Decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente y violentamente maltratados física y sicológicamente por sus cuidadores durante los últimos cuatro años en al menos 12 albergues de Panamá financiados y supervisados por el Estado, reveló un informe de una subcomisión de la Asamblea Nacional (AN).

“Fue muy lamentable conocer de primera mano que la realidad supera la ficción: el estado de abandono y revictimización es sorprendente. Los menores están en condiciones infrahumanas”, dijo la diputada suplente de libre postulación Walkiria Chandler, que integra la subcomisión de la AN que llevó a cabo la investigación, informa EFE.

El informe ejecutivo confirma que “existen evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual”, además de las malas condiciones en las que viven.

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El documento fue redactado tras seis meses de investigación realizada por la subcomisión creada por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea y conformada por Yesenia Rodríguez, Petita Ayarza y Gabriel Silva, quien habilitó a Walkiria Chandler.

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Los hechos surgen a raíz de una denuncia de un medio de comunicación el pasado agosto en el que menores de edad relataban diversas irregularidades, tras la que varios diputados de la Asamblea recibieron correos electrónicos con más acusaciones, explicó la diputada Chandler.

Los niños habitan en estos albergues que están bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), una entidad pública descentralizada del Estado y que en su junta directiva están los titulares de las carteras de Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo, Economía y la Controlaría.

Estos hospedajes acogen a menores de edad que provienen de situaciones y hogares vulnerables.

La diputada adelantó que el informe será presentado junto con una denuncia en el Ministerio Público (MP).

“Los abusos son psicológicos, mentales y sexuales. Tuvimos acceso a los expendientes y evaluaciones de los menores que quedaron con secuelas de estos abusos”, añadió la diputada.

Según las conclusiones del informe, hay albergues que operan sin permiso de funcionamiento o el que tienen es de carácter provisional, incluso a nivel nacional aparecen hospedajes “en funcionamiento sin que Senniaf supiese de su existencia”.

También, la mayor parte de los albergues “están regentados por fundaciones, oenegés y organismos de corte religioso”, en estos últimos “los de denominación evangélica superan a los católicos”.

“A algunos menores se les negaba la comida a otros niños que tienen trastornos psiquiátricos se les privaba los medicamentos”, explicó Chandler.

En concreto, en los albergues que cuentan con la presencia de entes religiosos “se les decían que no hacia falta la medicación, y que era mejor orar”, incluso a menores de edad que tenían trastornos tan severos como la epilepsia.

Además, el informe enumera las deficientes condiciones con las que tienen que vivir los menores, pues en muchos de ellos no hay segregación de sexo o edad y “se mezclaba a hombres y mujeres, menores de edad con discapacidad incluso con personas que estaban en proceso desintoxicación de consumo de drogas y otros adultos mayores”.

Así como en el “90 % de los albergues no cuentan con recurso humano especializado técnicamente en el trabajo” de menores”.

“Nos llama la atención la inactividad de la institución pues trabajadores sociales elevaron informes sobre estas irregularidades a la misma Senniaf, en muchos casos se los destituyó y no se tomaron medidas en los albergues. Los menores tenían que seguir conviviendo con sus abusadores”, añadió la diputada.

Aunque la diputada confirmó que había decenas de víctimas, no descarta que “en realidad sean cientos de menores” y que sea una irregularidad “desde hace varias administraciones”.

Todo ello demuestra, según la diputada, “unas condiciones de abandono por una institución que está llamada a proteger la niñez”, la cual “falló”.

“La institucionalidad del país se ha visto diezmada en materia de niñez y adolescencia por diversos factores, entre ellos esta la politización del Senniaf, una inversión pública en niñez insuficiente y de poca calidad y efectividad, así como una débil capacidad técnica”, señala el informe.

Todo ello “repercute negativamente sobre la capacidad de intervención de los servidores públicos que laboran en la institución entre otras cosas por que los mismos son trasladados constantemente sin una causal clara en base a su experiencia (más bien los cambios parecen ser productos de contradicciones personales o políticas)”.

El documento resalta que “hay un divorcio en la gestión técnica y administrativa, un evidente distanciamiento entre lo que se piensa y hace desde el despacho superior de Senniaf y el resto de unidades administrativas, así como un brecha entre las capacidades reales de la sede principal de la provincia de Panamá y el resto de sedes regionales instaladas en las provincias del interior del país”.

Hasta agosto del año pasado, cuando arrancó la investigación, había 942 niños, niñas y adolescentes en albergados a nivel nacional. De estos, el 49 % estaba a ordenes de la Senniaf, el 24 % de los Juzgados de Niñez, un 17 % bajo la tutela de familiares, el 8 % a ordenes del ministerio y el 2 % se encontraba en hospitales.

De estos niños, niñas y adolescentes sesenta (60) se encuentran en adoptabilidad y ochocientos ochenta y dos (882) se encuentran en protección.

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