Entre los años 2017 y 2019 se difundieron en las redes sociales imágenes y grabaciones de audio de conversaciones de una secretaria del Segundo Tribunal Superior de Panamá con un procesado, en donde se ve reflejada una red de corrupción para la emisión de fallos judiciales a cambio de sobornos.

Pasados unos años, no se ha producido una denuncia penal, más allá que la secretaria fue removida de su cargo, sin que se le abriera un proceso administrativo conducente a su inhabilitación.

El Ministerio Público panameño, el Órgano Judicial o la policía tampoco abrieron un expediente por el caso, que hasta la fecha ha quedado impune, siendo una muestra de porqué Panamá es considerado un país con uno de los sistemas judiciales menos transparentes del continente americano.

Las pruebas del “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior de Panamá son evidentes y contundentes. Constan de depósitos bancarios a nombre de una secretaria del tribunal, en el que a cambio de coimas se ofrecía supuestamente vencer el retardo procesal. También hay fotografías de la secretaria Melissa Puga y chats donde se habla de supuesta mediación y conversaciones con el presidente de la corte, José Ayú Prado y los magistrados Wilfredo Sáenz y Adolfo Mejía.

Los chats certifican que con las coimas se sufragarían gastos personales. La decencia, moral y buenas costumbres se ven ausentes en el comportamiento de la secretaria del tribunal.

 

 

Las contundentes denuncias y evidencias de corrupción en el Órgano Judicial de Panamá son desatendidas, ya que no existen gestos de querer ponerle coto a la putrefacción que contaminó al sistema judicial panameño, mientras que las mafias tratan muchas veces de involucrar a sus víctimas en falsos delitos, solo por denunciar los atropellos de los cuales son objeto, lo cual pareciese ser práctica común en Panamá.

Caso tal es el de los chats y audios del Segundo Tribunal Superior, estelarizados por la secretaria del tribunal Melissa Puga, donde la justicia se impartiría al mejor postor. Panamá, un país rico en muchos aspectos, pero pobre en otros, en el cual se le da más preponderancia a los juegos de la selección nacional de fútbol, que a la educación, la administración de justicia o la salud.

La situación de la justicia panameña se ha vuelto precaria, producto del alto nivel de corrupción, uno de los más elevados de toda Latinoamérica. Pese a muchas denuncias, no se observan correctivos o mejoras. En el Segundo Tribunal Superior de Panamá, la única medida tomada habría sido supuestamente el despido de la secretaria Melissa Puga, cuya voz, según diversos chats y audios, admite la recepción de coimas, e implica otros funcionarios, tratando luego de llegar a un acuerdo para devolver el dinero y evitar querellas en su contra.

Los afectados que acuden a la oficina de atención al público del Segundo Tribunal Superior, mientras, seguirían siendo objeto de la dilación de sus procesos, maltratos y desplantes por parte de secretarias del juzgado. Los audios y chats son comprometedores y elocuentes, ya que reflejan la existencia de una red que exige coimas bajo amenazas, para luego y como continúan mostrando las evidencias contra Puga, tender trampas a sus víctimas e implicarlas como cómplices.

Las evidencias siguen mostrando el alto nivel de corrupción en el Órgano Judicial de Panamá, donde la justicia se negocia al mejor postor, como lo demuestran el hecho que secretarias cambien favores de cama y la agilización de trámites por dinero. Tales evidencias constan de comunicaciones que dejan mucho que decir de la pulcritud de los dictámenes judiciales y donde además se menciona al magistrado José Ayú Prado.

Poco pueden esperar los ciudadanos de un país donde la justicia funciona de esa forma, como reflejan los audios y chats relativos a la secretaria del Segundo Tribunal Superior Melissa Puga. La CIDH tampoco se pronuncia frente a tan grave situación, en la cual los encausados reciben una justicia tardía, excluyente y como ya se mencionó, no gratuita.

 

En más de los “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior de Panamá se aprecia cómo una de las secretarias del tribunal confiesa la petición de coimas a un procesado, que como se evidencia en chats y audios, tenía como propósito la supuesta agilización de trámites judiciales.

La única medida aplicada, sin embargo, fue la remoción de la funcionaria Melissa Puga sin que se abriese sobre la misma un procedimiento jurídico, no siendo suficiente el daño material, moral y el tiempo perdido en el proceso judicial, que nadie repone.

El “Coima Papers” muestra que al parecer había otros funcionarios coludidos a los que no se sancionó con despido, ni de otra forma en el tribunal. Los más afectados por el “coimeo” en los órganos públicos panameños, resultan muchas veces siendo también víctimas de otras injusticias por denunciar los abusos de los que son objeto.

El órgano judicial de Panamá no ha dado respuesta a las denuncias sostenidas en audios, chats y otras evidencias que demuestran actos de corrupción para la concreción de dictámenes en el Segundo Tribunal Superior de Panamá. Las únicas medidas adoptadas por el magistrado José Ayú Prado, fueron las de desempolvar una denuncia que fue realizada en el año 2015 y que se encontraba engavetada, con la cual logró en tiempo récord la imputación de unas 30 personas, entre funcionarios y ex funcionarios del Tribunal Segundo Superior, por diversos hechos de corrupción, cobro de coimas, etc. y principalmente uso del Sistema Penal Acusatorio para en conjunto con los jurados, lograr beneficios y decisiones absolutorias para implicados en casos de homicidios.

 

 

Los audios y chats que estelariza la secretaria Melissa Puga, reflejan una situación muy grave en el Segundo Tribunal Superior, pues reflejan que dictámenes y decisiones son concedidos al mejor postor por mafias que las tramitan a su antojo.

En este sentido la anarquía reina en Panamá, ya que es impensable que a la Corte; la Asamblea Nacional, que está al mismo nivel del poder judicial, o la Procuraduría, se les vea investigando irregularidades como las que ocurren en el Segundo Tribunal Superior.

Los chats correspondientes a comunicaciones sostenidas por secretarias del Órgano Judicial de Panamá, en poder de muchos panameños, dejan de manifiesto que los que tarifan los dictámenes judiciales en el Segundo Tribunal Superior, logran incluso estar codo a codo, supuestamente, con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado y su secretaria.

Las comunicaciones, en las cuales la secretaria Melissa Puga juega un papel estelar, matizan la influencia que tendrían en el Segundo Tribunal Superior miembros de Morgan & Morgan, bufete de abogados que habría contribuido en la creación de empresas en paraísos fiscales, muchas de ellas relacionadas con tramas de corrupción en algunos países, según se vio en los Panamá Papers. En los chats se refieren también a Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno de Laurentino «Nito» Cortizo, hoy presidente de Panamá, expresándose acerca del uso de dinero para influir en decisiones judiciales que ha manejado el Segundo Tribunal Superior en contra de ciertos ciudadanos, afirmaciones que no tendrían ningún asidero, ya que tales procesados ya habrían sido juzgados.

 

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