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Panamá

Más de una treintena de acusados fueron llamados a juicio por el caso «Panama Papers»

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Más de 30 personas irán a juicio por su presunta implicación en el escándalo de los “Panama Papers”, una investigación que en 2016 reveló cómo personalidades de todo el mundo habrían escondido dinero a través del bufete panameño Mossack Fonseca.

El juzgado “resolvió abrir causa criminal en contra de 32 ciudadanos, por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, en el caso conocido como ‘Panama Papers’”, según un comunicado del Órgano Judicial difundido el martes 25 de enero.

La fiscalía también anunció en otra nota que la jueza Baloisa Marquínez “decidió acoger la petición” del ministerio público y llevará a 32 personas a juicio “por blanqueo de capitales”.

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El Órgano Judicial y la fiscalía también señalaron que el juicio se celebrará entre el 15 y el 18 de noviembre de 2022, informó la agencia AFP.

Aunque las notas no mencionan nombres, una fuente del caso confirmó a la AFP que entre los llamados a juicio están Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del despacho de abogados Mossack Fonseca.

Este bufete fue el epicentro del escándalo de los “Panama Papers” que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y que reveló cómo algunas personalidades de todo el mundo supuestamente evadieron impuestos y blanquearon capitales a través de ese despacho panameño.

La investigación, basada en la filtración de 11,5 millones de documentos provenientes del bufete Mossack Fonseca, mostró que jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personalidades de las finanzas, los deportes y las artes ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias.

Los exmandatarios de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron y de Argentina, Mauricio Macri, además del astro del fútbol Lionel Messi y el cineasta español Pedro Almodóvar fueron solo algunos de los mencionados en ese entonces.

Debido al escándalo, el despacho Mossack Fonseca tuvo que cerrar, mientras la imagen internacional del país, acusado en ocasiones de ser un paraíso fiscal, se ha visto gravemente afectada, según han reconocido antiguos y actuales funcionarios.

La justicia panameña también ha sido blanco de fuertes críticas por la falta de condenas ejemplares en distintos casos de presunta corrupción que han salpicado a funcionarios y ex altos cargos de distintos gobiernos.

“Si bien (el llamamiento a juicio) es una buena noticia, en el sentido de ver a la justicia hacer su labor, tendremos que esperar a ver los resultados del proceso”, señaló a la AFP, Lina Vega, presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional.

“Hemos visto demasiados casos de impunidad para ser optimistas”, agregó Vega.

Tras los “Panama Papers”, el país aceleró diversas reformas para blindar su sistema financiero y mejorar su imagen internacional. Entre otras acciones, implementó medidas para conocer el origen y beneficiario final de las sociedades, impulsó mayores controles legales y penalizó con cárcel la evasión fiscal.

Además, firmó un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE) para intercambiar información fiscal de manera automática con más de un centenar de países.

Sin embargo, parte de la nueva legislación panameña contra el blanqueo de capitales y el lavado de activos no existía cuando estalló el escándalo, entre ellos el delito de evasión fiscal, que solo es punible desde 2019.

“Las normas que son más restrictivas no estaban en vigencia en el momento en que iniciaron algunos procesos en este caso concreto (de los “Panama Papers”), por lo cual no le son aplicables”, afirmó a la AFP Carlos Barsallo, expresidente del tribunal de honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

Recientemente, La Corte Suprema de Justicia de Panamá, la mayor instancia judicial del país, sobreseyó a una antigua trabajadora de Mossack Fonseca al considerar que sus actividades dentro de la firma panameña no constituían un delito de blanqueo de capitales.

“Por lo que conocemos es poco probable que llegue a mayores ya que se están dando precedentes cuando se ha llegado al más alto nivel de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de no establecer responsabilidad”, sostuvo Barsallo.

Tras los “Panama Papers” el país centroamericano permanece en la lista de territorios considerados como “paraísos fiscales” por Francia y la Unión Europea.

Además, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) considera que no hace lo suficiente contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.


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