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Los vínculos con Venezuela del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina, la organización que se pronunció a favor del colombiano preso en Cabo Verde Alex Saab

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Alex Saab

El Comité Panameño de Solidaridad con Palestina se pronunció el pasado 2 de septiembre, mediante un comunicado, para rechazar la detención en Cabo Verde del empresario colombiano Alex Saab, a quien el Gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, ha dado el estatus de enviado diplomático, pese a haber sido solamente un proveedor y contratista del Estado venezolano, acusado de hechos de corrupción y lavado de dinero.

Sin embargo, según el periodista venezolano Roberto Deniz, quien forma parte del portal de periodismo de investigación Armando.info, uno de los activistas del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina es Gassan Salama, quien al igual que Alex Saab, tuvo contratos millonarios como proveedor de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y fue “observador electoral” en Venezuela en mayo de 2018.

Gassan Salama

El 27 de enero de 2019 Armando.info señaló, en un reportaje titulado «El observador electoral que vende alimentos al Gobierno de Maduro»

«Militante de la causa palestina, nacido en Colombia y nacionalizado panameño, Gassan Salama cuelga con frecuencia mensajes de apoyo a las revoluciones cubana y bolivariana en sus redes sociales. Pero esa inclinación no es el principal indicio para dudar de su imparcialidad como observador de las elecciones en Venezuela, función que ejerció en los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro se ratificó como presidente. De hecho Salama, un empresario y político que ha llevado a cabo controvertidas búsquedas de pecios submarinos en aguas del Caribe, encontró su verdadero tesoro en el principal programa de asistencia y control social del chavismo, los Clap, por el que recibe millonarios pagos en euros.

Gassan Salama Ibrahim fue uno de los pocos observadores internacionales en los comicios del 20 de mayo de 2018 con los que Nicolás Maduro resultó reelecto presidente de la República en un proceso desconocido por la mayoría de la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional. Ese día en que apareció acreditado como “acompañante internacional” por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que hoy luce como la génesis de la crisis político-institucional que vive el país, Gassan Salama ya era socio del Gobierno de Maduro en el negocio de la venta de alimentos para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento Producción (Clap) con su empresa Lido Internacional S.A

El 6 de marzo de 2018 llegó al puerto de La Guaira, cercano a Caracas, el buque Maersk Wismar. Cargaba 766 toneladas de alimentos en 30 contenedores despachados por Lido Internacional desde el puerto de Manzanillo, en Panamá, de acuerdo a documentos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Entre los productos había mayonesa, arroz y harina de maíz, tres de los once rubros normalmente incluidos en los combos CLAP que reparte el Gobierno en zonas populares. El 23 de abril, un mes antes de que Gassan Salama apareciera en Caracas con su chaleco de observador internacional, su compañía envió otras 620 toneladas de alimentos en el buque San Alessio, según la autoridad aduanera.

El consignatario de ambos cargamentos fue la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación, aunque fueron contratados por la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), holding encargado de centralizar las importaciones públicas. Aunque para esta entrega no se pudo consultar el contrato correspondiente, Lido Internacional sí aparece en un listado de contratistas de Corpovex al que tuvo acceso Armando.info y en el que destacan varios de los proveedores de alimentos para el programa que Nicolás Maduro oficializó en marzo de 2016 como respuesta a lo que denomina “guerra económica” por parte del empresariado nacional y factores internacionales.

La compañía de Gassan Salama también ha relucido en la información intercambiada en las reuniones que desde el año pasado realizan funcionarios de unidades de inteligencia financiera de varios países de la región para investigar posibles prácticas corruptas en los negocios del Gobierno venezolano. De acuerdo a esos datos, entre enero y agosto del año pasado las exportaciones de Lido Internacional a Venezuela sumaban casi 3.500 toneladas.

Sólo el 17 de noviembre de 2017 la compañía de Gassan Salama recibió pagos del Gobierno por casi dos millones de euros relacionados a la “adquisición de combos de alimentos”. En enero de 2018 hubo otro giro por 1,8 millones de euros, de acuerdo a fuentes en Corpovex. El del suministro para los Clap no era el primer negocio de Lido Internacional con Maduro. En octubre de 2018 las autoridades pagaron a la empresa panameña otros 9,7 millones de euros como pago del contrato 0135 suscrito con Corpovex inicialmente en 2016 para la venta de azúcar cruda. “La verdad no tengo información al respecto, tendría que conversar directamente con el dueño, pero no se encuentra en el país”, responden en las oficinas de Lido Internacional en Panamá al ser consultados sobre el tema.

Observador con una sola mirada

En las redes sociales de este empresario de origen árabe, nacido en Colombia y naturalizado panameño en 2001, no hay pistas de sus negocios con el chavismo. Abundan, en cambio, mensajes de apoyo a Hugo Chávez, Adán Chávez -hermano del mandatario fallecido-. Nicolás Maduro o Fidel Castro, así como fotos en lugares emblemáticos para la revolución cubana y la bolivariana, de las que se declara ferviente defensor. También está la prueba de su participación como observador internacional en el proceso electoral del 20 de mayo.

“Ser invitado como observador internacional a Venezuela es un placer. Pero más placer es ser invitado como palestino ante tan importante acto democrático”, escribió en Twitter ese día. El mensaje está acompañado de una foto en la que se le ve con un polo rojo y el chaleco marrón del CNE junto al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. Publicó además un video tomado desde la tarima en el Palacio de Miraflores -sede del Ejecutivo en Caracas- en la que Nicolás Maduro celebró su cuestionada victoria.

“Felicidades al pueblo venezolano por sus elecciones. Ojalá los países de la región entiendan que en diez meses se han hecho en Venezuela cuatro elecciones. El pueblo es soberano y decidió”, elogió al colgar en la red el video. No queda claro si fue tomado por Gassan Salama a apenas unos metros del propio Maduro y confundido entre ministros y jefes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Pero de su cercanía con figuras del chavismo hay más pruebas. En diciembre de 2016 fue homenajeado por el entonces gobernador del Táchira -Andes suroccidentales venezolanos-, José Gregorio Vielma Mora, también oficial retirado del Ejército y ex jefe del organismo tributario bajo la presidencia de Hugo Chávez. En la misma jornada en la que le concedió la “orden superior y de la excelencia del estado Táchira” a su esposa y reconoció a los integrantes de la Coral de la entidad en su cuadragésimo aniversario, Vielma Mora otorgó a Gassan Salama la Orden Mérito al Trabajo.

“En reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, destacándose en sus actividades profesionales, laborales, gremiales, empresariales, académicas, culturales y sociales enfocadas al servicio y en beneficio de la administración pública y privada, del municipio, y también del estado Táchira y de la República Bolivariana de Venezuela”, refiere la distinción. En los registros venezolanos apenas hay evidencia de su actividad empresarial. Se trata de una compañía homónima a la que usa para vender los alimentos para los Clap registrada en Caracas en 2005. Apenas tiene dos empleados y no hay constancia de que haya firmado convenios con el Estado, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), o tramitado divisas preferenciales en la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). La oficina está ubicada en un pequeño edificio en Las Mercedes, zona comercial al este de la capital venezolana, en la que nadie responde el timbre.

Sin embargo, el reconocimiento de Vielma Mora, quien en su juventud participó en la intentona golpista de 1992 comandada por Hugo Chávez y quien hasta hace meses fue ministro de Nicolás Maduro, no parece casual. Vielma Mora fue una pieza clave en el nacimiento de los Clap como programa masivo. Fue a finales de 2016 que Cobiserta, empresa adscrita a la gobernación de Táchira, firmó un primer contrato con Group Grand Limited, sociedad registrada en Hong Kong y manejada por los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, para la compra de diez millones de combos Clap. A la postre, el dúo de empresarios colombianos, hoy investigados en países como Colombia y México, se convirtió en el principal importador para el programa estatal logrando al menos dos contratos por casi 800 millones de dólares.

Fueron los inicios de un programa que, concebido para producir alimentos en la base a modo de pequeñas células partidistas, derivó en importaciones masivas a través de intermediarios seleccionados a dedo por el Gobierno. Hasta 2017 estos compraban los combos de alimentos fundamentalmente en México para luego revendérselos a Venezuela a precios que oscilan entre 34 y 39 dólares por cada despensa Clap. Pero desde el año pasado empresas de Turquía empezaron a ganar terreno a través de estos intermediarios, al tiempo que las autoridades de Caracas estrechaban su relación política y comercial con el régimen de Recep Tayyip Erdogan, que se ha convertido en uno de sus principales aliados globales. La propia Lido Internacional ha comprado los alimentos a fabricantes mexicanos y turcos, según panjiva.com, base de datos especializada en comercio internacional.

Las pocas cifras oficiales indican que el de los Clap es un negocio que no ha parado de crecer. En 2018 el Gobierno distribuyó 114 millones de cajas Clap, que se suman a las 91 millones repartidas en 2017 y que equivaldrían a un gasto que oscila entre los 6.000 millones a 8.000 millones de dólares en solo dos años. “114 millones de combos Clap se distribuyeron a nivel nacional, el mercado a la casa, ¡Llegó el Clap! debería ser la consigna. ¡La revolución lleva el mercado a la casa!”, manifestó recientemente Maduro.

Ahora se sabe que a Lido internacional, la compañía de Gassan Salama, le tocó una porción de ese jugoso pastel. Su empresa, al igual que FB Foods LLC y Wellsford Trading Corp, otras dos compañías panameñas proveedoras de los Clap, escapó al veto comercial que impuso en abril del año pasado el Gobierno venezolano contra casi un centenar de personas jurídicas del istmo, luego de que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, sancionara a 55 funcionarios venezolanos. “Recordando momentos en que Panamá en el año 2016 estimulaba la venta de alimentos a la hermana República de Venezuela. Ahora de manera extraña hasta se quiere desprestigiar el suministro de alimentos que empresas panameñas están desarrollando”, tuiteó Salama a modo de crítica el 14 de julio de 2018 con una foto en la que el ex ministro Miguel Pérez Aabd y el ex presidente de Corpovex, Giuseppe Yoffreda, pactaron la compra de alimentos para los Clap con autoridades panameñas.»

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Panamá

Documentos exponen detalles del caso en Panamá contra el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín por el delito de fraude financiero

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A través de la descripción del caso de Rubén Prato, propietario de dos empresas, con cuentas en la entidad, se dejan ver las penurias de los clientes de la entidad en proceso de liquidación forzada desde 2019.

Fragmentos de la acusación penal que cursa en Panamá contra Víctor Vargas Irausquín en su carácter de propietario de AllBank Corp, revelan las irregularidades cometidas por el banquero y su entidad en la nación centroamericana en contra de los depositantes de la misma, las cuales se constituyen como elementos de convicción de la comisión del delito de fraude financiero, reveló Maibort Petit en maibortpetit.info.

El documento revela una solicitud hecha al Registro Público de Panamá de toda la información registral sobre AllBank Corp en la que se certifica el historial de dicha sociedad anónima constituida el 24 de enero de 2011, con Víctor Vargas Irausquín como director, presidente y beneficiario final.

Se refiere que la Superintendencia de Bancos de Panamá confirmó la situación financiera de AllBank[1], la cual se encuentra el proceso de liquidación forzosa administrativa desde el 8 de noviembre de 2019, por resolución Nº SBP-0205-2019 y a cuyo frente se encuentra Rafael Moscarella Valladares como liquidador administrativo[2].

En la acusación se citan declaraciones de Moscarella Valladares, quien requirió que la decisión de liquidar la institución bancaria se adoptó en razón de la duda razonable existente sobre su liquidez para afrontar sus obligaciones, especialmente, los depósitos de los clientes.

Explicó que la presunción de iliquidez partió de la imposibilidad de lograr que, tanto los fondos líquidos como las posiciones y títulos valores en poder de las entidades relacionadas —en las cuales Víctor Vargas es el beneficiario final— pudieran ser transferidas a las cuentas en el Banco Nacional. Entonces, al no contar con dicha disponibilidad de fondos se hacía imposible cubrir el pago de las obligaciones del banco.

En tal sentido, Moscarella Valladares informó que el objetivo de la liquidación era obtener fondos correspondientes a partir de los activos del banco para entonces proceder a devolver los depósitos a los clientes de la institución, así como para pagar cualesquiera otras obligaciones pendientes.

Precisó que ante la falta de respuesta por parte de las entidades relacionadas que permitieran la obtención de fondos y títulos valores, Rafael Moscarella Valladares presentó una denuncia penal en enero de 2020 a objeto de que las autoridades correspondientes procedieran a realizar la investigación correspondiente. Esta denuncia se presentó ante la Procuraduría General de la Nación de Panamá, entidad a la que se le informó acerca de la presunción de estar en presencia de un fraude financiero, dada la similitud de la situación de AllBank Corp con la de otras instituciones financieras relacionadas con Víctor Vargas en todas las jurisdicciones que no proveen información que permita que la clientela de los mismos disponga de sus fondos y porque no cumplen con las regulaciones bancarias.

Pero a pesar de la dificultad, manifestó que continuaban solicitando los fondos y títulos valores, así como otras dirigencias para lo lograr la liquidez necesaria.

El caso de Rubén Prato

Entre la información suministrada por Moscarella Valladares se encuentra la relacionada con la cuenta 001110006693, abierta el 15 de septiembre de 2013 a nombre de Edificaciones y Estructuras Seguras S.A., cuyos firmantes autorizados eran Rubén Darío Prato Zuluaga y María Rocío Zuluaga de Prato, la cual desde el 8 de noviembre de 2019 se encontraba bajo el estatus de “cuenta controlada. Tal situación impedía la aplicación de créditos y débitos sin que para ello mediara una autorización del oficial y/o área encargada.

Igualmente, la cuenta 001110017006 abierta el 15 de septiembre de 2013, a nombre de Consorcio Praval, encontrándose autorizados para firmar en ella Rubén Prato y María Martínez de Prato. Esta cuenta está controlada desde el 8 de noviembre de 2019, impedida de realizar créditos y débitos en la misma sin autorización expresa del oficial y/o área encargada.

El engaño

Se indica que se solicitó entrevista con Rubén Prato, quien dijo desconocer dicho estatus de sus cuentas, refiriendo que desde su apertura, estas cuentas funcionaron normalmente, pero sin indicación previa, el banco comenzó a manejarlas irregularmente en lo que a transacciones se refiere.

 

Agregó que AllBank en algún momento adujo que la Superintendencia de Bancos se encontraba auditándolos y en razón de que era un cliente significativo por la cuantía de sus depósitos, tenían que limitar los desembolsos, por lo cual exigió le entregaran la orden formal de la SBP de dicho acto, lo cual nunca sucedió.

Las diligencias de los cuentahabientes

Moscarella Valladares presentó copias de las múltiples peticiones formuladas por Rubén Prato en 2019 a la institución bancaria a objeto de que se le suministrara información sobre la razón de devolución de sus cheques, así como del cierre de sus cuentas y devolución de fondos.

Una de estas solicitudes tuvo lugar el 26 de agosto de 2019, suscrita por cuando Rubén Prato, en su carácter de representante legal de Consorcio Praval; la otra ocurrió en agosto de 2019 firmada por Francisco Espinosa, administrador de la citada empresa.

Rubén Prado escribió a AllBank Corp. en agosto de 2019, esta vez en representación de Edificaciones y estructuras Seguras S.A., solicitando la emisión de dos cheques de gerencia; también en nombre de esta última compañía, Prato escribió al banco el 2 de septiembre de 2019 para reiterar su pedido de dos cheques de gerencia.

El 29 de agosto de 2019, Francisco Espinosa escribió en nombre de Consorcio Praval a Francisco Abraham García, con copia a Evelyn Rojas, empleados de AllBank Corp., para solicitar respuesta a las peticiones formuladas con anterioridad y que no habían sido ejecutadas por el banco. En la misma fecha, Rubén Prato Zuluaga en representación de Edificaciones y Estructuras Seguras S.A., instruyó al banco para que emitiera dos cheques de gerencia contra la cuenta 001110006693 de dicha empresa, a favor de Panamá Viejo Development Corp. por 1.000.000 de balboas y de Constructora Selva Negra S.A. por 500.000 balboas, pero la instrucción no fue acatada por el banco y dispuso de los fondos de manera ilegal.

   El 30 de agosto de 2019, espinosa, mediante correo electrónico a Francisco Abraham García con copia a Evelyn Rojas, pidió una explicación a la entidad bancaria, al igual que el 2 de septiembre de 2019 también Rubén Prato reiteró pedido de que se corrigiera el estado de cuenta de Edificaciones y Estructuras Seguras, sin que obtuviera respuesta.

Los delitos

Se explica en el informe que la situación descrita en el caso de las cuentas de Rubén Prato en AllBank, se compadece con los hallazgos de los inspectores de la Superintendencia de Bancos de Panamá y que están vertidos en el Informe de Inspección Especial de fecha 8 de febrero de 2019. Allí se indicaba que en 2018 y 2019 se encontraron transferencias reportadas como pendientes por procesar de clientes por un total de 6.749.160,23 balboas y 556.100. Algunas de estas transacciones tenían hasta 10 meses de atraso.

El escrito deja ver que se está ante la suposición de existencia del delito de “Contra el orden económico” en la modalidad de “Delito Financiero”, tipificado en el Capítulo III, Título VII del Libro Segundo del Código Penal, artículo 250.

Se indica que los hechos se enmarcan dentro del delito de Fraude Financiero, consistente en el apoderamiento, uso indebido y transferencia ilícita del dinero de las sociedades Edificaciones y Estructuras Seguras S.A. y Consorcio Praval, las cuales confiaron sus recursos al AllBank.

REFERENCIAS

[1] Superintendencia de Bancos de Panamá. AllBank Corp. En liquidación forzosa. Informe preliminar. https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/informacion_general_bancos/Informes_Liquidacion/Allbank/INFORME_PRELIMINAR.pdf

[2] Antilavado de Dinero. “AllBank, el nuevo fraude bancario que golpea a Panamá”. 12 de abril de 2021. https://www.antilavadodedinero.com/allbank-el-nuevo-fraude-bancario-que-golpea-a-panama/

/Mas en maibortpetit.info

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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez denunció sobreprecio en la venta de hisopados al Gobierno panameño por parte de la empresa JERS Medical Panamá Inc.

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La diputada Zulay Rodríguez denunció un negociado por parte del Gobierno Nacional de Panamá en el manejo de los hisopados para detectar el contagio de Covid-19.

En su intervención en el periodo de incidencias del parlamento la diputada perredistas señaló: «El presidente Laurentino Cortizo dijo que va a dar más de dos millones de hisopados de a dedo, porque como estamos en un Estado de Emergencia aquí no hay licitación y que hay empresas que se están beneficiando y por supuesto como las actas fueron cerradas por diez años, está bien hazlo, pero siempre quedan rastros, dice que en el delito siempre se dejan huellas y por supuesto ya me mandaron todos los hisopados que trajo la compañía Jers Medical Panamá, donde ellos se han ganado 40 millones de dólares que ha pagado el Gobierno nacional «.

Manifestó: «Nos dimos cuenta de algo y aquí está donde nosotros sacamos la información a través de Aduanas porque ellos no pueden ocultar eso, nos dimos cuenta que la compañía Jers Medical Inc, en las pruebas Sofía, los hisopados cuestan 15 dólares aproximadamente y lo vendieron a 85 dólares en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, estamos hablando que tuvieron ganancias de 60 dólares por cada hisopado».

«También les dieron las pruebas Rthda, adivinen a cuánto $6.05 y las vendían a 85 dólares, es decir que se ganaban 79 dólares, el Gobierno les paga 40 millones ellos tienen ganancias en las pruebas Sofía de 60 dólares por hisopado y 79 de las pruebas Rthda, si hablamos de 2 millones de pruebas ellos se han ganado casi 158 millones de dólares, 60 que se han ganado por la prueba Sofía y a dos millones son 120 millones se han ganado 278 millones más los 40 millones de dólares y no pagan impuestos», denunció la diputada, según informó Panamá América.

Zulay Rodríguez retó al director de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia y le dijo: «Publio Desgracia como te llamaron ese día quieres la Ley 256 para castigar a los abogados, castigar a los artistas, castigar a las profesiones liberales, y a los artesanos, aaahh, aquí el que se equivoque en la declaración jurada vaya preso, pero esta compañía ha evadido impuestos».

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Panamá

Informe revela el uso de fincas agropecuarias privadas en Panamá como escondite de cargamentos de droga provenientes de Colombia

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Los hallazgos encontrados por los estamentos de seguridad mientras realizaban los trabajos de campo para determinar las rutas del narcotráfico, muestran un punto de coincidencia, la existencia de fincas apartadas que son usadas como caletas o escondites de los cargamentos de droga que provienen de Colombia en lanchas rápidas.

La información es obtenida por estudios de inteligencia preparados por la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Frontera (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y que fueron transcritos en el informe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que revela cómo el narcotráfico se ha enquistado en la región este de la provincia de Panamá (corregimientos de Pacora, 24 de Diciembre y San Martin, así como el distrito de Chepo y la provincia de Darién), informó Marlene Testa en La Estrella de Panamá.

El informe fue preparado por la DIJ para la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada, ante el acelerado incremento de hechos delictivos de altos impacto (decomisos de droga, homicidios, robos y secuestro) en el sector este de esta región del país, que dieron origen a la ejecución de la operación Damasco que logró desmantelar la mayor organización pandillera en esa área autodenominada con los nombres de HP, Clan Agua o Manzana Cero.

Según el Senafront, la organización objeto del estudio tiene entre sus integrantes “a colaboradores con pleno conocimiento y dominio sobre toda el área costera del Pacífico de la provincia de Darién, distrito de Chepo y Panamá este”.

El Senafront logró identificar a los colaboradores encargados del dominio de estos territorios en donde operan fincas privadas dedicadas a la ganadería y la agricultura. “Sobre la identificación y soporte logístico, se pudo conocer que dicha organización contrata a colaboradores, como alertas tempranas, lancheros y cuidadores de caletas, ya que en su mayoría son residentes en estos sectores y conocen todo el terreno”, agrega el estudio.

El documento de Senafront identifica sectores como San José, Zahina y Mamoní Arriba, en el distrito de Chepo, controlados por alias El Científico y alias Chichi, este último hermano de Robert, líderes de la organización, como los colaboradores del grupo que tiene el control de pandilleros para darle el traslado y custodia de la droga que proviene de comunidades costeras del Caribe y el Pacífico.

Mientras que por parte de la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), en un trabajo de campo a estos sectores, que se complementó con interceptaciones telefónicas, determinaron cómo los líderes de esta organización conocidos con los apodos de alias Robert y alias Frankilito adquirieron fincas muy costosas que han logrado controlar a través de acercamientos con personas que han sufrido hurtos de sus reses.

Según destaca el informe, el Ministerio Público adelantó una investigaciones por el delito contra el patrimonio económico, en su modalidad de hurto pecuario, donde se vinculó a unos siete sujetos, todos relacionados con el nivel operativo del grupo pandillero HP, dirigido por alias Robert y Frankilito.

La investigación se originó tras una denuncia presentada el 30 de marzo de 2019 por una serie de hurtos pecuarios en sectores de Carriazo, Loma Bonita, Río Indio, La Chapa, entre otros.

El informe de inteligencia de la DIJ muestras que en una oportunidad el mismo Robert le indicó a una fuente de colaboración de los estamentos de seguridad que deseaba que le consiguiera una finca. “Están comprando muchas fincas”, fue el dato que la fuente le comunicó a los estamentos de seguridad, que originaron un plan de búsqueda de información que arrojó los lugares deseados, el monto y la extensión de estos terrenos.

Se trataba de fincas “no muy grandes”, como dijo Robert en interceptaciones telefónicas, entre 20 a 25 hectáreas y que estén un poco apartadas, porque desea preferiblemente que sean en el área de Cañita distrito de Chepo y que no tenga muchas casas cerca, aparentemente eran para regalárselas a un tío, para la cría de cerdos.

Fincas que adquirían a costos cercanos al medio millón de dólares y ofrecían entre 15 mil y 17 mil dólares de comisiones a los moradores que servían de intermediarios.

El trabajo de inteligencia del Senan confirmó que la base de la estructura de esta organización objeto del estudio se sostiene con la adquisición de estas fincas en zonas apartadas, porque permite el acceso a tierra firma de la droga que proviene de sectores apartados de Gonzalo Vásquez, Brujas, San Buena Ventura y Chimán, de donde desembarca la droga transportada desde Colombia por medio de lanchas rápidas.

Según el estudio del Senan, son fincas ubicadas en poblados de Tortí y Unión Santeña, los cuales poseen carretera. La gran mayoría de los terrenos poseen títulos de propiedad empeñados a la agricultura, ganadería, entre otros, condición privada que garantiza la seguridad por terceros de las rutas y accesos terrestres. Por lo que ante la necesidad del control de las rutas del narcotráfico implicaría evidentemente un aumento significativo de casos relacionados con la expropiación de muchos de estos terrenos o la oferta hacía propietarios de estos bienes inmuebles. Esto es con el fin de ser utilizados por estas organizaciones criminales, ya sea para esconder los estupefacientes o como fachada para ocultar las actividades ilegales al presentarse como ganaderos o agricultores.

Pero las constantes incautaciones realizadas por las fuerzas de orden afectan directamente las finanzas de las organizaciones criminales establecidas en sectores de Panamá este que se asocian a los eventos de impacto registrados en dicha zona. Se estima que continúen aumentando estos hechos delictivos de alto impacto, mientras sus estructuras sigan siendo afectadas producto de los golpes de las fuerzas de seguridad.

El notable flujo de casos judicializados producto de incautaciones llevadas a cabo por las fuerzas del orden ha permitido la identificación del modus operandi de esta estructura criminal.

Las fuentes de colaboración utilizadas por los estamentos de seguridad aducen que los miembros de esta organización tienen tareas muy bien definidas para estructurar el andamiaje logístico que les permita enviar grandes cantidades de droga a varios países de Centroamérica, México y Estados Unidos.

Se estima que está organización, en colaboración con organizaciones criminales de Colombia, son responsable del envío anual de 36 toneladas de estupefacientes a Estados Unidos.

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