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Panamá

Trama de corrupción en Paraíso de Las Perlas: Funcionarios y empresario estadounidense implicados en venta ilegal de terrenos del Estado panameño

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Un manto de sospechas se extiende sobre las paradisíacas islas del archipiélago de Las Perlas, en Panamá, donde el Ministerio Público sigue la pista de una trama de venta irregular de terrenos propiedad del Estado. En el ojo del huracán se encuentra un empresario estadounidense, cuyo nombre aún no ha trascendido, y un grupo de funcionarios municipales del distrito de Balboa, quienes habrían tejido una red para lucrarse con la venta ilícita de terrenos en las islas Casaya y Casayeta.

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga, encargada de dirigir las pesquisas, logró que el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales concediera una prórroga de cinco meses para profundizar en las averiguaciones. La decisión judicial, emitida el pasado miércoles 5 de junio, también incluye medidas cautelares para varios de los imputados, a quienes se les prohibió salir del país y se les impuso la obligación de notificar periódicamente su ubicación a las autoridades, con el fin de evitar que evadan la justicia.

Los ecos de esta trama de corrupción llegan hasta los propios residentes de las islas, quienes en diversas declaraciones a la fiscalía, han denunciado cómo algunos extranjeros, con la complicidad de funcionarios locales, han intentado adueñarse de tierras en el archipiélago bajo la promesa de desarrollar proyectos turísticos.

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La génesis de esta investigación se remonta al año 2019, cuando las denuncias de los isleños sobre la apropiación y posterior venta de terrenos por parte de un ciudadano extranjero al Municipio de Balboa, encendieron las alarmas del Ministerio Público. Cabe recordar que Balboa, uno de los seis distritos que conforman la provincia de Panamá, alberga en su territorio las codiciadas islas del archipiélago de Las Perlas, distribuidas en seis corregimientos: San Miguel, La Ensenada, La Esmeralda, La Guinea, Pedro González y Saboga.

La indignación de los residentes llegó a su punto álgido en enero de 2020, cuando un grupo de ellos se trasladó hasta la ciudad de Panamá para manifestarse ante el Consejo Provincial y denunciar la venta ilegal de tierras en las islas. Su clamor se fundamenta en el artículo 258 de la Constitución panameña, que establece claramente que el mar territorial, las aguas lacustres, las islas y sus riberas son bienes del Estado, destinados al uso público y, por lo tanto, no pueden ser objeto de apropiación privada.

Las alarmas sobre la venta irregular de tierras también resuenan en la provincia de Darién, donde el Ministerio Público lleva a cabo tres investigaciones por la apropiación y venta ilegal de 3.500 hectáreas de tierras. En este caso, las pesquisas apuntan a la posible participación de funcionarios de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), topógrafos y particulares, quienes presuntamente habrían recibido sobornos a cambio de facilitar los trámites para la venta de tierras a extranjeros.

El botín: islas paradisíacas a precio de saldo

La trama de corrupción que salpica al archipiélago de Las Perlas no se limita a la venta irregular de terrenos en las islas Casaya y Casayeta. La investigación del Ministerio Público ha revelado un esquema mucho más amplio y complejo, que involucra la inscripción fraudulenta de 88 fincas propiedad del Estado, no solo en el Pacífico, sino también en el Caribe panameño.

En total, se estima que 311 hectáreas en la isla de San Miguel, en el archipiélago de Las Perlas, así como en las islas Punta Laurel y Cayo de Agua, en la provincia de Bocas del Toro, habrían pasado a manos privadas de forma ilícita. Lo más sorprendente es que estas valiosas propiedades, clasificadas como lotes baldíos, fueron adquiridas a un precio irrisorio: tan solo seis dólares por hectárea.

La trama se tejió en los primeros meses de 2009, cuando la dirección de Reforma Agraria, a pesar de no tener jurisdicción sobre costas e islas, autorizó la venta de estos terrenos. Todas las transacciones llevan la firma de Nadia Moreno, quien en ese entonces ocupaba el cargo de directora nacional de Reforma Agraria, y de Rosa Castro Cumbrera, secretaria “ad hoc” de la institución.

Documentos del Registro Público revelan que el 6 de enero de 2006, dos fincas del Estado en las islas Punta Laurel y Cayo de Agua fueron adjudicadas por Reforma Agraria a dos sociedades anónimas. La finca 10346, de 100 hectáreas, ubicada en Cayo de Agua, fue adjudicada por la irrisoria suma de 600 dólares a nombre de la sociedad Siempre Calificas 2020 S.A.

La otra propiedad, la finca 10345, de 85 hectáreas en isla Punta Laurel, fue adjudicada por apenas 516 dólares a la sociedad Paraíso Villa Verde Internacional S.A. Actualmente, esta última propiedad se comercializa por la friolera de 3 millones de dólares, lo que evidencia la magnitud del beneficio económico obtenido por los implicados.

Ambas propiedades quedaron en manos de la familia Río Puigjermanal, quienes tienen un oscuro historial judicial en España, con varios procesos por supuesta estafa y condenas en su haber.

El nombre de los Río Puigjermanal aparece en una lista de al menos 43 personas que estarían relacionadas con la red que inscribió irregularmente 88 fincas del Estado a finales de la administración de Martín Torrijos. Llama la atención que la mayoría de los implicados son familiares y allegados del diputado perredista Freidi Torres.

Otro caso emblemático es el de la finca 300989, en la isla San Miguel, donde 126 hectáreas fueron adjudicadas por Reforma Agraria en apenas 762 dólares.

Hasta la fecha, ocho personas enfrentan medidas cautelares por este caso, entre ellas José Edir Torres, quien inscribió en el Registro Público 58 de las fincas investigadas, y Jesús Morales, quien registró otras 19. Es así que las autoridades tienen en la mira a una red que operaba desde varias instituciones públicas para apropiarse de valiosos terrenos del Estado y obtener beneficios millonarios.


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