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Testigo «Euro 14» contó cómo operaron el fiscal Nahaniel Murgas y otros fiscales junto a exfuncionarios varelistas en el montaje de casos

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Atentados y amenazas de muerte, siembra de armas para ordenar detenciones ilegales, imputaciones falsas desde el Ministerio Público, acoso policial para conseguir incriminaciones contra políticos de la era de Ricardo Martinelli, uso ilegal de los recursos del Sistema de Protección Institucional (SPI) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), fueron parte del trabajo que realizó una organización criminal que operó bajo el liderazgo del expresidente Juan Carlos Varela, el director del Consejo de Seguridad, Rolando López, y su subdirectora Kenia Porcell, quien también pasó a ser procuradora de la Nación como segundo brazo de plan delictivo.

A la tarea se sumaron el comisionado Jacinto Gómez, el exdirector del SPI, Eric Estrada, el abogado Rogelio Saltarín (q.e.p.d), los fiscales Nahaniel Murgas, Adecio Mojica, Vielka Broce, Tania Sterling, Zuleyka Moore, Ruth Morcillo, Aurelio Vázquez y hasta la ex procuradora Ana Belfon, informó Panamá América.

Toda esta organización criminal fue descrita en detalles el pasado martes por Abraham Williams, exasistente del director del Programa de Ayuda Nacional, Rafael Guardia, y denominado testigo protegido Euro 14 en 2014.

Las contundentes denuncias de Williams se dieron el pasado lunes durante la audiencia del caso de compras de granos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) ante la jueza Agueda Rentería Sánchez, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Williams relató cómo, en el gobierno de Varela, fue obligado a convertirse en testigo protegido bajo el seudónimo de Euro 14, tras una reunión en la Presidencia con el director del SPI, Eric Estrada, Gómez, «Picuiro» López y Kenia Porcell, con el objetivo de que falsamente mencionara una serie de nombres llamados de alto perfil, entre ellos Ricardo Martinelli, Mario Martinelli, Roberto Brin, Lucy Molinar, Guillermo Ferrufino, Félix Fernández, Pablo Ruíz Obregón, y Gaby Btesh.

Es decir, Williams fue presionado a mencionar estos nombres a pesar que él advirtió al fiscal que ni siquiera conocía a muchos, y que menos tuvo una relación con ellos.

Todo se judicializó a través de un acuerdo como testigo protegido en donde Varela le ofreció a cambio un nombramiento en un consulado panameño en Estados Unidos, igualmente como lo hizo con Ismael Pitty para el caso de las escuchas, el cual perdieron los fiscales en dos juicios.’

Williams coordinó su delación con el fiscal Murgas y el asistente del Consejo de Seguridad, Jacinto Gómez, pero nada de lo que le prometieron se cumplió y finalmente terminó siendo un perseguido por la estructura criminal que montó Varela.

Williams fue preciso con las fechas y dijo que el viernes 14 de noviembre de 2014, miembros del Consejo de Seguridad «pasaron a recogerme a mi oficina para llevarme a la Presidencia, dentro de ese carro que me llevaba estaba Jacinto Gómez; no recuerdo qué cargo tenía él en el Consejo de Seguridad».

«Cuando llego a la Presidencia, entro al salón que ellos me tenían preparado, me presentan a unas personas, muchos de ellos no los conocía. También estaba Eric Estrada, jefe del SPI; Jacinto Gómez; Rolando López, jefe del Consejo de Seguridad; Rogelio Saltarín, y para mi sorpresa la que fue después procuradora de la Nación, Kenia Porcell».

Precisamente, en ese entonces se filtró un informe en el que Saltarín justificaba el servicio que prestaba clandestinamente a la Presidencia y en el que detallaba arreglos con posibles testigos protegidos, dentro de los expedientes que ilegalmente fueron armados desde el Consejo de Seguridad.

A Williams le prometen ser nombrado en una embajada y otros beneficios en la reunión a la que asiste a la presidencia en 2014. «Allí me proponen que si yo coopero, me iban a enviar a Washington a trabajar en la embajada; además de que no me iban a investigar. El sábado 15 de noviembre de 2014, yo me trasladé por órdenes de ellos a la fiscalía entre las 9 y 10 de la noche y me atendió el fiscal primero anticorrupción de ese entonces Nahaniel Murgas y la fiscal segunda anticorrupción, Lizette Chevalier. El asistente de los fiscales que me tomó las declaraciones es el licenciado Adecio Mojica; él tiene conocimiento de todo».

El fiscal Murgas decidió, después de tomarme declaraciones, que la información se tomara como una llamada anónima y le ponen fecha del día anterior, 14 de noviembre de 2014, ya que el día verdadero era sábado en horas de la noche.

El lunes 17 de noviembre de 2014, Williams dijo que fue visitado nuevamente en la oficina de su abogado Rosendo Rivera por los miembros del SPI para decirle que le iban a asignar escoltas porque tenían información de que su cabeza tenía precio.

Cabe destacar que el único funcionario responsable de la asignación de escoltas del SPI es el presidente de la República, en ese entonces Juan Carlos Varela.

«Me asignan 4 unidades por turno y ellos empiezan a convivir conmigo en mi apartamento, tenían su cuarto asignado. El miércoles 19 de noviembre, mi abogado recibió una llamada del fiscal Murgas donde me pedía ir en la noche a rendir una declaración como testigo protegido, porque no querían que se conociera quién iba a ser el testigo protegido».

Antes de entrar a la fiscalía, Jacinto Gómez presionó a Williams a mencionar nombres de alto perfil. «Cuando llego al edificio Avesa, antes de entrar a la fiscalía se monta en mi carro Jacinto Gómez, y tuvo una hora en mi carro. Primero me dijo que esperaran a que se fuera el abogado William Parodi, porque era ficha de Ricardo Martinelli. En ese momento que tuvimos me decía que recordara que lo que ellos querían era escuchar nombres de personas de alto perfil. Tras ello me suben al despacho de la fiscal segunda anticorrupción, todo cubierto en una sábana negra, allí estaban el fiscal Murgas, Mojica y detrás de ellos estaba Jacinto Gómez, por el Consejo de Seguridad».

Williams dijo que declaró sus aportes, pero nada era suficiente para ellos; es decir el Consejo de Seguridad. Fue allí que Gómez me dijo que necesitaban que yo mencionara los nombres que me habían mencionado en el carro.

«El me dice te voy a proporcionar unos nombres y tú me vas a decir que sí: Ricardo Martinelli, Mario Martinelli, Roberto Brin, a quien solo había visto de vez en cuando; Félix Fernández, Pablo Ruíz Obregón, Gaby Btesh, con quien no tengo nada, ni siquiera sabía que era el que alquilaba el edificio del PAN. Me dice menciona a Lucy Molinar en el caso de mochilas, les dije que ella nunca quiso ese programa de mochilas; se lo dije a Jacinto Gómez y al fiscal. Por último me dice, menciona a Guillermo Ferrufino, y les dije a ese casi ni lo conozco».

Allí me hicieron firmar el libro de testigo protegido con el nombre de Euro 14, «yo soy Euro 14».

El miércoles 19 de noviembre de 2014, me hicieron hacer una ampliación y el fiscal se trasladó a la oficina de mi abogado para hacerme esa ampliación porque no quería que yo pisara el edificio Avesa, para hacerme unas preguntas relacionadas con empresas y contesté lo que yo sabía.

Para mi sorpresa, en enero de 2015, cambia el fiscal y el procurador, y todo el acuerdo cambió. El 23 de enero de 2015, el Consejo de Seguridad me da permiso para viajar a la ciudad de Atlanta a una feria de negocios y 5 días después allanan mi apartamento con los SPI adentro, contó ante la juez Williams.

Con ese allanamiento, a Williams le abren un proceso por posesión ilegal de armas, cuando se trataba de armas de los SPI que le había asignado Eric Estrada. «Me sembraron las armas para hacerme el daño, así actúan en el Consejo de Seguridad señora juez y por esto es que muchos abogados nunca denunciaron esto», manifestó Williams denunciando que la Policía Nacional y la fiscalía estaban en componenda para este tipo de tratos.

Dijo que gracias a Dios tenía circuito cerrado en su apartamento para demostrar que era algo montado y que la procuradora Kenia Porcell, con sus los fiscales, se prestaron para eso.

Fue allí que mis abogados me recomendaron que me fuera a Estados Unidos porque todo había cambiado. Se dio una reunión con el secretario del Ministerio Público, Rolando Rodríguez, mi abogado Rivera, mis padres, Tania Sterling para señalar todo el apoyo que yo había dado y lo que se me había prometido.

Allí fue que el fiscal Murgas mandó a decirme que me iban a imputar cargos, pero que después me sacaban.

Sterling siguió hablando con los familiares de Williams, prometiendo que si regresaba a Panamá se comprometían a respetar el acuerdo. Fue así que Williams viajó el 3 de julio de 2015 y entró a Panamá por Costa Rica, y le prometen ponerle escoltas, pero ello no se cumple.

Una semana después, Williams sufrió un atentado en el puente de Albrook, a través de un motorizado que disparó contra su carro. Dijo que esto es muestra de que se daba un terrorismo en el Consejo de Seguridad en la era Varela.

Tras ello, Williams se regresó a Estados Unidos y luego la fiscalía de Panamá emitió una alerta roja en su contra. Ello obligó a Williams a trasladarse a México y pedir ser declarado perseguido político a través de la ACNUR.

Mientras tanto, en Panamá el padre de Williams era presionado por el grupo de abogados conocido como La Taquilla a que cambiara su abogado Rosendo Rivera por David Cuevas, además de «bajarse del bus» (entrega de dinero o coimas).

Williams accedió a la extorsión para conseguir fianza en los dos casos que tenía abiertos y poder regresar a Panamá.

El 28 de octubre de 2018, Williams viajó a Panamá seguro de tener fianzas en sus investigaciones, pero en el Aeropuerto de Tocumen lo esperaba la agente de la DIJ llamada Damaris, con un oficio de captura por un nuevo caso que le abrieron.

«Tuve 6 meses detenido en la DIJ y la fiscal Sterling me presionaba para que fuera al Avesa y no me presté para eso. Acepte la reunión, pero en la DIJ, finalmente se dio en la oficina del director de la DIJ, en donde participaron los fiscales Aurelio Vázquez, Zuleyka Moore, Ruth Morcillo, Tania Sterling y David Cuevas. Me ofrecieron un acuerdo y me preguntaron qué más tenía que aportar», comentó Williams en su declaración del pasado martes ante la juez.

Indicó que desde el 2014, el Consejo de Seguridad y la fiscalía han investigado todos sus negocios y no han encontrado dineros malhabidos «y ni lo van a encontrar».

Finalmente y ante la juez, Williams responsabilizó de cualquier atentado contra su vida a Rafael Guardia, el exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando López, su exasistente Jacinto Gómez, y la exprocuradora Kenia Porcell.

Mafias presionan por el regreso del fiscal Murgas

Nahaniel Murgas

Fuentes vinculadas al sistema judicial panameño aseguran que mafias delictivas de Colón e integrantes de otros grupos de delincuencia organizada y narcotraficantes, presionan al más alto nivel para que regrese de sus vacaciones el fiscal Nahaniel Murgas y reasuma su cargo como fiscal contra la Delincuencia Organizada. Murgas fue uno de los fiscales enviados de vacaciones luego de denuncias de la exministra Lucy Molinar, fundamentadas en las revelaciones del testigo protegido “Euro 14”, sobre fabricación de casos relacionados con el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

 

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 12 al 18 de mayo de 2022

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Diputado Benicio Robinson: El ministro de Obras Públicas Rafael Sabonge no tiene la capacidad para ejercer y el presidente Cortizo debe tomar una decisión

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Benicio Robinson, Rafael Sabonge

El diputado Benicio Robinson cuestionó la labor del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge de quien dijo no tiene la entereza para resolver los problemas de esta cartera y que el presidente Cortizo debe tomar una decisión.

El fue nombrado de a dedo y debe hacer el trabajo que los panameños estamos esperando que haga. “ No puede ser que tengamos la ciudad llena de huecos, los distritos llenos de huecos y las carreteras sin rehabilitar y que en tres años todavía estemos con un ministro que no tiene la capacidad para ejercer…”

Yo como diputado de la provincia de Bocas del Toro le digo hoy que el señor presidente debe tomar la decisión con una persona como lo es el ministro Sabonge, expresó.

Esa es una potestad del señor presidente, pero yo como diputado y presidente del PRD creo que lo mejor que podemos hacer como gobierno es escoger a las personas que puedan ejercer los cargos y en nuestro partido hay bastantes y con mística de trabajo.

 

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Sacerdote Ramón Buriticá Giraldo, acusado de encubrir casos de pederastia en Colón, se desempeña ahora como profesor del Colegio De La Salle en la Ciudad de Panamá

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Un sacerdote investigado por encubrir casos de pederastia y violaciones a niños por parte de miembros del clero, es profesor de lógica en el Colegio De La Salle, en la Ciudad de Panamá.

Se trata del reverendo Ramón Buriticá Giraldo, quien fue denunciado por al menos tres víctimas, de haber encubierto violaciones en la Ciudadela Jesús y María, en Colón, alrededor del año 2009, informó FOCO.

Las declaraciones bajo juramento de las víctimas son sumamente graves, según FOCO. Señalan directamente cómo Buriticá Giraldo, encargado de la ciudadela, llamada a las víctimas y las presionada para que no delataran los abusos por parte de diferentes sacerdotes.

Una niña de 16 años narró bajo juramento ante el Ministerio Público, cómo le transmitieron una enfermedad venérea y una monja la inyectaba diariamente para tratársela.

Los abusos eran dance constantes, que era rutina chequear a las menores con pruebas de embarazo, pues los sacerdotes no quería utilizar preservativo.

Pero las denuncias cayeron en saco roto y todo fue archivado en el Ministerio Público.

En el caso hubo solamente un condenado, mientras que muchos sacerdotes implicados fueron enviados al extranjero para encubrir el escándalo.

Ramón Buriticá fue asignado posteriormente al Colegio De La Salle en Panamá, dónde interactúa con cientos quizás miles de niñas y niños, impartiendo la clase de lógica.

 

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¿Cumple Panamá con las observaciones del análisis de 2020 del PNUD sobre el impacto socioeconómico causado por la pandemia?

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La pandemia por COVID-19, producida por el virus Sars-CoV-2, ha detenido a la economía global. Todas las economías del mundo se encuentran sufriendo los efectos de parar la actividad para contener el virus y salvar vidas. Frente a un virus desconocido, para el cual no existían vacuna ni medicamentos antivirales disponibles, los países se han visto obligados a recurrir a la aplicación de estrictas cuarentenas que llegaron a  afectar al 81% de la fuerza laboral del mundo. A pesar de ser una tecnología para el control de epidemias que data de siglos de antigüedad, la cuarentena se volvió el recurso más eficiente en el control del COVID-19, según un análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2020.

Las cuarentenas imponen un fuerte costo a las economías por su extensión generalizada a la mayoría de los sectores, con excepción de aquellos indispensables y, por su duración. Como consecuencia de la crisis de salud hoy, la mayoría de los pronósticos de los especialistas esperan que esta crisis económica mundial sea la más grande desde la Gran Depresión de 1929.

Los pronósticos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) apuntan a una caída del comercio global de entre 13% y 32%, especialmente fuerte para el comercio de servicios. Señala que existe mucha incertidumbre y una recuperación rápida no es segura. En el caso específico del continente americano y de Panamá, no es alentadora. Las exportaciones en América del Norte podrían tener una contracción entre el 17% y 40% y en América del sur entre 12% y 31%. En las importaciones será entre 14% y 34% en América del Norte y entre 22% y 44% en América del Sur. Para Panamá este efecto reducirá fuertemente el tránsito en el canal.

Frente a este difícil escenario que conlleva tanto una crisis de salud, como una crisis económica, Panamá, al igual que el resto de los países en la región, se verá forzado a adoptar políticas agresivas que deben poder cumplir varios objetivos. Primero: que coadyuven a la protección de la salud de las personas, es decir, deben estar alineadas a los objetivos del control de la epidemia en su territorio. Segundo: dados los elevados niveles de pobreza e informalidad, estas medidas deben poder garantizar la subsistencia de las personas durante el tiempo que sea necesario para superar la epidemia. Tercero: deben proporcionar el suficiente respaldo a la economía, para que una vez se controle la epidemia, el proceso de recuperación económica sea veloz. En este sentido, las medidas de apoyo económico deben estar enfocadas a salvaguardar la estructura ocupacional y evitar la quiebra masiva de empresas. Cuarto: en lo posible, deben ser medidas que permitan mantener o regresar a la estabilidad macroeconómica en el mediano y largo plazo.

 

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