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Panamá

Expresidente Ricardo Martinelli es acusado nuevamente de espionaje

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El expresidente panameño Ricardo Martinelli fue juzgado por segunda vez el miércoles por cargos de intervenir los teléfonos de opositores y periodistas.

Martinelli, de 69 años, fue absuelto de cargos similares en 2019.

Obtuvo una licenciatura de la UA en administración de empresas en 1973. Mientras era presidente de Panamá, Martinelli regresó a Fayetteville para visitar el campus y recibió un título honorario de Doctor en Humanidades de la universidad en 2013.

Martinelli fue nombrado miembro de un grupo de aproximadamente 150 líderes voluntarios para el esfuerzo de recaudación de fondos de la Campaña Arkansas de la UA, que concluyó el año pasado con una recaudación de fondos total de aproximadamente $ 1,450 millones.

A pesar de los problemas legales de Martinelli, la universidad mantuvo a Martinelli en la lista de sus líderes voluntarios de recaudación de fondos. Los obsequios de Martinelli a UA han totalizado $ 200,000, según documentos publicados por la universidad en 2017 bajo la ley de divulgación pública del estado.

Martinelli desestimó los procedimientos del miércoles.

Al señalar que su cadena de supermercados está celebrando su 35 aniversario y genera más empleo y paga más impuestos que cualquier otro negocio en Panamá, dijo: «Debería estar allí trabajando en lugar de asistir a un juicio político que ya estaba decidido».

Martinelli, quien gobernó Panamá de 2009 a 2014, ingresó a la cancha usando un andador para mantener la estabilidad luego de someterse a una cirugía de espalda el mes pasado y usar una mascarilla.

En agosto de 2019, fue absuelto de los cargos de espionaje y malversación de fondos y puesto en libertad. El tribunal determinó que los fiscales habían violado el debido proceso después de un juicio de cinco meses. El tribunal también criticó las pruebas de la fiscalía.

Pero el gobierno ganó en apelación, argumentando que había elementos suficientes para un nuevo juicio.

Como presidente, Martinelli supuestamente gastó millones de dólares en sofisticados equipos de espionaje de Israel. Los fiscales dicen que interceptó comunicaciones de políticos de la oposición y otros.

Se trata de un caso que ha generado un largo debate en Panamá e incesantes críticas contra el exlíder populista y magnate de supermercados, que encabezó un periodo de rápido crecimiento económico en el país, debido a los numerosos recursos interpuestos por su defensa para impedir el comienzo del nuevo juicio, informó AP.

En el primer día de audiencia, las tres juezas que conforman el tribunal que juzgará a Martinelli desestimaron una solicitud formulada por la defensa para reprogramar el juicio y decidieron que el exgobernante puede participar del desarrollo de la audiencia a través de medios tecnológicos tomando en cuenta su condición de salud. La audiencia continuará el jueves.

Por su parte, el fiscal superior Ricaurte González dijo a periodistas, al término del primer día de audiencia, que está complacido de que “por lo menos el juicio inició. Teníamos muchas expectativas de que se presentara alguna incidencia que obviamente trataron de presentar, sin embargo la juezas han sido tajantes”. Consideró que “hubo errores garrafales en la apreciación del juicio anterior, de los elementos de prueba y ahora tenemos que hacer un juicio y yo estoy garantizando, estoy claro y estoy convencido de que nosotros vamos a obtener un resultado de culpabilidad”.

Martinelli fue absuelto de espionaje y peculado en agosto de 2019 tras recibir un veredicto de no culpabilidad, por lo que se ordenó su libertad inmediata. El tribunal rechazó las pruebas de la fiscalía y determinó que se violentó el debido proceso. El juicio duró casi cinco meses.

La fiscalía presentó decenas de pruebas testimoniales, escritas y técnicas, pero los jueces determinaron que los argumentos de los fiscales estuvieron fundamentados en hechos imprecisos y mal estructurados. Posteriormente, el Ministerio Público en una audiencia de apelación sostuvo que existían suficientes elementos probatorios para ir a un nuevo juicio.

Martinelli fue repatriado desde Miami —donde fue detenido a mediados de 2018— por pedido de la cancillería panameña para que enfrentase el juicio. En Panamá permaneció detenido un año en una cárcel en las afueras de la capital hasta poco antes de que concluyera el proceso, cuando se le transfirió a un arresto domiciliario.

El exmandatario está siendo juzgado por la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial.

Los abogados de Martinelli lograron acuerdos con varios de los denunciantes de Martinelli para que retirasen las acusaciones.

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Panamá

Clienta denunció aparente estafa tras colocación de dinero a plazo fijo en Banistmo

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Una usuaria del banco Banistmo, de nombre Martha, denunció cómo había colocado $500.000 a plazo fijo en la entidad bancaria desde el año 2015, que obtuvo gracias a una herencia que le dejó su madre, y luego de vencerse el plazo en 2020 y reclamar sus ahorros, se percató que su dinero había desaparecido.

En entrevista con Nancy Dunkley, la usuaria denunció que el banco no le comunicó en ningún momento inconveniente alguno y que al solicitar explicaciones el banco le informó que el dinero ya no existía porque ella había solicitado un crédito prendario, el cual la clienta negó haber firmado.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sólo le ha respondido que no puede hacer nada, en una situación que tiene visos de haber sido una estafa.

Martha también denunció que una subgerente de Banistmo la amenazó con llevarla a juicio. Sin embargo, señaló que una testigo aseguró que la entidad tenía «comprados» a funcionarios de la superintendencia bancaria.

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Panamá

Se agudiza crisis de migrantes entre Colombia y Panamá

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El pasado sábado el gobierno colombiano planteó un diálogo con Panamá para aliviar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, por el inusual flujo de migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos con destino a Estados Unidos.

Desde hace algunas semanas miles de migrantes, entre venezolanos, haitianos, africanos y cubanos, esperan en el puerto colombiano de Necoclí las embarcaciones que lo lleven hasta la frontera con Panamá, una de las escalas antes de llegar al destino final que es EEUU o Canadá.

Las autoridades colombianas y panameñas temen un brote considerable de coronavirus por la aglomeración de personas en plena pandemia justo cuando Colombia vive la tercera ola de la COVID-19.

La presencia de los migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos genera ganancias a la economía de este pequeño puerto turístico azotado por la pandemia.

La cantidad de migrantes alquilan cuartos de hoteles y casas particulares a la espera de poder abordar alguno de los muchos botes que cruzan a diario el golfo de Urabá.

El golfo de Urabá es uno de los puntos principales del tránsito de migrantes que buscan cruzar caminando hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón de Darién, con rumbo hacia Centroamérica, según la información de AFP.

Aunque la migración de venezolanos en los últimos 5 años es la que ha ocupado mayor centimetraje en los medios de comunicación, hay otros países que también están viendo salir a sus ciudadanos aunque con menos proporción.

Las autoridades colombianas han denunciado recientemente la intervención de redes internacionales que se encargan de trasladar a migrantes no solo desde Venezuela sino también de otros países de latinoamérica al departamento de Nariño.

Migrantes de Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela pagan a estas mafias cientos de dólares para ser trasladados desde la frontera de Colombia con Ecuador hasta los límites con Panamá, situación que ha creado una crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

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Panamá

Ciudadanos ven con suspicacia propuesta del contralor Gerardo Solís de vender el 10% de participación del Estado panameño en Panamá Ports Company

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Tras concluir la votación de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) —el pasado 23 de junio—, que aprobó autorizar la renovación automática del contrato a Panamá Ports Company (PPC), el contralor de la República, Gerardo Solís, propuso venderle a la empresa la participación del Estado en la portuaria, que corresponde al 10% de las acciones.

El planteamiento de Solís lo recoge el acta de la reunión del 23 de junio de 2021, publicada en la página web de la AMP luego de la solicitud de información que hizo el activista político Ricardo Lombana, señaló La Prensa.

“Al venderle el Estado a la empresa el 10%, la empresa queda en igualdad de condiciones, en paridad con el resto de las empresas portuarias, y nosotros tenemos esa plata, ese valor de 25 años lo traemos a valor presente y se puede invertir ahora en beneficio del pueblo panameño, ese dinero…”, dijo Solís.

La propuesta fue planteada por Solís casi al final de la reunión y luego de reiterar que la decisión de prorrogara el contrato es la correcta, porque la empresa cumplió. Se desconoce cuál es el valor de las acciones, pero PPC ha señalado que invirtió más de $1,695 millones en los 23 años y 5 meses de vigencia del contrato.

El tema ha repercutido en las redes sociales, donde algunos ciudadanos han visto con suspicacia la propuesta del contralor Solís.

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