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Panamá

Revelaciones de coimas y corrupción en el Segundo Tribunal Superior de Panamá desde 2017 nunca fueron investigadas

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Entre los años 2017 y 2019 se difundieron en las redes sociales imágenes y grabaciones de audio de conversaciones de una secretaria del Segundo Tribunal Superior de Panamá con un procesado, en donde se ve reflejada una red de corrupción para la emisión de fallos judiciales a cambio de sobornos.

Pasados unos años, no se ha producido una denuncia penal, más allá que la secretaria fue removida de su cargo, sin que se le abriera un proceso administrativo conducente a su inhabilitación.

El Ministerio Público panameño, el Órgano Judicial o la policía tampoco abrieron un expediente por el caso, que hasta la fecha ha quedado impune, siendo una muestra de porqué Panamá es considerado un país con uno de los sistemas judiciales menos transparentes del continente americano.

Las pruebas del “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior de Panamá son evidentes y contundentes. Constan de depósitos bancarios a nombre de una secretaria del tribunal, en el que a cambio de coimas se ofrecía supuestamente vencer el retardo procesal. También hay fotografías de la secretaria Melissa Puga y chats donde se habla de supuesta mediación y conversaciones con el presidente de la corte, José Ayú Prado y los magistrados Wilfredo Sáenz y Adolfo Mejía.

Los chats certifican que con las coimas se sufragarían gastos personales. La decencia, moral y buenas costumbres se ven ausentes en el comportamiento de la secretaria del tribunal.

 

 

Las contundentes denuncias y evidencias de corrupción en el Órgano Judicial de Panamá son desatendidas, ya que no existen gestos de querer ponerle coto a la putrefacción que contaminó al sistema judicial panameño, mientras que las mafias tratan muchas veces de involucrar a sus víctimas en falsos delitos, solo por denunciar los atropellos de los cuales son objeto, lo cual pareciese ser práctica común en Panamá.

Caso tal es el de los chats y audios del Segundo Tribunal Superior, estelarizados por la secretaria del tribunal Melissa Puga, donde la justicia se impartiría al mejor postor. Panamá, un país rico en muchos aspectos, pero pobre en otros, en el cual se le da más preponderancia a los juegos de la selección nacional de fútbol, que a la educación, la administración de justicia o la salud.

La situación de la justicia panameña se ha vuelto precaria, producto del alto nivel de corrupción, uno de los más elevados de toda Latinoamérica. Pese a muchas denuncias, no se observan correctivos o mejoras. En el Segundo Tribunal Superior de Panamá, la única medida tomada habría sido supuestamente el despido de la secretaria Melissa Puga, cuya voz, según diversos chats y audios, admite la recepción de coimas, e implica otros funcionarios, tratando luego de llegar a un acuerdo para devolver el dinero y evitar querellas en su contra.

Los afectados que acuden a la oficina de atención al público del Segundo Tribunal Superior, mientras, seguirían siendo objeto de la dilación de sus procesos, maltratos y desplantes por parte de secretarias del juzgado. Los audios y chats son comprometedores y elocuentes, ya que reflejan la existencia de una red que exige coimas bajo amenazas, para luego y como continúan mostrando las evidencias contra Puga, tender trampas a sus víctimas e implicarlas como cómplices.

Las evidencias siguen mostrando el alto nivel de corrupción en el Órgano Judicial de Panamá, donde la justicia se negocia al mejor postor, como lo demuestran el hecho que secretarias cambien favores de cama y la agilización de trámites por dinero. Tales evidencias constan de comunicaciones que dejan mucho que decir de la pulcritud de los dictámenes judiciales y donde además se menciona al magistrado José Ayú Prado.

Poco pueden esperar los ciudadanos de un país donde la justicia funciona de esa forma, como reflejan los audios y chats relativos a la secretaria del Segundo Tribunal Superior Melissa Puga. La CIDH tampoco se pronuncia frente a tan grave situación, en la cual los encausados reciben una justicia tardía, excluyente y como ya se mencionó, no gratuita.

 

En más de los “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior de Panamá se aprecia cómo una de las secretarias del tribunal confiesa la petición de coimas a un procesado, que como se evidencia en chats y audios, tenía como propósito la supuesta agilización de trámites judiciales.

La única medida aplicada, sin embargo, fue la remoción de la funcionaria Melissa Puga sin que se abriese sobre la misma un procedimiento jurídico, no siendo suficiente el daño material, moral y el tiempo perdido en el proceso judicial, que nadie repone.

El “Coima Papers” muestra que al parecer había otros funcionarios coludidos a los que no se sancionó con despido, ni de otra forma en el tribunal. Los más afectados por el “coimeo” en los órganos públicos panameños, resultan muchas veces siendo también víctimas de otras injusticias por denunciar los abusos de los que son objeto.

El órgano judicial de Panamá no ha dado respuesta a las denuncias sostenidas en audios, chats y otras evidencias que demuestran actos de corrupción para la concreción de dictámenes en el Segundo Tribunal Superior de Panamá. Las únicas medidas adoptadas por el magistrado José Ayú Prado, fueron las de desempolvar una denuncia que fue realizada en el año 2015 y que se encontraba engavetada, con la cual logró en tiempo récord la imputación de unas 30 personas, entre funcionarios y ex funcionarios del Tribunal Segundo Superior, por diversos hechos de corrupción, cobro de coimas, etc. y principalmente uso del Sistema Penal Acusatorio para en conjunto con los jurados, lograr beneficios y decisiones absolutorias para implicados en casos de homicidios.

 

 

Los audios y chats que estelariza la secretaria Melissa Puga, reflejan una situación muy grave en el Segundo Tribunal Superior, pues reflejan que dictámenes y decisiones son concedidos al mejor postor por mafias que las tramitan a su antojo.

En este sentido la anarquía reina en Panamá, ya que es impensable que a la Corte; la Asamblea Nacional, que está al mismo nivel del poder judicial, o la Procuraduría, se les vea investigando irregularidades como las que ocurren en el Segundo Tribunal Superior.

Los chats correspondientes a comunicaciones sostenidas por secretarias del Órgano Judicial de Panamá, en poder de muchos panameños, dejan de manifiesto que los que tarifan los dictámenes judiciales en el Segundo Tribunal Superior, logran incluso estar codo a codo, supuestamente, con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado y su secretaria.

Las comunicaciones, en las cuales la secretaria Melissa Puga juega un papel estelar, matizan la influencia que tendrían en el Segundo Tribunal Superior miembros de Morgan & Morgan, bufete de abogados que habría contribuido en la creación de empresas en paraísos fiscales, muchas de ellas relacionadas con tramas de corrupción en algunos países, según se vio en los Panamá Papers. En los chats se refieren también a Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno de Laurentino «Nito» Cortizo, hoy presidente de Panamá, expresándose acerca del uso de dinero para influir en decisiones judiciales que ha manejado el Segundo Tribunal Superior en contra de ciertos ciudadanos, afirmaciones que no tendrían ningún asidero, ya que tales procesados ya habrían sido juzgados.

 

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Panamá

El techo raso de los camerinos de un estadio que está como el deporte en Panamá

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A través de las redes sociales se han difundido fotografías del mal estado del área de camerinos, que algunos internautas aseguran pertenece al estadio Armando Dely Valdés en Colón. No obstante, otros han señalado que correspondería al estadio Rommel Fernández en la ciudad de Panamá.

En las fotografías se aprecia el grave deterioro de un techo raso que estaría prácticamente a punto de caerse.

Hasta el momento ninguna autoridad de Pandeportes se ha pronunciado acerca del tema.

 

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Panamá

Abogada vinculada a Mossack Fonseca (Panama Papers) es designada por el presidente Laurentino Cortizo como secretaria de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales

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A través de un decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el Gobierno designó a Isabel Vecchio como nueva secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC).

Esta es la posición que quedó vacante tras la renuncia de Dani Kuzniecky, que se conoció el pasado 5 de octubre.

Vecchio se ha desempeñado en los últimos 10 años en la administración pública, en distintas instituciones y cargos, algunos de ellos vinculados a la estrategia del país para salir de las listas discriminatorias, informó La Prensa.

Antes, entre 2005 y 2010, fue abogada en Mossack Fonseca, la firma que fue objeto de una investigación periodística internacional que tuvo repercusión mundial en 2016 por el uso de estructuras jurídicas opacas.

Vecchio dijo que desempeñó en la firma distintos roles de la práctica profesional de un abogado, en las áreas de mercantil, marítimo, administrativo, litigios, así como en materia laboral.

Consultada sobre un eventual mensaje contradictorio que se pueda enviar a las organizaciones internacionales por su nombramiento como la persona que debe liderar la estrategia del país para salir de las listas, dijo que no debería haber conflicto porque lleva más de 10 años trabajando para la administración pública, que es lo que quiere seguir haciendo, y que tiene experiencia y conocimiento en temas de prevención de blanqueo de capitales.

En 2016, ingresó en la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, entidad creada para mejorar el sistema de prevención contra el lavado de activos en un gran grupo de actividades económicas no financieras, entre ellas, los abogados.

Empezó como abogada de la Intendencia -entidad que hoy en día es una Superintendencia- y llegó a ser su subdirectora.

Ha sido subdirectora de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales del Ministerio de la Presidencia y asesora de la CNBC, de la que ahora es secretaria técnica.

Adscrita al despacho del ministro de Economía y Finanzas, la CNBC fue creada a través de la Ley 23 de 2015 y está compuesta por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Presidencia, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea.

Consultada acerca de la presencia de Panamá en las listas, Vecchio dijo que el país ha presentado avances, que estos tienen que continuar y que existe un compromiso al más alto nivel. Destacó en su estrategia la importancia del trabajo interinstitucional para avanzar y obtener resultados.

Vecchio es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María La Antigua. Cuenta con un diplomado en Comercio Internacional y Servicios Bancarios de la Universidad Latina de Panamá; una maestría en Derecho Marítimo de Tulane University, New Orleans, Estados Unidos; y una maestría en Administración Pública de Cornell University, Ithaca, Nueva York, Estados Unidos.

Asume el cargo en un momento complejo para Panamá, cuya presencia en la lista negra de la Unión Europea fue ratificada a inicios de octubre y que espera conocer esta semana la nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre los avances en la ejecución del plan de acción para abordar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.

En la Asamblea, además, reposa el proyecto de ley 624, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que aspira a cambiar varias leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales y que ha generado rechazo entre algunos gremios, entre ellos los abogados.

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Panamá

Magistrado Cecilio Cedalise pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá tomar acciones legales por filtración de proyecto de fallo que dejaría sin efecto caso contra Martinelli

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El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise, envió una carta a su homólogo y presidente de esa corporación de justicia Luis Ramón Fábrega en la que le solicita la presentación de acciones legales a raíz de la difusión en diversos medios de comunicación de un proyecto de fallo en el cual se concede una demanda de inconstitucionalidad a favor del expresidente Ricardo Martinelli, por el caso de los pinchazos.

La nota, publicada en la tarde del martes, 19 de octubre, en la página web del Órgano Judicial, precisa que en diversos medios de comunicación y redes sociales se ha puesto en conocimiento del público la existencia de un proyecto de fallo sometido a lectura simultánea entre los miembros de la Corte, en el que se decide una demanda de inconstitucionalidad, informó La Prensa.

Según Cedalise, la filtración del fallo ha producido un desasosiego nacional y bien puede considerarse una violación al ordenamiento jurídico nacional, por lo que exigió a Fábrega el inicio de acciones legales al respecto.

En su nota Cedalise precisa que el proyecto tenía una encriptación para cada uno de los despachos de los magistrados, a fin de detectar el posible origen de una filtración, a pesar de lo cual la misma se produjo.

La nota de Cedalise argumenta que las acciones legales deben ser ejecutadas sin excusa, para que impere el respeto “a la majestad de la justicia”.

El proyecto de fallo de Cedalise anularía el caso de los pinchazos con el argumento de que en un juicio especial contra un diputado, en este caso, un diputado del Parlamento Centroamericano, cargo que ostentaba Martinelli, no se podía realizar una audiencia de acusación sin antes haber realizado la audiencia de imputación.

Esta posición ha sido rechazada por los querellantes en el proceso que se le sigue al expresidente por espionaje político.

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