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Unión Europea mantiene a Panamá en lista negra de territorios no cooperadores en materia fiscal

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La Unión Europea (UE) hizo oficial la permanencia de Panamá en la lista negra de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, mientras que en poco más de dos semanas se espera conocer la nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre el régimen de blanqueo de capitales del país.

Con este escenario como telón de fondo, se produce la renuncia de Dani Kuzniecky como secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), la entidad encargada de coordinar los esfuerzos del Gobierno por salir de las listas, informó Roberto González Jiménez en La Prensa.

Ayer, el Consejo de la UE actualizó la lista de territorios no cooperadores en materia fiscal, y Panamá permaneció en ella, como había sido adelantado la semana pasada.

El bloque señaló que Panamá no tiene una calificación de al menos “ampliamente cumplidor” en las evaluaciones de intercambio de información a requerimiento por parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que tiene un régimen de exención de renta de fuente extranjera pernicioso, asunto que no ha resuelto, según la UE.

La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que desde junio de 2021, la UE comunicó a la República de Panamá que consideraba el régimen fiscal territorial como pernicioso, algo que rechazó el MEF. Al contrario de los regímenes de renta mundial, un régimen fiscal territorial solo grava las rentas generadas dentro de la jurisdicción.

El bloque europeo habría solicitado el compromiso del país para hacer modificaciones normativas a su régimen fiscal, con la implementación de las mismas en enero de 2023. Desde el MEF advirtieron que no hubo una petición expresa de pasar de un régimen fiscal territorial a uno mundial.

El Gobierno señaló que cualquier modificación al régimen fiscal territorial debería ser el resultado de un estudio que contemple el impacto que representaría a la nación, y por lo tanto no accedió al compromiso.

En la lista de la UE fueron incorporados otros países de la región, como Uruguay y Costa Rica, pero al Anexo II o lista gris.

En ambos casos la UE también considera que tienen regímenes fiscales perniciosos, pero estos países sí mostraron compromiso para abordar los aspectos señalados por el Código de Conducta.

El abogado Carlos Barsallo señaló que en el caso de esta lista se llegó a un punto en el que el país solicitó ser excluido, pero la Unión Europea pidió cambios al régimen fiscal y el Gobierno no accedió. Por lo tanto, dijo que tendría que haber algún cambio de posición de Panamá para poder avanzar.

De manera paralela, y también este mes de octubre, se conocerá el resultado de otra importante evaluación: la del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El organismo celebra entre el 19 y el 21 de octubre su última reunión plenaria del año y en ella actualizará sus listas de territorios con deficiencias en sus regímenes de prevención de blanqueo de capitales.

Panamá figura en la llamada lista gris desde junio de 2019. En la última evaluación, de junio de este año, el organismo señaló que el país había completado cinco puntos de los 15 que tiene el plan de acción e instó a tomar medidas urgentes para resolver las deficiencias existentes.

Tanto Barsallo como Julio Aguirre, consultor financiero especialista en prevención de lavado de dinero, no esperan que se produzcan grandes avances en la próxima evaluación, y por lo tanto prevén que el país se mantendría en la lista gris.

Aguirre puso como ejemplo que en marzo de 2020 se aprobó la Ley 129 para crear un registro de beneficiarios finales y a la fecha no se ha creado. Aunque la misma creación del registro no es un estándar de GAFI, el organismo sí pide que las autoridades puedan acceder a información oportuna sobre los beneficiarios finales de las sociedades.

Tampoco habrá avances sobre las reformas que se quieren hacer a través del proyecto de Ley 624, que introduce modificaciones en varias leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales, iniciativa que no ha tenido mayor avance en el debate legislativo y que ha sido cuestionada por algunos gremios, como los de abogados.

Barsallo dijo que sí ha habido avances en los controles sobre remitentes de dinero sin licencia, pero se refirió a otras tareas pendientes, como el entendimiento de los riesgos, mostrar multas disuasorias y sanciones proporcionales, así como aumentar el uso de los productos de la Unidad de Análisis Financiera para las investigaciones de lavado de capitales.

A este complejo escenario se suma la renuncia del secretario técnico de la CNBC, Dani Kuzniecky, confirmada ayer.

La CNBC es una entidad adscrita al Despacho del Ministro de Economía y Finanzas, y en ella están representados el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Presidencia, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

La renuncia de Kuzniecky, quien no comentó sobre los motivos de su salida, se une a la de Darma Romero, efectiva desde el 9 de septiembre, quien hacía equipo con el abogado desde la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF.

Romero dijo a este diario que tenía nuevos proyectos personales y profesionales tras casi una década en el sector gubernamental.

Sobre las salidas en este momento, Aguirre comentó que el país debe cumplir lo acordado con el GAFI indistintamente de quién esté como figura ejecutora y que por eso las instituciones involucradas se agrupan en el CNBC.

Por su parte, Barsallo dijo que es lamentable que haya cambios porque puede generar retrasos dentro de lo que ya está atrasado, que es la ejecución del cronograma [del plan de acción], además del bagaje técnico que se tenía, algo que, dijo, es importante a la hora de lidiar con evaluadores.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

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Panamá

Llega a su fin el juicio en Estados Unidos contra los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares por lavar sobornos de Odebrecht

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En la Corte de Brooklyn se escuchará de boca del juez de distrito, Raymond J. Dearie, cuál será la pena que deberán pagar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal, por lavar fondos irregulares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.

La lectura de sentencia de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares se fijó para el viernes 20 de mayo. A las 4 de la tarde, el juez de la causa, Raymond J. Dearie, establecería cuál sería la pena que deberán purgar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal. Los hermanos se declararon culpables de haber lavado USD 28 millones provenientes de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio del otorgamiento de contratos en beneficio “de un familiar cercano y alto funcionario” del gobierno de Panamá, informó Maibort Petit maibortpetit.info.

Por documentos del caso, se conocieron los últimos movimientos judiciales de los Martinelli Linares, por ejemplo, para el 13 de mayo estaba programada la fecha de control para la sentencia de Ricardo Martinelli Linares luego de que el juez Dearie, le negara su pedido de fianza. Este, así como su hermano, Luis Martinelli Linares, se declararon culpables diciembre de 2021. En razón de que la defensa había solicitado una sentencia acelerada antes de una solicitud anticipada de una sentencia de tiempo cumplido, la Corte refirió que estaría dispuesta a adelantar la fecha de dicha sentencia.

Se convino en pedir al Departamento de Libertad Condicional avocarse al caso y, en tal sentido, el 28 d e marzo emitió un borrador de PSR para Luis Martinelli y el 30 de marzo recibió las objeciones y pedidos de corrección de parte de los abogados defensores.

Luego, el 4 de abril, la defensa pidió a la fiscalía que expusiera su posición respecto a la solicitud anticipada para que la Corte adelantara la sentencia del 13 de mayo a la semana del 25 de abril. El gobierno respondió el 8 de abril que se oponía a cualquier adelanto de sentencia de Martinelli porque la fiscalía continuaba “reuniendo información para las audiencias de sentencia, incluso a la espera de información adicional de Panamá sobre la posición del país como víctima para fines de restitución”.

Los abogados defensores expusieron que todas las partes habían tenido tiempo suficiente para prepararse para la sentencia, encontrándose, además, el PSR sustancialmente completo y no representa un obstáculo para un avance razonable de las audiencias de sentencia, por lo que requirieron del Tribunal un adelanto de las fechas de sentencia de Ricardo Martinelli y su hermano.

Presentaron una oferta de cronograma:

“Para una audiencia el lunes 25 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el jueves 14 de abril; presentación del gobierno para el jueves 21 de abril; la respuesta de la defensa vence el viernes 22 de abril.

“Para una audiencia el miércoles 27 de abril o el jueves 28 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el lunes 18 de abril; presentaciones del gobierno vencen el lunes 25 de abril; respuesta de la defensa para el martes 26 de abril”.

Entretanto, los fiscales han solicitado que la condena que se les dicte a los hermanos Martinelli Linares entre en el rango de los 108 y los 135 mes, es decir, entre 9 y 11 años.

El Departamento de Libertad Condicional sugirió al tribunal una sentencia de 180 meses de prisión y el pago de una multa de USD 250.000, puesto que a su juicio no existen causales que puedan hacer mitigar la pena.

Para el gobierno resulta inadmisible la pretensión de la defensa que ha pedido al juez Dearie que, incluso, deje en libertad a sus clientes, toda vez que a criterio de sus abogados defensores, ya habrían sido suficientes los 23 meses que llevan detenidos tanto en Guatemala como en Brooklyn.

Son escasos los datos biográficos de los Martinelli Linares y entre la poca información que puede encontrarse en la web, está el hecho de que ambos tienen doble nacionalidad, panameña e italiana, en razón de los orígenes de su padre, el expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.

El exmandatario panameño es un empresario cuya mayor compañía es Súper 99, una de las principales cadenas de supermercados de Panamá. También es dueño de Importadora Ricamar S.A.,al tiempo que es socio, inversionista, directivo o accionista de otras firmas panameñas, como el Diario por la Democracia S.A., la Azucarera La Victoria, Empresa ERA, MegaDepot, ToyLand, Compañía Digital de Televisión y Plastigol S.A. Igualmente es director de Gold Mills de Panamá, Global Bank, Panasal S.A., Televisora Nacional de Panamá, DirectTV, Desarrollo Norte S.A. el Molino de Oro, Avipac Inc y Calox Panameña.

Entretanto, la madre es Marta Linares de Martinelli quien está titulada en Comercio en el Saint Mary of the Woods College en Indiana (Estados Unidos) y posteriormente adquiere la licencia como Corredora de Seguros en la Universidad de Panamá.

Ricardo Alberto, el mayor, tiene 42 años de edad, mientras Luis Enrique tiene 39. La tercera de los hermanos Martinelli Linares es Carolina Elizabeth.

En la red social LinkedIn, el perfil de Luis Enrique Martinelli Linares refiere que es el director general de la empresa Importadora Ricamar S.A. Allí se describe como un joven empresario panameño que dirige la firma Super-99, como también es denominada la cadena de supermercados más grande de Panamá.

Es egresado en administración de negocios de la Universidad Metodista del Sur (Southern Methodist University) ubicada en Texas, donde igualmente cursó estudios internacionales[1].

La Importadora Ricamar S.A. es una empresa registrada en Panamá el 10 de diciembre de 1961 bajo el número 115395, cuyo estatus actual es vigente, de acuerdo a lo que informa el portal Open Corporates. El nombre del agente es Magalis Guadalupe Reyes Reyes y el directorio está conformado por Adrián Domínguez Castro y María Concepción Rodríguez, como apoderados; Alejandro Garuz, como apoderado y gerente general; Alejandro Garuz Adames, como director y presidente; David Alejandro Jiménez Barrios, como director y secretario; Gabriel Arturo Jiménez Barrios, como director y tesorero; Roberto Antenos Reyes Reyes y Vicente González Jiménez, como suscriptores. La representación legal de la empresa la ejercen el presidente, el secretario y el tesorero. Marta Linares de Martinelli fue destituida de la presidencia entre el 25 de julio de 2019 y el 21 de mayo de 2020[2].

El 29 de enero de 2017, el gobierno de los Estados Unidos canceló la visa, tanto de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, como de su madre, la ex primera dama panameña, Marta Linares de Martinelli[3].

La figuración pública de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal comenzó con la acusación que su contra se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde están imputados por delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de un esquema masivo de soborno en el que está involucrada el conglomerado mundial de construcción con sede en Brasil, Odebrecht S.A.

De acuerdo a la documentación que se maneja en Corte de Brooklyn, el plan corrupto por el que se señala a los Martinelli Linares involucraba el pago de más de USD 700 millones en sobornos a funcionarios de gobierno, miembros de partidos políticos y otros funcionario y personeros en Panamá y otros países alrededor del mundo para obtener y retener negocios para Odebrecht.

La constructora brasileña a través de sus representantes admitió su culpabilidad el 21 de diciembre de 2016. Esto ocurrió igualmente en el Distrito Este de Nueva York donde enfrentó una acusación criminal de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA)[4].

Luego de un complicado proceso, Luis Enrique Martinelli Linares fue extraditado desde Guatemala hacia los Estados Unidos para enfrentar la acusación presentada ante el tribunal federal en Brooklyn el 15 de noviembre de 2021. Por su parte, Ricardo Alberto Martinelli Linares fue extraditado el 10 de diciembre de 2021. Habían sido detenidos en julio de 2020, en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala, cuanto procuraban abordar un avión privado que los sacara de suelo guatemalteco rápidamente y así evitar su captura en razón de la solicitud que cursaba de parte de la justicia estadounidense. Desde su aprehensión estuvieron recluidos en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala, en Guatemala.

En el esquema corrupto de Odebrecht, los Martinelli Linares habrían lavado —de acuerdo a los documentos judiciales— aproximadamente USD 28 millones en pagos de sobornos hechos por la empresa brasileña a un alto funcionario del gobierno de Panamá que es pariente cercano de los acusados. Contra los hermanos fue presentada la denuncia penal el 27 de junio de 2020 y, posteriormente, el 4 de febrero de 2021, en contra de Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron presentados cinco cargos. En la Corte de Brooklyn. Uno de los cargos es por conspiración para cometer lavado de dinero, mientras dos son por encubrimiento de lavado de dinero. Luis Martinelli Linares enfrenta también dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente[5].

Luis Enrique Martinelli Linares se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su desempeño en el esquema corrupto de soborno de Odebrecht S.A., ante el juez federal de distrito Raymond J. Dearie, el 2 de diciembre de 2021. Ante el magistrado dijo que participó en la conspiración junto con su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares y otras personas mediante el establecimiento de cuentas bancarias extraterritoriales a nombre de compañías de fachada en las que recibirían y disfrazarían los fondos irregulares que sumaban USD 28 millones. Explicó que él y sus socios transfirieron hacia y desde los Estados Unidos el dinero, lo cual llevaron a cabo a través de transferencias electrónicas que involucraban las ganancias del esquema y que les servirían para la compra de un yate y un condominio en EE. UU.[6]

Entretanto, la declaración de culpabilidad de Ricardo Alberto Martinelli Linares se produjo el 14 de diciembre de 2021, cuando ante el juez federal de distrito, Raymond J. Dearie, admitió que participó en la conspiración para lavar dinero en el esquema encabezado por Odebrecht S.A. Tal como lo hizo su hermano, asintió los términos de la acusación que los señala de usar el sistema financiero de Estados Unidos para promover su esquema de corrupción, lo cual lograron constituyendo “cuentas de empresas ficticias en bancos extraterritoriales para tratar de evadir la responsabilidad y usaron parte de las ganancias de los sobornos para su beneficio personal”[7].

El artículo completo puede ser leído maibortpetit.info

 

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Participación de los hermanos Martinelli Linares en Digicel habría desencadenado reveses sufridos por la empresa en Panamá

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En opinión de algunos ciudadanos, ha quedado claro que reveses recientes que ha sufrido Digicel en Panamá se han desencadenado en parte debido a la vinculación de la familia Martinelli con la empresa.

El pasado mes de abril la compañía solicitó su liquidación voluntaria ante los Tribunales de Justicia Civiles, como consecuencia de la aprobación, por parte del Gobierno Nacional de Panamá, de la fusión de Cable & Wireless Panamá (CWP) y Claro, decisión que representa el fin de la libre competencia para el mercado de las telecomunicaciones en el país, según dijo la compañía en una declaración.

Revelaciones recientes han indicado que tras bastidores los verdaderos accionistas de la compañía son los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, quienes esperan sentencia tras haberse declarado culpables de lavar dinero de sobornos de Odebrecht.

Los fiscales del caso de los hermanos Martinelli en Nueva York confirmaron que 9.2 millones de dólares de las coimas de Odebrecht fueron utilizados para comprar una empresa de telefonía celular, informó FOCO.

Diversas fuentes consultadas confirmaron a FOCO que la empresa a la que se refieren es Digicel.

 

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Panamá

El video viral con imágenes del presidente Laurentino Cortizo en el que un hombre asegura arrepentirse de «haber votado por usted»

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En las redes sociales se viraliza un video con un audio de fondo en el que una persona dice arrepentirse de «haber votado por usted», mientras se muestran imágenes del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

En el vIdeo el hombre señala: «…porque usted no ayuda al pueblo, usted ayuda al rico…».

No está claro si se trata de un vídeo auténtico, de un montaje o si el reclamo iba dirigido realmente a Cortizo.

 

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