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Panamá

Quiénes son Nicolás y José Corcione Pérez Valladares y cómo fue que se involucraron en el caso de corrupción New Business

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El 18 de marzo se conoció que el Ministerio Público de Panamá concluyó la vista fiscal de la investigación del caso New Business, por la que ha pedido el llamamiento a juicio para 25 personas y el sobreseimiento para otras 9, por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

El Fiscal Primero Especializado Contra la Delincuencia Organizada, solicitó al juez de la causa, el llamamiento a juicio contra los presuntos infractores por la posible comisión de delito contra el orden económico en modalidad de blanqueo de capitales

La emisora Radio Panamá, tuvo acceso al documento enviado por la Fiscalía y colgó un listado de los supuestos transgresores.

La vista fiscal del caso New Business no se conoce; solo se sabe que fue concluida y entregada al Órgano Judicial; consta de un centenar de tomos.

Dentro de la investigación se pudo establecer que se transfirieron, a través de un complejo esquema, B/.43,912,828.94 para la compra de un medio de comunicación social, monto del cual se ha logrado recuperar B/.9,200,000.00 en acciones, las cuales fueron remitidas al Tesoro Nacional, lo que representa, a su vez, la recuperación de un 30% de las acciones del Grupo Editorial para el Estado.

En las posiciones 8 y 9 de la lista de las personas a las que la fiscalía de Panamá ha pedido llamar a juicio se encuentran los empresarios Nicolás Iván Corcione Pérez y José Carlos Corcione Pérez, respectivamente.

¿Quiénes son Nicolás Corcione Pérez y José Corcione Pérez?

Nicolas Corcione (nacido en 1969) es, desde 2013 presidente de la Fundación Grupo Corcione. Recibió una maestría en Gestión de Proyectos de Construcción y una Licenciatura en Ingeniería Civil del Instituto Politécnico de Worcester (WPI) en Massachusetts, Estados Unidos. Es miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, la Junta Asesora de WPI y presidente de la Junta del Grupo Corcione.

Corcione es miembro y director de la Cámara de Comercio desde 2005, Capítulo Panamá del Green Building Council, ACOBIR-NAR Panamá.

El empresario Nicolás Corcione, mientras era requerido para indagatoria en un proceso sobre supuesto blanqueo de capitales, reapareció el 23 de septiembre de 2015 después de haberse ausentado durante dos meses de las reuniones de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Corcione dijo que se reincorporaba como directivo en la ACP, cargo al que se aferró frente a la indagatoria que le había ordenado la fiscalía en julio de 2015.

Corcione reapareció dos días después de que el juez decimosexto penal, Enrique Pérez, resolvió un recurso presentado por su abogado: se inhibió de conocer el caso y concluyó que el proceso debía ser ventilado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia bajo el sistema penal acusatorio.

La fiscalía apeló el fallo del juez Pérez ante el Segundo Tribunal Superior y citó en su sustentación al menos cuatro pronunciamientos que ya había hecho la Corte, en cuanto a que la Sala Penal no era competente para conocer los procesos seguidos a miembros de la directiva de la ACP.

La reaparición de Corcione horas después de que un juez emitiera un fallo que puso en pausa el proceso que se le sigue por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, generó suspicacia entre activistas de la sociedad civil, quienes calificaron el hecho de “claro tráfico de influencia” y de “corrupción en el sistema judicial”.

“El ingeniero Corcione ha indicado mediante nota formal a la junta directiva que desde la fecha de hoy se reincorpora de forma completa a sus actividades como miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Vemos de forma positiva que haya regresado al país a enfrentar su situación judicial”, dijo parte de una nota de la junta directiva de la ACP.

Corcione fue nombrado en la junta directiva por el entonces presidente Ricardo Martinelli y ratificado por la Asamblea Nacional en 2010, pero se había separado voluntariamente el 16 de agosto de 2015 en medio de la investigación del Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, derivada del proceso que se siguió en el Órgano Legislativo y que acabó con la condena al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna.

Antes de que hablaran Roy y Corcione, ya se habían pronunciado los directivos Alberto Vallarino y Marco Ameglio. “El señor Corcione se reintegra a la junta directiva. Él está actuando hoy en la junta directiva, él se presentó temprano, nos comunicó que estaba en el país y que iba a estar asumiendo sus funciones para las cuales fue designado por el Presidente de la República y ratificado por la Asamblea Nacional”, señaló Vallarino, socio de Corcione en un proyecto inmobiliario.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, aseguró que en rl caso hubo un claro uso de argucias judiciales para dilatar el proceso y que se diera una decisión favorable al investigado, que le permitiera retornar a Panamá.

Mientras que Ramón Ricardo Arias, presidente ejecutivo de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, escribió en su cuenta de Twitter: “últimos acontecimientos con [el] caso Corcione suenan a pacto con el demonio”.

Mientras Corcione retomaba sus deberes como directivo del Canal, los dos empresarios que declararon ante la fiscalía que este les había pedido una coima para pactar un contrato con la Corte Suprema de Justicia permanecían presos.

Se trató de Jorge Espino y Julián París, socios de la empresa Conceptos y Espacios, S.A., que durante la gestión del exmagistrado Alejandro Moncada Luna se encargó de la remodelación del Tribunal Marítimo en Ancón.

Espino dijo, al rendir indagatoria el 3 de julio de 2015, que Corcione le pidió $600 mil a cambio del mencionado contrato.

También fue detenida preventivamente la abogada María Gabriela Reyna, quien, según la investigación que adelantaba el Ministerio Público, declaró que Corcione le refirió a los empresarios que obtuvieron contratos con la Corte durante la presidencia de Moncada Luna, y luego los pagos efectuados por los beneficiarios eran depositados en cuentas ligadas al exmagistrado, a Ricardo Ricky Calvo, y a Felipe Pipo Virzi, entre otros.

Un millón de dólares del contrato adjudicado en 2010 a Grupo Corcione y Asociados, SA -de Nicólas Corcione- para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Nacional (AN) fue desviado a la empresa Nuevos Negocios. reveló en 2020 David Mendoza, primer fiscal contra el Crimen Organizado.

New Business sirvió como una empresa canasta para acumular al menos $ 43 millones que se utilizaron para comprar Editora Panamá América (Epasa),

El contrato para la construcción del nuevo conjunto fue adjudicado a Constructora Corcione y Asociados, SA, en junio de 2010, cuando el diputado panameño José Luis Popi Varela era presidente de la AN.

Originalmente, el contrato era de $ 19,5 millones, pero, durante la presidencia de José Muñoz en la Legislatura, el costo se elevó a $ 22,5 millones.

En octubre de 2010, Constructora Corcione solicitó un anticipo de $ 2 millones, como parte de una cláusula pactada en el contrato. Posteriormente, la empresa solicitó a Capital Bank emitir un cheque de gestión -de $ 1 millón- a nombre de Grupo Clio, SA, empresa vinculada a Nicolás y José Corcione. Como siguiente paso, el contratista transfirió el dinero a la empresa canasta New Business.

La fiscalía presentó cargos por lavado de dinero contra los hermanos Corcione.

Pleito legal en Estados Unidos

Un exasesor de Morgan Stanley con sede en Miami está librando desde 2020 una batalla contra las acusaciones de que engañó a una empresa de bienes raíces panameña sobre una inversión de $ 1 millón en un hotel de lujo de Florida donde tenía una participación personal.

Cándido Viyella, un veterano de la industria de 32 años que dejó la firma el en 2020 después de 11 años, fue acusado por Fundación Nicor en octubre de 2019 de solicitar su inversión en la construcción del Hotel Conrad, con sede en Fort Lauderdale, que según afirma Viyella sabía que enfrentaba problemas financieros, de acuerdo con una presentación de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Finra).

Según tres fuentes familiarizadas con las circunstancias, la salida de Viyella de Morgan Stanley estuvo directamente relacionada con su disputa con la Fundación Nicor y sus vínculos personales con el proyecto del Hotel Conrad.

La Fundación Nicor y su propietario, Nicolás Corcione Pérez Balladares, afirman que cerca de fines de 2015 Viyella les vendió un pagaré de 1 millón de dólares a través de CFLB Management, una empresa de propiedad parcial de su esposa a través de una red de empresas, según la presentación de Finra.

Luego, Viyella vendió el 51% de la participación de su familia en el proyecto ‘muy poco después’ de la inversión de Fundación Nicor después de que el proyecto tuvo problemas financieros, según la denuncia.

Como tal, Nicor busca $ 1.5 millones en restitución de Viyella y su ahora ex empleador Morgan Stanley.

Morgan Stanley y Viyella contrarrestaron los reclamos de Fundación Nicor y Corcione, llevando la disputa original de Finra a los tribunales en octubre de 2019

Ambas partes acusadas afirman que la Fundación Nicor nunca fue de hecho un cliente suyo como Corcione después de que su solicitud fuera rechazada alrededor de septiembre de 2015 por no aprobar los requisitos de cumplimiento.

Los documentos judiciales muestran que Corcione había estado bajo investigación en Panamá por esquemas de soborno, soborno y lavado de dinero mientras era miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá en el momento en que se emitió el pagaré de 1 millón de dólares.

Los abogados de Viyella afirmaron en su demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito Sur de Florida en octubre de 2019, que la solicitud de Fundación Nicor para convertirse en cliente de Morgan Stanley fue denegada debido a que Corcione y Fundación Nicor estaban buscando trasladar activos a EE.UU. para evitar que fueran congelados y, por lo tanto, eran demasiado arriesgados como clientes.

Este reclamo fue disputado por los abogados de la Fundación Nicor, quienes señalaron los mensajes de texto entre Viyella y Corcione de noviembre de 2015 como una solicitud de inversión y que el exasesor había violado las reglas de Finra sobre la participación en inversiones externas sin notificar a Morgan Stanley.

Además, Nicor y sus abogados dijeron que la empresa no había supervisado adecuadamente a Viyella y, por extensión, había violado las leyes de valores.

Después de varios intentos de Viyella y Morgan Stanley de desestimar la denuncia de la Fundación Nicor y Corcione, el juez del caso ordenó a Viyella que pague $ 92,500 en honorarios de abogados al grupo panameño, una medida que los abogados de Viyella consintieron.

Según documentos judiciales, Viyella, Morgan Stanley y Fundación Nicor continuarán arbitrando el tema a través de Finra y estaba programado que comenazaran las conversaciones nuevamente en marzo de 2021.

«New Business»

En cuanto a José Corcione, el empresario fue puesto bajo arresto domiciliario en 2017 por orden de la Fiscalía por su implicación en el caso de desvío de dinero público para financiar la compra de tres medios privados en 2010, conocido como el caso «New Business».

El Ministerio Público investiga el desembolso de 39,9 millones de dólares para la compra en 2010 de la Editora Panamá América S.A (Epasa), que imprime los periódicos locales Panamá América, Crítica y Día a Día.

En la primera fase de la investigación se descubrió que se había desviado para la compra de Epasa una parte del dinero destinado a ampliar la autopista Arraiján-La Chorrera, obra licitada en el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Nicolás Corcione, el empresario de la construcción que es miembro de la junta directiva del Canal de Panamá, aún debe explicaciones en torno al contrato para la construcción de la nueva sede de la Asamblea Nacional (AN) y dinero de este proyecto que recaló en cuentas bancarias, cuyos fondos se usaron para comprar la Editora Panamá América (Epasa).

El dinero fue parte de un adelanto de fondos para la obra, pactado en el contrato entre la AN y Grupo Corcione y Asociados, S.A. Sin embargo, no todo fue utilizado para este propósito.

Al menos un millón de dólares terminó en una cuenta bancaria de la sociedad extranjera New Business. Ltd., donde otros contratistas del Estado aportaron millones de dólares para la compra de la casa editorial de los diarios Panamá América y Crítica, y cuya propiedad es atribuida al expresidente Ricardo Martinelli.

Nicolás Corcione, en declaraciones pasadas, sostuvo que esta fue una compra legítima de acciones del holding periodístico, pero las investigaciones apuntan a otros fines, según la teoría del Ministerio Público.

¿Por qué fondos que debían ser destinados a la construcción de la nueva sede de la Asamblea Nacional terminaron en una cuenta ajena al proyecto y que hoy es blanco de una investigación por la compra de Editora Panamá América?

Lo primero que hay que saber es que el contrato para construir el edificio fue adjudicado a Constructora Corcione y Asociados, S.A., en junio de 2010, cuando era presidente de la Asamblea Nacional (AN) el diputado José Luis Popi Varela.

Originalmente, el contrato fue de 19.5 millones de dólares, pero otro presidente de la AN, el diputado José Muñoz, aprobó una adenda que elevó el costo final de la obra a 22.5 millones de dólares, es decir, un 15% más.

El 6 de octubre de 2010, Constructora Corcione y Asociados solicitó a la AN un adelanto de 2 millones de dólares, tal como estaba pactado en el contrato. La AN le giró un cheque por ese monto y la empresa lo depositó en su cuenta, en Capital Bank, el 30 de noviembre de 2010.

Para esa fecha, Constructora Corcione tenía en su cuenta tan solo 2 mil 270 dólares. El 20 de diciembre de ese año, buena parte del dinero que le dio la AN en concepto de adelanto por las obras se desvaneció, cuando la empresa solicitó al banco confeccionar un cheque de gerencia -de un millón de dólares- a nombre de Grupo Clio, S.A.

Grupo Clio es una empresa de los Corcione, por lo que cabe preguntarse: ¿por qué no hacer un cheque corriente o una transferencia a esta sociedad que, después de todo, era del mismo grupo familiar? (Hay que considerar que un cheque de gerencia no deja rastros visibles de la procedencia del dinero).

El cheque por 1 millón de dólares ordenado por Grupo Corcione fue depositado en la cuenta del Grupo Clio, en Banesco. Esta cuenta tiene dos firmas: José Corcione y Nicolás Corcione.

Pero el dinero no estuvo ni 24 horas en esa cuenta. Grupo Clio ordenó de inmediato confeccionar un cheque de gerencia -también de 1 millón de dólares-, pese a que aún no había sido acreditado a su cuenta el cheque de gerencia que ordenó Constructora Corcione por 1 millón de dólares.

Así pues, el cheque se confeccionó con un sobregiro contra la cuenta de Grupo Clio, aunque ese mismo día -el 20 de diciembre de 2010- entró el cheque de gerencia de Capital Bank, cubriendo así el sobregiro.

El cheque de gerencia que ordenó hacer Grupo Clio, de 1 millón de dólares, tenía como beneficiario la offshore New Business Ltd. El cheque fue depositado en su cuenta, en el Global Bank.

Lo otro que hay que saber es por qué a la cuenta de la sociedad New Business fue a dar dinero de contratistas del Estado, incluido el millón de dólares de la AN, depositado a su cuenta tras haber pasado por las de Constructora Corcione y Asociados y Grupo Clio.

La teoría del Ministerio Público (MP) es que esta era una cuenta-canasta que sirvió para recoger millones de dólares destinados a la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), que publica los diarios Crítica y Panamá América.

El Ministerio Público investiga al empresario y exvicepresidente Felipe Pipo Virzi, su socio Gabriel Btesh, los empresario Riccardo Francolini y Navin Bhakta, socios del expresidente Ricardo Martinelli, así como Aaron Mizrachi, cuñado del exgobernante (e investigado en múltiples casos).

Otros blancos de investigación son Vernon Salazar Zurita (detenido por el fraude de las ciudades deportivas) y Ricardo Chanis Correa, presidente de Epasa.

La lista continúa con Mike Btesh, Danny Cohen, Moussa Daniel Levy, Gonzalo Germán Gómez, Leo David Cohen, Salomón Btesh, Jack Btesh, Marcos Ángel, Ori Zbeda Levy y Tse Yum Ling, así como los exdirectivos de la extinta Financial Pacific Iván Clare y West Valdés.

La defensa de Nicolás Corcione asegura que el millón de dólares depositado en la cuenta de New Business a través de Grupo Clio es una inversión de compra de acciones legítima. Pero el MP no está de acuerdo, por lo que ordenó indagar a Corcione. Considera que hubo una clara intención de mezclar dinero lícito con ilícitos a fin de darle legitimidad a una transacción ilegal.

Sobrinos de un expresidente y promotores del “sindicalismo amarillo”

Nicolás y José Corcione Pérez Balladares, son sobrinos del expresidente de Panamá Ernesto Pérez Balladares (1994-1999). Nicolás es empresario de la construcción, socio de Ricardo Martinelli, promotor del sindicalismo amarillo (pro patronal). En sus obras se cuentan varios obreros muertos por la falta de medidas de salud y seguridad laboral.

Precisamente, Nicolás Corcione, cuyo hermano Carlos Corcione ha estado en la Junta Directiva del Registro Público, es Presidente del Grupo Corcione, el mismo que construyó la Torre 7400, en calle 74 de San Francisco, en ciudad de Panamá, donde murieron por faltas de medidas de seguridad, los obreros: Luis Mena, de 27 años, José Boniche, de 21 años, Isaac Pérez, de 24 años, y Juan Ramos, de 50.

Los hoy fallecidos no estaban amparados por la convención colectiva CAPAC-SUNTRACS, toda vez que la empresa Grupo Corcione, de Nicolás Corcione Pérez Balladares, negocia directamente con un SINDICATO AMARILLO de su propiedad (Sindicato de Trabajadores de las Empresas Corcione y Afiliados) que le fue otorgado bajo la administración de su tío, Ernesto Pérez Balladares, por el Ministerio de Trabajo, en ese entonces dirigido por Reynaldo Rivera, ministro también el 26 de julio de 2007, cuando ocurrieron estos fallecimientos.

A raíz de estas muertes que conmovieron a la opinión pública, el SUNTRACS inició una jornada de lucha por el cumplimiento de las normas de Salud y Seguridad en la Construcción, respeto a la libertad sindical, y contra el sindicalismo amarillo y los esquiroles que promueven empresarios como Nicolás Corcione.

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Zulay Rodríguez: “FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra…»

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, sobre el acuerdo con la constructora española FCC, expresando que le «enoja que piensen que nosotros somos bobos o que seguimos viviendo en la era de la Patria tonta».

«Yo no sé quién es el inteligente o qué tipo de consejeros hay que dijeron: está bien FCC, devuélvenos $1.2 millones y ya queda tu contrato rescindido, no te cobramos póliza”, señaló la diputada.

“FCC cedió el contrato de construcción de una millonaria obra hospitalaria, que primero se le adjudicó por $587.5 millones después agregó adendas y los costos subieron a $769.54 millones, había una póliza para establecer que se tenía que pagar dicha póliza en caso de incumplimientos de FCC de $33.9 millones más otra póliza de $140 millones de dólares”, explicó, según Crítica.

Rodríguez sostuvo que FCC se llevó más de $800 millones más las pólizas de garantías y no ha pasado nada, y recordó que el proyecto de la diputada Mayín Correa que castiga a funcionarios que dejen perder y abandonar obras a, fue vetado.

Dijo que por eso es que el expresidente Varela en Radio Panamá dijo que a él nadie lo investiga, porque según él todo lo ha hecho bien, al igual que sus ministros.

Aquí parece que hay pactos…¿acaso hizo pacto con Javier Caraballo? Yo no quiero pensar que aquí hay pacto con Varela, yo no quiero pensar que aquí se ríen de la corrupción y no se investiga cayendo en la impunidad que todos conocemos.

“FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra, cedió la Ciudad Hospitalaria y encima nos devuelve la miserables de $1.2 millones que era la plata del pueblo panameño, por eso que no hay dinero en el país, porque la plata se la llevan para afuera, o se la roba y aquí no ha pasado nada”, reiteró la diputada perredista.

 

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Panamá

Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

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La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez: El ministro de turismo de Panamá es un completo ausente en la reactivación económica

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró el llamado a ponerle fecha a la citación del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen para que responda un cuestionario de 30 preguntas sobre incentivos al turismo y Copa.

El pleno de la Asamblea Nacional ya aprobó la citación de Eskildsen, el 13 de abril de 2021, informó Yorlenne Morales en el diario Crítica.

La diputada sostuvo que el ministro de Turismo ha sido una persona completamente ausente en las políticas estatales que tienen que ver con la pandemia y la reactivación económica.

Como consecuencia, señaló la diputada, sectores como los hoteles, restaurantes, centros comerciales, y establecimientos han dejado de operar y hoy los empresarios están en la quiebra, que han cerrado sus negocios, porque no tienen acceso ni a créditos blandos, mientras los banqueros y los de las financieras han tenido acceso a $2 mil millones de dólares.

“Personas como los locutores, Djs, meseros, personal de hoteles, discotecas, taxistas, artesanos, vendedores al comercio, al por menor, y demás panameños que llevan el pan a su casa, hoy en día no tiene empleo, porque el ministro de Turismo ha sido una persona que ha sido un fracasado, ciego, sordo y mudo y solo le importa los grandes acuerdos que le brindan beneficios a los poderes económicos y a sus allegados”, expresó la diputada Zulay.

 

El administrador de Turismo, deberá responder preguntas como:

¿Cuánto paga Copa en dinero al Estado panameño por el uso exclusivo del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

¿Hay realmente libre competencia y concurrencia entre líneas aéreas nacionales o internacionales en el Aeropuerto de Tocumen?

Si hay estadísticas para saber cuánto ha dejado de percibir el Estado por todos los beneficios fiscales otorgados por la Ley 80 del 8 de diciembre del 2012, entre otras.

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