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Panamá

Panama Ports Company debe comprometerse con el desarrollo portuario de la República de Panamá

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Al oído del gobierno (sobre Panama Ports)…..

Por Tomás Paredes Royo

En mi último escrito sobre el contrato entre el Estado y Panama Ports Company (PPC) para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, incluyendo otras áreas aledañas a dichos recintos portuarios, hice recomendaciones puntuales a esa empresa para mejorar su opción de obtener del gobierno una renovación “automática” del contrato firmado hace 25 años.

Mucha gente me llamó o me escribió para darme sus comentarios, la mayoría de ellos favorables a mis opiniones, sin embargo no puedo esconder que algunos me advirtieron que esa prórroga ya estaba pactada, incluso con  los montos y los nombres de las personas que habían o estaban negociando, y que por lo tanto, me recomendaban que no fuera iluso y que me dedicara a otros temas.

“A pesar de todo”, como cantaba Javier Solís, y porque me resisto a pensar que todo está perdido, ahora escribo para sugerirle al gobierno algunas  propuestas puntuales para modificar el contrato el Estado y PPC, con la intención de que si ya existe una decisión oficial de renovar dicha relación y no llamar a un nuevo proceso de licitación como es mi preferencia,  entonces que esa extensión por lo menos  asegure aumentar los ingresos del Estado y reducir los ingresos de PPC, en búsqueda de los mejores términos y condiciones para la República de Panamá.

Mi primera sugerencia es que PPC renuncie a cualquier derecho sobre las áreas consideradas como “extensiones futuras” en el Pacífico (Diablo) y en el Atlántico (Isla Telfers), permitiendo con ello al Estado tomar control pleno del desarrollo portuario en ambas puntas del Canal de Panamá y en toda la región interoceánica.   En este sentido, se debe acabar el papel de PPC como sub-arrendador de terrenos en áreas dadas a esta en concesión por el Estado, y que claramente representan un excedente a las necesidades y a las actividades de PPC.

Varias empresas establecidas en Isla Telfers pagan mensualmente altos cánones de arrendamiento a PPC por terrenos amparados en esas “extensiones futuras” (Diablo y Telfers), que fueron otorgadas como parte de “los puertos”, previendo una expansión de las operaciones de PPC.   No obstante, sin ningún mérito o esfuerzo, la empresa recibe ingresos por el negocio de alquiler de esas tierras, ingresos que le corresponden al Estado

Otro cambio fundamental que proponemos es la revisión de los pagos recurrentes al Estado por la concesión. Debe retomarse el concepto de una renta fija anual y de pagos variables en función del negocio, tal como se pactó en 1997.  Sin embargo, por razón que los montos de inversión durante este segundo periodo serán significativamente menores, ambos pagos, tanto el fijo como el variable, deben reflejar un alza importante a favor del Estado panameño.

Los requerimientos en mejoras para los próximos 25 años en los puertos de Balboa y Cristóbal no serán ni la sombra del nivel de inversión que PPC alude haber realizado hasta la fecha en esos recintos.  La infraestructura portuaria de la empresa ha sido ya elevada a un punto de madurez que permite, con inversiones marginales, potenciar a niveles óptimos la eficiencia de las operaciones y los servicios portuarios del concesionario.  Cualquier inversión a futuro en equipos por razón de nuevas  tecnologías o nuevos negocios se justificaría por el crecimiento puntual de esas demandas y tendrían un periodo de retorno dentro del curso de la concesión.

En caso de una prórroga, se debe mantener el concepto y la estructura de las diferentes tarifas que actualmente paga PPC al Estado, con una cláusula de revisión y ajuste cada 5 años en base al nivel de operaciones e ingresos de la empresa y no en función del Índice de Precios al Consumidor, que por tratarse de una operación internacional, poco o nada guarda relación con el comportamiento de la economía nacional.

No obstante, además de cancelar las cantidades dejadas de pagar en dividendos y otras afectaciones por incumplimiento del contrato, PPC debe pagar al inicio del nuevo periodo, y por una sola vez, una cantidad de USD 350 millones en reconocimiento de los efectos favorables de la inversión realizada por el Estado panameño en la ampliación del Canal, específicamente la Autoridad del Canal de Panamá, condición que no existía en 1997 y que le permite a la empresa tener acceso a un mayor número de barcos con mayor capacidad de contenedores y ampliar sus negocios.

Además, PPC debe comprometerse con el desarrollo portuario de la República de Panamá, ayudando al país a liderar el movimiento y trasiego de bienes en la región, aportando a la creación de nuevas cadenas de valor con el fin de diversificar la oferta y enriquecer los servicios logísticos que se puedan ofrecer desde nuestro país.

Por último, el gobierno debe nombrar como su representante en la Junta Directiva a un Director que ponga los intereses del país por delante de sus propios beneficios; una persona que supervise la gestión del concesionario y la ejecución y el cumplimiento del contrato con rigor profesional, con pundonor y  con responsabilidad de patria, lo que claramente nos ha faltado en los primeros 25 años.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Los “capos” del turismo en Panamá favorecidos con el proyecto de ley de incentivos a la actividad turística sancionado por el presidente Laurentino Cortizo

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Presidente sanciona Ley de incentivos a inversión turística

De poco sirvió que se revelaran los nombres detrás de las empresas que se verán beneficiadas.

 

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. y Fideicomiso de Fomento Turístico, vinculadas a

Alfonso Naranjo

$14 millones.

Cuñado de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo. Naranjo figura en 2 de las empresas que serán beneficiadas, y es director de Chagres Capital, una firma de asesoría financiera especializada en inversiones inmobiliarias y finanzas corporativas.

 

Inmobiliaria Palma Bonita, propiedad de

José Manuel Bern

$155 millones

Los Bern son asiduos donantes del PRD y dueños de unos 9 hoteles, además de cientos de proyectos inmobiliarios en Panamá. José Manuel Bern es actualmente investigado por venta ilegal de electricidad a inquilinos de Casa Bonita. Su abogado en este caso es Armando Fuentes, director de la ASEP.

 

DB Hotel & Residence y Ocean Hills Pearl Island

Guillermo Saint Malo Eleta

$258 millones

Miembro del Frente Empresarial del PRD y ex jefe de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo, en Grupo Eleta. Hijo de Baty “Agua del Río» Eleta. Los Eleta fueron de las familias ricas que se beneficiaron de su relación con la dictadura militar: les regalaron la isla Pedro González, donde desde 2008 han arrasado con la comunidad de El Cocal para hacer un desarrollo turístico-inmobiliario para ricos.

 

Playa Escondida Beach Front, S.A., propiedad de

Juan Carlos Tapia

$39 millones

Hacía relaciones públicas de sus amigos y socios en Lo Mejor del Boxeo, además de despotricar contra las luchas populares. Hizo una fortuna con jugosos contratos de publicidad de varios gobiernos. Compró 11 hectáreas y media de terrenos del Estado frente al mar a 25€/m2, por medios dudosos, en el gobierno de Mireya. Ha sido acusado de evasión fiscal en varias ocasiones y es socio del empresario Mello Alemán, vinculado al PRD, dueño de Grupo Los Pueblos y de la constructora CMG.

 

Datos de @antonima_org

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Compañía del empresario Ricaurte Grajales obtuvo contrato del Ministerio de Seguridad de Panamá pese a haber sido investigado y haber presentado la oferta más alta en proceso de licitación

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El Ministerio de Seguridad (Minseg) convocó una licitación pública con el fin de comprar uniformes tácticos para el personal del Servicio Nacional de Migración.

El precio de referencia para los uniformes era de $1 millón 459 mil, se trata de 19 mil 630 piezas entre las que se incluyen camisas, pantalones, cinturones, gorras y chalecos antibalas.

Cuatro empresas presentaron propuestas, tres de ellas muy por debajo del precio de referencia, informó FOCO.

Confecciones Comodoro ofertó por $544 mil; Enercom, por $848 mil; Fiori Internazionale, por $889 mil; y Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

La comisión verificadora decidió otorgarle el contrato a la propuesta más costosa para el Estado: Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

Según el informe de la comisión, la decisión se tomó ya que las otras tres empresas presentaron chalecos antibalas que no serían antipuñal.

El CEO de la empresa seleccionada es Ricaurte Grajales, estuvo imputado por tráfico de armas y peculado por la supuesta “comercialización” irregular de armas en perjuicio del SPI. Fue absuelto de los cargos este año.

La investigación en 2014, tras la importación de pistolas a través de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), propiedad de Grajales, adquiridas por personal del SPI para uso privado en plena veda de armas.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez no descarta postularse como independiente a la presidencia de Panamá y denuncia aprobación de leyes en beneficio de empresas que han sido donantes de campaña

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La diputada Zulay Rodríguez señaló en una entrevista que evalúa postularse como candidata independiente a la Presidencia de Panamá, anuncio que, según dijo, pudiera realizar muy pronto.

¿Qué es exactamente lo que padece el presidente de Panamá Laurentino Cortizo y qué preguntas se hacen los panameños sobre su enfermedad?

La asambleísta comentó que el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, promovería la candidatura de dos figuras contra la hipotética postulación presidencial del actual vicepresidente de Panamá, José Gabriel "Gaby" Carrizo.

Adicionalmente la diputada indicó que en el Gobierno de Laurentino Cortizo siempre se habla de Renta Sustitutiva, pero afirmó no haber visto que haya habido Renta Sustitutiva cuando el Ejecutivo panameño otorgó apoyo a los bancos y a las compañías financieras, así como tampoco para el Fondo de Vivienda, para el que fueron transferidos 85 millones de dólares provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá. Agregó que a través de la Ley de Incentivos Turísticos se han destinado más de $1.700 millones, que han sido entregados a cuatro agencias inmobiliarias que, según señaló, se ha tratado de donantes de campaña.

 

La diputada también aseguró que en el parlamento panameño son aprobadas leyes en beneficio de un puñado de empresas que han sido donantes de campaña de las actuales autoridades de Gobierno, mientras que otros proyectos legales no son tomados en cuenta.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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Excandidato presidencial Juan Carlos Navarro es víctima de campaña de desprestigio y persecución judicial por parte de fuerzas oscuras con intereses políticos

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