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Proyecto de fallo preparado por el magistrado Cecilio Cedalise pudiera anular proceso contra el expresidente Ricardo Martinelli

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Un proyecto de fallo de 50 páginas de extensión preparado por el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Cecilio Cedalise, declararía como inconstitucional una “decisión oral” con fecha del 4 de julio de 2018, del entonces Magistrado Juez de Garantías Jerónimo Mejía.

Esa decisión de Mejía rechazaba una impugnación de las defensa técnica del expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, y que cuestionaba la realización de una audiencia de acusación en el caso de los pinchazos, sin que antes se realizara una imputación, señaló Rodrigo Noriega en el diario La Prensa.

El proyecto de fallo del Magistrado Cedalise decidiría una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Carlos Carrillo Gomila, el 9 de febrero del presente año. De conseguir el respaldo de otros 4 magistrados del pleno de la Corte Suprema, el fallo anularía el proceso de los pinchazos iniciado en el 2015 y que actualmente se encuentra en la fase de juicio en el Sistema Penal Acusatorio.

Si se concreta el fallo de Cedalise, quedaría establecido que en Panamá no hay cosa juzgada, ya que los propios fallos de la Corte Suprema son irrespetados y solo la justicia estará disponible para el mejor postor.

El 8 de junio de 2015 llegó a los estrados judiciales de la Corte Suprema de Justicia el caso de los pinchazos. Luego de más de 6 años, esta odisea judicial podría terminar de manera inesperada: una decisión de la Corte que declararía inconstitucional todo el proceso.

El fundamento del fallo que anularía el caso de los pinchazos sería la afirmación de que en un juicio especial contra un diputado, en este caso, un diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), cargo que ostentaba el ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), no se podía realizar una audiencia de acusación sin antes haber realizado la audiencia de imputación.

Este principio, que es el común para todos los procesados, tiene una excepción en el Código Procesal Penal, en su artículo 492, cuya norma fue aprobada durante el gobierno de Ricardo Martinelli, y está contenida en la Ley 55 de 2012 que lleva su firma.

Este artículo mandata el trámite procesal que sigue a la investigación de un diputado por parte de un magistrado fiscal: “Artículo 492. Calificación de la investigación. Concluida la investigación, el Magistrado Fiscal emitirá por escrito su opinión jurídica en la que expresará su solicitud de elevación de la causa a juicio o de sobreseimiento.

La calificación de la investigación corresponderá al Magistrado que ejerza las funciones de Juez de Garantías. La audiencia de formulación de la acusación debe realizarse dentro del plazo previsto en el artículo 344 de este Código.

Admitida la petición de elevación a juicio, se remitirá lo actuado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para que en esta instancia se resuelva lo que en Derecho corresponda.

También corresponde al Magistrado que ejerza las funciones de Juez de Garantías dictar sobreseimiento, contra el cual procede el recurso de reconsideración ante el Pleno”.

Este artículo, que es el fundamento de la acusación sin imputación de los diputados en los procesos especiales ante la Corte, no aparece mencionado en el proyecto de fallo del magistrado Cedalise.

El proyecto de fallo del magistrado Cedalise tiene 50 páginas de extensión, con 7 secciones y una Parte Resolutiva. La primera sección empieza con un resumen de la acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Carlos Carrillo Gomila, el pasado 9 de febrero del presente año, contra la decisión oral del entonces juez de garantías Jerónimo Mejía, quien el 4 de julio de 2018 rechazó durante una audiencia el pedido de la defensa del expresidente Martinelli Berrocal de anular el proceso porque no se había dado una audiencia de imputación previa a la audiencia de acusación.

La segunda y tercera sección del documento son los hechos que sustentan la pretensión del abogado Carillo, y el concepto de la infracción a la Constitución que este jurista identifica como la causa del conflicto constitucional: la violación del debido proceso, según establece el artículo 32 de la Constitución.

En la cuarta sección se presenta una síntesis de la opinión del Procurador General de la Nación Encargado, Javier Caraballo, quien recibió el traslado de la acción de inconstitucionalidad por parte de la Corte, para que emitiera su opinión como corresponde. En la página 13 del proyecto de fallo, expresa que Caraballo opinó “que frente al período reducido del plazo de investigación, originalmente de dos (2) meses, tenía contemplada coherencia que luego de la admisibilidad de la denuncia o querella, a cargo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el proceso transitara hacia una fase de investigación sin audiencia de imputación, porque es a través de esta admisibilidad cualificada, en que se verifican el cumplimiento de las garantías y derechos que en el proceso ordinario asegura la imputación”.

En la quinta sección del proyecto de fallo aparecen los alegatos de 11 abogados que actúan como interesados en este caso: Roberto Ruiz Díaz, actuando en su propio nombre y representación; Carlos Eugenio Carrillo Gomila, como apoderado judicial de Martinelli Berrocal, Alejandro Pérez Saldaña, Alma Cortés, Niurka Palacios y Jamis Acosta; David Eugenio Carrillo Villarreal, en su propio nombre y representación; Samantha Clair Edwards, a nombre propio y representación; Roniel Enrique Ortiz Espinosa, en nombre y representación también de Martinelli Berrocal; Silvio Guerra Morales, en su propio nombre y representación; y, Luis Eduardo Camacho González.

Con la sola excepción de la licenciada Edwards, los restantes abogados apoyaron desde distintos aspectos la demanda de inconstitucionalidad contra la decisión oral del entonces juez de garantías Jerónimo Mejía. En el caso de la abogada Samantha Clair Edwards sus consideraciones sostienen que la acción de inconstitucionalidad no es viable puesto que “como quiera que lo impugnado no es un acto normativo de carácter general, sino una resolución que decide una petición de nulidad de lo actuado en el proceso penal, no es viable la demanda”, según se recoge en la página 19 del proyecto de fallo.

En la sexta sección titulada “el problema jurídico sometido a escrutinio judicial”, el magistrado Cedalise esboza cómo entiende el asunto que debe resolver la Corte: “Todo lo anterior conlleva a un problema jurídico que consiste en dejar zanjado -de una vez por todas- si las reglas contenidas en el artículo 280 del Código Procesal Penal son o no aplicables a los procesos penales contra Diputados de la Asamblea Nacional y los Miembros del Parlamento Centroamericano (conocidos por sus siglas PARLACEN), los cuales son ventilados y tramitados ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia”.

La séptima sección denominada “los razonamientos del pleno de la Corte Suprema de Justicia”, es la más extensa de este proyecto de fallo, ya que transcurre desde la página 26 hasta la 50 del documento. Aquí se lee la justificación de la decisión que pretende tomar la Corte anulando el caso de los pinchazos, y en su parte resolutiva “declara que es inconstitucional la decisión oral de fecha 4 de julio de 2018, emitida por el Magistrado Jerónimo Mejía”.

El proyecto de fallo tiene serias omisiones que le restan legitimidad y debilitan la solidez de sus argumentos. La primera gran deficiencia del proyecto es que ya hubo varias decisiones judiciales en sentido contrario, lo que hace cosa juzgada que el proyecto menosprecia. Por ejemplo, en la página 48 se descalifica un fallo del 29 de enero del 2018 del pleno de la Corte que estableció que la admisión de una denuncia o querella contra un diputado equivalía a una imputación, denigrándolo por haber sido una decisión tomada en un caso legal y no en un caso constitucional. Esto significa que la gran mayoría de las decisiones de la Corte, que son en sede legal (casaciones, acciones contenciosas, habeas data) estarían expuestas a recursos de inconstitucionalidad, cosa que la propia Constitución no permite.

Por si lo anterior no fuera suficiente, el pleno del Corte decidió un amparo de garantías constitucionales de la defensa de Martinelli Berrocal en el caso de los pinchazos, el 7 de diciembre de 2018, reconociendo que todo lo actuado por Mejía era correcto, salvo la continuación del proceso a pesar de la renuncia al cargo de diputado al Parlacen por parte del expresidente Martinelli Berrocal. Esto se omite en el proyecto de Cedalise. Adicionalmente, el proyecto de fallo afirma en la página 46 que no hay norma jurídica que justifique la acusación sin imputación. Eso a pesar de que existe el artículo 492 del Código Procesal Penal que fue introducido por la ley 55 del 2012 firmada por el entonces presidente Martinelli Berrocal y que fuera liderada por su bancada en la Asamblea Nacional para acelerar los juicios contra los diputados.

El 6 de diciembre de 2019, en una decisión del pleno de la Corte de la que el magistrado Cedalise fue parte, que no tenía vinculación con el caso de los pinchazos, se exploró la razón fundamental de las acciones de inconstitucionalidad y en aquella ocasión se dijo: “En consecuencia el control objetivo y abstracto de constitucionalidad, no es una instancia, ni tampoco puede sustituir o revisar la corrección o justeza de un criterio con que un tribunal o funcionario público haya aplicado o entendido la Ley en un caso concreto…”.

Ahora el magistrado Cedalise tiene que desdecirse, ignorar otros fallos constitucionales y despreciar la jurisprudencia explícita sobre el tema de la acusación sin imputación. Si concreta este proyecto de fallo se habrá anulado el caso de los pinchazos. De esa forma, quedará establecido que en Panamá no hay cosa juzgada, ya que los propios fallos de la Corte son irrespetados y solo la justicia estará disponible para el mejor postor.

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Panamá

Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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El procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo confirmó que cuatro fiscales superiores fueron enviados de vacaciones, tras una denuncia que interpuso la exministra de Educación, Lucy Molinar por presunta simulación de hecho punible y calumnia en actuaciones judiciales y otros delitos.

Se trata de los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas, informó Catherine Perea en Telemetro.

La denuncia guarda relación con supuestas declaraciones del testigo protegido “Euro 14” sobre la investigación realizada del caso Granos del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN), que data de 2014.

El Ministerio Público abrió una investigación a raíz de esta denuncia.

Caraballo aclaró que la decisión de enviar a estos fiscales de vacaciones busca facilitar la investigación y no significa un adelanto de criterio respecto a la misma.

“Nosotros frente a la denuncia presentada tenemos que actuar como lo mandata la ley de manera objetiva y transparente, esa transparencia nos llevó a tomar la decisión administrativa de mandar de vacaciones a estos fiscales sin que esto signifique un adelanto de criterio respecto a la investigación penal. Nosotros lo que si consideramos prudente es que mientras se dan los primeras actos de investigación, los fiscales estén gozando de vacaciones”, sostuvo el procurador Javier Caraballo.

Caraballo detalló que los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica y Zuleyka Moore serán reemplazados por los fiscales Anilú Batista, Edwin Juárez y William Granados, respectivamente.

Aseguró que las investigaciones que adelantan estos fiscales no serán afectadas por esta decisión, ya que actúan en conjunto con un grupo de fiscales subalternos.

 

Murgas permanece en el Ministerio Público panameño pese a ser señalado en denuncias de corrupción judicial

Desde el año 2017 han aparecido en internet denuncias que ponen en entredicho la conducta del fiscal especializado en delitos de asociación ilícita, Nahaniel Murgas. Sin embargo el fiscal ha continuado cumpliendo funciones en el Ministerio Público panameño sin que se le haya abierto expediente administrativo disciplinario, ni penal, por todos los señalamientos en su contra.

Con el ascenso presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en la figura de Laurentino Cortizo, el fiscal Murgas ha continuado formando parte de la fiscalía panameña, aunque poco se le nombra, después de haber sido de la mayor confianza de la exfiscal Kenia Porcell.

Algunos suponen que el fiscal a logrado tener la bendición del PRD, gracias a elevados padrinazgos dentro del partido y que también contaría con la bendición presidencial, por pasados favores concedidos al mandatario panameño y a miembros de su familia.

La podredumbre en el sistema judicial panameño es tan fétida que algunos en Panamá plantean irónicamente que deberían, como en el mundo de la música y el celuloide, otorgarse “premios” a los jueces, fiscales y funcionarios más corruptos y que se encuentran inmiscuidos en las mafias más atroces. Se piensa que algunos de esos premios deberían otorgarse en la Fiscalía encabezada por Nahaniel Murgas.

Nahaniel Murgas

En 2017 se conocía que unos años antes, finalizando la mañana del día siguiente de haber prestado declaraciones en la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada de Panamá, presidida por el fiscal Nahaniel Murgas, un ciudadano extranjero, que había sido previamente detenido, fue trasladado nuevamente al despacho del fiscal Murgas, donde le conferirían una medida sustitutiva de libertad, no sin antes haber sido conminado por funcionarios de la fiscalía a desembolsar una “cuota inicial”, que garantizase su puesta en libertad bajo ciertas restricciones.

El detenido fue llevado de regreso a una celda en Ancón, hasta que fuese formalizada la boleta de libertad. La espera previa al traslado se llevó a cabo en otra nauseabunda celda, dentro del edificio Avesa. Horas después llegó la libertad y volvieron por enésima vez a verificar si el procesado tenía antecedentes penales en alguna parte o algún requerimiento por Interpol. En menos de un año se comunicaron seis veces con Interpol, hasta que copias de documentos que reposaban en ficheros de la sede central de Interpol, en Lyon, Francia, permitieron verificar que el encausado no estaba bajo ninguna solicitud. Solo así logró liberarse de más “mordidas”, ya que funcionarios judiciales estaban ideando al parecer la forma de quitarle más coimas o alguna propiedad.

Pero volviendo al tema, el detenido fue sacado del recinto, caminó hasta la calle y tomó un taxi hasta su residencia, donde un conserje le prestó dinero para pagar al chofer, préstamo que luego le reembolsó. Estaba en libertad condicional y apenas comenzaba su pesadilla. Sabía al menos quiénes eran sus “verdugos”. Pese a las circunstancias, volvió a la academia de fútbol de la cual estaba encargado y que decidió mantener abierta.

Esa misma tarde acudió a las prácticas en el glorioso estadio Maracaná, donde inicialmente habían planificado detenerlo, situación que no ocurrió, por la presencia de unos 50 alumnos, provenientes principalmente de las barriadas de Barraza, Chorrillo y Plaza Amador.

Allí había comenzado su desgracia, tras fundar y mantener por casi cinco años la mejor academia de fútbol de todos los tiempos en Panamá, con entrenamientos entre 3 y 5 veces por semana, 12 entrenadores, preparación específica para porteros, psicólogo deportivo, fisioterapeuta, médico deportivo, paramédicos, quinesiólogo, entrenadores certificados por FIFA, porteros y jugadores de primera división y de la selección nacional para entrenar a los porteros y jugadores en formación.

Tenían en su staff entrenadores extranjeros (entre ellos quien fuera suplente de Bufón, el portero de la selección de Italia), un profesor de educación física y entrenadores de la selección nacional, incluso al preparador de porteros de Hernán «El Bolillo» Gómez.

Los instructores eran los mejores porteros de la liga. Ayudaron técnica y financieramente a jugadores profesionales, alumnos de escasos recursos, quienes gozaron de todo; brindaron ayuda para recuperaciones físicas en la única Clínica Deportiva de la ciudad, contribuyeron con vigilantes de Pandeportes que cuidaban el estadio y con entrenadores de la Federación, pagaron viajes al exterior para desarrollar talento nacional, medicinas, alimentación, útiles escolares, etc.

La academia también se integró e hizo una alianza con el Chorrillo FC, que esa temporada se tituló campeón. El procesado fue directivo del glorioso equipo, pero nada de eso valió para nada, ni para funcionarios de inmigración panameños, a pesar que la ley establece reconocer servicios sociales a la comunidad. La familia del encargado de la academia redobló la seguridad de su hijo y contrató a un chofer y un escolta. Después del incidente debieron ser sometidos a tratamiento profesional y medicación, para superar el triste incidente.

El encausado hizo una lista de amigos a los que acudió para solicitar ayuda y poder conversar con alguna autoridad proba de la procuraduría, vicepresidencia o presidencia de Panamá y esto fue lo que sucedió. El primero a quien intentó ubicar fue al famoso cantautor Omar Alfanno, con quien tuvo amistad hace más de 20 años. Nunca obtuvo respuesta a sus muchas comunicaciones. Otro fue el abogado Rolando Mirones, alto dirigente del partido PRD, ex funcionario del gobierno de Martín Torrijos. Quería contratarlo profesionalmente. Su hijo había sido alumno de la academia. A pesar que era vecino del procesado, nunca tuvo tiempo para atenderlo.

Álvaro Alvarado, uno de los más famosos periodistas de Panamá. Su hijo fue alumno de la academia y recibió muchísimas atenciones y apoyo para superar sus discapacidades. Le atendió la llamada una vez, quedó en avisarle para recibirlo en su oficina, sin brindarle luego respuesta. Manuel Barrera, piloto del avión presidencial y allegado del entonces presidente de la Asamblea Nacional «Popi» Varela. Su hijo fue alumno de la academia, donde recibió clases y equipamiento especial gratuito. Con su buena publicidad llegaron Los Gaitanes, pero Barrera nunca ofreció una respuesta de los Varela. Nicolás Liakopulos, heredero de la cadena Niko’s Café, directivo de la Federación Panameña de Fútbol, propietario millonario de dos hoteles 5 estrellas en Ciudad de Panamá. Nunca pudo poner en contacto al encausado con el diputado panameñista «‘Beby» Valderrama. Le negó conocerlo, a pesar que se lo había presentado en una celebración en uno de sus hoteles.

Eloy Alfaro de Alba, ex funcionario del servicio exterior, alto vocero del partido PRD y vecino del encargado de la academia. Nunca obtuvo respuesta de su clamor. En el trayecto, el enjuiciado aprendió sobre el desarrollo humano de los panameños, la xenofobia, complejos y poca colaboración de la cerrada sociedad y de algunos gobernantes, quienes poco ayudan a los demás y menos cuando se trata de víctimas de la corrupción judicial. Luego ampliaremos este relato y los resultados que tuvo el enjuiciado al contratar a Guillermina McDonald, una de las mejores abogadas de Panamá.

Caras de pesar y sorpresa se habrían manifestado, cuando jueces y secretarios de los tribunales penales de Ciudad de Panamá escucharan el testimonio del ciudadano del cual subalternos del Fiscal Nahaniel Murgas, en su despacho, se aprovecharon económicamente. La víctima, a quien hicieron ver cómo victimario, fue enjuiciado y condenado luego de pagar unos 30 mil dólares, tras lo cual fue sometido a atropellos y su causa pasó de un despacho penal a otro. La fiscalía se opuso a cualquier solicitud procesal para ponerle fin a su caso.

Un funcionario con el currículo del fiscal Nahaniel Murgas nadie creería que podría verse tentado por las fuerzas oscuras que hacen de la honestidad solo retórica, como las de sus subalternos, que tal cual se atestigua, dejan con los bolsillos vacíos a los imputados que apremian su justa libertad, justa porque en ocasiones las imputaciones son, como se dice, por delitos no cometidos.

Una vez en libertad bajo fianza en Panamá, el procesado judicial extranjero comenzó la dura tarea de reunir y pagar en breve tiempo 30 mil dólares de honorarios profesionales de la abogada Tatiana Sealy y de coimas exigidas por funcionarios de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada a cargo del fiscal Nahaniel Murgas y de funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ.

Pidió prestado a familiares, empeñó prendas de oro que luego no pudo recuperar, se endeudó con un colegio privado, donde le impedían a su hijo realizar exámenes y acceder a su plataforma web. El encausado acumuló casi un año de deuda en electricidad; pagaba el alquiler de su apartamento con retraso; su familia comía en fondas, como se conocen comúnmente los puestos callejeros de comida; no podía mover su automóvil porque lo bloqueaban por GPS por no pagar al día y no tenían para la gasolina ni para pagar peajes en autopistas.

La familia estaba prácticamente bajo acoso de su abogada, y con la amenaza de nuevos allanamientos o experticias a las que ya les habían realizado, si no pagaban otras coimas adicionales. Funcionarios del despacho del fiscal Nahaniel Murgas contabilizaban y llevaban un control de lo “abonado”, cada lunes cuando el procesado se presentaba a firmar.

Para recibir un trato cortés y digno al ingresar al edificio Avesa, el encausado debía gratificar con generosas propinas a policías y recepcionistas que se encontraban en la entrada. Durante 6 ó 7 meses padeció un viacrucis inicial, ya que luego sufriría otras incidencias.

Fue obligado a estar más de 30 meses en un país donde no quería estar y donde no era querido. Su hijo menor de edad y el procesado debieron estar durante meses bajo tratamiento profesional y medicación con un reconocido psiquiatra, producto del daño emocional que les causaron. El simple motivo de fundar y lograr que funcionara, prácticamente como beneficencia pública una exitosa y nunca antes vista academia de fútbol en Panamá, género odios, venganzas y vilezas.

Durante seis o siete meses estuvo el procesado extranjero presentándose a firmar semanalmente en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, presidida por el fiscal Nahaniel Murgas, y recorriendo su despacho, donde funcionarios contabilizaban las coimas que era obligado a cancelar.

Si por alguna razón se atrasaba en los pagos, era amenazado con realizarle otro allanamiento, aparte del que previamente le habían efectuado, o también practicarle nuevas incautaciones de teléfonos, experticias forenses o con la deportación de su esposa e hijo.

Durante más de 30 meses, la familia debió pagar más de 43 mil dólares en consultas psiquiátricas especializadas, sin contar los medicamentos. Nadie les pagó el daño moral, económico y a su salud. En la experticia forense al teléfono del procesado no se encontró nada que lo incriminara en algún tipo de intento extorsivo, por el cual fue acusado. El acusador y supuesta víctima, Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del hoy presidente Laurentino Cortizo, no facilitó su teléfono para demostrar si efectivamente en algún momento fue amenazado o extorsionado por SMS. De allí se desprendieron versiones muy engorrosas sobre una posible “doble vida” oculta.

El procesado y su familia no detuvieron las actividades de una academia de fútbol que operaban en el estadio Maracaná de la ciudad de Panamá, la cual atendía en ese momento aproximadamente a 50 jóvenes de alto riesgo social, provenientes de las barriadas El Chorrillo, Barraza y otras. La actitud de la familia provocó mayor hostilidad en su contra, al no ponerse de rodillas.

La corrupción se ha enquistado en el sistema judicial panameño, más que en otros de Centroamérica, algo que se agrava con el hecho que subalternos de la fiscalía antipandillas se aprovechan de imputados e investigados para meter no una, sino las dos manos en sus bolsillos, y con esto no privarlos de su libertad, lo cual no deja la mejor impresión en torno a las funciones de la fiscalía encabezada por Nahaniel Murgas.

En el inicio de su calvario, el procesado estuvo casi tres horas rindiendo declaraciones en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada de Panamá, a cargo del fiscal Nahaniel Murgas. El meollo del asunto fue que una academia de fútbol, legalmente constituida y registrada, celebró un contrato con el centro deportivo Gol de Oro, donde uno de los socios es el comerciante Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno de Laurentino Cortizo, y también, entre otros socios, Pedro Boyd, representante de la marca Nike en Panamá.

El posteriormente encausado no tenía cualidad alguna en dicha empresa, por no ser socio, accionista, representante o empleado. El presidente de la empresa, residente en Miami, celebró un contrato con Gol de Oro y esta última, de manera unilateral, decidió aumentarlo al doble. Sin embargo, y a pesar del inconsulto aumento, la academia de fútbol, perteneciente al suegro del procesado, pagó casi todo el monto.

El problema se presentó con el saldo final. Henríquez Portuondo reclamaba más de 2 mil dólares, aunque en las cuentas de la academia que celebró el contrato con Gol de Oro, la deuda era de sólo 1 mil. Desde ese momento el procesado fue amenazado, asediado e insultado por vía telefónica, cuando se negó a pagar en esas condiciones. Le colocaron fecha y le juraron que si no cumplía con el pago establecido lo lamentaría. Fue entonces cuando allanaron el apartamento donde el procesado residía.

El contrato original fue consignado ante un tribunal, pero ni éste ni la fiscalía lo valoraron. El procesado era acusado por una supuesta extorsión, de la cual, por el contrario, era quizás víctima. El encausado, a quien juraron “acabar”, fue embestido por el avasallador poder de Laurentino “Nito” Cortizo.

Al procesado también trataron de imputarlo por unas supuestas “amenazas de muerte” que nunca realizó. Para los acusadores no importaba el daño psicológico y la ruptura familiar causada. La noche luego de su declaración fue regresado a dormir en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

El fiscal consideraría si era viable concederle un beneficio cautelar procesal, para el cual funcionarios de la fiscalía le habían pedido una “cuota inicial” en coimas. No le permitieron ni cambiarse la ropa, pese a que personas acusadas de homicidio, corrupción o narcotráfico, llegaban vestidos de saco.

A muchos les colocan país por cárcel, pero en el caso de ese procesado fue ciudad por cárcel. Mientras que los delincuentes más peligrosos se presentaban mensualmente en el tribunal, el investigado fue obligado a hacerlo semanalmente. Todo producto de un caso en donde la corrupción judicial jugó un papel importante.

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Oficial de la Policía Nacional de Panamá protagonizó altercado con vecinos al intentar ingresar a una propiedad privada sin una orden judicial

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Un funcionario de la Policía Nacional de Panamá protagonizó un altercado con varios ciudadanos, que fue registrado en un video que se ha hecho viral en las redes sociales.

El funcionario, quien fue identificado como el oficial Betancourt, intentó ingresar con arma en mano a una propiedad privada en Calle Central, mientras discutía con residentes de la zona, generándose una tensa discusión.

 

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Futbolista Adonis Villanueva falleció tras ser intervenido por isquemia cerebral luego de entrenamientos con el Club Deportivo del Este

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El jugador del Club Deportivo del Este del fútbol panameño Adonis Villanueva falleció el lunes 22 de noviembre tras sufrir una isquemia cerebral en días pasados, informó el club en sus redes sociales.

«Gracias por tantas alegrías, Te extrañaremos, mago», posteó el club panameño en sus redes sociales, luego de informar del fallecimiento del jugador, de 27 años, informó EFE.

En la esquela mostrada, el Club destacó sus «más sinceras condolencias a sus familiares y amigos ante esta inesperada partida».

Juan Pablo Serrano, directivo del club panameño, en unas declaraciones a los medios panameño señaló que Villanueva comenzó a sentir síntomas de isquemia, cuando descansaba en su casa.

En medios locales, se informó también que Villanueva fue intervenido quirúrgicamente producto de la isquemia, el pasado jueves.

«Él estuvo entrenando con el equipo normalmente, ya cuando estaba en casa, comenzó a sentirse mal», precisó Serrano a Tv-Max canal 9.

Otros clubes de la liga panameña así como la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) lamentaron el fallecimiento del jugador.

Villanueva actualmente jugaba para el Club Deportivo del Este, pero en su carrera militó en clubes como Río Abajo, Chepo F.C., Sporting San Miguelito y Alianza F.C.

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