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Panamá

Abogado Justino González denunció muerte de capitán del Servicio de Protección Institucional debido a negligencia y advirtió de medidas intimidatorias del SPI

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El abogado Justino González denunció que el traslado «arbitrario» e «ilegal» de 36 unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) causó la muerte por «negligencia» de un capitán de la institución por covid-19.

González, a nombre de la viuda del capitán y de los agentes del SPI trasladados, dijo que en la acción hubo «arbitrariedades, persecución, desviación de poder y posibles conductas penales».

Acusa de esta acción al director del SPI, Julio César Garrido, y al viceministro de la Presidencia, Carlos García.

El viceministro García, según González, dio el visto bueno el pasado 27 de mayo de 2020 para que se trasladaran a unos 36 miembros del SPI a la Policía Nacional, informó Panamá América.

Agregó que los traslados son ilegales porque fueron autorizados sin facultad legal para ello por el viceministro García.

Como consecuencia de esa acción «ilegal», denunció el jurista, falleció de covid-19 el capitán Miguel Elías Quintero, quien fue trasladado a la Policía Nacional en agosto de 2019.

Sostiene que el capitán estaba próximo a jubilarse en mayo próximo.

Su viuda, Elizabeth Navarro de Quintero, afirmó que fue un acto negligente y de persecución y sostuvo que la mortalidad en el SPI es del 0%, a diferencia de los casos de fallecimientos registrados en las filas de la Policía Nacional.

La viuda, a través de su abogado, reveló que ni el SPI, ni la Policía Nacional, pagaron el sepelio alegando que su esposo no pertenecía a ninguna de las dos instituciones.

González reiteró que los oficiales clases y tropas fueron trasladados ilegalmente y que en la actualidad se encuentran en una laguna jurídica administrativa, ya que no son reconocidos como agentes del SPI ni de la Policía Nacional.

Aseguró que ni siquiera son tomados en cuenta para ascensos en ninguna de estas entidades de la Fuerza Pública.

El abogado González sentenció que acreditará en los diversos procesos legales la desviación de poder con apariencia de legalidad y las «conductas dolosas» con el fin de perseguir a los enemigos de la cúpula del SPI.

SPI niega acusaciones

El Servicio de Protección Institucional (SPI), adscrito al Ministerio de la Presidencia calificó de falsas las acusaciones hechas por el abogado Justino González, en los medios de comunicación social y en las redes sociales, en la cual, asegura la entidad, ha expresado señalamientos con calificativos que rayan en lo calumnioso e injurioso.

En un comunicado emitido por el SPI, a través del Ministerio de la Presidencia se señala que estos señalamientos «calumniosos e injuriosos», de Gonz´ález se dan al este afirmar que el señor Director General del SPI, el Comisionado Julio César Jean Louis, ha ejecutado actos con “Desviación de Poder”, al emitir el traslado de treinta y seis (36) unidades a la Policía Nacional, con el visto bueno del señor Vice Ministro Carlos García Molino, sin contar éste con facultad para ello.

Esta afirmación asegura la entidad, constituye una «total infamia», toda vez que mediante Resolución No. 171 de 16 de septiembre de 2019, el señor Presidente de la República, delega en el señor Viceministro y al Director Administrativo del Ministerio de la Presidencia, la firma de todos los actos administrativos de personal y de apoyo socioeconómicos del Servicio de Protección Institucional, informó Gustavo Aparicio en La Estrella de Panamá.

Otro precepto legal, según el SPI, y que según plantean echa por tierra, las afirmaciones del abogado González, lo constituye el Decreto Ejecutivo No. 172 de 10 de junio de 2019, en la Sección 5ta., específicamente en el artículo 93, el cual, establece que el Órgano Ejecutivo podrá autorizar el traslado de miembros del Servicio de Protección Institucional a otra institución de seguridad pública, por solicitud de directores de turnos en el ejercicio del cargo, manteniendo el mismo rango o su equivalente, con todos los derechos establecidos por ley.

La institución negó la afirmación hecha por el abogado González que, dentro de los trasladados, se encontraba el Capitán Miguel Elías Quintero, quien falleciera de covid-19 y que tanto, ni el Servicio de Protección Institucional, ni la Policía Nacional pagaron el sepelio de la mencionada unidad.

Frente a estos señalamientos el SPI indicó que, a través de la entidad, se le tramitó el pago del seguro de vida por la suma de $35,000.00, hecho a los familiares (esposa, madre e hijos) del Capitán Quintero (q.e.p.d.). Este monto, detalla el ente, incluía el pago de los servicios funerarios correspondientes.

«Inclusive su temeridad va más allá de la sana crítica y la lógica común, al imputarle por negligencia, la responsabilidad del fallecimiento de dicha unidad, al Director General del SPI y al señor Vice Ministro del Ministerio de la Presidencia», advierte el organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia.

«Igual falacia, es lo señalado por el precitado abogado, consistente en que las unidades trasladadas, se encuentran en una laguna jurídica administrativa, ya que no son reconocidos, ni como agentes del SPI, ni de la Policía Nacional!.

Estos afirma el SPI, constituye una «afirmación temeraria», ya que asegura el organismo policial que, todas las unidades trasladadas a la Policía Nacional, o viceversa al SPI, se mantienen con todos sus derechos adquiridos, salario, sobre sueldos, rango, ascensos y jubilaciones que han sido mantenidos y respetados hasta la fecha.

Plantea además el SPI que las afirmaciones efectuadas por el abogado Justino González, constituyen afirmaciones que contienen presuntos «calificativos calumniosos e injuriosos» al imputarle actuaciones punibles en grado de negligencia y la ejecución de actos abusivos revestidos de ilegalidad, tanto al Director General del SPI, como al señor Vice Ministro del Ministerio de la Presidencia.

«Esto devenga una conducta totalmente contraria a derecho y a lo establecido en la Ley No. 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley No. 8 de 16 de abril de 1993, que regula el Ejercicio Profesional de la Abogacía», concluyó este organismo de seguridad del Estado.

González: «No desistiremos de nuestras acciones legales».

Frente a lo planteado por el SPI, el abogado González sostuvo que el comunicado emitido por esta entidad, lejos de hacer aclaraciones «se constituye en un acto para meternos terror y miedo, a fin de que desistamos de las acciones legales en favor de oficiales, clases y tropas que han denunciado en esa entidad arbitrariedades, desviación de poder y traslados ilegales».

Asegura además que en el comunicado se hace mención de una resolución en la que se faculta al viceministro de la Presidencia a hacer los traslados. «Dicen que fue firmada por el Presidente… la gran mentira, fue firmada por el ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo», afirmó.

Explicó que para que haya un traslado de las unidades del SPI debe haber un acto administrativo que contenga el traspaso de las partidas del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Seguridad, para que mantengan su salario y sus derechos adquiridos. «Esto no se dio, por lo tanto los traslados son ilegales», aseguró.

«Este comunicado sencillamente es una proclama amenazante. El lunes interpondremos las acciones penales y contenciosas; ojalá no haya más proclamas amenazantes y menos contra abogados, jueces y magistrados, como en los tiempos de la dictadura militar», precisó González.

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Panamá

La vacunación VIP a los Pérez Valladares y otros escándalos que desataron la indignación de panameños en las redes sociales

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«Nadie que te importe». Esa fue la respuesta del expresidente Ernesto «El Toro» Pérez Valladares cuando le preguntaron en las redes sociales quiénes habían sido las diez personas vacunadas en su casa contra la COVID-19 y con cuál vacuna.

Es justamente la vacunación VIP a la familia Pérez Valladares el tema que ocupa la posición número 28 en una lista de 48 escándalos recientes relacionados con gobernantes, políticos y otras figuras públicas panameñas, algunos de estos atizados durante la pandemia.

También en las redes sociales se ha propagado el video de una ciudadana que reflexiona con indignación sobre mucho de lo malo que sucede en Panamá.

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Panamá

Vicepresidente de Panamá José Gabriel Carrizo quiere proceder legalmente contra los “infundidos” de “mentes malsanas”

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El Vicepresidente y Ministro de la Presidencia de Panamá, José Gabriel Carrizo, ha advertido con emprender acciones legales contra periodistas y personas que interactúan en las redes sociales, quienes han mencionado la presunta vinculación de individuos de su entorno familiar con hechos irregulares.

Carrizo ha rechazado menciones a su familia, anunciando que procederá legalmente contra quienes resulten responsables de estos ataques.

Carrizo escribió mensajes en Twitter en el que reaccionó a escritos que circulan en redes sociales donde “señalan vínculos supuestos en asuntos indebidos, que solo pueden ser concebidos por mentes malsanas.

“Durante largos meses he soportado con estoicismo un sinfín de infundidos, oprobios y calumnias, pese a que estos carecen de fundamento alguno. He procedido así en virtud de ser un funcionario electo y convencido que, como tal, debo respetar el escrutinio público” han sido las primeras publicaciones de Carrizo, quien quizás intentó referirse a los «infundios» y no «infundidos», que según el vicepresidente cree, esparcen algunas personas.

El vicepresidente agregó que: “No obstante, resulta intolerable que, ante el hecho de no responder a señalamientos por completo injustos, los ataques se dirijan hacia miembros de mi familia, señalando vínculos supuestos con asuntos indebidos, que solo puede ser concebidos por mentes malsanas”.

“Me reservo el derecho de proceder legalmente contra quienes puedan resultar autores materiales o promotores de estas infamias.

Continuaré cumpliendo con mis responsabilidades al servicio del país, de las cuales puedo rendir cuentas puntuales”, señaló el ministro de la Presidencia.

“Agradezco el apoyo recibido de todos los que repudian este tipo de prácticas contrarias a la verdad y a la esencia de la democracia”, puntualizó.

 

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Panamá

Los involucrados en las vacunas «clandestinas» de Pfizer en Panamá

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Por Frenadeso | Kaos en la Red

Se hacía un show en cada llegada de las vacunas a través de los medios de comunicación. Se transmitía hasta en horas de la madrugada. Se filmaba la “cadena de custodia”. Pero nadie se percató que algunas vacunas de los lotes que llegaban iban a parar a una clínica en el lujoso residencial de Coco del Mar

El nombre que ha salido a relucir es el de la Dra. Denisse Alexandra Vega Croker, hija y hermana de dos reconocidos ginecólogos obstetras, de igual nombre, Mario Gilberto Vega Rich y Mario Gilberto Vega Croker de Panamá Fertility y de Salud Pacífica donde son socios de Camilo Alleyne del PRD. Junto a sus padres y hermanos, Denisse Vega aparece en varias empresas, también con su madre, Alice Grace Croker de Vega y su otra hermana, Ana Patricia Vega.

Las empresas envueltas en el centro de vacunación clandestino son Cordón de Vida, S.A, cuyos directoras son Alice Grace Coker de Vega y sus hijas, Denisse Alexandra Vega de Murzi y Ana Patricia Vega de Cannavagio, y la otra, Laboratorio VDATEC, S.A. donde también aparecen como directores, Alice Grace Coker de Vega y Denisse Vega de Murzi, el esposo de ésta última, Domingo Antonio Murzi Arias, y, ¡sorpresa!, el ex administrador del Canal de Panamá, Alberto Alemán Zubieta y su socio, José Álvaro Restrepo.

Es decir, la élite económica y el administrador del Canal implicados en un centro clandestino de vacunación de Pfizer. Este país no deja de asombrar al mundo.

En 2014, Capital Financiero reseñaba:

“Aprovechamos también esta ocasión para darle nuestra más cordial bienvenida al país al ingeniero Álvaro Restrepo, un panameño brillante que lideró al equipo de innovación de Procter & Gamble por décadas como vicepresidente Global de Investigación y Desarrollo y que ha decidido volver a su Patria y sumarse a la firma de consultoría Abco Global, en la que trabajará en calidad de socio con Alberto Alemán Zubieta y José Barrios Ng.”

“La innovación logística será uno de los grandes desafíos de Panamá en los próximos años y estamos seguros de que Don Álvaro tiene mucho que aportarle al país para la construcción del hub logístico de Las Américas.”

Restrepo se asoció con Alemán Zubieta en Abco Global, una firma que el administrador del Canal creó luego de su salida de ese cargo. José Álvaro Restrepo Arango, aparece también como director en otras firmas, por ejemplo, en Compañía Panameña de Licores con la ex ministra de Economía y Finanzas, Eyra Chinchilla de Varela y Luis José Varela Rodríguez (Varela Hermanos y hermano del ex presidente Juan Carlos Varela) y en Destiladora Nacional, S.A. con este último.

¿Cómo aparecen los nombres de los ingeniero Alemán Zubieta y Restrepo Arango en un laboratorio clandestino en Coco del Mar?, es algo que ellos deben explicar.

Alice Grace Coker de Vega apareció también en los famosos Panama Papers de Mossack Fonseca a través de la empresa Revo Inc..

Curiosamente, en una de las tantas empresas en las que figura Denisse Vega está como directora Denise Eisenmann Vallarino, la hija de Ithiel Roberto Eisenmann Field, fundador de La Prensa y su verdadero dueño. ¿La “investigación” de Flor Mizrachi de La Prensa no habrá sido fuego amigo?

Denisse Vega está casada, como dijimos, con Domingo Antonio Murzi Arias, quien es hijo del venezolano Domingo Antonio Murzi Simonpietri y de Elvira Arias Vallarino, quién es a su vez prima hermana de Isabel Ida Vallarino Arias, esposa de Felipe “Pipo” Virzi López.

Como ven, siempre en actos de esta naturaleza salen a relucir los mismos apellidos de siempre. Lo de vacunación clandestina no es un caso aislado. Es esta clase empresarial, coimera y corrupta que crearon este Estado mafioso. Es su modus operandi. Así se hicieron ricos, mientras sus medios de comunicación impulsan campaña de odio y miedo contra las organizaciones populares.

Formulamos estas preguntas:

¿Desde cuándo se aplicaron vacunas en el centro clandestino de Coco del Mar?

¿Que protección se dio a la escena del crimen si los familiares de la implicada entraron como Pedro por su casa al mismo ?

¿Cuántas vacunas fueron?

¿Si eran del lote de Pfizer a Panamá, a cuántos panameños se le arrebataron sus dosis y los que se vacunaron qué se le aplicó, agua, como se venía denunciando?

¿Cuál es la relación de Denisse Vega de Murzi con la ministra “consejera”, Eyra Ruiz?

¿Qué confianza puede haber de ahora en adelante con la vacunación

Están jugado y negociando con la salud del pueblo.

FRENADES

Panamá, 9 de junio de 2021.

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