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Prevalecen dudas en el escándalo del Hospital Integrado Panamá Solidario

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Uno de los primeros escándalos vinculados con la pandemia se produjo a principios del año pasado, cuando una investigación de La Prensa dio detalles sobre la construcción del polémico hospital modular de Albrook para pacientes de la Covid-19.

Durante semanas, La Prensa preguntó repetidamente el origen y calidad de los módulos usados en esta obra, pero nunca recibió respuesta directa del Ministerio de Obras Públicas –a cargo de la estructura– ni de la empresa contratada, SmartBrix Centroamérica, S.A. ni de la Contraloría, informó La Prensa.

La Fiscalía Especial Anticorrupción decidió investigar, tomando como referencia las publicaciones de La Prensa, a las que se sumó el programa Sin Filtro, de Radio Panamá, hechas en mayo y junio de 2020. Pero la investigación de la fiscal Anilú Batista –nombrada por el antiguo procurador Eduardo Ulloa– no fue concluyente.

“Todos los elementos de convicción reunidos y analizados en su conjunto descartan por completo la tesis de la existencia del hecho punible de fraude en las contrataciones públicas, ya que no existe indicio de opacidad en la incorporación de las propuestas hechas por los competidores al Ministerio de Obras Públicas, más bien se comprobó que se trata de dos propuestas diferentes en su contenido, emanadas por la empresa Turmaks…”, argumentó Batista.

“Podemos concluir de manera fehaciente –añadió– que las estructuras modulares que se encuentran dentro de la construcción del Hospital Integrado Panamá Solidario no son reutilizados”. Y así remató la investigación la fiscal, luego de que La Prensa corroborara meses atrás la importación de Costa Rica de 160 módulos de segunda, por parte de SmartBrix, la misma cantidad usada para hacer el hospital.

A pesar de que la mayor parte de las publicaciones de La Prensa se centró, precisamente, en el asunto de los módulos de segunda, cuando La Prensa preguntó, en septiembre de 2020, quién y cuándo los importó, el contralor general de la República, Gerardo Solís, respondió: “Eso no lo sé, yo no pregunté eso”. Y aún así, otorgó el refrendo al contrato de SmartBrix.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue encargado por el Gabinete para construir el hospital. Para ello, el titular, Rafael Sabonge, dispuso hacer un concurso por invitación. Las invitadas fueron tres empresas, dos de ellas controladas por donantes de la campaña de Laurentino Cortizo: TKL Import & Export y VA Project. Incluso, una de ellas, de un exsocio del titular de la cartera, Rafael Sabonge. Pero esto no llamó la atención de la fiscal Batista.

Habiendo invitado al “acto público” a dos donantes de la campaña electoral que lo convirtió en ministro de Estado, ¿habría sido posible que SmartBrix o su presidente, Nitesh Mayani, también hubiese donado a la campaña del PRD en 2019? La Prensa se lo preguntó directamente a Sabonge, pero él no respondió.

Lo que pasó tras recibir el encargo del Gabinete parece haber sido un acto de simulación para darle apariencia de concurso al “acto público” adjudicado a SmartBrix.

Las empresas “invitadas” por Sabonge llegaron a involucrar a empresas de Turquía, especialistas en la fabricación de hospitales móviles, entre ellas, Turmaks, cuyo gerente general, Alí Tunc Kemaloglu, se enteró del asunto gracias a una alerta de Google, que lo llevó hasta medios panameños que informaron del caso.

La Prensa tuvo acceso a la Carpeta 202000024896, que contiene las entrevistas hechas por la fiscal Batista el 6 de octubre de 2020, a través de videollamada, al gerente y subgerente general de Turmarks, Alí Tunc Kemaloglu e Ismail Oguz Aroymak, respectivamente, quienes acudieron a la citación virtual en la Embajada de Panamá en Ankara, donde dieron sus testimonios con la ayuda de un intérprete y en presencia de la embajadora panameña, Mariela Sagel.

TKL Imports and Exports –sociedad desconocida para Kemaloglu– presentó una oferta al MOP para construir el hospital con elementos prefabricados. La propuesta, empero, tenía el supuesto aval de la empresa Eltekser Medical Corporation, que representa a Turmaks en Panamá, y que preside Selcuk Sarigul, apoderado de esta y conocido de Kemaloglu desde el año 2017, según contó a la fiscalía.

Kemaloglu declaró que supo del nombre de TKL el 28 de mayo de 2020, a través de un artículo periodístico que hablaba de la licitación para construir un hospital en Panamá, entre cuyos proponentes figuraba su empresa. Al leer de ello, recordó haber hecho una cotización a Smartbrix para un supuesto hospital en Colombia de 250 camas, a un costo de $7.7 millones.

“La primera comunicación que tuve con Smartbrix fue con el gerente, Nitesh Mayani, el 15 de marzo del 2020 a su correo electrónico, nmayani@smartbrix.com, a quien le envié un correo el 25 de mayo de 2020 –antes de la publicación–, y no tuve respuesta. Le volví a escribir el 29 de mayo de 2020, le pregunté por el estatus de la propuesta en Colombia, y si habían presentado la misma para Panamá. Como no recibí respuesta, contacté el periodista Leonardo Grinspan”, por entonces, reportero de Radio Panamá.

A su turno, el subgerente Ismail Oguz Aroymak, afirmó a la fiscalía que cuando Selcuk Sarigul se mudó a Panamá llevó consigo catálogos de Turmaks para promocionar los productos de Turmaks. En marzo de 2020, en medio de la pandemia, Sarigul pidió una propuesta de hospitales modulares pequeños o medianos, que le fue enviada, declaró Oguz Aroymak a la fiscalía.

“El 13 de marzo de 2020, se envió la primera [propuesta] a Eltekser o a Sarigul; constaba de un hospital modular de 58 camas, 48 normales y 8 para cuidados intensivos y 2 para emergencias. La propuesta contenía área para recepción, triage, cuarto de emergencias, resucitación, farmacia intensiva, área de almacenamiento, letrinas, generador, tratamiento de aguas, deshechos médicos, y cuarto de rayos x digitales”, describió.

“Nosotros nos enteramos por la alerta de Google. No participamos de ninguna licitación ni autorizamos a nadie para que participara a nombre de Turmaks. Un particular puede participar bajo su propio nombre con nuestros productos, pero no bajo el nombre de la empresa”, aclaró el subgerente.

El ejecutivo añadió que contactó al representante de Turmarks en Panamá el 28 de mayo de 2020 para preguntarle directamente si sabía algo de la licitación. Este le respondió que no había participado, que probablemente le dio una propuesta de Turmaks a una empresa de tres letras, llamada TKL, una de las invitadas por Sabonge al “acto público” del hospital, al que se presentó con una oferta de casi $17 millones.

Sobre el costo de la oferta, el subgerente de Turmaks agregó que en la propuesta original se sugirieron $2 millones, pero que el representante final puede subir el precio.

El artículo completo se puede leer en La Prensa

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Empresa Galmobile implicada en irregularidades en la adquisición de vehículos potabilizadores por parte del Ministerio de Salud (Minsa) en perjuicio del Estado panameño

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Transformar agua cruda en potable podría costar millones de dólares en sobrecostos debido a que el Ministerio de Salud (Minsa) está dispuesto a pagar $4.6 millones por diez unidades móviles de segunda mano, utilizadas para purificar y desalinizar agua. Es decir, pagaría unos $460 mil por vehículo, pese a que en el mercado se adquieren entre unos $53 mil y $140 mil, según las especificaciones.

En la página web del fabricante israelí Galmobile (galmobile.co.il) se indica que el precio del vehículo es de 475 mil séquel (moneda de Israel), unos $136 mil, al cambio, informó La Prensa.

La licitación para obtener estos vehículos 4×4 se realizaría el pasado lunes 26 de septiembre, en medio de reclamos de la empresa Raditex, S.A. que advirtió de posibles irregularidades en el pliego de cargos del Minsa para supuestamente favorecer a una empresa que cuenta con el equipo requerido. Tras reclamos de Raditek para que se hicieran cambios al pliego de cargos, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el acto público en mayo pasado, hasta el 22 de agosto, cuando archivó la queja y ordenó que continuara el acto público.

El titular de la DGCP, Raphael Fuentes, consideró que el Minsa “subsanó” las situaciones advertidas y modificó el pliego de cargos, aunque nada dijo del precio de referencia, uno de los puntos del que se queja Raditex. Una revisión de La Prensa a las modificaciones del pliego revela que el Minsa pagaría casi $500 mil por vehículo usado o, por lo menos, con recorrido previo, contrario a lo solicitado al principio (ver facsímil), cuando se pedían vehículos “0 kilómetros”. Ahora indica el documento que “debe tener hasta 500 kilómetros en recorrido”.

No es el único cambio para bajar el estándar de adquisición. El costo del traslado de estos vehículos, por daño o mantenimiento, ya no será por cuenta de la empresa, sino de la entidad adquiriente. Tampoco se pedirán los manuales de mantenimiento.

Sobre la obtención de agua dulce o salada para potabilizarla, se pedía que la profundidad mínima de succión de la bomba del vehículo fuera de 6 metros, pero ahora es de 2 a 6 metros. También se bajó la producción de agua. Y en cuanto a las especificaciones técnicas, se indicaba que el sistema de comunicación interna y externa del vehículo sería “responsabilidad del contratista”, pero ahora ese servicio lo tendría que pagar el Minsa.

¿Quién decidió estos cambios en detrimento del Estado? El director del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado (Disapas) del Minsa, Nicolás Alvarado, se negó a responder a La Prensa. Tampoco contestó ¿cómo se obtuvo el precio de referencia de $4.6 millones? O ¿Qué institución o empresa realizó el estudio de mercado?

En violación a la Ley de Transparencia, Alvarado ignoró una solicitud de información, pese a haber informado –vía telefónica– que respondería el pasado 9 septiembre.

El artículo 21 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas indica que la DGCP podrá solicitar –cuando lo considere oportuno– el estudio de mercado y las explicaciones que sirvieron para establecer el precio de referencia en el acto de selección de contratista. Si la entidad no puede sustentar el precio de referencia, la DGCP puede suspender el acto antes de la apertura de las propuestas.

Al acto de homologación del acto público para adquirir estos vehículos se presentaron diez empresas. Entre ellas, una identificada solo como Galmobile. En el Registro Público aparecen dos sociedades con nombres similares: Galmobile América, S.A. y Galmobile, S.A. El Minsa no corroboró a La Prensa cuál es la que fue al acto público. La empresa identificada como Galmobile –a secas– se presentó a la reunión de homologación representada por Gipsy Díaz, según el acta de reunión del Minsa.

Según la red Linkedin, Díaz fue gerente de proyectos senior en la empresa Fursys, desde marzo de 2020 (esta compañía está vinculada al empresario Mike Btesh). En el correo que aportó Díaz, se identifica al Grupo Betco. Esta sociedad –Grupo Betco Zona Libre– fue inscrita en 1994 y tiene como suscriptores a miembros de la familia Btesh y Cohen Mugrabi. La Prensa envió correos a Díaz solicitando una entrevista, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Desde el 26 de julio pasado aparecen como directivos de Grupo Betco: Raymond Nahem (tesorero), Aldo Lancini (presidente) y Joann Orozco (secretaria). Estos dos últimos también aparecen en Galmobile, S.A.

A su vez, el 3 de enero de 2020 se constituyó la sociedad Galmobile América, S.A., cuyos dignatarios son Salomón Elías Btesh (presidente); Salomón Jack Btesh (vicepresidente y secretario) y Mike Btesh (tesorero). Este último aparece en una lista publicada por el Ministerio Público en 2021, acusado de blanqueo de capitales en el caso New Business.

Un año después fue inscrita Galmobile S.A., que tiene como directivos a Aldo Lancini (presidente y tesorero) y a Joann Orozco (secretaria).

El Minsa informó en agosto de 2021 que Galmobile, S.A. utilizó carros con el sistema de purificación y desalinización de agua cruda “exitosamente” en Cerro Punta y Bocas del Toro, zonas afectadas por los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020.

También en la página web galmobileamerica.com se observa que la empresa confirmó meses antes –el 21 de enero de 2021–, a través de una nota de prensa, que ofreció su ayuda al Minsa –y “sin costo”– con sus vehículos para obtener agua potable durante siete días en Chiriquí, luego de que comunidades de Tierras Altas se quedaran sin suministro de agua.

En la misma nota de prensa –publicada pocos días después de que se inscribiera en el Registro Público esta sociedad–, Galmobile América, en compañía del entonces embajador de Israel en Panamá, Reda Mansour, y autoridades del Minsa, probaron el agua potabilizada por estos vehículos en la rampa marina de la Cinta Costera 3.

En agosto de 2021, el Minsa informó que Galmobile, S.A., junto a funcionarios de Disapas, “realizaron trabajos de reconocimiento y levantamiento de un sistema de acueducto rural” en Mocambo Arriba, Las Cumbres.

También a la prueba se presentó el nuevo embajador israelí en Panamá, Itai Bardov. En esa nota de prensa del Minsa se indica que los trabajos representan el “inicio de un plan piloto de producción de agua potable, mediante avanzada tecnología israelí”.

Sin identificar cuál de las dos empresas es, Galmobile –a secas– aparece como una de las diez compañías interesadas en vender al Minsa los vehículos potabilizadores.

En mayo de 2022, Galmobile, S.A. ingresó al país tres vehículos de purificación y desalinización de agua, a un costo de $53,123 cada uno, según registros de la Autoridad de Aduanas.

Previamente, la empresa trajo dos de estos carros modelo four wheel. El primero, el 21 de abril, y el segundo, el 29 de julio de 2021. El costo de cada uno fue de $76,500.

En el caso de Galmobile América, S.A., La Prensa no pudo corroborar la importación de este tipo de vehículos en los registros de la Dirección de Aduanas.

La empresa Raditex Inc. –la única que se quejó ante Contrataciones Públicas– denunció, además de irregularidades en el pliego de cargos, que el precio de los vehículos era “excesivo, y no concordante con la realidad”, ya que “el propio fabricante israelí [Galmobile] anuncia el servicio completo en cada carro en $125 mil”.

El precio de los carros “resulta injustificable y excesivo, incluso incluyendo el mantenimiento por 5 años como exige el pliego de cargos”, puntualizó Raditex en su reclamo.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Defensa de Elías Cárdenas Jordán intentó politizar acusaciones contra representante de Pedregal en juicio por homicidio

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Elías Cárdenas Jordán

Víctor Almengor, abogado de Elías Cárdenas Jordán, representante de Pedregal, intentó deslindar de responsabilidad a su cliente, en torno a las amenazas que han recibido familiares de Rigoberto Ceberino Santiago Choli, a quien Cárdenas, estando en estado de ebriedad, dio muerte, tras atropellarlo con su camioneta 4×4 el 29 de septiembre de 2019.

En una audiencia del caso, el abogado Almengor intentó desviar la atención sobre las denuncias presentadas por el fiscal del caso ante la juez, después que el fiscal se quejara de las amenazas recibidas por familiares de Santiago Choli. Para ello Almengor trató de politizar el tema, asegurando que las denuncias elevadas por familiares de la víctima a distintas instancias, eran promovidas por una diputada, que aunque no mencionó su nombre, se presume se trata de Cenobia Vargas, parlamentaria por el Circuito 8-10.

Según Almengor, las motivaciones de la diputada para promover las acciones de los familiares de Santiago Choli, se an fundamentado en aspiraciones políticas a la Representación de Pedregal. Pero el abogado fue más allá, en su intento por desviar la atención sobre la responsabilidad de su cliente en el homicidio, culpando al fiscal de no haber hecho su trabajo correctamente, al no haber investigado en mayor profundidad las amenazas recibidas por los familiares del hoy occiso.

 

Documentos revelan el amplio historial de violaciones a las normas de tránsito del representante Elías Cárdenas Jordán y sus presiones y tramas para ser exculpado por el arrollamiento de Rigoberto Santiago Choly

 
 
 

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Panamá

Critican aumento del gasto del Gobierno panameño en temas menos prioritarios, mientras se advierte sobre el posible incremento en el precio de los tanques de gas de Tropigas en casi un 400% por falta de subsidio

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La compañía Tropigas emitió recientemente un comunicado en el que indicó que por falta de pago del Gobierno nacional de Panamá, el precio del tanque de gas de 25 libras, que en la actualidad se encuentra subsidiado en $4,37, pudiera incrementar su precio a $16,63.

Adicionalmente, la compañía señaló que pudiera haber problema en la distribución de los tanques de gas de 25 libras en todo el territorio panameño.

En un video, el TikToker Gilberto Romero se preguntó por qué motivo el Gobierno de Panamá mantiene una deuda con Tropigas. Comentó que el gasto público del Gobierno se incrementó en $4.5 millones diarios, situación que se traduce en que la deuda pública del país ha aumentado el doble, desde poco antes el ascenso al poder del hoy presidente Laurentino Cortizo. Romero estimó que a ese paso, cuando culmine el Gobierno de Cortizo, en 2024, la deuda pública panameña pudiera ascender a cuatro veces, desde que el hoy jefe de Estado se posesionó del cargo.

El TikToker criticó que el Gobierno no destine suficientes fondos en ayudar al pueblo y en sacar la economía adelante, pues según Romero, el dinero está siendo utilizado para dárselo a asesores, para aumentarle el salario a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, para aumentar el presupuesto de la misma universidad, para los dobles salarios, para gastar en viajes y para que ese dinero vaya al bolsillo de los políticos actuales.

 
 
 

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En Panamá Dos Cucharas es tu destino...

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Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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