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Panamá

Abogado Justino González denunció muerte de capitán del Servicio de Protección Institucional debido a negligencia y advirtió de medidas intimidatorias del SPI

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El abogado Justino González denunció que el traslado «arbitrario» e «ilegal» de 36 unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) causó la muerte por «negligencia» de un capitán de la institución por covid-19.

González, a nombre de la viuda del capitán y de los agentes del SPI trasladados, dijo que en la acción hubo «arbitrariedades, persecución, desviación de poder y posibles conductas penales».

Acusa de esta acción al director del SPI, Julio César Garrido, y al viceministro de la Presidencia, Carlos García.

El viceministro García, según González, dio el visto bueno el pasado 27 de mayo de 2020 para que se trasladaran a unos 36 miembros del SPI a la Policía Nacional, informó Panamá América.

Agregó que los traslados son ilegales porque fueron autorizados sin facultad legal para ello por el viceministro García.

Como consecuencia de esa acción «ilegal», denunció el jurista, falleció de covid-19 el capitán Miguel Elías Quintero, quien fue trasladado a la Policía Nacional en agosto de 2019.

Sostiene que el capitán estaba próximo a jubilarse en mayo próximo.

Su viuda, Elizabeth Navarro de Quintero, afirmó que fue un acto negligente y de persecución y sostuvo que la mortalidad en el SPI es del 0%, a diferencia de los casos de fallecimientos registrados en las filas de la Policía Nacional.

La viuda, a través de su abogado, reveló que ni el SPI, ni la Policía Nacional, pagaron el sepelio alegando que su esposo no pertenecía a ninguna de las dos instituciones.

González reiteró que los oficiales clases y tropas fueron trasladados ilegalmente y que en la actualidad se encuentran en una laguna jurídica administrativa, ya que no son reconocidos como agentes del SPI ni de la Policía Nacional.

Aseguró que ni siquiera son tomados en cuenta para ascensos en ninguna de estas entidades de la Fuerza Pública.

El abogado González sentenció que acreditará en los diversos procesos legales la desviación de poder con apariencia de legalidad y las «conductas dolosas» con el fin de perseguir a los enemigos de la cúpula del SPI.

SPI niega acusaciones

El Servicio de Protección Institucional (SPI), adscrito al Ministerio de la Presidencia calificó de falsas las acusaciones hechas por el abogado Justino González, en los medios de comunicación social y en las redes sociales, en la cual, asegura la entidad, ha expresado señalamientos con calificativos que rayan en lo calumnioso e injurioso.

En un comunicado emitido por el SPI, a través del Ministerio de la Presidencia se señala que estos señalamientos «calumniosos e injuriosos», de Gonz´ález se dan al este afirmar que el señor Director General del SPI, el Comisionado Julio César Jean Louis, ha ejecutado actos con “Desviación de Poder”, al emitir el traslado de treinta y seis (36) unidades a la Policía Nacional, con el visto bueno del señor Vice Ministro Carlos García Molino, sin contar éste con facultad para ello.

Esta afirmación asegura la entidad, constituye una «total infamia», toda vez que mediante Resolución No. 171 de 16 de septiembre de 2019, el señor Presidente de la República, delega en el señor Viceministro y al Director Administrativo del Ministerio de la Presidencia, la firma de todos los actos administrativos de personal y de apoyo socioeconómicos del Servicio de Protección Institucional, informó Gustavo Aparicio en La Estrella de Panamá.

Otro precepto legal, según el SPI, y que según plantean echa por tierra, las afirmaciones del abogado González, lo constituye el Decreto Ejecutivo No. 172 de 10 de junio de 2019, en la Sección 5ta., específicamente en el artículo 93, el cual, establece que el Órgano Ejecutivo podrá autorizar el traslado de miembros del Servicio de Protección Institucional a otra institución de seguridad pública, por solicitud de directores de turnos en el ejercicio del cargo, manteniendo el mismo rango o su equivalente, con todos los derechos establecidos por ley.

La institución negó la afirmación hecha por el abogado González que, dentro de los trasladados, se encontraba el Capitán Miguel Elías Quintero, quien falleciera de covid-19 y que tanto, ni el Servicio de Protección Institucional, ni la Policía Nacional pagaron el sepelio de la mencionada unidad.

Frente a estos señalamientos el SPI indicó que, a través de la entidad, se le tramitó el pago del seguro de vida por la suma de $35,000.00, hecho a los familiares (esposa, madre e hijos) del Capitán Quintero (q.e.p.d.). Este monto, detalla el ente, incluía el pago de los servicios funerarios correspondientes.

«Inclusive su temeridad va más allá de la sana crítica y la lógica común, al imputarle por negligencia, la responsabilidad del fallecimiento de dicha unidad, al Director General del SPI y al señor Vice Ministro del Ministerio de la Presidencia», advierte el organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia.

«Igual falacia, es lo señalado por el precitado abogado, consistente en que las unidades trasladadas, se encuentran en una laguna jurídica administrativa, ya que no son reconocidos, ni como agentes del SPI, ni de la Policía Nacional!.

Estos afirma el SPI, constituye una «afirmación temeraria», ya que asegura el organismo policial que, todas las unidades trasladadas a la Policía Nacional, o viceversa al SPI, se mantienen con todos sus derechos adquiridos, salario, sobre sueldos, rango, ascensos y jubilaciones que han sido mantenidos y respetados hasta la fecha.

Plantea además el SPI que las afirmaciones efectuadas por el abogado Justino González, constituyen afirmaciones que contienen presuntos «calificativos calumniosos e injuriosos» al imputarle actuaciones punibles en grado de negligencia y la ejecución de actos abusivos revestidos de ilegalidad, tanto al Director General del SPI, como al señor Vice Ministro del Ministerio de la Presidencia.

«Esto devenga una conducta totalmente contraria a derecho y a lo establecido en la Ley No. 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley No. 8 de 16 de abril de 1993, que regula el Ejercicio Profesional de la Abogacía», concluyó este organismo de seguridad del Estado.

González: «No desistiremos de nuestras acciones legales».

Frente a lo planteado por el SPI, el abogado González sostuvo que el comunicado emitido por esta entidad, lejos de hacer aclaraciones «se constituye en un acto para meternos terror y miedo, a fin de que desistamos de las acciones legales en favor de oficiales, clases y tropas que han denunciado en esa entidad arbitrariedades, desviación de poder y traslados ilegales».

Asegura además que en el comunicado se hace mención de una resolución en la que se faculta al viceministro de la Presidencia a hacer los traslados. «Dicen que fue firmada por el Presidente… la gran mentira, fue firmada por el ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo», afirmó.

Explicó que para que haya un traslado de las unidades del SPI debe haber un acto administrativo que contenga el traspaso de las partidas del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Seguridad, para que mantengan su salario y sus derechos adquiridos. «Esto no se dio, por lo tanto los traslados son ilegales», aseguró.

«Este comunicado sencillamente es una proclama amenazante. El lunes interpondremos las acciones penales y contenciosas; ojalá no haya más proclamas amenazantes y menos contra abogados, jueces y magistrados, como en los tiempos de la dictadura militar», precisó González.



 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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