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Panamá

Revelaciones de coimas y corrupción en el Segundo Tribunal Superior de Panamá desde 2017 nunca fueron investigadas

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Entre los años 2017 y 2019 se difundieron en las redes sociales imágenes y grabaciones de audio de conversaciones de una secretaria del Segundo Tribunal Superior de Panamá con un procesado, en donde se ve reflejada una red de corrupción para la emisión de fallos judiciales a cambio de sobornos.

Pasados unos años, no se ha producido una denuncia penal, más allá que la secretaria fue removida de su cargo, sin que se le abriera un proceso administrativo conducente a su inhabilitación.

El Ministerio Público panameño, el Órgano Judicial o la policía tampoco abrieron un expediente por el caso, que hasta la fecha ha quedado impune, siendo una muestra de porqué Panamá es considerado un país con uno de los sistemas judiciales menos transparentes del continente americano.

Las pruebas del “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior de Panamá son evidentes y contundentes. Constan de depósitos bancarios a nombre de una secretaria del tribunal, en el que a cambio de coimas se ofrecía supuestamente vencer el retardo procesal. También hay fotografías de la secretaria Melissa Puga y chats donde se habla de supuesta mediación y conversaciones con el presidente de la corte, José Ayú Prado y los magistrados Wilfredo Sáenz y Adolfo Mejía.

Los chats certifican que con las coimas se sufragarían gastos personales. La decencia, moral y buenas costumbres se ven ausentes en el comportamiento de la secretaria del tribunal.

 

 

Las contundentes denuncias y evidencias de corrupción en el Órgano Judicial de Panamá son desatendidas, ya que no existen gestos de querer ponerle coto a la putrefacción que contaminó al sistema judicial panameño, mientras que las mafias tratan muchas veces de involucrar a sus víctimas en falsos delitos, solo por denunciar los atropellos de los cuales son objeto, lo cual pareciese ser práctica común en Panamá.

Caso tal es el de los chats y audios del Segundo Tribunal Superior, estelarizados por la secretaria del tribunal Melissa Puga, donde la justicia se impartiría al mejor postor. Panamá, un país rico en muchos aspectos, pero pobre en otros, en el cual se le da más preponderancia a los juegos de la selección nacional de fútbol, que a la educación, la administración de justicia o la salud.

La situación de la justicia panameña se ha vuelto precaria, producto del alto nivel de corrupción, uno de los más elevados de toda Latinoamérica. Pese a muchas denuncias, no se observan correctivos o mejoras. En el Segundo Tribunal Superior de Panamá, la única medida tomada habría sido supuestamente el despido de la secretaria Melissa Puga, cuya voz, según diversos chats y audios, admite la recepción de coimas, e implica otros funcionarios, tratando luego de llegar a un acuerdo para devolver el dinero y evitar querellas en su contra.

Los afectados que acuden a la oficina de atención al público del Segundo Tribunal Superior, mientras, seguirían siendo objeto de la dilación de sus procesos, maltratos y desplantes por parte de secretarias del juzgado. Los audios y chats son comprometedores y elocuentes, ya que reflejan la existencia de una red que exige coimas bajo amenazas, para luego y como continúan mostrando las evidencias contra Puga, tender trampas a sus víctimas e implicarlas como cómplices.

Las evidencias siguen mostrando el alto nivel de corrupción en el Órgano Judicial de Panamá, donde la justicia se negocia al mejor postor, como lo demuestran el hecho que secretarias cambien favores de cama y la agilización de trámites por dinero. Tales evidencias constan de comunicaciones que dejan mucho que decir de la pulcritud de los dictámenes judiciales y donde además se menciona al magistrado José Ayú Prado.

Poco pueden esperar los ciudadanos de un país donde la justicia funciona de esa forma, como reflejan los audios y chats relativos a la secretaria del Segundo Tribunal Superior Melissa Puga. La CIDH tampoco se pronuncia frente a tan grave situación, en la cual los encausados reciben una justicia tardía, excluyente y como ya se mencionó, no gratuita.

 

En más de los “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior de Panamá se aprecia cómo una de las secretarias del tribunal confiesa la petición de coimas a un procesado, que como se evidencia en chats y audios, tenía como propósito la supuesta agilización de trámites judiciales.

La única medida aplicada, sin embargo, fue la remoción de la funcionaria Melissa Puga sin que se abriese sobre la misma un procedimiento jurídico, no siendo suficiente el daño material, moral y el tiempo perdido en el proceso judicial, que nadie repone.

El “Coima Papers” muestra que al parecer había otros funcionarios coludidos a los que no se sancionó con despido, ni de otra forma en el tribunal. Los más afectados por el “coimeo” en los órganos públicos panameños, resultan muchas veces siendo también víctimas de otras injusticias por denunciar los abusos de los que son objeto.

El órgano judicial de Panamá no ha dado respuesta a las denuncias sostenidas en audios, chats y otras evidencias que demuestran actos de corrupción para la concreción de dictámenes en el Segundo Tribunal Superior de Panamá. Las únicas medidas adoptadas por el magistrado José Ayú Prado, fueron las de desempolvar una denuncia que fue realizada en el año 2015 y que se encontraba engavetada, con la cual logró en tiempo récord la imputación de unas 30 personas, entre funcionarios y ex funcionarios del Tribunal Segundo Superior, por diversos hechos de corrupción, cobro de coimas, etc. y principalmente uso del Sistema Penal Acusatorio para en conjunto con los jurados, lograr beneficios y decisiones absolutorias para implicados en casos de homicidios.

 

 

Los audios y chats que estelariza la secretaria Melissa Puga, reflejan una situación muy grave en el Segundo Tribunal Superior, pues reflejan que dictámenes y decisiones son concedidos al mejor postor por mafias que las tramitan a su antojo.

En este sentido la anarquía reina en Panamá, ya que es impensable que a la Corte; la Asamblea Nacional, que está al mismo nivel del poder judicial, o la Procuraduría, se les vea investigando irregularidades como las que ocurren en el Segundo Tribunal Superior.

Los chats correspondientes a comunicaciones sostenidas por secretarias del Órgano Judicial de Panamá, en poder de muchos panameños, dejan de manifiesto que los que tarifan los dictámenes judiciales en el Segundo Tribunal Superior, logran incluso estar codo a codo, supuestamente, con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado y su secretaria.

Las comunicaciones, en las cuales la secretaria Melissa Puga juega un papel estelar, matizan la influencia que tendrían en el Segundo Tribunal Superior miembros de Morgan & Morgan, bufete de abogados que habría contribuido en la creación de empresas en paraísos fiscales, muchas de ellas relacionadas con tramas de corrupción en algunos países, según se vio en los Panamá Papers. En los chats se refieren también a Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno de Laurentino «Nito» Cortizo, hoy presidente de Panamá, expresándose acerca del uso de dinero para influir en decisiones judiciales que ha manejado el Segundo Tribunal Superior en contra de ciertos ciudadanos, afirmaciones que no tendrían ningún asidero, ya que tales procesados ya habrían sido juzgados.

 

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Panamá

Zulay Rodríguez: “FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra…»

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, sobre el acuerdo con la constructora española FCC, expresando que le «enoja que piensen que nosotros somos bobos o que seguimos viviendo en la era de la Patria tonta».

«Yo no sé quién es el inteligente o qué tipo de consejeros hay que dijeron: está bien FCC, devuélvenos $1.2 millones y ya queda tu contrato rescindido, no te cobramos póliza”, señaló la diputada.

“FCC cedió el contrato de construcción de una millonaria obra hospitalaria, que primero se le adjudicó por $587.5 millones después agregó adendas y los costos subieron a $769.54 millones, había una póliza para establecer que se tenía que pagar dicha póliza en caso de incumplimientos de FCC de $33.9 millones más otra póliza de $140 millones de dólares”, explicó, según Crítica.

Rodríguez sostuvo que FCC se llevó más de $800 millones más las pólizas de garantías y no ha pasado nada, y recordó que el proyecto de la diputada Mayín Correa que castiga a funcionarios que dejen perder y abandonar obras a, fue vetado.

Dijo que por eso es que el expresidente Varela en Radio Panamá dijo que a él nadie lo investiga, porque según él todo lo ha hecho bien, al igual que sus ministros.

Aquí parece que hay pactos…¿acaso hizo pacto con Javier Caraballo? Yo no quiero pensar que aquí hay pacto con Varela, yo no quiero pensar que aquí se ríen de la corrupción y no se investiga cayendo en la impunidad que todos conocemos.

“FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra, cedió la Ciudad Hospitalaria y encima nos devuelve la miserables de $1.2 millones que era la plata del pueblo panameño, por eso que no hay dinero en el país, porque la plata se la llevan para afuera, o se la roba y aquí no ha pasado nada”, reiteró la diputada perredista.

 

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Panamá

Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

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La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

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Diputada Zulay Rodríguez: El ministro de turismo de Panamá es un completo ausente en la reactivación económica

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró el llamado a ponerle fecha a la citación del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen para que responda un cuestionario de 30 preguntas sobre incentivos al turismo y Copa.

El pleno de la Asamblea Nacional ya aprobó la citación de Eskildsen, el 13 de abril de 2021, informó Yorlenne Morales en el diario Crítica.

La diputada sostuvo que el ministro de Turismo ha sido una persona completamente ausente en las políticas estatales que tienen que ver con la pandemia y la reactivación económica.

Como consecuencia, señaló la diputada, sectores como los hoteles, restaurantes, centros comerciales, y establecimientos han dejado de operar y hoy los empresarios están en la quiebra, que han cerrado sus negocios, porque no tienen acceso ni a créditos blandos, mientras los banqueros y los de las financieras han tenido acceso a $2 mil millones de dólares.

“Personas como los locutores, Djs, meseros, personal de hoteles, discotecas, taxistas, artesanos, vendedores al comercio, al por menor, y demás panameños que llevan el pan a su casa, hoy en día no tiene empleo, porque el ministro de Turismo ha sido una persona que ha sido un fracasado, ciego, sordo y mudo y solo le importa los grandes acuerdos que le brindan beneficios a los poderes económicos y a sus allegados”, expresó la diputada Zulay.

 

El administrador de Turismo, deberá responder preguntas como:

¿Cuánto paga Copa en dinero al Estado panameño por el uso exclusivo del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

¿Hay realmente libre competencia y concurrencia entre líneas aéreas nacionales o internacionales en el Aeropuerto de Tocumen?

Si hay estadísticas para saber cuánto ha dejado de percibir el Estado por todos los beneficios fiscales otorgados por la Ley 80 del 8 de diciembre del 2012, entre otras.

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