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Panamá

Panama Ports Company debe comprometerse con el desarrollo portuario de la República de Panamá

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Al oído del gobierno (sobre Panama Ports)…..

Por Tomás Paredes Royo

En mi último escrito sobre el contrato entre el Estado y Panama Ports Company (PPC) para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, incluyendo otras áreas aledañas a dichos recintos portuarios, hice recomendaciones puntuales a esa empresa para mejorar su opción de obtener del gobierno una renovación “automática” del contrato firmado hace 25 años.

Mucha gente me llamó o me escribió para darme sus comentarios, la mayoría de ellos favorables a mis opiniones, sin embargo no puedo esconder que algunos me advirtieron que esa prórroga ya estaba pactada, incluso con  los montos y los nombres de las personas que habían o estaban negociando, y que por lo tanto, me recomendaban que no fuera iluso y que me dedicara a otros temas.

“A pesar de todo”, como cantaba Javier Solís, y porque me resisto a pensar que todo está perdido, ahora escribo para sugerirle al gobierno algunas  propuestas puntuales para modificar el contrato el Estado y PPC, con la intención de que si ya existe una decisión oficial de renovar dicha relación y no llamar a un nuevo proceso de licitación como es mi preferencia,  entonces que esa extensión por lo menos  asegure aumentar los ingresos del Estado y reducir los ingresos de PPC, en búsqueda de los mejores términos y condiciones para la República de Panamá.

Mi primera sugerencia es que PPC renuncie a cualquier derecho sobre las áreas consideradas como “extensiones futuras” en el Pacífico (Diablo) y en el Atlántico (Isla Telfers), permitiendo con ello al Estado tomar control pleno del desarrollo portuario en ambas puntas del Canal de Panamá y en toda la región interoceánica.   En este sentido, se debe acabar el papel de PPC como sub-arrendador de terrenos en áreas dadas a esta en concesión por el Estado, y que claramente representan un excedente a las necesidades y a las actividades de PPC.

Varias empresas establecidas en Isla Telfers pagan mensualmente altos cánones de arrendamiento a PPC por terrenos amparados en esas “extensiones futuras” (Diablo y Telfers), que fueron otorgadas como parte de “los puertos”, previendo una expansión de las operaciones de PPC.   No obstante, sin ningún mérito o esfuerzo, la empresa recibe ingresos por el negocio de alquiler de esas tierras, ingresos que le corresponden al Estado

Otro cambio fundamental que proponemos es la revisión de los pagos recurrentes al Estado por la concesión. Debe retomarse el concepto de una renta fija anual y de pagos variables en función del negocio, tal como se pactó en 1997.  Sin embargo, por razón que los montos de inversión durante este segundo periodo serán significativamente menores, ambos pagos, tanto el fijo como el variable, deben reflejar un alza importante a favor del Estado panameño.

Los requerimientos en mejoras para los próximos 25 años en los puertos de Balboa y Cristóbal no serán ni la sombra del nivel de inversión que PPC alude haber realizado hasta la fecha en esos recintos.  La infraestructura portuaria de la empresa ha sido ya elevada a un punto de madurez que permite, con inversiones marginales, potenciar a niveles óptimos la eficiencia de las operaciones y los servicios portuarios del concesionario.  Cualquier inversión a futuro en equipos por razón de nuevas  tecnologías o nuevos negocios se justificaría por el crecimiento puntual de esas demandas y tendrían un periodo de retorno dentro del curso de la concesión.

En caso de una prórroga, se debe mantener el concepto y la estructura de las diferentes tarifas que actualmente paga PPC al Estado, con una cláusula de revisión y ajuste cada 5 años en base al nivel de operaciones e ingresos de la empresa y no en función del Índice de Precios al Consumidor, que por tratarse de una operación internacional, poco o nada guarda relación con el comportamiento de la economía nacional.

No obstante, además de cancelar las cantidades dejadas de pagar en dividendos y otras afectaciones por incumplimiento del contrato, PPC debe pagar al inicio del nuevo periodo, y por una sola vez, una cantidad de USD 350 millones en reconocimiento de los efectos favorables de la inversión realizada por el Estado panameño en la ampliación del Canal, específicamente la Autoridad del Canal de Panamá, condición que no existía en 1997 y que le permite a la empresa tener acceso a un mayor número de barcos con mayor capacidad de contenedores y ampliar sus negocios.

Además, PPC debe comprometerse con el desarrollo portuario de la República de Panamá, ayudando al país a liderar el movimiento y trasiego de bienes en la región, aportando a la creación de nuevas cadenas de valor con el fin de diversificar la oferta y enriquecer los servicios logísticos que se puedan ofrecer desde nuestro país.

Por último, el gobierno debe nombrar como su representante en la Junta Directiva a un Director que ponga los intereses del país por delante de sus propios beneficios; una persona que supervise la gestión del concesionario y la ejecución y el cumplimiento del contrato con rigor profesional, con pundonor y  con responsabilidad de patria, lo que claramente nos ha faltado en los primeros 25 años.

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Panamá

Gracias a presunta treta política el representante Elías Cárdenas logró que su condena por el arrollamiento de Rigoberto Santiago fuera postergada hasta 2024

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Decepcionados de la justicia se encuentran los familiares de Rigoberto Ceberiano Santiago Choli, quien murió atropellado el 29 de septiempre de 2019 en la vía principal de Pacora, embestido por un auto conducido por el representante de Pedregal, Elías Cárdenas.

Elías enfrentó audiencia intermedia el pasado 20 de octubre, donde el juez de garantías, decidió cambiar la fecha de audiencia de juicio oral para el 17 de abril de 2024, un mes antes de las elecciones.

Adimael Franco Cortés, abogado querellante, dijo que las causas para resolver los casos por lo general se establecen por un período de seis meses y en casos complejos a dos años, pero que en este suceso hay algo’raro’.

‘En el código procesal hay normas que establecen un tiempo razonable y así no se recibe justicia, el tema de una investigación es de 6 meses’, dijo el jurista.

Se preguntó por qué los familiares de Rigoberto ahora tienen que esperar tres años para recibir justicia, después que se investigó todo el caso.

‘Hay algo raro detrás de todo esto’, dijo el abogado.

Añadió que los parientes del joven atropellado lo que piden es justicia y que no se dilate tanto el juicio oral donde se debe determinar si Cárdenas es inocente o culpable. Según él, la excusa que dieron en los tribunales es que la agenda está muy saturada.

‘El código penal habla de justicia en tiempo razonable y para mí es una violación a ese proceso’, dijo el jurista.

El abogado dijo que Cárdenas tiene medida cautelar de firmar, prohibición de salida del país y acercarse a los familiares de la víctima.

En las audiencias se han presentado todas las pruebas contundentes, 14 testigos, 8 peritos, 8 informes judiciales.

‘Para qué dilatar tanto ese juicio’, se preguntó Cortés.

El atropello ocurrió la noche del 29 de septiembre de 2019 cuando Rigoberto, tras salir de su trabajo, se dirigía a su casa cuando fue atropellado por un auto Fortuner oscuro, cuyo conductor se dio a la fuga. Al día siguiente el vehículo fue ubicado abandonado en un solar en Las Mañanitas y resultó ser de la Junta Comunal de Pedregal.

 

Apoyo gubernamental

En las redes sociales algunos ciudadanos han asegurado que Cárdenas ha recibido apoyo de funcionarios del Gobierno panameño para prorrogar la fecha en la que será dictada su condena. Asimismo se ha afirmado que a escasas horas de la audiencia más reciente el representante había realizado una visita a la sede de la Presidencia de Panamá, luego de lo cual repentinamente fue cambiado el juez del caso, postergándose la sentencia, por decisión del nuevo juez, hasta 2024.

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Panamá

Las fortunas de algunos políticos que han prosperado en los últimos años más que Panamá

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En las redes sociales se viraliza una grabación, que se presume data de algunos meses o quizás años atrás, pues se cita el nombre de al menos una persona ya fallecida, en la que son enumeradas las supuestas fortunas de varios políticos, funcionarios, exfuncionarios públicos y empresarios panameños:

En la lista figuran, en este orden:

1- Nicolás González Revilla: 1900 millones $

2- Ernesto Pérez Balladares (expresidente de Panamá): 950 millones $

3- Emanuel González-Revilla: 870 millones $

4-Martín Torrijos Espino (expresidente de Panamá): 743 millones $

5- Haralambos Tzanetatos: 1200 millones $

6- Arturo Melo (fallecido en 2020): 670 millones $

7- Samuel Lewis (exvicepresidente de Panamá): 520 millones $

8- Alfredo Alemán: 480 millones $

9- Laurentino Cortizo (presidente de Panamá): 137 millones $

10- Benicio Robinson (diputado): 110 millones $

En la grabación se acota que Martín Torrijos Espino, cuándo llegó a la presidencia de Panamá en 2004, no contaba ni siquiera con medio millón de dólares, como lo declaró en aquel entonces. y solo poseía dos barquitos de pesca. Asimismo se recuerda que Benicio Robinson tiene más de tres décadas siendo reelecto como diputado desde que llegó por primera vez a la Asamblea Nacional de Panamá, sin que su provincia, Bocas del Toro, haya logrado prosperar gracias a su gestión.

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Panamá

El techo raso de los camerinos de un estadio que está como el deporte en Panamá

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A través de las redes sociales se han difundido fotografías del mal estado del área de camerinos, que algunos internautas aseguran pertenece al estadio Armando Dely Valdés en Colón. No obstante, otros han señalado que correspondería al estadio Rommel Fernández en la ciudad de Panamá.

En las fotografías se aprecia el grave deterioro de un techo raso que estaría prácticamente a punto de caerse.

Hasta el momento ninguna autoridad de Pandeportes se ha pronunciado acerca del tema.

 

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