La crisis sanitaria del coronavirus ha provocado que miles de panameños ingresen al mercado laboral informal debido a que perdieron sus empleos o se mantienen con contratos suspendidos.

Actualmente 777 mil 162 personas tienen un empleo informal. En el último año la informalidad pasó de 44.9% al 52.8% provocado por la crisis sanitaria del coronavirus, informó Panamá América.

El Centro Nacional de Competitividad (CNC), señaló que el aumento del empleo informal genera efectos negativos como reducción de la recaudación fiscal, no contar con jubilación ni acceso a servicios y beneficios, no ser sujeto a crédito, aumento de los subsidios y baja productividad.

Agregó que para contrarrestar los efectos negativos se debe facilitar los trámites (pago de impuestos, registros y cuotas), adecuar costos y requisitos al tamaño de la empresa y concienciar a la población sobre los beneficios de ser un trabajador formal.

El empleo formal son todos los trabajo no agrícolas ya sea en el sector formal , informal o en hogares, durante un periodo determinado con los trabajadores no cuentan con contrato ni seguridad social, excluyendo los profesionales, administradores.

En los últimos 10 años (2010-2020), década en la cual se amplió el Canal de Panamá y hubo importantes inversiones en infraestructura, el 92% de los empleos creados fueron informales.

En esa época hubo millonarias inversiones en infraestructura y el salario promedio aumentó 90%, 92 de cada 100 empleos generados fueron informales, y los otros 8 fueron resultado de aumentos en la planilla estatal. De no haberse dado esos incrementos, el desempleo hoy sería 25%, no 18.5%. Más aún, entre el 2018 y 2019 (antes de la pandemia), 100% de los empleos generados fueron informales.’

Una de las principales características del entorno laboral panameño es que el país genera principalmente empleo informal, típicamente es estigmatizado como «buhoneros y extranjeros».

René Quevedo, empresario y experto en inserción laboral, explicó que 2 de cada 3 trabajadores es informal o funcionario. «Estamos ante un acelerado e insostenible proceso de precarización y estatización del empleo», agregó.

Aseguró que la covid-19 no «generó» empleo informal, sino que destruyó el empleo formal, lo cual tiene mucho más graves consecuencias económicas, fiscales y sociales, en momentos cuando debemos enfrentar la caída del 40% en los ingresos Caja del Seguro Social (CSS) y 27.9% en los ingresos fiscales, en medio de una precaria situación financiera de un Estado sobreendeudado, grave descapitalización del sector privado y complicadas perspectivas de reactivación de los 5 sectores que aportan 60% del empleo en el país.

Cada $1 de salario privado contribuye $0.23 a las finanzas del Estado (ISLR, Seguro Educativo, CSS), proveniente de actividades que aportan a la expansión de la economía. El salario del funcionario también, pero al ser el Estado el empleador, es «sacarse de un bolsillo para metérselo en el otro». Los informales por su parte aportan poco al financiamiento del funcionamiento estatal.

Para el economista Augusto García la informalidad ha ganado terreno por la políticas neoliberales que se implementan en el país desde hace 30 años, afectando actividades como la agricultura y la industria.

«La pandemia ha tenido un impacto sobre la informalidad y el mundo, por lo que considero que la informalidad está por encima del 55%», señaló.

Agregó que este tema nos afecta a todos y sobre todo al país porque no aporta a la economía nacional que tanto lo necesita en este momento de crisis.

El año pasado (2020) se perdieron 288 mil 951 empleos, los cuales, en una economía que genera unos 45 mil empleos anuales, llevará más de 6 años recuperar.

Sin embargo, la planilla estatal aumentó y el impacto laboral de la covid-19 lo está sufriendo el sector privado, que ha perdido 327 mil 340 empleos asalariados, agravando la contracción que inició en el 2013, cuando éstos representaban 53% de los empleos del país, para caer a 33% en el 2020, una reducción de 20 puntos en 7 años.

A la fecha se han reactivado más 140 mil contratos suspendidos de un total de 289 mil ,209 y 10 mil 664 empresas han reabierto de 20 mil 309, según datos de la Contraloría General.

No obstante, más de 18 mil personas han quedado cesantes durante esta pandemia, según registros del Ministerio de Trabajo.

«No es normal, es inconstitucional y va en contra de las normas y convenios internacionales firmados por Panamá en materia de Derechos Humanos», calificó el abogado penalista, Sidney Sittón, el cambio de jueces repentino para el segundo juicio al expresidente Ricardo Martinelli, en el caso de los supuestos pinchazos.

Sittón añadió que es la primera vez que conoce de un cambio como este en Panamá.

«Hay un principio, usted tiene un juez natural, que es la persona que lo va a usted a juzgar y no puede ser que existiendo un Tribunal de Juicio, a pocas horas decida cambiarse el mismo, ¿en razón de qué? ¿por qué?, no han dado una explicación, ni la podrán dar, porque es un tema inconstitucional y que atenta contra las garantías constitucionales y es un tema que atenta también contra las reglas y principio del sistema adversarial y en consecuencia debe darse una explicación», dijo, según Panamá América.

El jurista defensor indicó que a su juicio solo un ente como la Corte Suprema de Justicia pudo haber hecho un acto como este o haberlo permitido. «Esto que se dio no es casual, en la vida las casualidades no existen», subrayó.

Añadió que el daño que se causa es incalculable porque nunca había existido un cambio «abrupto» y «atípico» como el que se ha dado con los jueces que tienen que conocer este caso, y eso es lo «censurable».

«La Corte Suprema de Justicia debe dar un paso al frente y explicar qué es lo que ha sucedido y que no nos venga con ese cuento de que cada juez tiene independencia en el desempeño de sus funciones, vamos a partir del hecho que ningún juez de la República llegó al cargo en atención a un concurso de oposición a méritos, todos llegaron por la puerta de la cocina de a dedo, esa es la verdad y por eso no existe independencia judicial», expresó.

Frente a esto, Sittón señaló que ningún ente internacional puede tomar en serio a la República de Panamá, «sabiendo que sus jueces y fiscales fueron nombrados de a dedo».’

«Nadie lo respeta, en el contexto internacional, cuando usted va a una argumentación o a un debate y dice Panamá, todo el mundo sabe, es un Estado salvaje, un Estado donde jueces y fiscales llegan de a dedo llegaron simplemente porque pegaron papeletas en la campaña política o porque simplemente son amigos, familiares o personas que le hacen favores a quienes los ponen en esos cargos, y es la triste realidad de nuestro sistema de justicia «, explicó.

ATENCIÓN COMUNIDAD INTERNACIONAL@ONU_derechos @Almagro_OEA2015 @cnn @washingtonpost @hrw_espanol @PanamaCNA EN PANAMA SE PASAN POR LOS FORROS a tribunal "PREVIAMENTE ESTABLECIDO" y a dos dias del juicio ESCOGEN UNO NUEVO. https://t.co/nx2raHfeon

— Alfredo Vallarino A. (@vallarinopanama) June 18, 2021

Ante lo que ha sucedido, el jurista Sittón enfatizó que es evidente que se está ante una afectación de derechos en cuanto a este cambio repentino de jueces.

«Esta situación que se ha dado viola el derecho a defensa, el debido proceso legal y la estricta legalidad, y lo ha hecho la Segunda Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio, la cual también responde a los magistrados, recuerden que allí todo el mundo llega de a dedo y ese es el problema que hay», puntualizó Sittón.

De forma clara, el penalista dijo que frente a los concursos que se dice que se van a ser, «los jueces están en pánico, están temblando y no es extraño que algunos de ellos piense que si se cuadran, como se dice en buen panameño, piensan que van a tener el beneplácito para quedarse en el puesto, pero yo creo que es lo contrario».

En tanto, Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá, señaló que «en Panamá se pasan por las vestiduras un tribunal previamente establecido», aludiendo al caso de Martinelli.

El Ministerio Público de Costa Rica informó el viernes 18 de junio que solicitó un año de prisión preventiva contra 14 personas, entre empresarios y funcionarios públicos, sospechosos de conformar una red de corrupción para la adjudicación de contratos de obra pública vial.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) pidió al Juzgado Penal de Hacienda, en San José, un año de prisión preventiva contra 14 sospechosos, así como otras medidas no privativas de libertad contra los restantes 16 detenidos por este asunto que ha sido nombrado por las autoridades judiciales como Caso Cochinilla, informaron agencias.

La solicitud de prisión preventiva incluye a empresarios como Carlos Cerdas Araya, dueño de la constructora MECO, una de las firmas más fuertes en la región; y Mélida Solís, propietaria de la empresa H.Solís. Estas dos empresas han sido las principales contratistas del Estado costarricense en los últimos años. También requirieron prisión preventiva para el gerente general de la empresa Constructora Herrera, William Herrera; el presidente de Ingeniería Técnica de Proyectos de la empresa ITP, Óscar Martínez Martínez, y otras 5 personas ligadas a empresas.

Asimismo, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), órgano encargado de adjudicar obras y que forma parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entre estas personas están la directora de Proveeduría, Carmen Madrigal Rímola, y otros funcionarios de apellidos Mora Obando, Carmona Rivas, y Fallas Zúñiga, así como para el exgerente financiero de la entidad Carlos Solís Murillo.

«La petición de las medidas se fundamentó con base en la probabilidad de la autoría de cada una de las personas implicadas, así como los peligros procesales existentes, los cuales, son peligro de fuga, de obstaculización de la investigación y continuidad delictiva», explicó la Fiscalía en un comunicado.

La audiencia de medidas cautelares comenzó el 15 de junio y continua, pues la cantidad de delitos y de personas involucradas ha hecho que el asunto se extienda por varios días, mientras que quienes están bajo sospecha permanecen en detención.

El 14 de junio, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaron a cabo 57 allanamientos y detuvieron a 30 sospechosos de haber conformado una red de corrupción en la adjudicación de contratos de construcción y mantenimiento de infraestructura vial.