Connect with us

Panamá

Transparencia Internacional muestra cómo proveedores de servicios corporativos siguen resguardando a empresas anónimas en Panamá pese a escándalos como los revelados por los Panama Papers

Published

on

Cinco años después de que los Papeles de Panamá se publicaran por primera vez tras una filtración de documentos de Mossack Fonseca, entonces uno de los bufetes de abogados offshore más grandes del mundo, los gobiernos han recuperado más de US $ 1.360 millones en impuestos atrasados ​​y multas . Las autoridades de todo el mundo continúan investigando casos civiles y penales contra los acusados ​​de lavado de dinero y corrupción.

La publicación de los Papeles de Panamá en 2016 fue un momento decisivo para la transparencia financiera mundial . Los documentos filtrados proporcionaron una gran evidencia sobre el uso de empresas anónimas por parte de políticos, ejecutivos, multimillonarios y delincuentes para engañar al sistema y ocultar fondos adquiridos ilícitamente, según Transparencia Internacional.

La firma panameña Mossack Fonseca fue solo una de las muchas firmas de abogados que aún operan como proveedores de servicios corporativos, incorporando compañías en jurisdicciones offshore en nombre de los clientes, actuando como accionistas y directores nominados y administrando estas compañías por una tarifa anual. Otros proveedores de servicios corporativos también han sido el centro de atención en los últimos años por supuestamente ayudar a los clientes a lavar fondos sucios.

En Panamá, los proveedores de servicios corporativos como Mossack Fonseca son clave ya que sirven como “agentes residentes”. Las empresas extraterritoriales establecidas en Panamá necesitan un agente residente y la obligación de identificar a las personas reales (beneficiarios finales) detrás de las empresas recae en ellos.

Una vez que estas empresas se incorporan con éxito, las autoridades generalmente no recopilan ninguna información sobre los propietarios reales de las empresas. En caso de sospechas o investigaciones contra una empresa en particular, las autoridades policiales o fiscales tendrían que solicitar información al proveedor de servicios corporativos. Si las autoridades tienen suerte, el proveedor de servicios corporativos divulgará la información de manera oportuna, esta información será precisa y el proveedor no avisará a su cliente mientras tanto.

Dado lo que sabemos sobre el papel de los proveedores de servicios corporativos gracias a los Papeles de Panamá , tal arreglo está lejos de ser ideal, ya que permite a los agentes residentes proteger a las empresas extraterritoriales envueltas en la corrupción.

En el caso de Panamá, otras brechas también impactan severamente la eficacia de estas reglas. Por ejemplo, los agentes residentes solo están obligados a recopilar información sobre el beneficiario final al comienzo de su relación con un cliente y no tienen la obligación de actualizar esta información. Las autoridades también deben indicar a los agentes residentes las razones por las que necesitan información sobre el propietario, lo que podría dar lugar a que los agentes residentes avisen a sus clientes.

Además, a partir de 2018, solo el 12 por ciento de los agentes residentes estaban registrados para la supervisión de la unidad de inteligencia financiera (UIF) del país. Esto limita la supervisión efectiva y la capacidad de las autoridades responsables para asegurar que los agentes residentes estén cumpliendo con sus obligaciones.

Cinco años después de los Papeles de Panamá, parece impensable que un modelo tan defectuoso todavía esté vigente en Panamá y que se considere una opción viable en el marco de lucha contra el lavado de dinero de un país.

En enero de 2020, el gobierno de Panamá aprobó la Ley 129 que estableció un marco regulatorio para crear un registro de beneficiarios reales en Panamá. Si bien este fue un paso importante hacia la detección y la lucha contra la corrupción, este marco estaba plagado de lagunas.

En ese momento, Libertad Ciudadana – el capítulo de Transparencia Internacional en Panamá – levantó banderas rojas de que el sistema, tal como lo propuso el gobierno, dejaría importantes lagunas legales que impactarían negativamente en su implementación efectiva. Dos grandes inconvenientes del sistema propuesto son las limitaciones de acceso – no sería un registro público, que es más efectivo que los registros privados – y la falta de un responsable que asegure la veracidad o exactitud de la información proporcionada. La legislación aprobada también ignora temas importantes como fideicomisos (fideicomisos), supervisión efectiva y sanciones por incumplimiento o por presentar información incorrecta.

Sin embargo, el problema es mucho más grave de lo previsto. Casi dos años después de la aprobación de la Ley 129, el registro de beneficiarios reales de Panamá todavía existe solo en papel. El gobierno no ha tomado medidas para adoptar el reglamento y no parece probable que se tomen medidas en un futuro próximo.

Panamá también continúa dependiendo de agentes residentes que están mal supervisados, y las empresas panameñas continúan siendo vistas como un arma secreta para cometer delitos y lavar dinero.

Además, Libertad Ciudadana descubrió que la ley aprobada por el gobierno en 2020 fue diseñada y aprobada apresuradamente principalmente para satisfacer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y garantizar que Panamá fuera eliminado de la lista gris de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero.

La inercia del gobierno panameño en la implementación del marco regulatorio para la creación de un registro de beneficiarios reales parece provenir de su enfoque equivocado en eliminar al país de esas listas grises en lugar de comprender la necesidad de un régimen efectivo de transparencia de beneficiarios reales. Esto también explica las deficiencias del marco propuesto: no se debió a la necesidad de abordar de manera significativa los problemas subyacentes que llevaron a que Panamá figurara en esas listas grises en primer lugar.

Una campaña de Libertad Ciudadana – Que no se Puedan Esconder  (ningún lugar donde esconderse) – muestra el valor de los registros de beneficiarios reales no solo en la lucha contra los delitos financieros y la corrupción en Panamá, sino también a nivel mundial.

Un régimen efectivo de beneficiarios reales haría mucho más que solo ayudar a Panamá a eliminar su nombre de las listas grises. Existe una creciente evidencia de países que ya han implementado sistemas efectivos de divulgación beneficiosa de que dicho sistema también ayudaría a las autoridades a estar mejor equipadas para detectar y combatir la corrupción, el fraude y los conflictos de intereses en la contratación pública. También respaldaría a las empresas y ayudaría a aumentar la confianza y la integridad en los sectores comercial y financiero.

Para asegurar que los contratos se adjudiquen con base en el mejor valor ofrecido, el desempeño en adjudicaciones anteriores y en el mejor interés de los contribuyentes, se requieren procesos de selección justos y abiertos, donde se divulgue la identidad de las personas que reciben fondos públicos como salvaguarda contra los ineficaces y uso corrupto de recursos.

En Panamá, existen serias preocupaciones de que la implementación de un registro de beneficiarios reales podría violar los derechos de privacidad de las personas. Sin embargo, la publicidad ofrece seguridad jurídica a la propiedad privada. El Registro Público de Panamá recopila, actualiza e integra datos y garantiza la autenticidad de documentos, títulos y actos, que van desde la transferencia de la propiedad de los bienes inmuebles hasta la capacidad jurídica de una persona física. Por ejemplo, para que se registre el acta de una reunión de copropietarios en propiedades horizontales, se debe incluir una lista de asistentes y datos sobre su propiedad.

Los riesgos asociados con la divulgación de información dependerán del contexto de cada caso. Dependiendo de estos, se podrían implementar excepciones. Tal es el caso del Reino Unido, donde solo las autoridades tienen acceso a determinados datos y excepcionalmente se puede solicitar la supresión de información si, por la actividad de la empresa o las características personales de los beneficiarios efectivos, éstos pudieran correr riesgo de violencia o intimidación. si sus datos se hicieran públicos.

El 29 de marzo de 2021 entró en vigor la Ley 81 de protección de datos personales la cual se inspira y se rige por los principios de lealtad, finalidad, proporcionalidad, veracidad y exactitud, seguridad de los datos, transparencia, confidencialidad, licitud y portabilidad. Un registro público de beneficiarios finales últimos cumple con estos principios. Independientemente, el procesamiento de datos personales por parte de las autoridades con fines de prevención, investigación, detección o persecución de delitos o la ejecución de sanciones penales no entra dentro del ámbito de aplicación de esta ley.

El gobierno de Panamá debe abordar las debilidades en su marco propuesto para un régimen de beneficiarios reales en el país y avanzar hacia la implementación del marco para poner fin al abuso de empresas anónimas, señala Transparencia Internacional.

La comunidad internacional, y en particular el GAFI, como organismo normativo mundial contra el blanqueo de capitales, debería revisar de una vez por todas las normas internacionales sobre la transparencia de los beneficiarios reales. Esto ayudará a brindar más claridad y orientación a los países sobre las medidas que deberían estar en vigor para asegurar que la información precisa, adecuada y actualizada sobre el beneficiario final esté disponible para las autoridades competentes de manera oportuna. Al hacerlo, el GAFI debería aprender del pasado y no insistir en medidas que claramente han fallado en todos los países.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Panamá

Llega a su fin el juicio en Estados Unidos contra los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares por lavar sobornos de Odebrecht

Published

on

By

En la Corte de Brooklyn se escuchará de boca del juez de distrito, Raymond J. Dearie, cuál será la pena que deberán pagar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal, por lavar fondos irregulares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.

La lectura de sentencia de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares se fijó para el viernes 20 de mayo. A las 4 de la tarde, el juez de la causa, Raymond J. Dearie, establecería cuál sería la pena que deberán purgar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal. Los hermanos se declararon culpables de haber lavado USD 28 millones provenientes de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio del otorgamiento de contratos en beneficio “de un familiar cercano y alto funcionario” del gobierno de Panamá, informó Maibort Petit maibortpetit.info.

Por documentos del caso, se conocieron los últimos movimientos judiciales de los Martinelli Linares, por ejemplo, para el 13 de mayo estaba programada la fecha de control para la sentencia de Ricardo Martinelli Linares luego de que el juez Dearie, le negara su pedido de fianza. Este, así como su hermano, Luis Martinelli Linares, se declararon culpables diciembre de 2021. En razón de que la defensa había solicitado una sentencia acelerada antes de una solicitud anticipada de una sentencia de tiempo cumplido, la Corte refirió que estaría dispuesta a adelantar la fecha de dicha sentencia.

Se convino en pedir al Departamento de Libertad Condicional avocarse al caso y, en tal sentido, el 28 d e marzo emitió un borrador de PSR para Luis Martinelli y el 30 de marzo recibió las objeciones y pedidos de corrección de parte de los abogados defensores.

Luego, el 4 de abril, la defensa pidió a la fiscalía que expusiera su posición respecto a la solicitud anticipada para que la Corte adelantara la sentencia del 13 de mayo a la semana del 25 de abril. El gobierno respondió el 8 de abril que se oponía a cualquier adelanto de sentencia de Martinelli porque la fiscalía continuaba “reuniendo información para las audiencias de sentencia, incluso a la espera de información adicional de Panamá sobre la posición del país como víctima para fines de restitución”.

Los abogados defensores expusieron que todas las partes habían tenido tiempo suficiente para prepararse para la sentencia, encontrándose, además, el PSR sustancialmente completo y no representa un obstáculo para un avance razonable de las audiencias de sentencia, por lo que requirieron del Tribunal un adelanto de las fechas de sentencia de Ricardo Martinelli y su hermano.

Presentaron una oferta de cronograma:

“Para una audiencia el lunes 25 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el jueves 14 de abril; presentación del gobierno para el jueves 21 de abril; la respuesta de la defensa vence el viernes 22 de abril.

“Para una audiencia el miércoles 27 de abril o el jueves 28 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el lunes 18 de abril; presentaciones del gobierno vencen el lunes 25 de abril; respuesta de la defensa para el martes 26 de abril”.

Entretanto, los fiscales han solicitado que la condena que se les dicte a los hermanos Martinelli Linares entre en el rango de los 108 y los 135 mes, es decir, entre 9 y 11 años.

El Departamento de Libertad Condicional sugirió al tribunal una sentencia de 180 meses de prisión y el pago de una multa de USD 250.000, puesto que a su juicio no existen causales que puedan hacer mitigar la pena.

Para el gobierno resulta inadmisible la pretensión de la defensa que ha pedido al juez Dearie que, incluso, deje en libertad a sus clientes, toda vez que a criterio de sus abogados defensores, ya habrían sido suficientes los 23 meses que llevan detenidos tanto en Guatemala como en Brooklyn.

Son escasos los datos biográficos de los Martinelli Linares y entre la poca información que puede encontrarse en la web, está el hecho de que ambos tienen doble nacionalidad, panameña e italiana, en razón de los orígenes de su padre, el expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.

El exmandatario panameño es un empresario cuya mayor compañía es Súper 99, una de las principales cadenas de supermercados de Panamá. También es dueño de Importadora Ricamar S.A.,al tiempo que es socio, inversionista, directivo o accionista de otras firmas panameñas, como el Diario por la Democracia S.A., la Azucarera La Victoria, Empresa ERA, MegaDepot, ToyLand, Compañía Digital de Televisión y Plastigol S.A. Igualmente es director de Gold Mills de Panamá, Global Bank, Panasal S.A., Televisora Nacional de Panamá, DirectTV, Desarrollo Norte S.A. el Molino de Oro, Avipac Inc y Calox Panameña.

Entretanto, la madre es Marta Linares de Martinelli quien está titulada en Comercio en el Saint Mary of the Woods College en Indiana (Estados Unidos) y posteriormente adquiere la licencia como Corredora de Seguros en la Universidad de Panamá.

Ricardo Alberto, el mayor, tiene 42 años de edad, mientras Luis Enrique tiene 39. La tercera de los hermanos Martinelli Linares es Carolina Elizabeth.

En la red social LinkedIn, el perfil de Luis Enrique Martinelli Linares refiere que es el director general de la empresa Importadora Ricamar S.A. Allí se describe como un joven empresario panameño que dirige la firma Super-99, como también es denominada la cadena de supermercados más grande de Panamá.

Es egresado en administración de negocios de la Universidad Metodista del Sur (Southern Methodist University) ubicada en Texas, donde igualmente cursó estudios internacionales[1].

La Importadora Ricamar S.A. es una empresa registrada en Panamá el 10 de diciembre de 1961 bajo el número 115395, cuyo estatus actual es vigente, de acuerdo a lo que informa el portal Open Corporates. El nombre del agente es Magalis Guadalupe Reyes Reyes y el directorio está conformado por Adrián Domínguez Castro y María Concepción Rodríguez, como apoderados; Alejandro Garuz, como apoderado y gerente general; Alejandro Garuz Adames, como director y presidente; David Alejandro Jiménez Barrios, como director y secretario; Gabriel Arturo Jiménez Barrios, como director y tesorero; Roberto Antenos Reyes Reyes y Vicente González Jiménez, como suscriptores. La representación legal de la empresa la ejercen el presidente, el secretario y el tesorero. Marta Linares de Martinelli fue destituida de la presidencia entre el 25 de julio de 2019 y el 21 de mayo de 2020[2].

El 29 de enero de 2017, el gobierno de los Estados Unidos canceló la visa, tanto de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, como de su madre, la ex primera dama panameña, Marta Linares de Martinelli[3].

La figuración pública de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal comenzó con la acusación que su contra se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde están imputados por delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de un esquema masivo de soborno en el que está involucrada el conglomerado mundial de construcción con sede en Brasil, Odebrecht S.A.

De acuerdo a la documentación que se maneja en Corte de Brooklyn, el plan corrupto por el que se señala a los Martinelli Linares involucraba el pago de más de USD 700 millones en sobornos a funcionarios de gobierno, miembros de partidos políticos y otros funcionario y personeros en Panamá y otros países alrededor del mundo para obtener y retener negocios para Odebrecht.

La constructora brasileña a través de sus representantes admitió su culpabilidad el 21 de diciembre de 2016. Esto ocurrió igualmente en el Distrito Este de Nueva York donde enfrentó una acusación criminal de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA)[4].

Luego de un complicado proceso, Luis Enrique Martinelli Linares fue extraditado desde Guatemala hacia los Estados Unidos para enfrentar la acusación presentada ante el tribunal federal en Brooklyn el 15 de noviembre de 2021. Por su parte, Ricardo Alberto Martinelli Linares fue extraditado el 10 de diciembre de 2021. Habían sido detenidos en julio de 2020, en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala, cuanto procuraban abordar un avión privado que los sacara de suelo guatemalteco rápidamente y así evitar su captura en razón de la solicitud que cursaba de parte de la justicia estadounidense. Desde su aprehensión estuvieron recluidos en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala, en Guatemala.

En el esquema corrupto de Odebrecht, los Martinelli Linares habrían lavado —de acuerdo a los documentos judiciales— aproximadamente USD 28 millones en pagos de sobornos hechos por la empresa brasileña a un alto funcionario del gobierno de Panamá que es pariente cercano de los acusados. Contra los hermanos fue presentada la denuncia penal el 27 de junio de 2020 y, posteriormente, el 4 de febrero de 2021, en contra de Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron presentados cinco cargos. En la Corte de Brooklyn. Uno de los cargos es por conspiración para cometer lavado de dinero, mientras dos son por encubrimiento de lavado de dinero. Luis Martinelli Linares enfrenta también dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente[5].

Luis Enrique Martinelli Linares se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su desempeño en el esquema corrupto de soborno de Odebrecht S.A., ante el juez federal de distrito Raymond J. Dearie, el 2 de diciembre de 2021. Ante el magistrado dijo que participó en la conspiración junto con su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares y otras personas mediante el establecimiento de cuentas bancarias extraterritoriales a nombre de compañías de fachada en las que recibirían y disfrazarían los fondos irregulares que sumaban USD 28 millones. Explicó que él y sus socios transfirieron hacia y desde los Estados Unidos el dinero, lo cual llevaron a cabo a través de transferencias electrónicas que involucraban las ganancias del esquema y que les servirían para la compra de un yate y un condominio en EE. UU.[6]

Entretanto, la declaración de culpabilidad de Ricardo Alberto Martinelli Linares se produjo el 14 de diciembre de 2021, cuando ante el juez federal de distrito, Raymond J. Dearie, admitió que participó en la conspiración para lavar dinero en el esquema encabezado por Odebrecht S.A. Tal como lo hizo su hermano, asintió los términos de la acusación que los señala de usar el sistema financiero de Estados Unidos para promover su esquema de corrupción, lo cual lograron constituyendo “cuentas de empresas ficticias en bancos extraterritoriales para tratar de evadir la responsabilidad y usaron parte de las ganancias de los sobornos para su beneficio personal”[7].

El artículo completo puede ser leído maibortpetit.info

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

Continue Reading

Panamá

Participación de los hermanos Martinelli Linares en Digicel habría desencadenado reveses sufridos por la empresa en Panamá

Published

on

By

En opinión de algunos ciudadanos, ha quedado claro que reveses recientes que ha sufrido Digicel en Panamá se han desencadenado en parte debido a la vinculación de la familia Martinelli con la empresa.

El pasado mes de abril la compañía solicitó su liquidación voluntaria ante los Tribunales de Justicia Civiles, como consecuencia de la aprobación, por parte del Gobierno Nacional de Panamá, de la fusión de Cable & Wireless Panamá (CWP) y Claro, decisión que representa el fin de la libre competencia para el mercado de las telecomunicaciones en el país, según dijo la compañía en una declaración.

Revelaciones recientes han indicado que tras bastidores los verdaderos accionistas de la compañía son los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, quienes esperan sentencia tras haberse declarado culpables de lavar dinero de sobornos de Odebrecht.

Los fiscales del caso de los hermanos Martinelli en Nueva York confirmaron que 9.2 millones de dólares de las coimas de Odebrecht fueron utilizados para comprar una empresa de telefonía celular, informó FOCO.

Diversas fuentes consultadas confirmaron a FOCO que la empresa a la que se refieren es Digicel.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

Continue Reading

Panamá

El video viral con imágenes del presidente Laurentino Cortizo en el que un hombre asegura arrepentirse de «haber votado por usted»

Published

on

By

En las redes sociales se viraliza un video con un audio de fondo en el que una persona dice arrepentirse de «haber votado por usted», mientras se muestran imágenes del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

En el vIdeo el hombre señala: «…porque usted no ayuda al pueblo, usted ayuda al rico…».

No está claro si se trata de un vídeo auténtico, de un montaje o si el reclamo iba dirigido realmente a Cortizo.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.