El pasado 7 de febrero, el mundo digital se hizo eco de un video publicado por la corredora de bienes raíces Ana Pérez-Mackenzie, perteneciente a Pérez Mackenzie Realty Group y Keller Williams Realty, Inc. En su desgarrador testimonio, compartido en Instagram, Pérez-Mackenzie recordó cómo una figura identificada solo como «Ovidio» usurpó terrenos costeros en Panamá. Aunque no se mencionó apellido, se sospecha que el aludido es el abogado Ovidio Ernesto Díaz Espino.

En su desafiante mensaje, Pérez-Mackenzie escribió: «Diario de un robo de terrenos frente al mar de mi abuela Zenaida y muchos más! #GobiernosCorruptos #Ladrones». La corredora narró el modus operandi de «Ovidio», quien supuestamente recorrió los pueblos costeros de Panamá, desde Colón hasta Playa Venao, apropiándose de terrenos con derechos posesorios, aprovechando una ley que impedía la titulación de los mismos a cierta distancia del mar. Con relatos de primera mano, Pérez-Mackenzie acusó a un individuo de Cañas, pagado por «Ovidio» con 10 mil dólares, para titular fraudulentamente el terreno que pertenecía a su abuela Zenaida, el cual terminaría en manos de extranjeros.

Reclamos desde Chimán: el caso de las 3 mil hectáreas

La controversia se extiende más allá de los relatos en redes sociales. Ya en 2017, se destapó que la empresa de Ovidio Ernesto Díaz Espino poseía alrededor de 3 mil hectáreas en las costas de Chimán. Los residentes de la zona lo acusaron de despojarles de sus fincas mediante tácticas intimidatorias y engañosas. Gonzalo Vásquez, corregimiento del distrito de Chimán, se convirtió en el escenario de estas acusaciones, donde desde 2006, la empresa Darien Conservation Park, representada legalmente por Ovidio Ernesto Díaz Espino, empezó a adquirir propiedades.

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Las denuncias de los lugareños, dedicados a la agricultura de subsistencia y la pesca, apuntan a una adquisición agresiva de tierras a través de amenazas y estafas. El colaborador de Díaz Espino, el perredista Luis Alberto Soto, y el propio abogado, habrían presionado a los pobladores con la amenaza de expropiación por parte del Gobierno si no accedían a vender sus parcelas.

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Una historia de influencias y presiones

Ovidio Ernesto Díaz Espino es hermano mayor de Ovidio Alberto Díaz Espino, quien fue candidato a diputado por el PRD en Las Tablas (circuito 7-1). Ambos son parientes lejanos de Martín Torrijos, según reconoció el propio Ovidio Alberto. Además, Ovidio Ernesto fue nombrado como director de la ANATI en 2009 por el presidente Ricardo Martinelli, pero renunció al cargo para seguir con sus negocios.

En el año 2017, varios lugareños de Gonzalo Vásquez, un corregimiento del distrito de Chimán, denunciaron que Díaz Espino y su colaborador, el perredista Luis Alberto Soto, los habían amenazado y estafado para que les vendieran sus tierras. Según ellos, les decían que si no lo hacían, el Gobierno se las iba a expropiar. Esto ocurrió desde el Gobierno del presidente Martín Torrijos Espino (2004-2009), del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La señora Juana Andrade, propietaria de una vivienda en Gonzalo Vásquez, relató en 2017 cómo Ovidio Díaz Espino llegó en helicóptero hasta su residencia y la presionó para que vendiera su lote, sugiriendo la posibilidad de expropiación gubernamental. Aunque Andrade se resistió a la venta, denunció la usurpación de una porción de su finca que incluía un manantial codiciado por los acaparadores. La influencia de estos individuos parecía extenderse hasta las autoridades locales, según Andrade, quien lamentó la inacción del corregidor frente a las acciones de Amado Martínez, enviado por Ovidio Díaz Espino, que ocupó parte de su terreno sin su consentimiento.

La voz de las comunidades afectadas

Los habitantes de Gonzalo Vásquez, quienes viven mayoritariamente de la pesca y la agricultura, se ven obligados a utilizar la lancha como medio de transporte habitual debido a la falta de infraestructura vial adecuada, especialmente en temporada de lluvias. Esta situación de aislamiento no ha impedido que la comunidad alce su voz contra las prácticas de acaparamiento de tierras que han perturbado su modo de vida y su tranquilidad.

Las acusaciones se cimentan en una historia de más de una década de presiones y transacciones turbias, donde se calcula que más de 3 mil hectáreas han cambiado de manos bajo circunstancias cuestionables. Este patrón de conducta se ha repetido a lo largo de la costa panameña, afectando a innumerables familias que han visto cómo sus tierras, legado de generaciones, son objeto de apropiación indebida.

 

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