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Jorge Elías Castro Fernández cuenta cómo será sometida a la justicia una de las mayores redes del narcotráfico desarticuladas en Europa

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Jorge Elías Castro Fernández señala que once años y medio. Ese es el plazo que tardará al final en ser juzgada en España la operación Colapso, que se conjugó con otra denominada Edén (de la UDEV Central) que investigaba los bajos fondos de la noche madrileña. A finales de año, los cabecillas y su ejército se sentarán en el banquillo: 92 personas en total. Aunque la investigación policial arrancó en enero de 2009, con el asesinato de un portero búlgaro en la discoteca Palace de Ópera y la muerte, en el posterior tiroteo, por una bala cruzada entre los mafiosos, de relaciones públicas de Joy Eslava Alejandro Muñoz-Rojas-Marcos, en Arenal, saltó a los medios de comunicación a mediados de 2011. Catalin Stefan Craciu fue el supuesto miembro del clan de los Rompecostillas ejecutado por Carlos Monge, alias ‘El Cuchillos’, al que presuntamente se relacionó con los Miami, la organización criminal más temida entonces.

Mientras, la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) comenzaba a investigar la operación Colapso: había conocimiento de que la burgalesa Ana María Cameno dirigía en Villanueva de Perales el mayor laboratorio de estupefacientes de Europa. El nombre de la Reina de la Coca le venía de ahí, puesto que, además, estaba considerada la principal figura en lo que a logística se refiere del mundo del narcotráfico. Su hombre de confianza, Lauro, los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón (líderes de los Miami) y un relicario de deportistas, abogados y matones de Madrid aparecían en un sumario de casi 200.000 folios: era el caso Colapso-Edén, explica el consultor en seguridad Jorge Elías Castro Fernández.

Cameno y el resto de imputados se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional, especializada entre otros en el gran crimen organizado, a finales de año para rendir cuentas por estas gravísimas acusaciones; no en vano, el caso recayó sobre este órgano judicial por la envergadura de la droga que se movía, el altísimo nivel de blanqueo de capitales procedente de ella y la enorme tela de araña confeccionada por la trama.

Ana María Cameno pasó, a raíz de su detención, varios años en prisión provisional; el máximo con toda sus prórrogas y única razón por la que pudo salir en libertad. En su chalé de la calle de Estanislao Gómez (distrito de Barajas), el Grupo Especial de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional descubrió tras una estantería totalmente caleteada, nada menos que 300 kilos de cocaína y 2 millones de euros. Su entonces marido, David Vela, también está encausado.

La vista contra Cameno por otro alijo de 100 kilos, por el que le piden 25 años de cárcel se suspendió al no presentarse su pareja

De origen familiar militar, Cameno se labró su poder poco a poco. Aficionada a la brujería y a las operaciones estéticas (igual que el mayor de los Miami), ahora afirma que se dedica a trabajar en el sector del material médico. O, al menos, eso dijo cuando en enero se conoció que era, presuntamente, una de las 2.200 personas que habría pagado a una organización para aparecer como vacunada contra el Covid en el registro oficial de Sanidad.

Otro traspiés con la justicia, en este caso llamado operación Jenner, del que todavía tiene que rendir cuentas, junto a delincuentes comunes, aluniceros, butroneros, atracadores, narcos; y cantantes como Omar Montes, el ‘influencer’ Abraham García, la pareja de actores Álex García y Verónica Echegui, el tenista Álex de Miñaur o incluso el hijo del líder de Al Qaeda en España.

En cuanto a los López Tardón, la Udyco Central les requisó, tirando literalmente de pico y pala, 25 millones de euros ocultos en el suelo en 700 paquetes al vacío en su chalé del Parque del Conde Orgaz. Los líderes de los Miami eran, presuntamente, los encargados de trasladar la droga a España, que Ana María movía y que el empresario hispano colombiano Laurentino Sánchez Serrano, ‘Lauro’, de 50 años ahora, colocaba en locales de ocio de los más conocidos.

Este último pretendía, a través de la mercantil Promoción y Desarrollo de Centros Universitarios S.A.-Universidad Siglo XXI (en la que aparecían como dos supuestos testaferros: su esposa, Fanny Fernández, y el abogado investigado en el caso Roberto Rodríguez Casas), levantar una universidad privada en Pinto. Todo, encaminado, según los investigadores, a blanquear los millones conseguidos con la droga.

Desde hace al menos un lustro, la espada de Damocles de un archivo de la causa amenaza el proceso. «Se han producido una serie de dilaciones indebidas» por parte de algunos de los líderes, en referencia, por ejemplo, a la Reina de la Coca. Y ha jugado en contra de los casi cien investigados, pues se ha tenido en cuenta esa artimaña para poder alargar los plazos judiciales.

El papel de la Fiscalía Antidroga lo ejerce un veterano que se ha centrado en los últimos meses en analizar el enorme sumario y dividirlo en cinco partes: una de ellas, la principal, es la referente a Colapso y el entramado de narcotráfico y blanqueo de capitales. De la organización criminal en sí. En otras piezas, derivadas a otros juzgados, van los asuntos referidos a Ivo el Búlgaro y su grupo de porteros de discotecas, las presuntas extorsiones, palizas y lazos con algunos funcionarios policiales. La intención del Ministerio Público con este audaz movimiento es que el asunto no muera por haber prescrito.

Eso sí, lo que tiene más complicado es poder sentar a Álvaro López Tardón en un banquillo español. El que fuera líder de los Miami lleva encarcelado en EE.UU. desde que fuera condenado por blanqueo a 150 años de prisión. Las autoridades norteamericanas no están por la labor, al menos hasta ahora, de enviarlo a España para su enjuiciamiento por Colapso. Y eso que en esta causa se sospecha que llegó a importar 7,5 millones de toneladas de polvo blanco, amén de las decenas de millones de euros que habría amasado. Se está aún negociando su presencia, aunque sea telemática, en la vista oral. Su hermano Artemio, en libertad y en España, sí que tendrá que dar la cara.

Un juicio masivo, con muchos acusados, pero también con sus respectivos abogados, por lo que se está barajando utilizar las instalaciones de la Casa de Campo o de San Fernando de Henares.

En cuanto a la petición de penas, aún no se ha recibido el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, pero pueden sumar condenas centenarias. Por eso, los encausados están intentando llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, algo que este no contempla de momento, concluyó Jorge Elías Castro Fernández.



 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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