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Panamá

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ordena cambiar a directores de la asamblea de propietarios del PH TOC por extralimitación de funciones

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El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ordenó el cambio urgente de la junta directiva de la asamblea de propietarios del PH TOC, antiguo edificio Trump, tras establecer que sus directores se extralimitaron en sus funciones y actuaron de manera arbitraria violando la Ley 31 de junio de 2010 de propiedad horizontal, lo que “causó perjuicio a los propietarios del inmueble”, específicamente en la operación de uno de los hoteles de más renombre del país. Se trata del PH más grande de Panamá.

El pasado 30 de marzo, la dirección de Propiedad Horizontal del Miviot, a través de la resolución N 2-2021, resolvió inhabilitar de sus cargos de manera definitiva a Griselda Pérez y a la sociedad Global Bond Investors S.A., quien ostenta el cargo de presidenta de la junta directiva del PH TOC, a Gary James Ludgren y a la sociedad anónima Global Realty Investments, quien funge como vocal, y a Duncan McGowan y la sociedad Ocean Club 5001 Corp, quien mantiene el cargo de secretario, violando los artículos 62 y 72 de la Ley 31 de junio de 2010 y con ello causando perjuicio a los propietarios”.

La decisión de la dirección de Propiedad Horizontal del Miviot se da luego que los representantes de la sociedad MMG Trust S.A., propietaria de un grupo de unidades inmobiliarias dentro del PH TOC, incluyendo el hotel, presentaran una queja administrativa exponiendo una serie de irregularidades y arbitrariedades de parte de la directiva del PH, entre ellas la desconexión de los servicios de electricidad que causaron serios daños al reclamante, principalmente en la operación de su hotel, informó Yelina Pérez Sánchez La Estrella de Panamá.

En el documento de 16 páginas quedaron plasmados los argumentos de la parte denunciante que señaló que las arbitrariedades empezaron el 11 de enero de 2021 cuando la directiva y la administración del PH desconectaron los elevadores de acceso al hotel, luego cortaron el acceso a las validadoras de boletos de estacionamiento, se afectó el sistema de control de aire acondicionado, “Ocasionando problemas graves de salud al personal en diferentes áreas de cocina, lobby, recepción, baños, lavandería y salones. El 20 de enero cortaron la electricidad del piso 12 afectando las cocinas, departamentos de reservaciones, departamento de finanzas y cuarto principal de sistemas”, establece la queja administrativa de MMG Trust que contabiliza los daños causados en más de $87 mil.

La queja también advirtió de que la directiva estuvo desviando pagos que realizó el propietario del hotel para servicios específicos de electricidad y agua.

La dirección de Propiedad Horizontal del Miviot dijo que luego de analizar los argumentos de ambas partes, y una resolución de la Asep que califica al PH TOC como gran cliente que impedía hacer cortes de energía a sus propietarios, ordenó a la Asamblea de Propietarios del PH realizar una reunión extraordinaria urgente a fin de cubrir las vacantes acaecidas en la junta directiva, de acuerdo con el artículo 60 de la ley 31 de 2010 y el numeral 9 del artículo 83 de la misma ley.

Con ello, el Miviot eliminó y prohibió de por vida a Griselda Pérez, Gary Lundgren, Duncan McGown y otras tres empresas de la junta de PH TOC, debido a un comportamiento abusivo, incluido el incumplimiento de la ley, la desconexión de la electricidad y otros servicios públicos a los propietarios de las unidades del edificio.

Según fuentes cercanas al tema, la intervención del Miviot pretende dar ejemplo y transmitir el mensaje de que la autoridad gubernamental a cargo de PH, Miviot, ya no será un espectador inerte. El Miviot no dudará en intervenir para eliminar las administraciones ilegales que abusan de los copropietarios, especialmente en medio de la pandemia.

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Panamá

Clienta denunció aparente estafa tras colocación de dinero a plazo fijo en Banistmo

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Una usuaria del banco Banistmo, de nombre Martha, denunció cómo había colocado $500.000 a plazo fijo en la entidad bancaria desde el año 2015, que obtuvo gracias a una herencia que le dejó su madre, y luego de vencerse el plazo en 2020 y reclamar sus ahorros, se percató que su dinero había desaparecido.

En entrevista con Nancy Dunkley, la usuaria denunció que el banco no le comunicó en ningún momento inconveniente alguno y que al solicitar explicaciones el banco le informó que el dinero ya no existía porque ella había solicitado un crédito prendario, el cual la clienta negó haber firmado.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sólo le ha respondido que no puede hacer nada, en una situación que tiene visos de haber sido una estafa.

Martha también denunció que una subgerente de Banistmo la amenazó con llevarla a juicio. Sin embargo, señaló que una testigo aseguró que la entidad tenía «comprados» a funcionarios de la superintendencia bancaria.

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Panamá

Se agudiza crisis de migrantes entre Colombia y Panamá

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El pasado sábado el gobierno colombiano planteó un diálogo con Panamá para aliviar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, por el inusual flujo de migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos con destino a Estados Unidos.

Desde hace algunas semanas miles de migrantes, entre venezolanos, haitianos, africanos y cubanos, esperan en el puerto colombiano de Necoclí las embarcaciones que lo lleven hasta la frontera con Panamá, una de las escalas antes de llegar al destino final que es EEUU o Canadá.

Las autoridades colombianas y panameñas temen un brote considerable de coronavirus por la aglomeración de personas en plena pandemia justo cuando Colombia vive la tercera ola de la COVID-19.

La presencia de los migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos genera ganancias a la economía de este pequeño puerto turístico azotado por la pandemia.

La cantidad de migrantes alquilan cuartos de hoteles y casas particulares a la espera de poder abordar alguno de los muchos botes que cruzan a diario el golfo de Urabá.

El golfo de Urabá es uno de los puntos principales del tránsito de migrantes que buscan cruzar caminando hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón de Darién, con rumbo hacia Centroamérica, según la información de AFP.

Aunque la migración de venezolanos en los últimos 5 años es la que ha ocupado mayor centimetraje en los medios de comunicación, hay otros países que también están viendo salir a sus ciudadanos aunque con menos proporción.

Las autoridades colombianas han denunciado recientemente la intervención de redes internacionales que se encargan de trasladar a migrantes no solo desde Venezuela sino también de otros países de latinoamérica al departamento de Nariño.

Migrantes de Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela pagan a estas mafias cientos de dólares para ser trasladados desde la frontera de Colombia con Ecuador hasta los límites con Panamá, situación que ha creado una crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

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Panamá

Ciudadanos ven con suspicacia propuesta del contralor Gerardo Solís de vender el 10% de participación del Estado panameño en Panamá Ports Company

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Tras concluir la votación de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) —el pasado 23 de junio—, que aprobó autorizar la renovación automática del contrato a Panamá Ports Company (PPC), el contralor de la República, Gerardo Solís, propuso venderle a la empresa la participación del Estado en la portuaria, que corresponde al 10% de las acciones.

El planteamiento de Solís lo recoge el acta de la reunión del 23 de junio de 2021, publicada en la página web de la AMP luego de la solicitud de información que hizo el activista político Ricardo Lombana, señaló La Prensa.

“Al venderle el Estado a la empresa el 10%, la empresa queda en igualdad de condiciones, en paridad con el resto de las empresas portuarias, y nosotros tenemos esa plata, ese valor de 25 años lo traemos a valor presente y se puede invertir ahora en beneficio del pueblo panameño, ese dinero…”, dijo Solís.

La propuesta fue planteada por Solís casi al final de la reunión y luego de reiterar que la decisión de prorrogara el contrato es la correcta, porque la empresa cumplió. Se desconoce cuál es el valor de las acciones, pero PPC ha señalado que invirtió más de $1,695 millones en los 23 años y 5 meses de vigencia del contrato.

El tema ha repercutido en las redes sociales, donde algunos ciudadanos han visto con suspicacia la propuesta del contralor Solís.

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