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Santiago Uzcátegui Pinto, el empresario que participó en una red corrupta en Venezuela violando leyes migratorias en México

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Santiago Uzcátegui Pinto entró a México, en mayo de 2017, desde Estados Unidos en una avioneta privada identificada con la matrícula N254FG. Pese a que ingresó al país como turista, registró la empresa Group Grand Limited, S.A. de C.V., en la Ciudad de México, una de las corporaciones que usa el Gobierno de Venezuela para importar cajas de despensa con alimentos y que luego son vendidas a los venezolanos.

Así, el benefactor de contratos multimillonarios en Venezuela violó la ley mexicana. En específico el artículo 52 de la Ley de Migración de acuerdo a la cual ningún ciudadano que ingrese como turista puede constituir empresas en el país, pues la visa de turismo l —la misma que usó Uzcátegui Pinto para ingresar a México— sólo “permite realizar actividades que no impliquen recibir remuneración”.

“El gobierno suspendió la exigencia de todos los permisos sanitarios de los alimentos importados; los productos producidos en México, India, Turquía no pasan por estas regulaciones”, denunció en 2018 Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien investigaba desde 2017 la red de corrupción en torno a la comercialización de estos productos. “Eso ha llevado a que estudios realizados a alimentos como la leche en polvo que llega desde México hayan determinado que tiene el doble de sodio que se debería consumir por porción, que no exista la proteína dentro de la fórmula, lo que ha provocado diarrea en los niños y la muerte de 90 personas por la ingesta de este producto”, explicó Paparoni en 2018.

“México es el principal proveedor de cajas CLAP hacia Venezuela. Sólo desde México se han enviado 249 mil 803 toneladas de alimentos desde 2017, que se traducen en 17 millones 800 mil cajas CLAP. Y actualmente estas empresas siguen enviando alimentos en Venezuela e incluso también han entrado al mercado de las medicinas”, detalló el mismo diputado.

Según un reporte del medio venezolano El Estímulo, en una actividad completamente ilegal y a través de Group Grand Limited, S.A. de C.V., empresa constituida el 4 de mayo de 2017, según consta en el acta de Registro de Comercio Público 66337, el venezolano Uzcátegui Pinto –en calidad de administrador único de la empresa– autorizó la compra de alimentos de la canasta básica (arroz, maíz blanco, lentejas, caraotas negras, atún en lata, salsa de tomate, pastas, aceite vegetal, leche en polvo y azúcar) a las empresas mexicanas El Sardinero, La Moderna y Serel, entre otras, que luego fueron enviados a Venezuela para ser revendidos por medio de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Según la información divulgada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en su portal web, sustentada en el apartado 1 del artículo 52 de la Ley de Migración, los visitantes temporales sólo pueden hacer “actividades turísticas, tránsito por México, negocios (como la asistencia a juntas, visitas de supervisión, capacitación o asesorías en México), actividades relacionadas con el ejercicio de los ministros de cultos… además de realización de estudios que no impliquen una temporalidad mayor a 180 días”.

“Un extranjero, que entra como turista, no puede solicitar la constitución de una empresa porque carece de documentos migratorios que acrediten ese permiso. Necesitaría estar forzosamente con un mexicano que respalde la constitución de la empresa, un representante legal. Además requeriría un permiso de trabajo”, detalló Edgar Briceño, abogado experto en casos migratorios. En el caso de Uzcátegui no fue sino hasta el 19 de septiembre de 2017 cuando obtuvo su residencia temporal con permiso para trabajar, es decir, seis meses después de que se fundó Grand Group Limited en México.

Apenas dos meses después de haber constituido la compañía, Uzcátegui Pinto entregó el control de la misma a Andrés Eduardo León Rodríguez y Emmanuel Enrique Rubio González, este último hijo del empresario colombiano Germán Rubio, alias Álvaro Pulido Vargas, quien está al mando de Salva Foods 2015 C.A., que se encarga de la distribución y venta de las cajas de despensa en Venezuela, en algunos casos, en estado de caducidad.

La primera vez que el nombre de Group Grand Limited, S.A. de C.V. se escuchó fue el 24 de agosto de 2017 de boca de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, destituida por la asamblea constituyente. “Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, las CLAP (…) la empresa tiene el nombre de Group Grand Limited”, afirmó la exaliada del chavismo ante periodistas tras su participación en la reunión de Ministerios Públicos del Mercosur en Brasil.

La red de distribución de alimentos es compleja: de las bodegas de las empresas productoras en la Ciudad de México fueron trasladadas en ferrocarril hasta el Puerto de Veracruz y de allí, recibidos por la naviera Hapag-Lloyd, enviadas en las embarcaciones buque Viking Merlin o el buque CNP Paita hasta Panamá y luego al puerto de La Guaira, en las costas de Venezuela.

“Postar Intertrade Limited y Group Grand Limited son las que comienzan con el negocio de importación de las cajas CLAP. Desde México envían directamente alimentos a Venezuela por medio de varias empresas, como Comercializadora El Sardinero, una corporación que además estuvo involucrada en un escándalo por supuestamente obtener licitaciones ilícitas para la venta de sus productos a través de Sedesol”, señaló Paparoni.

Según el legislador opositor, el Gobierno de Nicolás Maduro se valió de la peor crisis alimentaria de la región para implantar la venta de alimentos a través de las CLAP y venderla hasta cinco veces por encima de su costo real. “La Organización Mundial de la Salud recomienda que un ser humano consuma un kilo de alimentos al día, actualmente en Venezuela el consumo promedio es de 430 gramos. Dentro de este escenario entran las cajas CLAP. Cada una le cuesta al Estado venezolano 56 dólares, pero si yo comprara los alimentos en México y pagara el seguro y el envío a Venezuela el costo sería de 11 dólares por caja”, ejemplifico Paparoni. De acuerdo con declaraciones del diputado, en el primer semestre de 2018 entraron a Venezuela 27 millones 176 mil 142 cajas CLAP, por las que el chavismo pagó mil 521 millones 303 mil 960.

De acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Migración, Uzcátegui Pinto ha realizado múltiples ingresos a México. La segunda visita también la realizó a bordo de una avioneta privada, identificada con la matrícula XACZG, que aterrizó el 2 de enero de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Otros viajes fueron el pasado 6 y 11 de agosto de 2018, desde Panamá y Miami, respectivamente; pero en esa oportunidad llegó en aerolíneas comerciales.

Como residente temporal de México, Uzcátegui Pinto instaló su domicilio en la calle Campos Elíseo 108-406, en la exclusiva colonia de Polanco, donde vive con su esposa Lauren Lorena Prado Segura, también de nacionalidad venezolana, y su hija Carlota Leonor Uzcategui Prado, nacida el pasado 12 de junio de 2018 y registrada el día 3 de julio de 2018 en la Ciudad de México, de acuerdo con los datos en el acta de nacimiento 453, libro 0, juzgado 41 de la capital mexicana.

Algunas compañías ya están siendo investigadas por el Estado mexicano, tal como lo aseguró el propio Embajador de América Latina y el Caribe, Luis Alfonso de Alba, quien se refirió a intercambio de información de inteligencia para ubicar a las empresas mexicanas que incluso podrían estar aprovechando la crisis venezolana para lavar dinero. “Hemos detectado la compra de productos mexicanos que están siendo comercializados en Venezuela, de muy baja calidad y que en algunos casos se han adquirido a pesar de estar caducos; estamos haciendo una investigación con distintas autoridades y con el sector privado, para que los productos sean de calidad y se comercialicen de acuerdo a los canales tradicionales”, advirtió el encargado de asuntos de América Latina y el Caribe, y enfatizó que es muy importante que esta ayuda no se preste a “operaciones turbias o actos de lavado de dinero y corrupción”.

Las pérdidas por la importación de alimentos que se venden dentro de las cajas CLAP en Venezuela, incluyendo las que provienen de México, ascendían en 2018 a cinco mil millones de dólares, denunció el para entonces presidente de la comisión de Contraloría del Parlamento venezolano, Freddy Superlano. “Once de los productos que vienen en las cajas CLAP son hechos en México y estos alimentos llegan a seis millones de hogares venezolanos aproximadamente. Aunque no hay cifras oficiales, podemos calcular que el daño patrimonial al país por la importación de estos productos es de alrededor de cinco mil millones de dólares”, detalló Superlano.

El legislador fue parte del equipo que investigó la red de corrupción que gira en torno a las CLAP y que tiene su centro de operaciones en México. Superlano asegura que estuvo en mayo de 2018 en México y presentó una denuncia formal para que las autoridades mexicanas investigaran el caso. “Lo que pasa en México es dantesco, más de 677% se le ganó a la venta de algunas marcas de leche. Es decir, ellos negociaban a 0,90 centavos de dólar un kilogramo de leche y lo vendían entre cinco y siete dólares al país”, explicó.

“Nosotros llevamos pruebas ante la Procuraduría General de la República (PGR) de que en Nuevo León habían aprobado la constitución de la empresa y le habían dado permisos sanitarios sin tener la legalidad. Hicimos la denuncia formal en contra de Santiago Uzcátegui Pinto y hasta el día de hoy no nos han dado respuesta”, reclamó Superlano. “Podríamos incluso pensar que hay colaboración de algunas autoridades mexicanas con este ciudadano”, enfatizó.

El negocio, explicó el diputado opositor, se mantiene actualmente desde México, pero ahora usan otras empresas como fachada. “Muchas de estas empresas que venden productos al gobierno venezolano lo tienen que hacer a través de Group Grand Limited S.A., es decir, este corporativo termina monopolizando todo el comercio de alimentos en Venezuela”, afirmó en 2018. Sin embargo, el esquema de negocio ha ido mutando. Según las declaraciones de Superlano, las transacciones financieras que se realizaban a través de bancos suizos, luego pasaron a realizarse mediante Turquía y Rusia.

Según un reporte de la web Prensa América, las pérdidas por la importación de alimentos que se venden dentro de las cajas CLAP en Venezuela, incluyendo las que provienen de México, ascienden a cinco mil millones de dólares, denunció el expresidente de la comisión de Contraloría del Parlamento venezolano, Freddy Superlano. “Once de los productos que vienen en las cajas CLAP son hechos en México y estos alimentos llegan a seis millones de hogares venezolanos aproximadamente. Aunque no hay cifras oficiales, podemos calcular que el daño patrimonial al país por la importación de estos productos es de alrededor de cinco mil millones de dólares”, detalló Superlano.

El legislador era parte del equipo que investigaba la red de corrupción que gira en torno a las CLAP y que tiene su centro de operaciones en México. Superlano aseguró que estuvo en ese país y presentó una denuncia formal para que las autoridades mexicanas investigaran el caso. “Lo que pasa en México es dantesco, más de 677% se le ganó a la venta de algunas marcas de leche. Es decir, ellos negociaban a 0,90 centavos de dólar un kilogramo de leche y lo vendían entre cinco y siete dólares al país”, explicó.

El negocio, explicó el diputado opositor, se mantenía desde México, pero luego usando otras empresas como fachada. “Muchas de estas empresas que venden productos al gobierno venezolano lo tienen que hacer a través de Group Grand Limited S.A., es decir, este corporativo termina monopolizando todo el comercio de alimentos en Venezuela”, afirmó. Sin embargo, el esquema de negocio ha ido mutando. Según las declaraciones de Superlano, las transacciones financieras que se realizaban a través de bancos suizos, luego comenzaron a realizarse por Turquía y Rusia.

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Advierten acerca de mentiras y chantajes del venezolano Raymond Kamel Azar y su The Freedom Post

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La venta del PanAm Post en 2020, dio origen a la aparición de nuevos sitios similares, con la participación de anteriores miembros y colaboradores del equipo del sitio web libertario.

Según la web Prensa América, uno de esos sitios fue The Freedom Post, creado en el mes de noviembre de 2020.

Desde entonces, The Freedom Post, dirigido por Raymond Kamel Azar Maidana, quien ha reconocido públicamente haber sido integrante del Movimiento Resistencia, que aupó en 2017 las protestas opositoras en Venezuela, se sumerge en una vorágine de intrigas, conspiraciones, delirios, chantajes e informaciones falsas y tendenciosas.

Raymond Kamel Azar Maidana

En ese remolino han participado el reportero Jesús Medina Ezaine, de quien en redes sociales han señalado ha sido acusado de agredir a su propia madre y de recibir dinero de Gustavo Lainette, líder del Movimiento Resistencia en Estados Unidos, al que perteneció Azar. También se han hecho participes el tuitero @LucioQuincioC y otros.

Raymond Azar es un venezolano de origen libanés, hijo de un inmigrante muy humilde, asentado en el estado Nueva Esparta. Azar emigró de Venezuela a Miami, en donde organiza fiestas en las que se entretiene disfrazándose de terrorista del Hezbolá.

Abogado de profesión, Azar no ha hecho más que convertirse en un acosador, chantajista, hostigador, injurioso y difamador de oficio, artífice de campañas de desprestigio y descrédito contra distintas personas, sin importar su edad y estafando la confianza de quienes ingenuamente creen en sus mentiras, profiriendo acusaciones sin ninguna prueba.

Azar es secundado en sus mentiras y campañas de acoso y difamatorias por la internacionalista Laura de Rosa.

 

Pero no se puede esperar menos de un individuo con problemas en sus relaciones familiares, interpersonales y afectivas, con fracasos conyugales y quien se entiende mejor con mascotas que con una familia que poco a poco se ha ido desmoronando.

Con evidentes signos de megalomanía, Azar finge ser un profesional consagrado de la comunicación, deseoso siempre de notoriedad.

Su vanidad, narcicismo, hedonismo y complejos lo hacen querer compararse con un modelo de comercial de dieta para adelgazar o con un prócer de la independencia de Venezuela, como en una caricatura en donde aparece queriendo lucir como tal.

El abogado formó parte de la campaña del actor venezolano Víctor Cámara a la alcaldía de Doral en Florida. En Estados Unidos no supera y permanece anclado a la nostalgia de sus recuerdos en Venezuela, de su infancia y juventud junto a sus amigos, hijos también de libaneses o de su difunto hermano.

Raymond Azar en la campaña de Víctor Cámara

 

Pero quizás sus amigos y su propia familia, no sepan la calidad de persona en la que se ha convertido el abogado, ahora un difamador de la peor calaña, que poco a poco se ha ido quedando solo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El reportero gráfico Jesús Medina Ezaine es obligado en Venezuela a firmar una caución policial por intimidar y acosar a una mujer

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El reportero gráfico Jesús Medina Ezaine fue obligado a firmar una caución en el centro de coordinación policial la Urbina de la Policía Municipal de Sucre, estado Miranda, en la que se comprometió a dejar de realizar actos de persecución, intimidación o acoso a una mujer a la que ha agredido o a integrantes de su familia.

En la caución se señala que, de lo contrario, la policía solicitará una medida más gravosa en su contra, por parte del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control, según thefreedompost.es.

No se ha precisado quién es la mujer agredida, pero en otras ocasiones su propia madre, Adelaida Ezaine, ha acusado al reportero gráfico de cometer contra ella el mismo delito de violencia.

Estas son fotografías de la caución firmada por Medina.

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Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares no logran convencer a la justicia de Estados Unidos tras ofrecer la entrega de fondos en bancos suizos

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Los hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), están dispuestos a declararse culpables de «conspiración para lavar dinero» ante las autoridades de EEUU.

Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares podrían entregar casi «19 millones de dólares y activos decomisados adicionales» en la causa por el caso Odebrecht.

«Los activos decomisados incluyen una cantidad considerable de fondos mantenidos en bancos suizos que habrían sido excepcionalmente difíciles de recuperar sin el acuerdo de los hermanos Martinelli de declararse culpables y tomar medidas afirmativas para facilitar el acceso de los Estados Unidos a estos fondos», indicó una carta de su defensa en EEUU, a la que tuvo acceso EFE.

«En previsión de un posible acuerdo de culpabilidad, los hermanos Martinelli dieron su consentimiento por separado, para la liberación y transferencia de casi 1,7 millones de dólares en fondos para el Gobierno de EEUU hace más de tres meses», dice la carta presentada por el abogado James McGovern, del bufete Hogan Lovells US LLP.

Ricardo Alberto permanece detenido en Guatemala pero sólo espera a que sea entregado a EEUU pues ya no lucha legalmente para impedir su extradición.

La carta que envió McGovern fue fechada del 15 de noviembre, día en que Luis Enrique fue extraditado desde Guatemala. Allí estuvieron detenidos 16 meses evitando su entrega aduciendo un estatus diplomático por ser parte del Parlamento Centroamericano.

En la misiva de la defensa, se le plantea a la jueza Henry que Luis Enrique sea beneficiado con una fianza, y propone además «un bono de reconocimiento personal de 3 millones de dólares, garantizado por 1 millón en efectivo del Sr. Martinelli».

El abogado de los Martinelli explicó que éstos «comenzaron a reunirse voluntariamente con fiscales federales en relación con la investigación de los Estados Unidos». Sin embargo a mediados del 2020 «cometieron un error grave e irreflexivo» al salir de ese país e intentar llegar a Panamá «buscando reunirse con su familia y defenderse de los cargos panameños pendientes».

Los hermanos Martinelli están imputados en Panamá por presunto blanqueo de capitales en el caso «Blue Apple». La FIscalía pidió de igual manera llamarlos a juicio por el caso Odebrecht. En esa causa también está imputado su padre. El expresidente Martinelli está imputado por lavado de dinero y no puede salir del país.

Los Martinelli «acordaron viajar a los Estados Unidos desde Guatemala (…) para aceptar la responsabilidad por sus delitos (…) y proceder a la sentencia. A pesar de este compromiso (…) el Gobierno se ha negado a discutir los términos de un paquete de fianza apropiado», dijo el abogado McGovern.

Una nota que difundió la Embajada de EEUU en Panamá detallaron que se presume que los Martinelli «conspiraron con otros para lavar aproximadamente 28 millones de dólares en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del Gobierno de Panamá, que era un pariente cercano de los acusados».

El 4 de febrero del 2021 fueron acusados formalmente con cinco cargos. Los acusó a ambos «de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de encubrimiento de lavado de dinero; Luis Martinelli Linares también fue acusado de dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente».

En la primera audiencia de Luis Enrique Martinelli Linares, la jueza Marcia M. Henry tumbó todos los planes y negociaciones que ofreció la defensa, señaló Primer Informe, citando información de Telemetro.

Henry negó la fianza de 3 millones de dólares que propuso como alternativa a la detención. La jueza se mostró preocupada por su doble nacionalidad panameña e italiana. Además del poder adquisitivo de su familia.

Luis Enrique, al contrario de lo que planteó la carta de McGovern, se declaró inocente durante la audiencia.

Michael Culhane Harper, de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, sustentó ante la Jueza los motivos para dejar a Luis Enrique detenido. Dijo que este Martinelli no se presentó de forma voluntaria sino en un avión rentado por el FBI.

Además explicó a la juez Henry que a pesar de que adelantaron conversaciones, los hermanos Martinelli Linares decidieron huir.

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