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Panamá

Quiénes son Nicolás y José Corcione Pérez Valladares y cómo fue que se involucraron en el caso de corrupción New Business

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El 18 de marzo se conoció que el Ministerio Público de Panamá concluyó la vista fiscal de la investigación del caso New Business, por la que ha pedido el llamamiento a juicio para 25 personas y el sobreseimiento para otras 9, por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

El Fiscal Primero Especializado Contra la Delincuencia Organizada, solicitó al juez de la causa, el llamamiento a juicio contra los presuntos infractores por la posible comisión de delito contra el orden económico en modalidad de blanqueo de capitales

La emisora Radio Panamá, tuvo acceso al documento enviado por la Fiscalía y colgó un listado de los supuestos transgresores.

La vista fiscal del caso New Business no se conoce; solo se sabe que fue concluida y entregada al Órgano Judicial; consta de un centenar de tomos.

Dentro de la investigación se pudo establecer que se transfirieron, a través de un complejo esquema, B/.43,912,828.94 para la compra de un medio de comunicación social, monto del cual se ha logrado recuperar B/.9,200,000.00 en acciones, las cuales fueron remitidas al Tesoro Nacional, lo que representa, a su vez, la recuperación de un 30% de las acciones del Grupo Editorial para el Estado.

En las posiciones 8 y 9 de la lista de las personas a las que la fiscalía de Panamá ha pedido llamar a juicio se encuentran los empresarios Nicolás Iván Corcione Pérez y José Carlos Corcione Pérez, respectivamente.

¿Quiénes son Nicolás Corcione Pérez y José Corcione Pérez?

Nicolas Corcione (nacido en 1969) es, desde 2013 presidente de la Fundación Grupo Corcione. Recibió una maestría en Gestión de Proyectos de Construcción y una Licenciatura en Ingeniería Civil del Instituto Politécnico de Worcester (WPI) en Massachusetts, Estados Unidos. Es miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, la Junta Asesora de WPI y presidente de la Junta del Grupo Corcione.

Corcione es miembro y director de la Cámara de Comercio desde 2005, Capítulo Panamá del Green Building Council, ACOBIR-NAR Panamá.

El empresario Nicolás Corcione, mientras era requerido para indagatoria en un proceso sobre supuesto blanqueo de capitales, reapareció el 23 de septiembre de 2015 después de haberse ausentado durante dos meses de las reuniones de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Corcione dijo que se reincorporaba como directivo en la ACP, cargo al que se aferró frente a la indagatoria que le había ordenado la fiscalía en julio de 2015.

Corcione reapareció dos días después de que el juez decimosexto penal, Enrique Pérez, resolvió un recurso presentado por su abogado: se inhibió de conocer el caso y concluyó que el proceso debía ser ventilado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia bajo el sistema penal acusatorio.

La fiscalía apeló el fallo del juez Pérez ante el Segundo Tribunal Superior y citó en su sustentación al menos cuatro pronunciamientos que ya había hecho la Corte, en cuanto a que la Sala Penal no era competente para conocer los procesos seguidos a miembros de la directiva de la ACP.

La reaparición de Corcione horas después de que un juez emitiera un fallo que puso en pausa el proceso que se le sigue por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, generó suspicacia entre activistas de la sociedad civil, quienes calificaron el hecho de “claro tráfico de influencia” y de “corrupción en el sistema judicial”.

“El ingeniero Corcione ha indicado mediante nota formal a la junta directiva que desde la fecha de hoy se reincorpora de forma completa a sus actividades como miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Vemos de forma positiva que haya regresado al país a enfrentar su situación judicial”, dijo parte de una nota de la junta directiva de la ACP.

Corcione fue nombrado en la junta directiva por el entonces presidente Ricardo Martinelli y ratificado por la Asamblea Nacional en 2010, pero se había separado voluntariamente el 16 de agosto de 2015 en medio de la investigación del Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, derivada del proceso que se siguió en el Órgano Legislativo y que acabó con la condena al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna.

Antes de que hablaran Roy y Corcione, ya se habían pronunciado los directivos Alberto Vallarino y Marco Ameglio. “El señor Corcione se reintegra a la junta directiva. Él está actuando hoy en la junta directiva, él se presentó temprano, nos comunicó que estaba en el país y que iba a estar asumiendo sus funciones para las cuales fue designado por el Presidente de la República y ratificado por la Asamblea Nacional”, señaló Vallarino, socio de Corcione en un proyecto inmobiliario.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, aseguró que en rl caso hubo un claro uso de argucias judiciales para dilatar el proceso y que se diera una decisión favorable al investigado, que le permitiera retornar a Panamá.

Mientras que Ramón Ricardo Arias, presidente ejecutivo de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, escribió en su cuenta de Twitter: “últimos acontecimientos con [el] caso Corcione suenan a pacto con el demonio”.

Mientras Corcione retomaba sus deberes como directivo del Canal, los dos empresarios que declararon ante la fiscalía que este les había pedido una coima para pactar un contrato con la Corte Suprema de Justicia permanecían presos.

Se trató de Jorge Espino y Julián París, socios de la empresa Conceptos y Espacios, S.A., que durante la gestión del exmagistrado Alejandro Moncada Luna se encargó de la remodelación del Tribunal Marítimo en Ancón.

Espino dijo, al rendir indagatoria el 3 de julio de 2015, que Corcione le pidió $600 mil a cambio del mencionado contrato.

También fue detenida preventivamente la abogada María Gabriela Reyna, quien, según la investigación que adelantaba el Ministerio Público, declaró que Corcione le refirió a los empresarios que obtuvieron contratos con la Corte durante la presidencia de Moncada Luna, y luego los pagos efectuados por los beneficiarios eran depositados en cuentas ligadas al exmagistrado, a Ricardo Ricky Calvo, y a Felipe Pipo Virzi, entre otros.

Un millón de dólares del contrato adjudicado en 2010 a Grupo Corcione y Asociados, SA -de Nicólas Corcione- para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Nacional (AN) fue desviado a la empresa Nuevos Negocios. reveló en 2020 David Mendoza, primer fiscal contra el Crimen Organizado.

New Business sirvió como una empresa canasta para acumular al menos $ 43 millones que se utilizaron para comprar Editora Panamá América (Epasa),

El contrato para la construcción del nuevo conjunto fue adjudicado a Constructora Corcione y Asociados, SA, en junio de 2010, cuando el diputado panameño José Luis Popi Varela era presidente de la AN.

Originalmente, el contrato era de $ 19,5 millones, pero, durante la presidencia de José Muñoz en la Legislatura, el costo se elevó a $ 22,5 millones.

En octubre de 2010, Constructora Corcione solicitó un anticipo de $ 2 millones, como parte de una cláusula pactada en el contrato. Posteriormente, la empresa solicitó a Capital Bank emitir un cheque de gestión -de $ 1 millón- a nombre de Grupo Clio, SA, empresa vinculada a Nicolás y José Corcione. Como siguiente paso, el contratista transfirió el dinero a la empresa canasta New Business.

La fiscalía presentó cargos por lavado de dinero contra los hermanos Corcione.

Pleito legal en Estados Unidos

Un exasesor de Morgan Stanley con sede en Miami está librando desde 2020 una batalla contra las acusaciones de que engañó a una empresa de bienes raíces panameña sobre una inversión de $ 1 millón en un hotel de lujo de Florida donde tenía una participación personal.

Cándido Viyella, un veterano de la industria de 32 años que dejó la firma el en 2020 después de 11 años, fue acusado por Fundación Nicor en octubre de 2019 de solicitar su inversión en la construcción del Hotel Conrad, con sede en Fort Lauderdale, que según afirma Viyella sabía que enfrentaba problemas financieros, de acuerdo con una presentación de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Finra).

Según tres fuentes familiarizadas con las circunstancias, la salida de Viyella de Morgan Stanley estuvo directamente relacionada con su disputa con la Fundación Nicor y sus vínculos personales con el proyecto del Hotel Conrad.

La Fundación Nicor y su propietario, Nicolás Corcione Pérez Balladares, afirman que cerca de fines de 2015 Viyella les vendió un pagaré de 1 millón de dólares a través de CFLB Management, una empresa de propiedad parcial de su esposa a través de una red de empresas, según la presentación de Finra.

Luego, Viyella vendió el 51% de la participación de su familia en el proyecto ‘muy poco después’ de la inversión de Fundación Nicor después de que el proyecto tuvo problemas financieros, según la denuncia.

Como tal, Nicor busca $ 1.5 millones en restitución de Viyella y su ahora ex empleador Morgan Stanley.

Morgan Stanley y Viyella contrarrestaron los reclamos de Fundación Nicor y Corcione, llevando la disputa original de Finra a los tribunales en octubre de 2019

Ambas partes acusadas afirman que la Fundación Nicor nunca fue de hecho un cliente suyo como Corcione después de que su solicitud fuera rechazada alrededor de septiembre de 2015 por no aprobar los requisitos de cumplimiento.

Los documentos judiciales muestran que Corcione había estado bajo investigación en Panamá por esquemas de soborno, soborno y lavado de dinero mientras era miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá en el momento en que se emitió el pagaré de 1 millón de dólares.

Los abogados de Viyella afirmaron en su demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito Sur de Florida en octubre de 2019, que la solicitud de Fundación Nicor para convertirse en cliente de Morgan Stanley fue denegada debido a que Corcione y Fundación Nicor estaban buscando trasladar activos a EE.UU. para evitar que fueran congelados y, por lo tanto, eran demasiado arriesgados como clientes.

Este reclamo fue disputado por los abogados de la Fundación Nicor, quienes señalaron los mensajes de texto entre Viyella y Corcione de noviembre de 2015 como una solicitud de inversión y que el exasesor había violado las reglas de Finra sobre la participación en inversiones externas sin notificar a Morgan Stanley.

Además, Nicor y sus abogados dijeron que la empresa no había supervisado adecuadamente a Viyella y, por extensión, había violado las leyes de valores.

Después de varios intentos de Viyella y Morgan Stanley de desestimar la denuncia de la Fundación Nicor y Corcione, el juez del caso ordenó a Viyella que pague $ 92,500 en honorarios de abogados al grupo panameño, una medida que los abogados de Viyella consintieron.

Según documentos judiciales, Viyella, Morgan Stanley y Fundación Nicor continuarán arbitrando el tema a través de Finra y estaba programado que comenazaran las conversaciones nuevamente en marzo de 2021.

«New Business»

En cuanto a José Corcione, el empresario fue puesto bajo arresto domiciliario en 2017 por orden de la Fiscalía por su implicación en el caso de desvío de dinero público para financiar la compra de tres medios privados en 2010, conocido como el caso «New Business».

El Ministerio Público investiga el desembolso de 39,9 millones de dólares para la compra en 2010 de la Editora Panamá América S.A (Epasa), que imprime los periódicos locales Panamá América, Crítica y Día a Día.

En la primera fase de la investigación se descubrió que se había desviado para la compra de Epasa una parte del dinero destinado a ampliar la autopista Arraiján-La Chorrera, obra licitada en el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Nicolás Corcione, el empresario de la construcción que es miembro de la junta directiva del Canal de Panamá, aún debe explicaciones en torno al contrato para la construcción de la nueva sede de la Asamblea Nacional (AN) y dinero de este proyecto que recaló en cuentas bancarias, cuyos fondos se usaron para comprar la Editora Panamá América (Epasa).

El dinero fue parte de un adelanto de fondos para la obra, pactado en el contrato entre la AN y Grupo Corcione y Asociados, S.A. Sin embargo, no todo fue utilizado para este propósito.

Al menos un millón de dólares terminó en una cuenta bancaria de la sociedad extranjera New Business. Ltd., donde otros contratistas del Estado aportaron millones de dólares para la compra de la casa editorial de los diarios Panamá América y Crítica, y cuya propiedad es atribuida al expresidente Ricardo Martinelli.

Nicolás Corcione, en declaraciones pasadas, sostuvo que esta fue una compra legítima de acciones del holding periodístico, pero las investigaciones apuntan a otros fines, según la teoría del Ministerio Público.

¿Por qué fondos que debían ser destinados a la construcción de la nueva sede de la Asamblea Nacional terminaron en una cuenta ajena al proyecto y que hoy es blanco de una investigación por la compra de Editora Panamá América?

Lo primero que hay que saber es que el contrato para construir el edificio fue adjudicado a Constructora Corcione y Asociados, S.A., en junio de 2010, cuando era presidente de la Asamblea Nacional (AN) el diputado José Luis Popi Varela.

Originalmente, el contrato fue de 19.5 millones de dólares, pero otro presidente de la AN, el diputado José Muñoz, aprobó una adenda que elevó el costo final de la obra a 22.5 millones de dólares, es decir, un 15% más.

El 6 de octubre de 2010, Constructora Corcione y Asociados solicitó a la AN un adelanto de 2 millones de dólares, tal como estaba pactado en el contrato. La AN le giró un cheque por ese monto y la empresa lo depositó en su cuenta, en Capital Bank, el 30 de noviembre de 2010.

Para esa fecha, Constructora Corcione tenía en su cuenta tan solo 2 mil 270 dólares. El 20 de diciembre de ese año, buena parte del dinero que le dio la AN en concepto de adelanto por las obras se desvaneció, cuando la empresa solicitó al banco confeccionar un cheque de gerencia -de un millón de dólares- a nombre de Grupo Clio, S.A.

Grupo Clio es una empresa de los Corcione, por lo que cabe preguntarse: ¿por qué no hacer un cheque corriente o una transferencia a esta sociedad que, después de todo, era del mismo grupo familiar? (Hay que considerar que un cheque de gerencia no deja rastros visibles de la procedencia del dinero).

El cheque por 1 millón de dólares ordenado por Grupo Corcione fue depositado en la cuenta del Grupo Clio, en Banesco. Esta cuenta tiene dos firmas: José Corcione y Nicolás Corcione.

Pero el dinero no estuvo ni 24 horas en esa cuenta. Grupo Clio ordenó de inmediato confeccionar un cheque de gerencia -también de 1 millón de dólares-, pese a que aún no había sido acreditado a su cuenta el cheque de gerencia que ordenó Constructora Corcione por 1 millón de dólares.

Así pues, el cheque se confeccionó con un sobregiro contra la cuenta de Grupo Clio, aunque ese mismo día -el 20 de diciembre de 2010- entró el cheque de gerencia de Capital Bank, cubriendo así el sobregiro.

El cheque de gerencia que ordenó hacer Grupo Clio, de 1 millón de dólares, tenía como beneficiario la offshore New Business Ltd. El cheque fue depositado en su cuenta, en el Global Bank.

Lo otro que hay que saber es por qué a la cuenta de la sociedad New Business fue a dar dinero de contratistas del Estado, incluido el millón de dólares de la AN, depositado a su cuenta tras haber pasado por las de Constructora Corcione y Asociados y Grupo Clio.

La teoría del Ministerio Público (MP) es que esta era una cuenta-canasta que sirvió para recoger millones de dólares destinados a la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), que publica los diarios Crítica y Panamá América.

El Ministerio Público investiga al empresario y exvicepresidente Felipe Pipo Virzi, su socio Gabriel Btesh, los empresario Riccardo Francolini y Navin Bhakta, socios del expresidente Ricardo Martinelli, así como Aaron Mizrachi, cuñado del exgobernante (e investigado en múltiples casos).

Otros blancos de investigación son Vernon Salazar Zurita (detenido por el fraude de las ciudades deportivas) y Ricardo Chanis Correa, presidente de Epasa.

La lista continúa con Mike Btesh, Danny Cohen, Moussa Daniel Levy, Gonzalo Germán Gómez, Leo David Cohen, Salomón Btesh, Jack Btesh, Marcos Ángel, Ori Zbeda Levy y Tse Yum Ling, así como los exdirectivos de la extinta Financial Pacific Iván Clare y West Valdés.

La defensa de Nicolás Corcione asegura que el millón de dólares depositado en la cuenta de New Business a través de Grupo Clio es una inversión de compra de acciones legítima. Pero el MP no está de acuerdo, por lo que ordenó indagar a Corcione. Considera que hubo una clara intención de mezclar dinero lícito con ilícitos a fin de darle legitimidad a una transacción ilegal.

Sobrinos de un expresidente y promotores del “sindicalismo amarillo”

Nicolás y José Corcione Pérez Balladares, son sobrinos del expresidente de Panamá Ernesto Pérez Balladares (1994-1999). Nicolás es empresario de la construcción, socio de Ricardo Martinelli, promotor del sindicalismo amarillo (pro patronal). En sus obras se cuentan varios obreros muertos por la falta de medidas de salud y seguridad laboral.

Precisamente, Nicolás Corcione, cuyo hermano Carlos Corcione ha estado en la Junta Directiva del Registro Público, es Presidente del Grupo Corcione, el mismo que construyó la Torre 7400, en calle 74 de San Francisco, en ciudad de Panamá, donde murieron por faltas de medidas de seguridad, los obreros: Luis Mena, de 27 años, José Boniche, de 21 años, Isaac Pérez, de 24 años, y Juan Ramos, de 50.

Los hoy fallecidos no estaban amparados por la convención colectiva CAPAC-SUNTRACS, toda vez que la empresa Grupo Corcione, de Nicolás Corcione Pérez Balladares, negocia directamente con un SINDICATO AMARILLO de su propiedad (Sindicato de Trabajadores de las Empresas Corcione y Afiliados) que le fue otorgado bajo la administración de su tío, Ernesto Pérez Balladares, por el Ministerio de Trabajo, en ese entonces dirigido por Reynaldo Rivera, ministro también el 26 de julio de 2007, cuando ocurrieron estos fallecimientos.

A raíz de estas muertes que conmovieron a la opinión pública, el SUNTRACS inició una jornada de lucha por el cumplimiento de las normas de Salud y Seguridad en la Construcción, respeto a la libertad sindical, y contra el sindicalismo amarillo y los esquiroles que promueven empresarios como Nicolás Corcione.

Panamá

Los orígenes del caso que llevó a la liquidación del AllBank en Panamá

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El nuevo fraude bancario que golpea a Panamá tiene sus orígenes en octubre de 2011 cuando el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín estableció su propio banco en la nación centroamericana con el que completó una estructura financiera que hoy es señalada de fraudulenta.

Entidades del grupo rotaban el mismo dinero para respaldar las reservas y depósitos, burlando los sistemas de supervisión de cinco países, entre ellos el panameño.

En el 2019 estalló el escándalo por el nuevo fraude bancario, dando inicio a un proceso de liquidación forzada por insolvencia donde hay más de 182 millones en activos en riesgos, de los cuales 175 millones de dólares son depósitos de clientes o cuentahabientes.

En Panamá, Vargas Irausquín abrió operaciones bajo el nombre de AllBank y la casa de valores Plus Capital Market. Incluso el banco compró los derechos de un edificio para llamarlo Torre AllBank para dar prestigio a sus operaciones como los grandes jugadores de este mercado.

Todas las operaciones del grupo de Vargas Irausquin se coordinaban para jugar con las reservas, tal como se desprende de un reporte de intervención de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

El diario Panamá América explicó que parte de los activos líquidos que respaldaban la operación de Panamá estaban en el Banco Orinoco de Curazao, el primero en ser intervenido y declarado en quiebra.

La otra parte de la estructura del banquero venezolano estaba en Antigua & Barbuda con el Boi Bank, República Dominicana con el Banco América (bajo intervención) y el Banco Occidental de Descuento en Venezuela (también bajo intervención).

En Panamá, de los 175 millones de dólares, 100.7 millones de dólares son de particulares que tenían 38.1 millones de dólares en depósitos a la vista y 51.7 millones de dólares en plazos fijos.

El 9 de septiembre de 2019, la Superintendencia de Bancos de Panamá tomó el control operativo y administrativo del AllBank Corp., afirmando que la operación ponía en riesgo la seguridad de las acreencias confinadas por los clientes en el banco.

El principal riesgo que identificó la Superintendencia de Bancos era que la cuarta parte de los activos líquidos y los servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores de AllBank estaban el Banco Orinoco de Curazao, el cual estaba intervenido desde septiembre de 2019. Ya estaba claro el nuevo fraude bancario de Vargas.

La Superintendencia de Bancos de Panamá también encontró que el AllBank refleja una fuerte debilidad de la salud de la cartera de préstamos, lo que sumado a una frágil gestión de Gobierno Corporativo, establecen un modelo de gestión que se torna inviable.

El 8 de noviembre de 2019, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la liquidación forzosa de AllBank debido a que la situación financiera, operacional y de gobierno corporativo del banco no procedía reorganizarlo o intentar su venta a otro banco.

El liquidador designado para AllBank fue Rafael Moscarella Valladares quien en su informe de intervención había determinado la insostenibilidad del banco como un negocio en marcha.

Moscarella Valladares alegaba la incertidumbre sobre la disponibilidad de sus activos, abriendo una duda razonable sobre la solvencia y liquidez del banco.

Durante el proceso de corrección, «AllBank no logró proponer soluciones a corto plazo, sino reiteradas evasivas y plazos, y condiciones inviables que le permitirían seguir con su riesgoso actuar, incluyendo las evasivas de los bancos del Grupo».

Otro elemento que obligó a la Superintendencia a forzar esta liquidación, es que desde octubre de 2018 se presentaban reportes de recurrentes reclamaciones de ciertos clientes de AllBank.

Las denuncias eran por renovaciones de plazos fijos no autorizados, por restructuraciones de términos y condiciones de manera unilateral, por no concesión de financiamientos con garantías de depósitos del mismo banco, pero sobre todo por instrucciones no atendidas de clientes, sobre transferencias de fondos depositados en el banco.

«Este hecho sugiere una inadecuada gestión de liquidez por parte de AllBank», advirtió el liquidador.

También se identificaron órdenes de pago desatendidas por importes significativos lo cual constituye un grave indicio de iliquidez.

La liquidación del AllBank ahora conduce a importantes bienes de lujos que Vargas Irausquin posee, entre ellas una mansión en la reconocida zona de playa La Romana en República Dominicana, entre otras excentricidades que conducen a la realeza española, según Primer Informe.

Según Carlos Tablante, quien fuera ministro del expresidente Rafael Caldera, Vargas Irausquín es “el banquero rojo” que operó en la compra de la Cadena Capriles para ponerla al servicio del chavismo.

También lo responsabiliza de haber escondido la fortuna de Alejandro Andrade, ex guardaespaldas de Hugo Chávez, hoy preso en Estados Unidos.

Asimismo, estuvo involucrado en los llamados Bonos del Sur con los que Hugo Chávez financió el Gobierno de los Kirchner en Argentina.

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Panamá

Las evidencias halladas por la fiscalía panameña para pedir el llamamiento a juicio de 50 implicados en el caso Odebrecht

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La fiscalía anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio de 50 personas por presunto blanqueo de capitales relacionado con el caso Odebrecht en Panamá.

La fiscalía anticorrupción de Panamá argumenta su acusación a la entrega de sobornos por más de 100 millones de dólares por parte de la constructora brasileña para la concesión y pago de obras en el país centroamericano.

También pidió juicio para una persona jurídica o institución y el sobreseimiento para otras 29 personas, al remitir finalmente el voluminoso expediente de la investigación iniciada hace más de cuatro años a las instancias judiciales.

Según un comunicado del Ministerio Público en la investigación se pudo establecer que la caja no contabilizada de Odebrecht con su compleja estructura, usó la banca nacional e internacional en Panamá para transferir dinero ilícito a servidores públicos y sus familiares.

El dinero transferido que asciende a 100 millones de dólares, “impactaban directamente en la concesión y pago de obras que desarrollaba el conglomerado en nuestro país”, reza el comunicado publicado el lunes, según información de AP.

La fiscalía anticorrupción señaló que para ello los imputados utilizaron sociedades anónimas panameñas y extranjeras, testaferros o interpuestas personas, seguros, contratos ficticios y financiamiento de campañas políticas.

El comunicado del Ministerio Público no da nombres de los llamados a juicio, y algunos críticos exigieron que se revelaran las identidades de los imputados.

El Ministerio Público señaló que a lo largo de la investigación sobre el caso Odebrecht en Panamá se recuperó para el Estado 49,5 millones de dólares, de los cuales 37,8 millones corresponden a los adelantos efectuados por Odebrecht como parte de una multa acordada por 220 millones.

Agregó que otros 36,6 millones fueron aprehendidos y que incluyen bienes y dineros de los imputados.

Indicó que durante el curso de la investigación también se celebraron ocho acuerdos de colaboración eficaz y 11 acuerdos de pena con sentencia condenatoria.

Odebrecht admitió a finales de diciembre del 2016 haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África para acceder a más de un centenar de obras multimillonarias, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En el caso de Panamá, la gigante brasileña pagó sobornos por más de 100 millones incluido el periodo de 2009-2014 en que gobernó Ricardo Martinelli, según las investigaciones.

También habría realizado aportes a campañas electorales, como al partido del entonces candidato a vicepresidente Juan Carlos Varela en los comicios de 2009, por lo cual el exmandatario (2014-2019) está enfrentando actualmente un proceso.

Dos hijos del expresidente Martinelli fueron implicados en el caso Odebrecht, aunque ellos rechazan los señalamientos.

Odebrecht, que llegó al país durante el gobierno Martín Torrijos (2004-2009).

La empresa se convirtió en la mayor contratista del Estado y formó parte del consorcio que construyó las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, puestas en funcionamiento al final de la administración de Martinelli (2014) y de Varela (2019), respectivamente.

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Cronista evoca la vida y obra del exdictador panameño Omar Torrijos

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David y Goliat en el canal de Panamá

Por Rafael Fraguas
El País

De los numerosos géneros del periodismo, el que más se aproxima a la literatura es, sin duda, el de la crónica. Así lo demuestra su base narrativa que, unida a su despliegue descriptivo, redondea con colores, olores y sabores aquello que secuencialmente relata, ceñida a una actualidad apremiante o pretérita, pero nunca distante. La mirada que la crónica proyecta sobre los hechos incorpora un dinamismo propio que, en manos de los maestros, genera una sensación de totalidad que traslada de un tirón a quien la lee hasta el origen mismo de los hechos tratados. Ningún otro género periodístico procura tal vitalidad.

El cronista es, en este caso, Zoilo Gutiérrez Martínez de la Vega, periodista asturiano cuya veteranía, adquirida en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, se cinceló durante cinco décadas también sobre tierras centroamericanas: allí fue destinado como redactor y delegado luego de la agencia española de noticias EFE, una de las diez grandes agencias informativas mundiales. Sobre el terreno, Zoilo Gutiérrez acuñó una experiencia irrepetible que, ahora, ofrece al lector en un libro de los que imprimen carácter: Las guerras del general Omar Torrijos, que lleva por subtítulo La reconquista del Canal de Panamá.

Dictador nacional-progresista panameño “convicto, confeso y converso”, como a sí mismo se reconocía, Torrijos descendía del general y político liberal español fusilado en 1831 en la playa de Málaga por la reacción absolutista de Fernando VII.E l futuro líder panameño había nacido en Santiago de Veraguas, agro de Panamá, en febrero de 1929, octavo de una familia con 12 hijos, compuesta por los maestros José María Torrijos y Joaquina Herrera. Infancia y adolescencia entre estrecheces, Omar, accede a una beca para la Guardia Nacional. Asciende velozmente. Casa con Raquel Pauzner, con la que tuvo dos hijos y una hija. La represión dirigida por él contra una manifestación estudiantil le deja una honda huella. Transformará la Guardia Nacional de represora en fuerza pacificadora. A finales de los años 60, ya como líder de su país, será mentor, autor y campeón de una de las mayores gestas políticas –con armas diplomáticas- de la historia contemporánea del hemisferio americano: la de recobrar para su país el canal transoceánico de Panamá, en manos estadounidenses desde 1904.

Puede leer el texto completo en El País

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