Los fiscales del Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) Isis Soto y Marcos Mosquera enfrentan una demanda civil por $50 millones por el caso de un empresario mexicano que es investigado por el presunto delito de lavado de activos.

Los abogados Valentín Jaén y José Abel Almengor, defensores del empresario mexicano, explicaron que la demanda se da a través del proceso ordinario de mayor cuantía y contempla la suma de $50 millones y responde a la actuación procesal de los dos fiscales en el caso de su cliente, informó Lourdes García Armuelles en La Estrella de Panamá.

Jaén manifestó que piden que los dos fiscales se responsabilicen de todos los actos que han cometido en el caso del empresario mexicano, que a su entender es un abuso del derecho en atención y que involucra los bienes aprehendidos ilícitamente de su cliente y que, además, por esos mismos actos a él no se le permite el ingreso al país para que pueda tener una defensa más efectiva.

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“La demanda obedece a una serie de irregularidades procesales que se han dado en la carpetilla de nuestro representado, un inversionista de nacionalidad mexicana, al que se le han mantenido aprendiendo una cantidad de bienes, vehículos y sumas de dinero que se encontraban depositadas en entidades bancarias privadas de la República de Panamá, de esto ha pasado ya 17 meses y no se ha imputado a nuestro cliente”, comentó Almengor.

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El abogado dijo que la preocupación en específico obedece a que la legislación procesal penal del país que tiene que ver con las investigaciones preliminares generan la posibilidad de que se mantengan aprehensiones de bienes de manera indeterminada hasta que se dé unas imputaciones.

“En las distintas oportunidades con los jueces de garantías y Tribunal Superior donde buscamos que se impute a nuestro representado, nos señalan que el mismo no se encuentra presente. No obstante, el mismo no se encuentra presente porque se le impide la entrada. En diciembre de 2019 él intentó entrar al país para hacer frente a las denuncias, así que no es una persona que no ha intentado los medios”, defendió Almengor.

Jaén recordó que el equipo legal del empresario mexicano ya ha presentado tres querellas penales: dos contra los fiscales del Ministerio Público, Soto y Mosquera, por el presunto delito contra la honra, y otro contra la fiscal de atención primaria, Sonia Almengor.

Presentaron, asimismo, un caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), donde expusieron una demanda contra del Estado panameño por la supuesta violación de los derechos legales que ha vivido el ciudadano mexicano desde el inicio de las investigaciones por el MP.

En el caso del empresario mexicano fue acogido recientemente un Amparo de Garantías (admitida el pasado 16 de marzo).

«Esto (la admisión del Amparo) es muy importante puesto que la misma permitirá que a nuestro cliente se le vincule al proceso para poder defenderse que es lo que siempre él ha querido y es importante porque esta acción de amparo abre la posibilidad de que cibernéticamente él mismo pueda presentarse al proceso, ser imputado, concluir las investigaciones para poder así demostrar su inocencia, y se dicte su sobreseimiento o, en su defecto, el retiro de la acusación por parte de la fiscalía», apuntó Almengor.

Demanda por 50 millones de dólares en contra de dos fiscales de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada. @PGN_PANAMA por aprehender bienes de un inversionista mejicano, sin haber hecho imputación de cargos. Bienes por cerca de $36 millones pic.twitter.com/yQcNkwTa2i

— Linda Bran (@lindabran1) March 30, 2021

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