En 10 años, Panamá no registra avances significativos en la lucha contra la corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional.

El informe, divulgado ayer, revela que en 2021 Panamá obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100 (0 corrupción rampante – 100 no corrupción), un punto más que en 2020, pero dos menos que en 2012, año cuando el país fue evaluado con 38 puntos, informó Juan Manuel Díaz en La Prensa.

El IPC tuvo en cuenta los “múltiples casos de sobornos” que se registran en el país, el nepotismo denunciando en los medios de comunicación, las contrataciones directas en medio del estado de emergencia por la pandemia y las negociaciones opacas de contratos estatales. Que no se observe habilidad del gobierno para cumplir mecanismos de integridad ni efectivas investigaciones y castigo para funcionarios corruptos, entre otros, también pesaron al momento de evaluar el país.

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En el ranking de TI Panamá quedó en la misma posición de Costa de Marfil, Ecuador, Moldavia y Perú, todos con 36 puntos. A nivel mundial, quedó en el puesto 105 de 180 países evaluados.

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Pese a las promesas de los distintos gobiernos de combatir la corrupción, Panamá no registra avances en este aspecto, sigue estancado.

Así lo revela el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2021 de Transparencia Internacional (TI), que calificó al país con 36 puntos sobre 100 (0 corrupción rampante- 100 limpio de corrupción), un punto más que en 2020 (35), pero 2 menos que en 2012 (38), cuando el país fue evaluado por primera vez.

Panamá, liderado por el gobierno de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático, quedó en el puesto 105 de 180 países medidos, al lado de Perú, Costa de Marfil, Ecuador y Moldavia, todos con 36 puntos.

“En una década, Panamá ha tenido variaciones de 1 a 2 puntos sin avances significativos, siendo parte de los 54 países del mundo que no han hecho ningún progreso significativo en la lucha contra la corrupción, estando a un punto del mínimo histórico en su puntuación”, dice el informe.

En la región de las Américas, donde el promedio es de 43 puntos, la lista es encabezada por Canadá (74), Uruguay (73) y Chile (67). Mientras que Venezuela (14 puntos), Nicaragua (29) y Haití (20) son los más bajos.

Para ubicar al país en el ranking, Transparencia Internacional tuvo en cuenta la capacidad del país para combatir el soborno, la desviación de fondos, el uso de fondos públicos como ganancia personal y el nepotismo. El documento también menciona la captura del Estado, y aquí hace referencia a las contrataciones directas en medio de la pandemia de la Covid-19 y las negociaciones opacas de contratos estatales.

La evaluación destaca, además, que se ha registrado un marcado deterioro en la habilidad del gobierno para establecer mecanismos de integridad y detalla que no se observan efectivas investigaciones y castigo de funcionarios corruptos, lo que denota una marcada impunidad.

Por otra parte, hace énfasis en que las leyes no son adecuadas para revelar información financiera, evitar el conflicto de interés y para el acceso a la información.

De acuerdo con el informe, “la lucha contra la corrupción en el país está estancada, en un momento en que los derechos humanos y la democracia también están siendo atacados en el país, haciendo eco de la situación regional y mundial”.

Y añade que durante la pandemia se han registrado casos de hostigamiento judicial.

Aunque el documento no menciona casos concretos, es importante tener en cuenta que el Ministerio Público, a cargo del procurador encargado Javier Caraballo, archivó investigaciones relacionadas con escándalos en contrataciones en medio de la pandemia. Por ejemplo, lo concerniente a la construcción del hospital modular para atender a pacientes con Covid-19. Tampoco se han registrado resultados concretos en el caso relacionado con la intención del Ministerio de la Presidencia de comprar ventiladores con supuesto sobreprecio.

A finales de noviembre pasado, Caraballo envió de vacaciones a cuatro fiscales anticorrupción que estaban a cargo de pesquisas de alto perfil sobre supuestos actos de corrupción. La decisión del procurador surgió a raíz de que una exfuncionaria denunció a los fiscales. Se desconoce cuándo retornarán a sus puestos.

Lina Vega Abad, presidenta de la junta directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de TI, opinó que existe una clara vinculación entre la corrupción y la falta de respuesta de los gobiernos a las necesidades básicas de la población vulnerable: agua, salud, vivienda y educación. “Es preciso que se entienda que combatir la corrupción y la generalizada impunidad, es defender la democracia y el derecho de los ciudadanos a una vida digna”, añadió.

El informe sugiere al gobierno que cumpla con los compromisos anticorrupción a los que el país se comprometió en la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, en 2018, al igual que con el #RetoTransparencia2019, compromiso que adquirió Cortizo durante la campaña política de 2019.

También recomienda al país que haga frente a la corrupción “en los niveles más altos y garantizando que nadie pueda salirse con la suya en los abusos de poder”.

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