Al oído del gobierno (sobre Panama Ports)…..

Por Tomás Paredes Royo

En mi último escrito sobre el contrato entre el Estado y Panama Ports Company (PPC) para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, incluyendo otras áreas aledañas a dichos recintos portuarios, hice recomendaciones puntuales a esa empresa para mejorar su opción de obtener del gobierno una renovación “automática” del contrato firmado hace 25 años.

Mucha gente me llamó o me escribió para darme sus comentarios, la mayoría de ellos favorables a mis opiniones, sin embargo no puedo esconder que algunos me advirtieron que esa prórroga ya estaba pactada, incluso con  los montos y los nombres de las personas que habían o estaban negociando, y que por lo tanto, me recomendaban que no fuera iluso y que me dedicara a otros temas.

“A pesar de todo”, como cantaba Javier Solís, y porque me resisto a pensar que todo está perdido, ahora escribo para sugerirle al gobierno algunas  propuestas puntuales para modificar el contrato el Estado y PPC, con la intención de que si ya existe una decisión oficial de renovar dicha relación y no llamar a un nuevo proceso de licitación como es mi preferencia,  entonces que esa extensión por lo menos  asegure aumentar los ingresos del Estado y reducir los ingresos de PPC, en búsqueda de los mejores términos y condiciones para la República de Panamá.

Mi primera sugerencia es que PPC renuncie a cualquier derecho sobre las áreas consideradas como “extensiones futuras” en el Pacífico (Diablo) y en el Atlántico (Isla Telfers), permitiendo con ello al Estado tomar control pleno del desarrollo portuario en ambas puntas del Canal de Panamá y en toda la región interoceánica.   En este sentido, se debe acabar el papel de PPC como sub-arrendador de terrenos en áreas dadas a esta en concesión por el Estado, y que claramente representan un excedente a las necesidades y a las actividades de PPC.

Varias empresas establecidas en Isla Telfers pagan mensualmente altos cánones de arrendamiento a PPC por terrenos amparados en esas “extensiones futuras” (Diablo y Telfers), que fueron otorgadas como parte de “los puertos”, previendo una expansión de las operaciones de PPC.   No obstante, sin ningún mérito o esfuerzo, la empresa recibe ingresos por el negocio de alquiler de esas tierras, ingresos que le corresponden al Estado

Otro cambio fundamental que proponemos es la revisión de los pagos recurrentes al Estado por la concesión. Debe retomarse el concepto de una renta fija anual y de pagos variables en función del negocio, tal como se pactó en 1997.  Sin embargo, por razón que los montos de inversión durante este segundo periodo serán significativamente menores, ambos pagos, tanto el fijo como el variable, deben reflejar un alza importante a favor del Estado panameño.

Los requerimientos en mejoras para los próximos 25 años en los puertos de Balboa y Cristóbal no serán ni la sombra del nivel de inversión que PPC alude haber realizado hasta la fecha en esos recintos.  La infraestructura portuaria de la empresa ha sido ya elevada a un punto de madurez que permite, con inversiones marginales, potenciar a niveles óptimos la eficiencia de las operaciones y los servicios portuarios del concesionario.  Cualquier inversión a futuro en equipos por razón de nuevas  tecnologías o nuevos negocios se justificaría por el crecimiento puntual de esas demandas y tendrían un periodo de retorno dentro del curso de la concesión.

En caso de una prórroga, se debe mantener el concepto y la estructura de las diferentes tarifas que actualmente paga PPC al Estado, con una cláusula de revisión y ajuste cada 5 años en base al nivel de operaciones e ingresos de la empresa y no en función del Índice de Precios al Consumidor, que por tratarse de una operación internacional, poco o nada guarda relación con el comportamiento de la economía nacional.

No obstante, además de cancelar las cantidades dejadas de pagar en dividendos y otras afectaciones por incumplimiento del contrato, PPC debe pagar al inicio del nuevo periodo, y por una sola vez, una cantidad de USD 350 millones en reconocimiento de los efectos favorables de la inversión realizada por el Estado panameño en la ampliación del Canal, específicamente la Autoridad del Canal de Panamá, condición que no existía en 1997 y que le permite a la empresa tener acceso a un mayor número de barcos con mayor capacidad de contenedores y ampliar sus negocios.

Además, PPC debe comprometerse con el desarrollo portuario de la República de Panamá, ayudando al país a liderar el movimiento y trasiego de bienes en la región, aportando a la creación de nuevas cadenas de valor con el fin de diversificar la oferta y enriquecer los servicios logísticos que se puedan ofrecer desde nuestro país.

Por último, el gobierno debe nombrar como su representante en la Junta Directiva a un Director que ponga los intereses del país por delante de sus propios beneficios; una persona que supervise la gestión del concesionario y la ejecución y el cumplimiento del contrato con rigor profesional, con pundonor y  con responsabilidad de patria, lo que claramente nos ha faltado en los primeros 25 años.

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