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Panamá reactiva fuerza de tarea conjunta para combatir el crimen organizado

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Un equipo de trabajo conjunto entre Panamá y Estados Unidos, llamado el «Equipo Robert», operaba en Panamá durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009–2014). Este equipo tenía una oficina exclusiva en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a la que únicamente podían ingresar los funcionarios que formaban parte de él.

En la oficina había funcionarios estadounidenses de agencias federales como el FBI y la DEA, así como oficiales panameños de Interpol, entre otros organismos. El «Equipo Robert» tuvo muy buenos resultados en la lucha contra la criminalidad.

No obstante, cuando Juan Carlos Varela asumió la presidencia de Panamá en 2014, la oficina del «Equipo Robert» fue clausurada, lo que generó muchas críticas por haberle dado ventaja a las organizaciones que usaban a Panamá como puente para el narcotráfico y otros delitos. Algunas opiniones políticas coincidieron en que Varela quería reducir la influencia estadounidense en Panamá.

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La oficina permaneció inactiva hasta el gobierno de Laurentino Cortizo, quien inauguró un nuevo modelo de una Fuerza de Tarea contra el Lavado de Activos y la Corrupción, con una nueva sede.

Según algunos analistas, el grupo de tarea fue reactivado por solicitud del Gobierno y de la diplomacia de Estados Unidos.

La sede de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra el lavado de activos y la corrupción fue inaugurada en Panamá, como parte de la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.

La infraestructura tuvo un costo de US$767,227 y se construyó gracias al convenio Speed Joyeros, un modelo de cooperación internacional bilateral entre Estados Unidos y Panamá para combatir el narcotráfico.

El Ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, resaltó la importancia de trabajar en la aplicación de leyes contra el lavado de dinero y el terrorismo para fortalecer el centro financiero del país y atraer la inversión extranjera.

La FTC estará a cargo del Ministerio Público con fiscales de circuito, fiscales adjuntos y asistentes operativos que asegurarán el debido proceso conforme a las leyes vigentes. Además, la FTC responderá a las solicitudes de asistencia provenientes de organismos policiales de otros países que luchen contra el lavado de activos y el crimen transnacional de forma homóloga.

En reconocimiento a la asistencia de Panamá a Estados Unidos en el procesamiento de Speed Joyeros, el Departamento de Justicia acordó transferir el 70% ($36 millones) de los activos incautados al Gobierno de Panamá en 2013, como fondos compartidos para reforzar la lucha del país contra el blanqueo de capitales y el decomiso de activos.


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