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Panamá

Panameño Omar Guevara Barrios, empleado contable de oficina adscrita a la Embajada de España en Panamá, es buscado por la justicia por desfalcar a la entidad cinco millones de euros y gastar parte en apuestas

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El grupo parlamentario de Vox en el Congreso de España anunció que el partido acudirá a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar un presunto desfalco de $5 millones por parte de una oficina española en Panamá.

Se trata de la Oficina Técnica de Cooperación, adscrita a la Embajada de España en Panamá y dependiente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Omar Guevara Barrios, contable de la oficina mencionada, estuvo presuntamente sustrayendo fondos de manera irregular, al menos $5 millones en un periodo de diez años.

El contable supuestamente falsificaba la firma del coordinador general para sustraer el dinero de la Aecid, según FOCO.

Al menos 40% del dinero sustraído terminó en casinos.

La Fiscalía de Panamá dictó en abril de 2020 una orden de aprehensión y conducción en contra de Guevara Barrios como posible autor del delito de hurto con abuso de confianza.

Ahora el partido político español Vox quiere denunciar los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción española y también pedir que comparezcan en el Congreso de Diputados nueve cargos y excargos del Ministerio de Exteriores.

Qué más se sabe

Un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España revela que el empleado panameño de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) que se apropió de cinco millones de euros gastó gran parte del dinero en casinos que explota la multinacional CIRSA en el país centroamericano.

Así se detalla en el dosier elaborado el 22 de mayo de 2020 por la Dirección de la División de Control y Mejora de la Gestión -dependiente de la Dirección General del Servicio Exterior- y que se puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas 17 días después por el daño causado a los fondos públicos. Este procedimiento contable se desarrolla en España mientras la Fiscalía panameña investiga los hechos desde la vertiente penal.

Las alarmas saltaron en la oficina técnica de cooperación de la Aecid en Panamá a mediados de febrero de 2020, a raíz de que Omar Guevara Barrios -contratado como administrativo contable desde 1992- dejara de acudir a su puesto de trabajo sin explicación. Las pesquisas permitieron conocer que durante años había estado sustrayendo fondos para cooperación de manera irregular, motivo por el que la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria de Panamá dictó el 2 de abril de 2020 una «orden de aprehensión y conducción» contra él como posible autor de un delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto con abuso de confianza. Sigue en paradero desconocido, informó Antonio Salvador en El Independiente.

El modus operandi desplegado por Guevara Barrios consistía en la «falsificación de la firma» del coordinador general de la cooperación española en Panamá en «innumerables talones» con cargo a tres cuentas bancarias que la Aecid tiene en dos bancos panameños, según se detalla en el informe de Asuntos Exteriores. Éste se ha conocido al cabo de casi dos años y después de que la justicia obligara al Gobierno a facilitárselo al grupo de Vox en el Congreso de los Diputados, al que inicialmente se le negó en su labor de fiscalización al Ejecutivo. El partido ha pedido la comparecencia del ministro José Luis Albares y otros siete altos cargos para que den explicaciones por este desfalco y anunció que denunciaría los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción.

La apropiación se iniciaba con la emisión de un talón firmado por el contable (Omar Guevara) y la rúbrica falsificada del coordinador general, como ha constatado la Policía panameña tras realizar una prueba caligráfica. El empleado no negociaba los cheques directamente en el banco para evitar tener que ir constantemente a la entidad financiera, sino que los endosaba.

La «mayor parte» de los cheques se endosaron a Gaming and Services, la filial con la que la multinacional española CIRSA explota casinos, bingos y salas de máquinas tragaperras en Panamá. En un ángulo del reverso del talón aparece una «pequeña firma» del casino en el que se entregaba, hace constar Asuntos Exteriores en su informe. Uno de los locales que frecuentaba era el conocido como ‘Fantastic Casino CC Dorado’, ubicado en el centro de la ciudad de Panamá.

Tan sólo en una de las tres cuentas afectadas, concretamente una de las abiertas en una sucursal del BAC Credomatic, el rastreo ha permitido conocer que Gaming and Services fue el destino de cheques con fondos desviados por Omar Guevara por un montante de 1.397.653,96 dólares (1,27 millones de euros al cambio de hoy). Ello representa casi el 40 % de los 3.587.284,44 dólares (3,26 millones de euros) sustraídos tan sólo de esa cuenta.

El ministerio ha tardado 13 años en descubrir la actuación fraudulenta de su antiguo empleado

Según ha podido conocer El Independiente, uno de los delitos que la Fiscalía panameña imputa al hoy prófugo es el de blanqueo de capitales. El Ministerio Público trabaja con la hipótesis de que Guevara Barrios consumía en los casinos una parte del dinero que conseguía con los cheques y otra se la llevaba en efectivo.

En este sentido, Asuntos Exteriores ha descubierto que parte de los fondos -a través de la emisión irregular de talones- terminó en manos del propio Omar Guevara: 840.843,89 dólares (unos 765.650 euros). El fugado también debió hacer compras en un concesionario de vehículos de la firma Panameña de Motores (24.000 euros) y emitió cheques a favor de una persona llamada Micky Liao Chen. Éste es uno de los cuatro imputados que acumula el caso -los otros tres restantes eran personas que el huido contrataba- y sobre el que pesan medidas cautelares (entre ellas la prohibición de abandonar el país y la obligación de personarse periódicamente en la Fiscalía para acreditar que no se han fugado), según han informado fuentes conocedoras de la investigación.

Sólo con cargo a dos de las tres cuentas alcanzadas por las irregularidades se ha contabilizado el endoso de unos 1.500 cheques con la firma de Omar Guevara en el reverso, teniendo lugar la «masiva» salida de fondos durante 2019. La emisión de talones, su endoso y posterior negociación con el banco era el «método habitual», si bien se ha detectado también movimientos tanto de salida como de ingreso «de origen desconocido» o entre cuentas bancarias.

El empleado no sólo simulaba la firma del coordinador general de la oficina técnica de cooperación, la persona sobre la que recae la función de cajero-pagador. Para no despertar sospechas también falsificaba los estadillos de las cuentas bancarias, de modo que apareciera el saldo teórico y «sin apenas movimiento». El pufo afloró a raíz de que la Dirección del Subsector del Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Disapas) -entidad local ejecutora del ‘Programa de agua potable y saneamiento en áreas rural e indígena de Panamá– advirtiera de que no se le había hecho una transferencia de más de un millón de dólares y el banco confirmara que el saldo no llegaba a 2.000 dólares. Entonces «saltan todas las alarmas», subraya el informe.

La ocultación de los extractos bancarios dificultó que se descubriera el agujero y que la práctica fraudulenta se prolongara durante al menos 13 años. «Al inicio, en los años 2007 y 2008, en la cuenta ‘otras Administraciones’, las salidas de fondos (cheques fraudulentos) no mermaban el saldo de la cuenta, es decir, no se hacían con cargo a los ingresos de fondos públicos que dichas cuentas habían tenido, sino que previamente se depositaban grandes sumas de dólares de origen desconocido», precisa el director de la División de Control y Mejora de la Gestión.

Si bien la mayor parte del dinero desviado fue a través de la operativa del endoso de cheques, el arqueo a la caja de efectivo de la oficina técnica de cooperación también ha revelado que faltaban otros 1.720,94 dólares (unos 1.560 euros), dado que no se había producido ningún movimiento entre el 31 de diciembre de 2019 y el 10 de marzo de 2020, cuando personal de Asuntos Exteriores se desplazó a Panamá para conocer el alcance del problema.

A la espera de que avance la investigación penal en el país centroamericano, tras la querella presentada por la Aecid el 11 de junio de 2020, el ministerio entonces dirigido por Arancha González Laya puso los hechos también en conocimiento del Tribunal de Cuentas español para que depure las eventuales responsabilidades contables por el daño producido a los fondos públicos.

En este sentido, Asuntos Exteriores responsabiliza de malversación a Omar Guevara, al tiempo que considera que también son presuntamente responsables por alcance los dos coordinadores generales de la oficina técnica de cooperación durante el periodo en el que se llevó a cabo la sustracción. «Presumiblemente ha podido existir una actuación culposa grave dado que no se tomaron las medidas mínimas necesarias para evitar la actuación delictiva del administrativo contable», sostiene.

La Aecid tampoco descarta exigir responsabilidades a Games and Services, destinatarios identificados de salida fondos, la empresa externa que auditó las cuentas de su oficina en Panamá y muy especialmente los bancos, dado el «elevadísimo» número de talones negociados con el hoy prófugo de la justicia.

Mientras tanto, la Policía panameña estrecha el cerco sobre Guevara Barrios y la Fiscalía panameña continúa adelante con la investigación a fin de esclarecer los hechos. En una audiencia celebrada hace dos semanas, el juez de garantías accedió a la petición del Ministerio Público y declaró compleja la causa, lo que permitirá ampliar el periodo de pesquisas al menos otros seis meses (como mínimo hasta finales de octubre).

5 millones birlados a España

Omar Antonio Guevara Barrios es uno de los cien fugitivos más buscados por la Policía Nacional de Panamá. Está acusado de desfalcar a España al menos cinco millones de euros en fondos para cooperación en el país centroamericano mediante un depurado sistema de falsificación de firmas y estados bancarios que logró mantener en el tiempo sin que sonaran las alarmas. La justicia local espera desde hace dos años su detención para ajustar cuentas con él.

A Guevara Barrios se le perdió el rastro hace dos años, poco antes de que se declarara la pandemia del coronavirus. Empleado de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Panamá de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) -dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación- desde 1992, dejó de acudir a su puesto de trabajo sin explicación en febrero de 2020 y se descubrió el pastel. Se quitó de en medio cuando sabía que se iba a destapar el pufo. Huyó y desde entonces no se sabe dónde está.

El entonces coordinador general de la cooperación española en Panamá, Carlos Cano Corcuera, se identificó como la persona que había «descubierto y denunciado» este desfalco millonario. Lo hizo en un mensaje enviado meses después a compañeros destacados en otros países del mundo -cuyo contenido desveló Vozpopuli– y en el que vinculaba el paso que había dado con la decisión de la Secretaría Estado de Comunicación de no renovarle el contrato a menos de dos años de jubilarse. El 31 de julio de 2020, el ministerio dirigido entonces por Arancha González Laya prescindió de sus servicios a causa de estos hechos.

La Policía panameña busca desde hace dos años a Omar Guevara por el desfalco millonario en la oficina española de cooperación

«En su condición de coordinador de la oficina técnica de cooperación fue designado cajero-pagador de la OTC y tenía, por tanto, las funciones y responsabilidades asociadas a esta designación. La decisión de no renovar el contrato obedece a un juicio de oportunidad realizado por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional junto a la dirección de la Aecid», contestó el Gobierno en respuesta a la pregunta escrita con la que las diputadas de Ciudadanos Sara Giménez Giménez y Marta Martín Llaguno querían conocer las razones por las que Carlos Cano no había continuado en su puesto.

Formalmente, Omar Antonio Guevara Barrios está prófugo de la justicia desde el 2 de abril de 2020, cuando la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria de Panamá dictó una «orden de aprehensión y conducción» contra él como posible autor de un delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto con abuso de confianza. La Aecid presentó querella el 11 de junio de 2020, semanas después de contratar los servicios del bufete local FDR Legal Advice & Consulting para que dirigiera la acusación en su nombre.

Fuentes conocedoras de la investigación han confirmado a El Independiente que Guevara Barrios continúa huido y que el caso acumula ya cuatro imputados, colaboradores del cabecilla y ajenos a la oficina técnica de cooperación sobre los que pesan medidas cautelares. Ello alimenta la tesis de la Fiscalía de que se trata de un caso de crimen financiero organizado, declarado ya complejo por el juez de garantías a fin de disponer de más tiempo para llevar a cabo la instrucción. Dos años después de que se iniciaran las pesquisas quedan muchas incógnitas por despejar, entre ellas la cuantía real de la que logró apoderarse el fugado falsificando las firmas de su superior y manipulando los extractos bancarios, según Antonio Salvador en El Independiente.

Cuando el 2 de marzo de 2021 compareció en el Congreso de los Diputados la entonces secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau cifró en al menos cinco millones de euros el montante del desfalco provocado por Guevara Barrios en diez años. Teniendo en cuenta que la vinculación laboral de este empleado con la oficina de la Aecid en Panamá se prolongó durante casi tres décadas, no se descarta que el cálculo ofrecido en sede parlamentaria por la hoy número dos del Ministerio de Asuntos Exteriores termine siendo mucho mayor.

Junto con la contratación de los citados abogados penalistas panameños, la dirección de la Aecid formalizó el pasado 7 de octubre la contratación de Rosse Mary Flores Quinteros para que realizara una auditoría financiera en la oficina técnica de cooperación con un coste de 38.816,19 euros. El plazo de ejecución del trabajo era de 90 días, por lo que ya ha debido de concluir. No han trascendido los resultados que ha arrojado este encargo, de los que el ministerio ha eludido dar detalles.

El director de la Aecid, Antonio Lois, ha invocado genéricamente uno de los límites que prevé la ley para limitar el derecho de acceso -concretamente el relativo a «la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios»- pero sin motivar suficientemente por qué dicha causa concurre en este caso concreto. La respuesta ya ha sido recurrida ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que tendrá que pronunciarse en los próximos meses para determinar si avala la actuación de la Administración o si insta a ésta a facilitar el documento que se ha negado a proporcionara.

El caso acumula ya cuatro imputados, colaboradores del huido y sobre los que pesan medidas cautelares

La interposición de la querella y la realización de una auditoría financiera para conocer el alcance real de la apropiación indebida cometida por Omar Antonio Guevara Barrios no son los únicos pasos que ha dado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación. En marzo de 2020 envió a Panamá a la Inspección General de Servicios y la División de Control y Mejora de la Gestión, órgano éste que elaboró un informe que se puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas el 8 de junio de 2020.

El máximo organismo fiscalizador del sector público tendrá que decretar si existe responsabilidad contable por alcance y, en ese caso, quién o quiénes deben responder por ello. Fuentes del Tribunal de Cuentas han indicado que se abrió diligencia preliminar y se turnó al departamento primero de enjuiciamiento, donde se encuentra en fase de tramitación en actuaciones previas.

En septiembre de 2020, en la respuesta a la citada pregunta parlamentaria, el Ministerio de Asuntos Exteriores no garantizó que se pueda reintegrar el dinero sustraído. «La potencial recuperación de los fondos desfalcados dependerá de la eventual detención, enjuiciamiento y sentencia del presunto autor del desfalco, todavía hoy en paradero desconocido», admitió. En este tiempo ha tenido contactos permanentes con el Gobierno panameño a fin de que se esclarezca el caso y se depuren las responsabilidades penales.

En dicha respuesta, el Ejecutivo informó de que la Aecid iba a «reforzar las medidas de control interno» a fin de «prevenir estas prácticas». Entre otras determinaciones citó la realización de circularizaciones bancarias trimestrales de todas las cuentas de titularidad de las unidades de cooperación en el exterior y de arqueos de caja sorpresivos con periodicidad aleatoria; ofrecer mayor formación en gestión económica y presupuestaria de los directivos/cajeros-pagadores, así como llevar a cabo inspecciones regulares y extraordinarias en las citadas unidades por personal de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Gobierno ha reconocido que el agujero provocado por Omar Antonio Guevara ha afectado a los planes de cooperación que España viene desarrollando en el país centroamericano. En concreto, los fondos detraídos se iban a destinar al denominado ‘Programa de agua potable y saneamiento en áreas rural e indígena de Panamá’, una iniciativa cuya ejecución se inició el 20 de diciembre de 2014 y que debía terminar el 19 de diciembre de 2020 tras contar con un presupuesto de 10,35 millones de euros.

Centrada en la comarca de Ngäbe-Buglé, la intervención consistía en la mejora de la cobertura y el servicio de aprovisionamiento de agua y saneamiento en zonas del oeste del país consideradas prioritarias por el Ministerio de Salud, mejorando las condiciones de unas 19.300 personas. «La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está haciendo el máximo esfuerzo para reponer los fondos de la manera más urgente posible para no perjudicar a los beneficiarios», contestó en septiembre de 2020 a una pregunta presentada por el grupo de Vox.

Han pasado ya más de dos años desde que Guevara Barrios dejó de acudir a la oficina ubicada en la zona residencial de Clayton, en las cercanías del Canal de Panamá y donde Estados Unidos tuvo una base militar que cerró en 1999. Su cara figura en los carteles como uno de los fugitivos más buscados de Panamá, pero la policía sigue sin poder atraparlo para sentarlo delante del juez. Su rastro se pierde en febrero de 2020, justo cuando el coronavirus empezaba a extenderse por todo el mundo.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Empresa Galmobile implicada en irregularidades en la adquisición de vehículos potabilizadores por parte del Ministerio de Salud (Minsa) en perjuicio del Estado panameño

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Transformar agua cruda en potable podría costar millones de dólares en sobrecostos debido a que el Ministerio de Salud (Minsa) está dispuesto a pagar $4.6 millones por diez unidades móviles de segunda mano, utilizadas para purificar y desalinizar agua. Es decir, pagaría unos $460 mil por vehículo, pese a que en el mercado se adquieren entre unos $53 mil y $140 mil, según las especificaciones.

En la página web del fabricante israelí Galmobile (galmobile.co.il) se indica que el precio del vehículo es de 475 mil séquel (moneda de Israel), unos $136 mil, al cambio, informó La Prensa.

La licitación para obtener estos vehículos 4×4 se realizaría el pasado lunes 26 de septiembre, en medio de reclamos de la empresa Raditex, S.A. que advirtió de posibles irregularidades en el pliego de cargos del Minsa para supuestamente favorecer a una empresa que cuenta con el equipo requerido. Tras reclamos de Raditek para que se hicieran cambios al pliego de cargos, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el acto público en mayo pasado, hasta el 22 de agosto, cuando archivó la queja y ordenó que continuara el acto público.

El titular de la DGCP, Raphael Fuentes, consideró que el Minsa “subsanó” las situaciones advertidas y modificó el pliego de cargos, aunque nada dijo del precio de referencia, uno de los puntos del que se queja Raditex. Una revisión de La Prensa a las modificaciones del pliego revela que el Minsa pagaría casi $500 mil por vehículo usado o, por lo menos, con recorrido previo, contrario a lo solicitado al principio (ver facsímil), cuando se pedían vehículos “0 kilómetros”. Ahora indica el documento que “debe tener hasta 500 kilómetros en recorrido”.

No es el único cambio para bajar el estándar de adquisición. El costo del traslado de estos vehículos, por daño o mantenimiento, ya no será por cuenta de la empresa, sino de la entidad adquiriente. Tampoco se pedirán los manuales de mantenimiento.

Sobre la obtención de agua dulce o salada para potabilizarla, se pedía que la profundidad mínima de succión de la bomba del vehículo fuera de 6 metros, pero ahora es de 2 a 6 metros. También se bajó la producción de agua. Y en cuanto a las especificaciones técnicas, se indicaba que el sistema de comunicación interna y externa del vehículo sería “responsabilidad del contratista”, pero ahora ese servicio lo tendría que pagar el Minsa.

¿Quién decidió estos cambios en detrimento del Estado? El director del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado (Disapas) del Minsa, Nicolás Alvarado, se negó a responder a La Prensa. Tampoco contestó ¿cómo se obtuvo el precio de referencia de $4.6 millones? O ¿Qué institución o empresa realizó el estudio de mercado?

En violación a la Ley de Transparencia, Alvarado ignoró una solicitud de información, pese a haber informado –vía telefónica– que respondería el pasado 9 septiembre.

El artículo 21 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas indica que la DGCP podrá solicitar –cuando lo considere oportuno– el estudio de mercado y las explicaciones que sirvieron para establecer el precio de referencia en el acto de selección de contratista. Si la entidad no puede sustentar el precio de referencia, la DGCP puede suspender el acto antes de la apertura de las propuestas.

Al acto de homologación del acto público para adquirir estos vehículos se presentaron diez empresas. Entre ellas, una identificada solo como Galmobile. En el Registro Público aparecen dos sociedades con nombres similares: Galmobile América, S.A. y Galmobile, S.A. El Minsa no corroboró a La Prensa cuál es la que fue al acto público. La empresa identificada como Galmobile –a secas– se presentó a la reunión de homologación representada por Gipsy Díaz, según el acta de reunión del Minsa.

Según la red Linkedin, Díaz fue gerente de proyectos senior en la empresa Fursys, desde marzo de 2020 (esta compañía está vinculada al empresario Mike Btesh). En el correo que aportó Díaz, se identifica al Grupo Betco. Esta sociedad –Grupo Betco Zona Libre– fue inscrita en 1994 y tiene como suscriptores a miembros de la familia Btesh y Cohen Mugrabi. La Prensa envió correos a Díaz solicitando una entrevista, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Desde el 26 de julio pasado aparecen como directivos de Grupo Betco: Raymond Nahem (tesorero), Aldo Lancini (presidente) y Joann Orozco (secretaria). Estos dos últimos también aparecen en Galmobile, S.A.

A su vez, el 3 de enero de 2020 se constituyó la sociedad Galmobile América, S.A., cuyos dignatarios son Salomón Elías Btesh (presidente); Salomón Jack Btesh (vicepresidente y secretario) y Mike Btesh (tesorero). Este último aparece en una lista publicada por el Ministerio Público en 2021, acusado de blanqueo de capitales en el caso New Business.

Un año después fue inscrita Galmobile S.A., que tiene como directivos a Aldo Lancini (presidente y tesorero) y a Joann Orozco (secretaria).

El Minsa informó en agosto de 2021 que Galmobile, S.A. utilizó carros con el sistema de purificación y desalinización de agua cruda “exitosamente” en Cerro Punta y Bocas del Toro, zonas afectadas por los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020.

También en la página web galmobileamerica.com se observa que la empresa confirmó meses antes –el 21 de enero de 2021–, a través de una nota de prensa, que ofreció su ayuda al Minsa –y “sin costo”– con sus vehículos para obtener agua potable durante siete días en Chiriquí, luego de que comunidades de Tierras Altas se quedaran sin suministro de agua.

En la misma nota de prensa –publicada pocos días después de que se inscribiera en el Registro Público esta sociedad–, Galmobile América, en compañía del entonces embajador de Israel en Panamá, Reda Mansour, y autoridades del Minsa, probaron el agua potabilizada por estos vehículos en la rampa marina de la Cinta Costera 3.

En agosto de 2021, el Minsa informó que Galmobile, S.A., junto a funcionarios de Disapas, “realizaron trabajos de reconocimiento y levantamiento de un sistema de acueducto rural” en Mocambo Arriba, Las Cumbres.

También a la prueba se presentó el nuevo embajador israelí en Panamá, Itai Bardov. En esa nota de prensa del Minsa se indica que los trabajos representan el “inicio de un plan piloto de producción de agua potable, mediante avanzada tecnología israelí”.

Sin identificar cuál de las dos empresas es, Galmobile –a secas– aparece como una de las diez compañías interesadas en vender al Minsa los vehículos potabilizadores.

En mayo de 2022, Galmobile, S.A. ingresó al país tres vehículos de purificación y desalinización de agua, a un costo de $53,123 cada uno, según registros de la Autoridad de Aduanas.

Previamente, la empresa trajo dos de estos carros modelo four wheel. El primero, el 21 de abril, y el segundo, el 29 de julio de 2021. El costo de cada uno fue de $76,500.

En el caso de Galmobile América, S.A., La Prensa no pudo corroborar la importación de este tipo de vehículos en los registros de la Dirección de Aduanas.

La empresa Raditex Inc. –la única que se quejó ante Contrataciones Públicas– denunció, además de irregularidades en el pliego de cargos, que el precio de los vehículos era “excesivo, y no concordante con la realidad”, ya que “el propio fabricante israelí [Galmobile] anuncia el servicio completo en cada carro en $125 mil”.

El precio de los carros “resulta injustificable y excesivo, incluso incluyendo el mantenimiento por 5 años como exige el pliego de cargos”, puntualizó Raditex en su reclamo.

 
 
 

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Panamá

Defensa de Elías Cárdenas Jordán intentó politizar acusaciones contra representante de Pedregal en juicio por homicidio

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Elías Cárdenas Jordán

Víctor Almengor, abogado de Elías Cárdenas Jordán, representante de Pedregal, intentó deslindar de responsabilidad a su cliente, en torno a las amenazas que han recibido familiares de Rigoberto Ceberino Santiago Choli, a quien Cárdenas, estando en estado de ebriedad, dio muerte, tras atropellarlo con su camioneta 4×4 el 29 de septiembre de 2019.

En una audiencia del caso, el abogado Almengor intentó desviar la atención sobre las denuncias presentadas por el fiscal del caso ante la juez, después que el fiscal se quejara de las amenazas recibidas por familiares de Santiago Choli. Para ello Almengor trató de politizar el tema, asegurando que las denuncias elevadas por familiares de la víctima a distintas instancias, eran promovidas por una diputada, que aunque no mencionó su nombre, se presume se trata de Cenobia Vargas, parlamentaria por el Circuito 8-10.

Según Almengor, las motivaciones de la diputada para promover las acciones de los familiares de Santiago Choli, se an fundamentado en aspiraciones políticas a la Representación de Pedregal. Pero el abogado fue más allá, en su intento por desviar la atención sobre la responsabilidad de su cliente en el homicidio, culpando al fiscal de no haber hecho su trabajo correctamente, al no haber investigado en mayor profundidad las amenazas recibidas por los familiares del hoy occiso.

 

Documentos revelan el amplio historial de violaciones a las normas de tránsito del representante Elías Cárdenas Jordán y sus presiones y tramas para ser exculpado por el arrollamiento de Rigoberto Santiago Choly

 
 
 

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Panamá

Critican aumento del gasto del Gobierno panameño en temas menos prioritarios, mientras se advierte sobre el posible incremento en el precio de los tanques de gas de Tropigas en casi un 400% por falta de subsidio

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La compañía Tropigas emitió recientemente un comunicado en el que indicó que por falta de pago del Gobierno nacional de Panamá, el precio del tanque de gas de 25 libras, que en la actualidad se encuentra subsidiado en $4,37, pudiera incrementar su precio a $16,63.

Adicionalmente, la compañía señaló que pudiera haber problema en la distribución de los tanques de gas de 25 libras en todo el territorio panameño.

En un video, el TikToker Gilberto Romero se preguntó por qué motivo el Gobierno de Panamá mantiene una deuda con Tropigas. Comentó que el gasto público del Gobierno se incrementó en $4.5 millones diarios, situación que se traduce en que la deuda pública del país ha aumentado el doble, desde poco antes el ascenso al poder del hoy presidente Laurentino Cortizo. Romero estimó que a ese paso, cuando culmine el Gobierno de Cortizo, en 2024, la deuda pública panameña pudiera ascender a cuatro veces, desde que el hoy jefe de Estado se posesionó del cargo.

El TikToker criticó que el Gobierno no destine suficientes fondos en ayudar al pueblo y en sacar la economía adelante, pues según Romero, el dinero está siendo utilizado para dárselo a asesores, para aumentarle el salario a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, para aumentar el presupuesto de la misma universidad, para los dobles salarios, para gastar en viajes y para que ese dinero vaya al bolsillo de los políticos actuales.

 
 
 

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En Panamá Dos Cucharas es tu destino...

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Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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