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Panamá

Menores son víctimas de escandalosos abusos y maltratos en albergues del Estado panameño

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Decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente y violentamente maltratados física y sicológicamente por sus cuidadores durante los últimos cuatro años en al menos 12 albergues de Panamá financiados y supervisados por el Estado, reveló un informe de una subcomisión de la Asamblea Nacional (AN).

“Fue muy lamentable conocer de primera mano que la realidad supera la ficción: el estado de abandono y revictimización es sorprendente. Los menores están en condiciones infrahumanas”, dijo la diputada suplente de libre postulación Walkiria Chandler, que integra la subcomisión de la AN que llevó a cabo la investigación, informa EFE.

El informe ejecutivo confirma que “existen evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual”, además de las malas condiciones en las que viven.

El documento fue redactado tras seis meses de investigación realizada por la subcomisión creada por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea y conformada por Yesenia Rodríguez, Petita Ayarza y Gabriel Silva, quien habilitó a Walkiria Chandler.

Los hechos surgen a raíz de una denuncia de un medio de comunicación el pasado agosto en el que menores de edad relataban diversas irregularidades, tras la que varios diputados de la Asamblea recibieron correos electrónicos con más acusaciones, explicó la diputada Chandler.

Los niños habitan en estos albergues que están bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), una entidad pública descentralizada del Estado y que en su junta directiva están los titulares de las carteras de Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo, Economía y la Controlaría.

Estos hospedajes acogen a menores de edad que provienen de situaciones y hogares vulnerables.

La diputada adelantó que el informe será presentado junto con una denuncia en el Ministerio Público (MP).

“Los abusos son psicológicos, mentales y sexuales. Tuvimos acceso a los expendientes y evaluaciones de los menores que quedaron con secuelas de estos abusos”, añadió la diputada.

Según las conclusiones del informe, hay albergues que operan sin permiso de funcionamiento o el que tienen es de carácter provisional, incluso a nivel nacional aparecen hospedajes “en funcionamiento sin que Senniaf supiese de su existencia”.

También, la mayor parte de los albergues “están regentados por fundaciones, oenegés y organismos de corte religioso”, en estos últimos “los de denominación evangélica superan a los católicos”.

“A algunos menores se les negaba la comida a otros niños que tienen trastornos psiquiátricos se les privaba los medicamentos”, explicó Chandler.

En concreto, en los albergues que cuentan con la presencia de entes religiosos “se les decían que no hacia falta la medicación, y que era mejor orar”, incluso a menores de edad que tenían trastornos tan severos como la epilepsia.

Además, el informe enumera las deficientes condiciones con las que tienen que vivir los menores, pues en muchos de ellos no hay segregación de sexo o edad y “se mezclaba a hombres y mujeres, menores de edad con discapacidad incluso con personas que estaban en proceso desintoxicación de consumo de drogas y otros adultos mayores”.

Así como en el “90 % de los albergues no cuentan con recurso humano especializado técnicamente en el trabajo” de menores”.

“Nos llama la atención la inactividad de la institución pues trabajadores sociales elevaron informes sobre estas irregularidades a la misma Senniaf, en muchos casos se los destituyó y no se tomaron medidas en los albergues. Los menores tenían que seguir conviviendo con sus abusadores”, añadió la diputada.

Aunque la diputada confirmó que había decenas de víctimas, no descarta que “en realidad sean cientos de menores” y que sea una irregularidad “desde hace varias administraciones”.

Todo ello demuestra, según la diputada, “unas condiciones de abandono por una institución que está llamada a proteger la niñez”, la cual “falló”.

“La institucionalidad del país se ha visto diezmada en materia de niñez y adolescencia por diversos factores, entre ellos esta la politización del Senniaf, una inversión pública en niñez insuficiente y de poca calidad y efectividad, así como una débil capacidad técnica”, señala el informe.

Todo ello “repercute negativamente sobre la capacidad de intervención de los servidores públicos que laboran en la institución entre otras cosas por que los mismos son trasladados constantemente sin una causal clara en base a su experiencia (más bien los cambios parecen ser productos de contradicciones personales o políticas)”.

El documento resalta que “hay un divorcio en la gestión técnica y administrativa, un evidente distanciamiento entre lo que se piensa y hace desde el despacho superior de Senniaf y el resto de unidades administrativas, así como un brecha entre las capacidades reales de la sede principal de la provincia de Panamá y el resto de sedes regionales instaladas en las provincias del interior del país”.

Hasta agosto del año pasado, cuando arrancó la investigación, había 942 niños, niñas y adolescentes en albergados a nivel nacional. De estos, el 49 % estaba a ordenes de la Senniaf, el 24 % de los Juzgados de Niñez, un 17 % bajo la tutela de familiares, el 8 % a ordenes del ministerio y el 2 % se encontraba en hospitales.

De estos niños, niñas y adolescentes sesenta (60) se encuentran en adoptabilidad y ochocientos ochenta y dos (882) se encuentran en protección.

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Panamá

El techo raso de los camerinos de un estadio que está como el deporte en Panamá

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A través de las redes sociales se han difundido fotografías del mal estado del área de camerinos, que algunos internautas aseguran pertenece al estadio Armando Dely Valdés en Colón. No obstante, otros han señalado que correspondería al estadio Rommel Fernández en la ciudad de Panamá.

En las fotografías se aprecia el grave deterioro de un techo raso que estaría prácticamente a punto de caerse.

Hasta el momento ninguna autoridad de Pandeportes se ha pronunciado acerca del tema.

 

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Panamá

Abogada vinculada a Mossack Fonseca (Panama Papers) es designada por el presidente Laurentino Cortizo como secretaria de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales

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A través de un decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el Gobierno designó a Isabel Vecchio como nueva secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC).

Esta es la posición que quedó vacante tras la renuncia de Dani Kuzniecky, que se conoció el pasado 5 de octubre.

Vecchio se ha desempeñado en los últimos 10 años en la administración pública, en distintas instituciones y cargos, algunos de ellos vinculados a la estrategia del país para salir de las listas discriminatorias, informó La Prensa.

Antes, entre 2005 y 2010, fue abogada en Mossack Fonseca, la firma que fue objeto de una investigación periodística internacional que tuvo repercusión mundial en 2016 por el uso de estructuras jurídicas opacas.

Vecchio dijo que desempeñó en la firma distintos roles de la práctica profesional de un abogado, en las áreas de mercantil, marítimo, administrativo, litigios, así como en materia laboral.

Consultada sobre un eventual mensaje contradictorio que se pueda enviar a las organizaciones internacionales por su nombramiento como la persona que debe liderar la estrategia del país para salir de las listas, dijo que no debería haber conflicto porque lleva más de 10 años trabajando para la administración pública, que es lo que quiere seguir haciendo, y que tiene experiencia y conocimiento en temas de prevención de blanqueo de capitales.

En 2016, ingresó en la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, entidad creada para mejorar el sistema de prevención contra el lavado de activos en un gran grupo de actividades económicas no financieras, entre ellas, los abogados.

Empezó como abogada de la Intendencia -entidad que hoy en día es una Superintendencia- y llegó a ser su subdirectora.

Ha sido subdirectora de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales del Ministerio de la Presidencia y asesora de la CNBC, de la que ahora es secretaria técnica.

Adscrita al despacho del ministro de Economía y Finanzas, la CNBC fue creada a través de la Ley 23 de 2015 y está compuesta por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Presidencia, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea.

Consultada acerca de la presencia de Panamá en las listas, Vecchio dijo que el país ha presentado avances, que estos tienen que continuar y que existe un compromiso al más alto nivel. Destacó en su estrategia la importancia del trabajo interinstitucional para avanzar y obtener resultados.

Vecchio es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María La Antigua. Cuenta con un diplomado en Comercio Internacional y Servicios Bancarios de la Universidad Latina de Panamá; una maestría en Derecho Marítimo de Tulane University, New Orleans, Estados Unidos; y una maestría en Administración Pública de Cornell University, Ithaca, Nueva York, Estados Unidos.

Asume el cargo en un momento complejo para Panamá, cuya presencia en la lista negra de la Unión Europea fue ratificada a inicios de octubre y que espera conocer esta semana la nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre los avances en la ejecución del plan de acción para abordar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.

En la Asamblea, además, reposa el proyecto de ley 624, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que aspira a cambiar varias leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales y que ha generado rechazo entre algunos gremios, entre ellos los abogados.

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Panamá

Magistrado Cecilio Cedalise pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá tomar acciones legales por filtración de proyecto de fallo que dejaría sin efecto caso contra Martinelli

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El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise, envió una carta a su homólogo y presidente de esa corporación de justicia Luis Ramón Fábrega en la que le solicita la presentación de acciones legales a raíz de la difusión en diversos medios de comunicación de un proyecto de fallo en el cual se concede una demanda de inconstitucionalidad a favor del expresidente Ricardo Martinelli, por el caso de los pinchazos.

La nota, publicada en la tarde del martes, 19 de octubre, en la página web del Órgano Judicial, precisa que en diversos medios de comunicación y redes sociales se ha puesto en conocimiento del público la existencia de un proyecto de fallo sometido a lectura simultánea entre los miembros de la Corte, en el que se decide una demanda de inconstitucionalidad, informó La Prensa.

Según Cedalise, la filtración del fallo ha producido un desasosiego nacional y bien puede considerarse una violación al ordenamiento jurídico nacional, por lo que exigió a Fábrega el inicio de acciones legales al respecto.

En su nota Cedalise precisa que el proyecto tenía una encriptación para cada uno de los despachos de los magistrados, a fin de detectar el posible origen de una filtración, a pesar de lo cual la misma se produjo.

La nota de Cedalise argumenta que las acciones legales deben ser ejecutadas sin excusa, para que impere el respeto “a la majestad de la justicia”.

El proyecto de fallo de Cedalise anularía el caso de los pinchazos con el argumento de que en un juicio especial contra un diputado, en este caso, un diputado del Parlamento Centroamericano, cargo que ostentaba Martinelli, no se podía realizar una audiencia de acusación sin antes haber realizado la audiencia de imputación.

Esta posición ha sido rechazada por los querellantes en el proceso que se le sigue al expresidente por espionaje político.

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