Panamá y Colombia, a la vez que pidió ayuda a las autoridades panameñas para dar mayor protección a las transeúntes víctimas de violencia sexual.

La organización médica y humanitaria advirtió en un comunicado del peligro de las nuevas rutas usadas por los migrantes, pues están arribando a Canaán Membrillo, una de las primeras poblaciones al atravesar Darién, con lesiones físicas y psicológicas, informó EFE.

“Las condiciones para la recepción de migrantes son insuficientes. Cada día son cientos de personas que llegan a Canaán Membrillo”, dijo la coordinadora de MSF en Panamá, Rabia Ben Ali.

En Canaán Membrillo, la nueva puerta de entrada de los migrantes, según MSF, los migrantes “no reciben atención médica, y luego son llevados a San Vicente, donde difícilmente encuentran condiciones adecuadas para la atención, según estándares internacionales”, explicó Ben Ali.

Al ¿rededor de 300 migrantes están llegando a diario a San Vicente, Darién, donde hay una estación de recepción migratoria, y se encuentran con dificultades para acceder a atención médica o servicios de urgencia básicos, alertó MSF.

“Las condiciones de las instalaciones de San Vicente también deben ser mejoradas”, agregó Ben Ali.

MSF, que está presente en San Vicente, reveló que no hay acceso general a dormitorios, en el suelo duermen niños y mujeres embarazadas y las condiciones higiénicas son “deficientes”, lo que afecta a la salud mental y física de los migrantes.

La organización atendió a 78 pacientes en abril, siendo las enfermedades de piel y dolores corporales, las patologías más detectadas, seguido de las diarreas, infecciones respiratorias y dificultades en el sistema digestivo.

También, asistió a seis pacientes por afectaciones como estrés agudo, episodios depresivos, reacciones ansiosas y duelos relacionados con muertes de familiares durante el camino, así como muertes por ahogamiento.

Hasta abril, cerca de 19.000 migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica han llegado a Panamá tras cruzar el Darién, siendo los venezolanos la nacionalidad predominante.

El año pasado, atravesaron la jungla más 133.000 personas, una cifra histórica y más o menos igual a la registrada en toda la década anterior.

MSF anunció que con el aumento del flujo en marzo y abril han incrementando los casos de robos y violencia sexual.

Desde enero hasta la primera semana de mayo, la organización atendió a 89 víctimas de violencia sexual, mientras que entre abril y diciembre de 2021 fueron 328 casos.

En Canaán Membrilo, las mujeres víctimas de violencia sexual “no reciben ningún tipo de atención”, y luego de trasladarlas a San Vicente “muchas veces las complicaciones médicas se han agudizado y el tiempo para que un tratamiento médico preventivo sea efectivo en casos de violencia sexual, es insuficiente”, explicó MSF en el comunicado.

MSF consideró que es “indispensable” que las autoridades panameñas pongan en marcha los mecanismos para detener de los casos de violencia sexual en Canaán Membrillo y para evitar las agresiones durante de la ruta.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

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Panamá

Irregularidades en licitación para la construcción del nuevo mercado de mariscos de la ciudad de Panamá en la que participa Ulife América Central, sancionada por el BID

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El polémico proyecto del nuevo mercado de mariscos avanza contra resoluciones judiciales y la marea de críticas que se amontonan, en medio del proceso de revocatoria del mandato del alcalde José Luis Fábrega.

José Luis Fábrega

Aunque un juzgado civil ordenó suspender “de forma inmediata” la licitación, el pasado martes 17 de mayo hubo una reunión de homologación a la que asistieron dos empresas: Corporación Continental S.A. y Ulife América Central, esta última, sancionada por fraude y corrupción, informó Sol Lauria en La Prensa.

Las empresas interesadas no tienen antecedentes conocidos en el rubro construcciones de la ciudad de Panamá. Corporación Continental S.A. es una firma de seguros que, según dijo a La Prensa, no representó a ningún cliente en el acto y asistió para conocer a los posibles proponentes.

De Ulife América Central S.A. no hay muchos legajos en el país. Según consta en los documentos de creación, se dedica a la actividad promotora de viviendas, además de a la compraventa inmobiliaria o a la exportación e importación de toda clase de bienes, entre otros fines.

Sin embargo, la evidencia fuera la condena: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de sancionarla por fraude y corrupción, excluyéndola de hacer negocios con la institución tras comprobar prácticas que violan las políticas anticorrupción del grupo. O sea: Fábrega no consiguió una empresa seria que haga la obra que tanto quiere.

En la saga que el alcalde se empeña en sostener, este acto es un capítulo más marcado por irregularidades, sospechas y faltas institucionales.

“Estamos enfrentando una dictadura municipal”, dijo Luis Pineda, del Movimiento Consulta Ciudadana. Pineda formó parte del grupo que presentó el amparo por el cual el juzgado Decimoctavo Civil ordenó frenar el proceso, debido a que se realizó “sin que se cumpliera el principio democrático representativo y participativo” en la consulta ciudadana que lo aprobó.

“Fábrega está en rebeldía y sigue violando la ley . Primero con la consulta ciudadana y ahora con el fallo, que también viola”, agregó Pineda.

Los detalles del encuentro están en el acta de homologación publicada en el sitio de compras oficiales PanamaCompra: comenzó a las 9:16 a.m., terminó media hora después y, aunque fue realizado para que los interesados puedan aclarar dudas, nadie hizo preguntas.

La convocatoria de la reunión fue publicada en el acto “Construcción del nuevo Mercado de Marisco” (2022-5-76-0-08-LV- 014686) el 5 de mayo pasado, pocos días después de que la la jueza Rosalba Sánchez Cisneros ordenara su suspensión provisional. Y a pesar de que el 13 de mayo falló para dejar en firme esa decisión, la reunión de homologación ocurrió el martes 17.

El acta indica que por la Alcaldía participaron el director de Mercados, Fernando Duque; la jefa de Compras Descentralizadas, Martha Alemán; la cotizadora, Iraida Herrera; y la abogada Cristina Bonilla. Por el lado de las empresas, Juan Jaén, de Corporación Continental; y alguien de la empresa Ulife América Central, de quien no mencionan el nombre. ¿Quiénes son estas empresas y por qué concurrieron a pesar de la orden judicial?

Por Corporación Continental, una firma de seguros familiar fundada en 1970 por Jorge Manuel Arias Thompson, asistió el especialista en seguros Juan Jaén. Jaén indicó a La Prensa que la firma suele asistir a este tipo de reuniones para conocer quiénes son los posibles proponentes de las obras que se ejecutan en Panamá, como una herramienta de captación de clientes. “No fuimos en representación de ningún cliente, porque no tenemos ningún cliente interesado”, dijo.

De Ulife America Central hay poca información en Panamá. Fue registrada el 25 de julio de 2006 por el empresario español Javier Olcina Feliu, cuyo hermano Jaime fue asesor del alcalde de Marbella, según informó el periódico El Mundo de España. Olcina Feliu comparte la directiva con Manuel de Jesús Solís Arcia y Enilda Damarys Govea Ramos de Solís, pero él aparece en dos fundaciones y cuatro sociedades más.

Ulife America Central y Olcina Feliu fueron incluidos en la lista de sancionados por el BID por fraude y corrupción. El pasado 25 de marzo, el Comité de Sanciones de la institución sentenció a ambos con la categoría más rotunda de todas (debarment, excluida), tras un proceso en el que pudo comprobar que ofrecieron, dieron, recibieron o solicitaron “cosas de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte” y actos de engaño “para obtener un beneficio”, según se describe en su sitio web.

De las dos que estuvieron, una está vinculada a hechos de corrupción y la otra no estaría interesada, ni capacitada, en hacer la obra. ¿Conseguirá Fábrega quien levante su mercado?

“El señor alcalde se burla una vez más de todos”, dijo la presidente de Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Lina Vega. “Desacato, ¿dónde queda nuestro Estado de Derecho?”, tuiteó Pineda.

En la red social del pajarito, el clima ha sido ese: “nunca les ha interesado cumplir con la ley” o “es posible que también se encuentre el delito de abuso de autoridad”, escribieron usuarios.

A contramano, el presidente del Consejo Municipal de Panamá, Abdiel Sandoya, dijo a La Prensa que no hay nada de malo con la reunión (“lo que se está haciendo es solo una homologación”) y que están analizando presentar un recurso de apelación contra el amparo que dejó sin efecto el acuerdo emitido por ese organismo y que dio vida a la licitación del mercado de Fábrega. “Nuestro equipo legal está analizando la situación”, dijo Sandoya.

En la Alcaldía, no respondieron a La Prensa esa pregunta simple: ¿Por qué siguen con un proceso que la Justicia ordenó frenar?

Del lado de las organizaciones ciudadanas, tanto Pineda como Vega hacen foco en la burla, tras la burla anterior a la consulta ciudadana. “La supuesta consulta ciudadana fue una burla, se burla de las necesidades de la ciudad y su gente al impulsar un mega proyecto que no es prioridad. Francamente impresionante su desapego al estado de Derecho”, dijo Vega.

El acto que aprobó la iniciativa se hizo en plena pandemia, el miércoles 11 de noviembre de 2021, sin convocatoria abierta y con 22 personas, de las cuales al menos 4 tienen o tuvieron empleos en el municipio que Fábrega dirige. Ahí estuvo el principio de la saga que siguió con una avalancha de denuncias: una contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por ceder terrenos a la Alcaldía sin consulta, cuando hay un cambio de uso de suelo; otra del movimiento Consulta Ciudadana, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque, además de violar varias leyes, no cuenta con refrendo de la Contraloría; una más de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana para que se examine la legalidad de la consulta ciudadana, que la Procuraduría de la Administración admitió.

La historia continúa ahora con el proceso de revocatoria en marcha y el incumplimiento del fallo que ordenó frenar la licitación por $43 millones, una que Fábrega se niega a detener.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

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Panamá

Llega a su fin el juicio en Estados Unidos contra los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares por lavar sobornos de Odebrecht

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En la Corte de Brooklyn se escuchará de boca del juez de distrito, Raymond J. Dearie, cuál será la pena que deberán pagar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal, por lavar fondos irregulares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.

La lectura de sentencia de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares se fijó para el viernes 20 de mayo. A las 4 de la tarde, el juez de la causa, Raymond J. Dearie, establecería cuál sería la pena que deberán purgar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal. Los hermanos se declararon culpables de haber lavado USD 28 millones provenientes de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio del otorgamiento de contratos en beneficio “de un familiar cercano y alto funcionario” del gobierno de Panamá, informó Maibort Petit maibortpetit.info.

Por documentos del caso, se conocieron los últimos movimientos judiciales de los Martinelli Linares, por ejemplo, para el 13 de mayo estaba programada la fecha de control para la sentencia de Ricardo Martinelli Linares luego de que el juez Dearie, le negara su pedido de fianza. Este, así como su hermano, Luis Martinelli Linares, se declararon culpables diciembre de 2021. En razón de que la defensa había solicitado una sentencia acelerada antes de una solicitud anticipada de una sentencia de tiempo cumplido, la Corte refirió que estaría dispuesta a adelantar la fecha de dicha sentencia.

Se convino en pedir al Departamento de Libertad Condicional avocarse al caso y, en tal sentido, el 28 d e marzo emitió un borrador de PSR para Luis Martinelli y el 30 de marzo recibió las objeciones y pedidos de corrección de parte de los abogados defensores.

Luego, el 4 de abril, la defensa pidió a la fiscalía que expusiera su posición respecto a la solicitud anticipada para que la Corte adelantara la sentencia del 13 de mayo a la semana del 25 de abril. El gobierno respondió el 8 de abril que se oponía a cualquier adelanto de sentencia de Martinelli porque la fiscalía continuaba “reuniendo información para las audiencias de sentencia, incluso a la espera de información adicional de Panamá sobre la posición del país como víctima para fines de restitución”.

Los abogados defensores expusieron que todas las partes habían tenido tiempo suficiente para prepararse para la sentencia, encontrándose, además, el PSR sustancialmente completo y no representa un obstáculo para un avance razonable de las audiencias de sentencia, por lo que requirieron del Tribunal un adelanto de las fechas de sentencia de Ricardo Martinelli y su hermano.

Presentaron una oferta de cronograma:

“Para una audiencia el lunes 25 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el jueves 14 de abril; presentación del gobierno para el jueves 21 de abril; la respuesta de la defensa vence el viernes 22 de abril.

“Para una audiencia el miércoles 27 de abril o el jueves 28 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el lunes 18 de abril; presentaciones del gobierno vencen el lunes 25 de abril; respuesta de la defensa para el martes 26 de abril”.

Entretanto, los fiscales han solicitado que la condena que se les dicte a los hermanos Martinelli Linares entre en el rango de los 108 y los 135 mes, es decir, entre 9 y 11 años.

El Departamento de Libertad Condicional sugirió al tribunal una sentencia de 180 meses de prisión y el pago de una multa de USD 250.000, puesto que a su juicio no existen causales que puedan hacer mitigar la pena.

Para el gobierno resulta inadmisible la pretensión de la defensa que ha pedido al juez Dearie que, incluso, deje en libertad a sus clientes, toda vez que a criterio de sus abogados defensores, ya habrían sido suficientes los 23 meses que llevan detenidos tanto en Guatemala como en Brooklyn.

Son escasos los datos biográficos de los Martinelli Linares y entre la poca información que puede encontrarse en la web, está el hecho de que ambos tienen doble nacionalidad, panameña e italiana, en razón de los orígenes de su padre, el expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.

El exmandatario panameño es un empresario cuya mayor compañía es Súper 99, una de las principales cadenas de supermercados de Panamá. También es dueño de Importadora Ricamar S.A.,al tiempo que es socio, inversionista, directivo o accionista de otras firmas panameñas, como el Diario por la Democracia S.A., la Azucarera La Victoria, Empresa ERA, MegaDepot, ToyLand, Compañía Digital de Televisión y Plastigol S.A. Igualmente es director de Gold Mills de Panamá, Global Bank, Panasal S.A., Televisora Nacional de Panamá, DirectTV, Desarrollo Norte S.A. el Molino de Oro, Avipac Inc y Calox Panameña.

Entretanto, la madre es Marta Linares de Martinelli quien está titulada en Comercio en el Saint Mary of the Woods College en Indiana (Estados Unidos) y posteriormente adquiere la licencia como Corredora de Seguros en la Universidad de Panamá.

Ricardo Alberto, el mayor, tiene 42 años de edad, mientras Luis Enrique tiene 39. La tercera de los hermanos Martinelli Linares es Carolina Elizabeth.

En la red social LinkedIn, el perfil de Luis Enrique Martinelli Linares refiere que es el director general de la empresa Importadora Ricamar S.A. Allí se describe como un joven empresario panameño que dirige la firma Super-99, como también es denominada la cadena de supermercados más grande de Panamá.

Es egresado en administración de negocios de la Universidad Metodista del Sur (Southern Methodist University) ubicada en Texas, donde igualmente cursó estudios internacionales[1].

La Importadora Ricamar S.A. es una empresa registrada en Panamá el 10 de diciembre de 1961 bajo el número 115395, cuyo estatus actual es vigente, de acuerdo a lo que informa el portal Open Corporates. El nombre del agente es Magalis Guadalupe Reyes Reyes y el directorio está conformado por Adrián Domínguez Castro y María Concepción Rodríguez, como apoderados; Alejandro Garuz, como apoderado y gerente general; Alejandro Garuz Adames, como director y presidente; David Alejandro Jiménez Barrios, como director y secretario; Gabriel Arturo Jiménez Barrios, como director y tesorero; Roberto Antenos Reyes Reyes y Vicente González Jiménez, como suscriptores. La representación legal de la empresa la ejercen el presidente, el secretario y el tesorero. Marta Linares de Martinelli fue destituida de la presidencia entre el 25 de julio de 2019 y el 21 de mayo de 2020[2].

El 29 de enero de 2017, el gobierno de los Estados Unidos canceló la visa, tanto de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, como de su madre, la ex primera dama panameña, Marta Linares de Martinelli[3].

La figuración pública de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal comenzó con la acusación que su contra se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde están imputados por delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de un esquema masivo de soborno en el que está involucrada el conglomerado mundial de construcción con sede en Brasil, Odebrecht S.A.

De acuerdo a la documentación que se maneja en Corte de Brooklyn, el plan corrupto por el que se señala a los Martinelli Linares involucraba el pago de más de USD 700 millones en sobornos a funcionarios de gobierno, miembros de partidos políticos y otros funcionario y personeros en Panamá y otros países alrededor del mundo para obtener y retener negocios para Odebrecht.

La constructora brasileña a través de sus representantes admitió su culpabilidad el 21 de diciembre de 2016. Esto ocurrió igualmente en el Distrito Este de Nueva York donde enfrentó una acusación criminal de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA)[4].

Luego de un complicado proceso, Luis Enrique Martinelli Linares fue extraditado desde Guatemala hacia los Estados Unidos para enfrentar la acusación presentada ante el tribunal federal en Brooklyn el 15 de noviembre de 2021. Por su parte, Ricardo Alberto Martinelli Linares fue extraditado el 10 de diciembre de 2021. Habían sido detenidos en julio de 2020, en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala, cuanto procuraban abordar un avión privado que los sacara de suelo guatemalteco rápidamente y así evitar su captura en razón de la solicitud que cursaba de parte de la justicia estadounidense. Desde su aprehensión estuvieron recluidos en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala, en Guatemala.

En el esquema corrupto de Odebrecht, los Martinelli Linares habrían lavado —de acuerdo a los documentos judiciales— aproximadamente USD 28 millones en pagos de sobornos hechos por la empresa brasileña a un alto funcionario del gobierno de Panamá que es pariente cercano de los acusados. Contra los hermanos fue presentada la denuncia penal el 27 de junio de 2020 y, posteriormente, el 4 de febrero de 2021, en contra de Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron presentados cinco cargos. En la Corte de Brooklyn. Uno de los cargos es por conspiración para cometer lavado de dinero, mientras dos son por encubrimiento de lavado de dinero. Luis Martinelli Linares enfrenta también dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente[5].

Luis Enrique Martinelli Linares se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su desempeño en el esquema corrupto de soborno de Odebrecht S.A., ante el juez federal de distrito Raymond J. Dearie, el 2 de diciembre de 2021. Ante el magistrado dijo que participó en la conspiración junto con su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares y otras personas mediante el establecimiento de cuentas bancarias extraterritoriales a nombre de compañías de fachada en las que recibirían y disfrazarían los fondos irregulares que sumaban USD 28 millones. Explicó que él y sus socios transfirieron hacia y desde los Estados Unidos el dinero, lo cual llevaron a cabo a través de transferencias electrónicas que involucraban las ganancias del esquema y que les servirían para la compra de un yate y un condominio en EE. UU.[6]

Entretanto, la declaración de culpabilidad de Ricardo Alberto Martinelli Linares se produjo el 14 de diciembre de 2021, cuando ante el juez federal de distrito, Raymond J. Dearie, admitió que participó en la conspiración para lavar dinero en el esquema encabezado por Odebrecht S.A. Tal como lo hizo su hermano, asintió los términos de la acusación que los señala de usar el sistema financiero de Estados Unidos para promover su esquema de corrupción, lo cual lograron constituyendo “cuentas de empresas ficticias en bancos extraterritoriales para tratar de evadir la responsabilidad y usaron parte de las ganancias de los sobornos para su beneficio personal”[7].

El artículo completo puede ser leído maibortpetit.info

 

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