El abogado Jason Azopardi señaló que una batalla legal en curso en Malta sobre el Pilatus Bank es “la clave para abrir una puerta más grande” y revela otros escándalos que involucran a los beneficiarios finales de la notoria empresa panameña Egrant, registrada a través del bufete Mossack Fonseca & Co.

En los últimos meses, el exparlamentario nacionalista ha representado a Repubblika, una ONG cuyo objetivo es mejorar los derechos humanos y la democracia en Malta. Repubblika ha denunciado que Malta no ha ejecutado órdenes de arresto contra varios funcionarios del Pilatus Bank a pesar de las recomendaciones, incluidos los procedimientos de denuncia ante el Jefe de Policía y el Fiscal General.

Jason Azopardi dijo que el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia hizo sonar la alarma por primera vez en un banco al que el Banco Central Europeo le revocó la licencia en 2018.

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Azopardi describió al banco como un “negocio de lavado de dinero” y una investigación judicial contra el Pilatus Bank encontró que $1.1 millones fueron razonablemente transferidos desde Azerbaiyán a través de un sistema contable secreto paralelo a las cuentas del Pilatus Bank. Dijo que había solicitado la reapertura de la investigación sobre Egrant después de descubrir serias sospechas.

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El pago no fue investigado en la investigación original de Egrant solicitada por el exprimer ministro Joseph Muscat.

La periodista asesinada Daphne Caruana Galizia afirmó que Egrant era propiedad de Michelle, esposa del exprimer ministro maltés Joseph Muscat, y que la empresa recibió 1.017 dólares estadounidenses de Leila Aliyeva, hija del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev. Muscat ha negado con vehemencia esas acusaciones, según Eurodailynews.

Una investigación que finalizó en Malta en 2018 no encontró evidencia que vincule a Muscat con una empresa secreta en Panamá.

Pero Azzopardi dijo que Muscat y su esposa Michelle, quienes siempre han negado ser propietarios de Egrant, «no estaban fuera de peligro», por lo que exigió a la policía investigar las denuncias de corrupción y riqueza inexplicable.

Azzopardi dijo que la inacción de la procuradora general, Victoria Buttigieg, al exonerar al comisionado de policía Angelo Gafa y a dos funcionarios del Banco Pilatus del enjuiciamiento penal, fue inaceptable e injustificada, lo que resultó en la prescripción de muchos cargos penales.

Debido a la inacción de Gafa y Buttigieg y la demora provocada por la negativa de la magistrada Nadine Lear a retirarse de los procedimientos de apelación iniciados por la República, “hay dos delitos graves”, señaló el abogado.

Azopardi comentó que la omisión y la demora no fueron accidentales, sino un intento deliberado de proteger a Muscat, Keith Schembri, Conrad Mizi y varios otros supuestamente involucrados en el lavado de dinero y la corrupción en Malta.

La costosa y prolongada investigación administrativa del Pilatus Bank encontró “evidencia irrefutable” de lavado de dinero y evidencia de intercambio de influencia por parte de Keith Schembri, exjefe de gabinete del exprimer ministro caído en desgracia Joseph Muscat.

En septiembre, la ONG Repubblika exhibió copias certificadas de órdenes de arresto internacionales y europeas emitidas contra funcionarios de alto rango en el ahora cerrado Pilatus Bank.

Meses atrás, Malta emitió una orden de arresto contra el propietario del banco, Ali Sadr Hasheminejad, su director de operaciones, Luis Rivera, y el supervisor de operaciones, Mehmet Tasri. Sin embargo, la orden de arresto no se ha ejecutado.

Se han presentado cargos de lavado de dinero contra Pilatus Bank como entidad legal y su exoficial de informes de lavado de dinero, la abogada Claude-Ann Sant Fournier, a quien la fiscalía describió por haber cometido «errores administrativos» inexplicables que los llevaron a concluir que ella estaba ayudando y por complicidad en el lavado de dinero.

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