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Por qué Estados Unidos pide a Guatemala la extradición de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares

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Fue el próximo 8 de marzo cuando se llevaría a cabo la audiencia que habrá de decidir si Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares será entregado a las autoridades de los Estados Unidos donde se le acusa de lavado de dinero.

Aun cuando el pasado viernes 5 de marzo  se esperaba que el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala revisara la causa de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño, Ricardo Martinelli, acusado junto a su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, de delitos de lavado de dinero, habrá que seguir esperando por tal decisión, informa un reportaje de www.maibortpetit.info escrito por Maibort Petit.

Los hijos del ex mandatario de Panamá son solicitados por la Corte del Distrito Este de Nueva York para que respondan ante esa instancia judicial de los delitos de que le acusa la fiscalía de dicha jurisdicción, razón por la cual requieren a las autoridades de Guatemala donde ambos se encuentran detenidos, que sea extraditados para que se enfrenten a la justicia de los Estados Unidos.

Sin embargo, la audiencia se suspendió a solicitud de la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares, la cual alegó necesitar más tiempo para revisar el expediente. Ahora fue el lunes 8 de marzo, cuando la audiencia tendría lugar.

El abogado de Martinelli Linares sostiene que el tribunal no es competente para dirimir el caso de su cliente, pues que se estaría violando, según él, la presunta inmunidad diplomática del hijo del exmandatario panameño. Alega Luis Enrique Martinelli Linares, al igual que su hermano, es diputado suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Pero el organismo regional informó ninguno de los dos ha sido juramentado, ni ha tomado posesión del cargo, pese a que resultaron electos en las elecciones generales panameñas, de mayo de 2019[1].

El caso

Ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Julia Nestor, Fiscal Federal Auxiliar en el Distrito Este de Nueva York, especialista en derecho penal relacionado con las violaciones de los estatutos de fraude financiero y corrupción, incluidos delitos relacionados con fraude electrónico, fraude postal, fraude de valores, ley de prácticas corruptas en el extranjero, blanqueo de capitales y conspiración para cometer esos delitos, presentó declaración jurada con relación al caso que en esa instancia judicial se sigue en contra de Luis Enrique Martinelli Linares.

Refirió la fiscal Nestor que se encuentra familiarizada con las pruebas presentadas por la fiscalía en el contra de Martinelli Linares, en el caso que surgió de una investigación a la empresa brasileña Odebrecht S.A, empresa la cual opera en al menos 27 países en las áreas de ingeniería, construcción, infraestructura, energía, productos químicos, servicios públicos y bienes raíces. La investigación reveló la existencia de un esquema de soborno masivo y lavado de dinero por parte de Odebrecht y otros, entre quienes se encontraba Luis Enrique Martinelli Linares, para pagar sobornos a funcionarios y servidores públicos en varios países y lavar el producto del esquema de soborno.

Los cargos

Al igual que su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, Luis Enrique Martinelli Linares fue demandado el 27 de junio de 2020, luego de que se estableciera que había una causa probable para creer que había cometido el delito de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957. Un juez del Distrito Este de Nueva York firmó y presentó la demanda y emitió una orden de arresto en su contra. Posteriormente, el 20 de julio de 2020, se presentó una Demanda Enmendada acusándolo de conspiración para cometer lavado de dinero (ya referido); lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 2; y lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.

A la fecha, la orden de aprehensión se mantiene vigente y ejecutable para que Martinelli Linares —igual su hermano— sea juzgado por los referidos delitos.

La fiscal Julia Nestor explica que, durante el proceso judicial, la fiscalía deberá demostrar que Luis Enrique Martinelli Linares celebró un acuerdo con una o más personas para cometer lavado de activos en cualquiera de las modalidades previstas y sancionadas en la legislación de los Estados Unidos, así como también a lo establecido en el Código Penal de Panamá. Se tendrá que determinar que el imputado, consciente y voluntariamente, se convirtió en miembro de tal conspiración.

Acota Nestor que la pena máxima de prisión por este delito es de 20 años de prisión.

Agrega que Martinelli Linares enfrenta también dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i), por lo que a la fiscalía le tocará demostrar que el acusado realizó o intentó realizar una transacción financiera que involucra bienes que constituyen el producto de un delito que involucra el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; que sabía que la propiedad involucrada en la transacción financiera era producto de alguna forma de actividad ilícita; y que igualmente conocía que la transacción fue diseñada, en todo o en parte, para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control del producto de un delito que involucra el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de Panamá. La pena máxima de prisión por este delito es de 20 años de prisión.

Martinelli Linares está acusado igualmente de dos delitos de gastos de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957 y, por lo cual, el gobierno debe demostrar que participó o intentó realizar una transacción monetaria a sabiendas; que sabía que dicha transacción involucraba bienes de origen criminal; que la propiedad tenía un valor superior a USD 10.000; que la propiedad, en efecto, se derivó de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; y que la transacción ocurrió en los Estados Unidos. La pena máxima de prisión por este delito es de 10 años.

Julia Nestor manifiesta en su declaración jurada que Estados Unidos probará su caso contra Luis Enrique Martinelli Linares a través de varios tipos de evidencia, incluida información obtenida de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de corporaciones, correos electrónicos y otras pruebas.

Advierte que ni Luis Enrique Martinelli Linares, ni su coacusado, Ricardo Alberto Martinelli Linares, han sido juzgados ni condenados por los delitos imputados en la Demanda Modificada, ni se le ha ordenado que cumpla condena alguna en relación con este caso.

Los hechos

En su declaración jurada a la Corte del Distrito Este de Nueva York, julia Nestor narra los hechos que llevaron a demandar a los Martinelli Linares.

Precisó que la policía identificó evidencia de que entre 2001 y 2016, Odebrecht, a través de algunos de sus empleados y agentes, se involucró en un esquema de soborno masivo en el que los co-conspiradores acordaron con otros, pagar corruptamente más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para obtener y retener negocios y obtener beneficios. Entre estos funcionarios había servidores públicos en Panamá.

Explica que Odebrecht ocultó la naturaleza, origen, propiedad y control de los ingresos del esquema de soborno al canalizarlos a través de cuentas bancarias de empresas fantasma en el extranjero de los beneficiarios finales de los sobornos.

La investigación identificó a Luis Enrique Martinelli Linares como un intermediario que aceptó y blanqueó pagos de sobornos de Odebrecht en nombre del “Funcionario del Gobierno de Panamá”, un alto funcionario del gobierno en Panamá desde aproximadamente 2009 hasta aproximadamente 2014, a saber, un pariente cercano suyo.

 

Asimismo, junto a su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares, participó en el esquema de soborno de Odebrecht, actuando como intermediarios de pagos corruptos y la provisión de otras cosas de valor que la empresa brasileña ofreció y entregó al Funcionario de Gobierno de Panamá. Entre otras cosas, los hermanos Martinelli Linares establecieron cuentas bancarias a nombre de sociedades fantasma offshore que les permitieron recibir y disfrazar los sobornos.

Julia Nestor informa que desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras, las cuales eran utilizadas para recibir y, además, transferir y entregar los pagos de sobornos que Odebrecht hizo y ordenó que se hicieran en beneficio del Funcionario de Gobierno de Panamá.

Específicamente, los hermanos Martinelli Linares establecieron sociedades pantalla en jurisdicciones extranjeras; sirvieron como signatarios de algunas de las cuentas bancarias de la empresa fantasma; y las transferencias electrónicas enviadas personalmente y provocadas a través de la estructura de las cuentas bancarias de las empresas fantasmas para ocultar y gastar las ganancias del soborno.


[1] La Prensa. “Guatemala: se suspende audiencia a Luis Enrique Martinelli, para que su abogado revise el expediente”. 5 de marzo de 2021. https://www.prensa.com/judiciales/guatemala-audiencia-para-definir-la-extradicion-de-luis-enrique-martinelli-linares/

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Autoridades de Estados Unidos investigan a la firma Panama Offshore Legal Services por posibles violaciones legales

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Autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) y del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunciaron que el juez de Distrito de Estados Unidos Gregory H. Woods autorizó al IRS, equivalente a la Dirección General de Ingresos panameña, a requerir a varias empresas de mensajería e instituciones financieras información sobre contribuyentes estadounidenses que pudieran haber utilizado los servicios de la firma Panama Offshore Legal Services (POLS) y sus asociadas (a las que en conjunto denomina Grupo POLS), para evadir el pago de impuestos federales.

El Departamento de Justicia señaló en un comunicado que se busca rastrear las entregas de mensajería y las transferencias entre Grupo POLS y sus clientes, para identificar a aquellos que hayan utilizado los servicios de este grupo para crear o controlar activos y entidades extranjeras para evitar el cumplimiento con las obligaciones fiscales en Estados Unidos. Entre las entidades a las que se solicitará información están bancos como HSBC, Citibank, Wells Fargo, Bank of America e incluso la Reserva Federal de Nueva York, así como empresas de paquetería como FedEx, DHL y UPS. La nota del Departamento de Justicia deja claro que las citaciones no implican que estas compañías hayan hecho algo malo, sino que se busca información sobre posibles violaciones a las leyes estadounidenses por parte de individuos cuya identidad se desconoce, informó La Prensa.

El Departamento de Justicia describe a POLS como una firma de abogados panameña que anuncia servicios, incluso para clientes radicados en Estados Unidos, para ayudar a ocultar la propiedad de entidades y cuentas en el extranjero.

Jon Hanna, abogado de la firma, señaló ayer a La Prensa que están estudiando el caso y viendo qué opciones hay para cooperar con la investigación.

Dijo que el hecho de que una personas de otro país no haya cumplido sus obligaciones no hace responsable a la firma. Comentó, además, que a los clientes se les informa sobre la obligación de reportar la existencia de cuentas en Panamá o cualquier parte del mundo a las autoridades fiscales de Estados Unidos y se releva a la firma de cualquier responsabilidad por no pagar sus impuestos.

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Venezolano José Morely Chocrón reconoció haber lavado en Estados Unidos más de $500.000 en un plan para sobornar a políticos en Brasil

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El venezolano José Morely Chocrón se declaró culpable el martes 16 de marzo de 2021 en la Corte Federal de Manhattan de lavar más de 500.000 dólares. Audrey Strauss, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, informó sobre el caso.

El dinero lavado habría formado parte de un plan para sobornar a funcionarios políticos brasileños, señaló un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense, informó El Publique.

De acuerdo con el comunicado, se utilizaba una red y cuentas bancarias a las que Chocrón tenía acceso en virtud de su operación en un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

“La banca del mercado negro la diseñaron para facilitar la evasión fiscal y se utilizó para facilitar lo que él pensó que era el soborno de un funcionario extranjero», dijo Strauss.

Señaló que, sin que el venezolano lo supiera, el Buró Federal de Investigaciones había identificado su red y comenzó a trabajar inmediatamente para desmantelarla.

«Esta oficina continuará asegurando la integridad del sistema financiero de Estados Unidos identificando y procesando operaciones bancarias en la sombra como la de Chocrón», agregó.

Entre mayo de 2019 y octubre de 2019, Chocrón, en colaboración con sus coconspiradores, utilizó su red de contactos y cuentas bancarias para lavar fondos.

El dinero se lo habían proporcionado personas que, sin el conocimiento del ciudadano, trabajaban para la Oficina Federal de Investigaciones.

Esas personas informaron al procesado que los fondos eran producto de sobornos que se habían pagado a funcionarios públicos brasileños para obtener licencias y permisos.

En cuatro ocasiones, Chocrón aceptó dinero en efectivo de personas que trabajaban para el FBI o se dispuso a entregar el efectivo a sus asociados. Luego dispuso que los fondos se transfirieran a cuentas bancarias especificadas por el FBI, menos el pago de una comisión.

El comunicado del Departamento de Justicia señaló que Chocrón explicó que pudo recibir grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos y hacer arreglos para que esos fondos fueran transferidos a cuentas bancarias.

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Investigación revela relación del panameño Poll Anria con un call center destinado a defender al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei y a arremeter contra sus críticos

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El periodista Leonardo Grinspan, quien forma parte de la Unidad de Investigación de La Prensa estuvo como invitado en El Podcast Sin Nombre.

Grinspan conversó sobre un reportaje publicado en La Prensa el miércoles 14 de julio, titulado: «Poll Anria, el panameño detrás del ‘call center’ del presidente de Guatemala».

El reportaje se basa en una investigación del medio Artículo 35, que trata sobre la existencia de un “netcenter”, mejor conocido en Panamá como call center, dedicado a atacar periodistas y ciudadanos que critiquen al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.

 

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