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Unión Europea mantiene a Panamá en lista negra de territorios no cooperadores en materia fiscal

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La Unión Europea (UE) hizo oficial la permanencia de Panamá en la lista negra de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, mientras que en poco más de dos semanas se espera conocer la nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre el régimen de blanqueo de capitales del país.

Con este escenario como telón de fondo, se produce la renuncia de Dani Kuzniecky como secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), la entidad encargada de coordinar los esfuerzos del Gobierno por salir de las listas, informó Roberto González Jiménez en La Prensa.

Ayer, el Consejo de la UE actualizó la lista de territorios no cooperadores en materia fiscal, y Panamá permaneció en ella, como había sido adelantado la semana pasada.

El bloque señaló que Panamá no tiene una calificación de al menos “ampliamente cumplidor” en las evaluaciones de intercambio de información a requerimiento por parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que tiene un régimen de exención de renta de fuente extranjera pernicioso, asunto que no ha resuelto, según la UE.

La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que desde junio de 2021, la UE comunicó a la República de Panamá que consideraba el régimen fiscal territorial como pernicioso, algo que rechazó el MEF. Al contrario de los regímenes de renta mundial, un régimen fiscal territorial solo grava las rentas generadas dentro de la jurisdicción.

El bloque europeo habría solicitado el compromiso del país para hacer modificaciones normativas a su régimen fiscal, con la implementación de las mismas en enero de 2023. Desde el MEF advirtieron que no hubo una petición expresa de pasar de un régimen fiscal territorial a uno mundial.

El Gobierno señaló que cualquier modificación al régimen fiscal territorial debería ser el resultado de un estudio que contemple el impacto que representaría a la nación, y por lo tanto no accedió al compromiso.

En la lista de la UE fueron incorporados otros países de la región, como Uruguay y Costa Rica, pero al Anexo II o lista gris.

En ambos casos la UE también considera que tienen regímenes fiscales perniciosos, pero estos países sí mostraron compromiso para abordar los aspectos señalados por el Código de Conducta.

El abogado Carlos Barsallo señaló que en el caso de esta lista se llegó a un punto en el que el país solicitó ser excluido, pero la Unión Europea pidió cambios al régimen fiscal y el Gobierno no accedió. Por lo tanto, dijo que tendría que haber algún cambio de posición de Panamá para poder avanzar.

De manera paralela, y también este mes de octubre, se conocerá el resultado de otra importante evaluación: la del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El organismo celebra entre el 19 y el 21 de octubre su última reunión plenaria del año y en ella actualizará sus listas de territorios con deficiencias en sus regímenes de prevención de blanqueo de capitales.

Panamá figura en la llamada lista gris desde junio de 2019. En la última evaluación, de junio de este año, el organismo señaló que el país había completado cinco puntos de los 15 que tiene el plan de acción e instó a tomar medidas urgentes para resolver las deficiencias existentes.

Tanto Barsallo como Julio Aguirre, consultor financiero especialista en prevención de lavado de dinero, no esperan que se produzcan grandes avances en la próxima evaluación, y por lo tanto prevén que el país se mantendría en la lista gris.

Aguirre puso como ejemplo que en marzo de 2020 se aprobó la Ley 129 para crear un registro de beneficiarios finales y a la fecha no se ha creado. Aunque la misma creación del registro no es un estándar de GAFI, el organismo sí pide que las autoridades puedan acceder a información oportuna sobre los beneficiarios finales de las sociedades.

Tampoco habrá avances sobre las reformas que se quieren hacer a través del proyecto de Ley 624, que introduce modificaciones en varias leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales, iniciativa que no ha tenido mayor avance en el debate legislativo y que ha sido cuestionada por algunos gremios, como los de abogados.

Barsallo dijo que sí ha habido avances en los controles sobre remitentes de dinero sin licencia, pero se refirió a otras tareas pendientes, como el entendimiento de los riesgos, mostrar multas disuasorias y sanciones proporcionales, así como aumentar el uso de los productos de la Unidad de Análisis Financiera para las investigaciones de lavado de capitales.

A este complejo escenario se suma la renuncia del secretario técnico de la CNBC, Dani Kuzniecky, confirmada ayer.

La CNBC es una entidad adscrita al Despacho del Ministro de Economía y Finanzas, y en ella están representados el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Presidencia, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

La renuncia de Kuzniecky, quien no comentó sobre los motivos de su salida, se une a la de Darma Romero, efectiva desde el 9 de septiembre, quien hacía equipo con el abogado desde la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF.

Romero dijo a este diario que tenía nuevos proyectos personales y profesionales tras casi una década en el sector gubernamental.

Sobre las salidas en este momento, Aguirre comentó que el país debe cumplir lo acordado con el GAFI indistintamente de quién esté como figura ejecutora y que por eso las instituciones involucradas se agrupan en el CNBC.

Por su parte, Barsallo dijo que es lamentable que haya cambios porque puede generar retrasos dentro de lo que ya está atrasado, que es la ejecución del cronograma [del plan de acción], además del bagaje técnico que se tenía, algo que, dijo, es importante a la hora de lidiar con evaluadores.

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Panamá

El techo raso de los camerinos de un estadio que está como el deporte en Panamá

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A través de las redes sociales se han difundido fotografías del mal estado del área de camerinos, que algunos internautas aseguran pertenece al estadio Armando Dely Valdés en Colón. No obstante, otros han señalado que correspondería al estadio Rommel Fernández en la ciudad de Panamá.

En las fotografías se aprecia el grave deterioro de un techo raso que estaría prácticamente a punto de caerse.

Hasta el momento ninguna autoridad de Pandeportes se ha pronunciado acerca del tema.

 

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Panamá

Abogada vinculada a Mossack Fonseca (Panama Papers) es designada por el presidente Laurentino Cortizo como secretaria de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales

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A través de un decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el Gobierno designó a Isabel Vecchio como nueva secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC).

Esta es la posición que quedó vacante tras la renuncia de Dani Kuzniecky, que se conoció el pasado 5 de octubre.

Vecchio se ha desempeñado en los últimos 10 años en la administración pública, en distintas instituciones y cargos, algunos de ellos vinculados a la estrategia del país para salir de las listas discriminatorias, informó La Prensa.

Antes, entre 2005 y 2010, fue abogada en Mossack Fonseca, la firma que fue objeto de una investigación periodística internacional que tuvo repercusión mundial en 2016 por el uso de estructuras jurídicas opacas.

Vecchio dijo que desempeñó en la firma distintos roles de la práctica profesional de un abogado, en las áreas de mercantil, marítimo, administrativo, litigios, así como en materia laboral.

Consultada sobre un eventual mensaje contradictorio que se pueda enviar a las organizaciones internacionales por su nombramiento como la persona que debe liderar la estrategia del país para salir de las listas, dijo que no debería haber conflicto porque lleva más de 10 años trabajando para la administración pública, que es lo que quiere seguir haciendo, y que tiene experiencia y conocimiento en temas de prevención de blanqueo de capitales.

En 2016, ingresó en la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, entidad creada para mejorar el sistema de prevención contra el lavado de activos en un gran grupo de actividades económicas no financieras, entre ellas, los abogados.

Empezó como abogada de la Intendencia -entidad que hoy en día es una Superintendencia- y llegó a ser su subdirectora.

Ha sido subdirectora de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales del Ministerio de la Presidencia y asesora de la CNBC, de la que ahora es secretaria técnica.

Adscrita al despacho del ministro de Economía y Finanzas, la CNBC fue creada a través de la Ley 23 de 2015 y está compuesta por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Presidencia, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea.

Consultada acerca de la presencia de Panamá en las listas, Vecchio dijo que el país ha presentado avances, que estos tienen que continuar y que existe un compromiso al más alto nivel. Destacó en su estrategia la importancia del trabajo interinstitucional para avanzar y obtener resultados.

Vecchio es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María La Antigua. Cuenta con un diplomado en Comercio Internacional y Servicios Bancarios de la Universidad Latina de Panamá; una maestría en Derecho Marítimo de Tulane University, New Orleans, Estados Unidos; y una maestría en Administración Pública de Cornell University, Ithaca, Nueva York, Estados Unidos.

Asume el cargo en un momento complejo para Panamá, cuya presencia en la lista negra de la Unión Europea fue ratificada a inicios de octubre y que espera conocer esta semana la nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre los avances en la ejecución del plan de acción para abordar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.

En la Asamblea, además, reposa el proyecto de ley 624, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que aspira a cambiar varias leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales y que ha generado rechazo entre algunos gremios, entre ellos los abogados.

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Panamá

Magistrado Cecilio Cedalise pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá tomar acciones legales por filtración de proyecto de fallo que dejaría sin efecto caso contra Martinelli

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El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise, envió una carta a su homólogo y presidente de esa corporación de justicia Luis Ramón Fábrega en la que le solicita la presentación de acciones legales a raíz de la difusión en diversos medios de comunicación de un proyecto de fallo en el cual se concede una demanda de inconstitucionalidad a favor del expresidente Ricardo Martinelli, por el caso de los pinchazos.

La nota, publicada en la tarde del martes, 19 de octubre, en la página web del Órgano Judicial, precisa que en diversos medios de comunicación y redes sociales se ha puesto en conocimiento del público la existencia de un proyecto de fallo sometido a lectura simultánea entre los miembros de la Corte, en el que se decide una demanda de inconstitucionalidad, informó La Prensa.

Según Cedalise, la filtración del fallo ha producido un desasosiego nacional y bien puede considerarse una violación al ordenamiento jurídico nacional, por lo que exigió a Fábrega el inicio de acciones legales al respecto.

En su nota Cedalise precisa que el proyecto tenía una encriptación para cada uno de los despachos de los magistrados, a fin de detectar el posible origen de una filtración, a pesar de lo cual la misma se produjo.

La nota de Cedalise argumenta que las acciones legales deben ser ejecutadas sin excusa, para que impere el respeto “a la majestad de la justicia”.

El proyecto de fallo de Cedalise anularía el caso de los pinchazos con el argumento de que en un juicio especial contra un diputado, en este caso, un diputado del Parlamento Centroamericano, cargo que ostentaba Martinelli, no se podía realizar una audiencia de acusación sin antes haber realizado la audiencia de imputación.

Esta posición ha sido rechazada por los querellantes en el proceso que se le sigue al expresidente por espionaje político.

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