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Los vínculos con Venezuela del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina, la organización que se pronunció a favor del colombiano preso en Cabo Verde Alex Saab

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Alex Saab

El Comité Panameño de Solidaridad con Palestina se pronunció el pasado 2 de septiembre, mediante un comunicado, para rechazar la detención en Cabo Verde del empresario colombiano Alex Saab, a quien el Gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, ha dado el estatus de enviado diplomático, pese a haber sido solamente un proveedor y contratista del Estado venezolano, acusado de hechos de corrupción y lavado de dinero.

Sin embargo, según el periodista venezolano Roberto Deniz, quien forma parte del portal de periodismo de investigación Armando.info, uno de los activistas del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina es Gassan Salama, quien al igual que Alex Saab, tuvo contratos millonarios como proveedor de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y fue “observador electoral” en Venezuela en mayo de 2018.

Gassan Salama

El 27 de enero de 2019 Armando.info señaló, en un reportaje titulado «El observador electoral que vende alimentos al Gobierno de Maduro»

«Militante de la causa palestina, nacido en Colombia y nacionalizado panameño, Gassan Salama cuelga con frecuencia mensajes de apoyo a las revoluciones cubana y bolivariana en sus redes sociales. Pero esa inclinación no es el principal indicio para dudar de su imparcialidad como observador de las elecciones en Venezuela, función que ejerció en los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro se ratificó como presidente. De hecho Salama, un empresario y político que ha llevado a cabo controvertidas búsquedas de pecios submarinos en aguas del Caribe, encontró su verdadero tesoro en el principal programa de asistencia y control social del chavismo, los Clap, por el que recibe millonarios pagos en euros.

Gassan Salama Ibrahim fue uno de los pocos observadores internacionales en los comicios del 20 de mayo de 2018 con los que Nicolás Maduro resultó reelecto presidente de la República en un proceso desconocido por la mayoría de la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional. Ese día en que apareció acreditado como “acompañante internacional” por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que hoy luce como la génesis de la crisis político-institucional que vive el país, Gassan Salama ya era socio del Gobierno de Maduro en el negocio de la venta de alimentos para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento Producción (Clap) con su empresa Lido Internacional S.A

El 6 de marzo de 2018 llegó al puerto de La Guaira, cercano a Caracas, el buque Maersk Wismar. Cargaba 766 toneladas de alimentos en 30 contenedores despachados por Lido Internacional desde el puerto de Manzanillo, en Panamá, de acuerdo a documentos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Entre los productos había mayonesa, arroz y harina de maíz, tres de los once rubros normalmente incluidos en los combos CLAP que reparte el Gobierno en zonas populares. El 23 de abril, un mes antes de que Gassan Salama apareciera en Caracas con su chaleco de observador internacional, su compañía envió otras 620 toneladas de alimentos en el buque San Alessio, según la autoridad aduanera.

El consignatario de ambos cargamentos fue la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación, aunque fueron contratados por la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), holding encargado de centralizar las importaciones públicas. Aunque para esta entrega no se pudo consultar el contrato correspondiente, Lido Internacional sí aparece en un listado de contratistas de Corpovex al que tuvo acceso Armando.info y en el que destacan varios de los proveedores de alimentos para el programa que Nicolás Maduro oficializó en marzo de 2016 como respuesta a lo que denomina “guerra económica” por parte del empresariado nacional y factores internacionales.

La compañía de Gassan Salama también ha relucido en la información intercambiada en las reuniones que desde el año pasado realizan funcionarios de unidades de inteligencia financiera de varios países de la región para investigar posibles prácticas corruptas en los negocios del Gobierno venezolano. De acuerdo a esos datos, entre enero y agosto del año pasado las exportaciones de Lido Internacional a Venezuela sumaban casi 3.500 toneladas.

Sólo el 17 de noviembre de 2017 la compañía de Gassan Salama recibió pagos del Gobierno por casi dos millones de euros relacionados a la “adquisición de combos de alimentos”. En enero de 2018 hubo otro giro por 1,8 millones de euros, de acuerdo a fuentes en Corpovex. El del suministro para los Clap no era el primer negocio de Lido Internacional con Maduro. En octubre de 2018 las autoridades pagaron a la empresa panameña otros 9,7 millones de euros como pago del contrato 0135 suscrito con Corpovex inicialmente en 2016 para la venta de azúcar cruda. “La verdad no tengo información al respecto, tendría que conversar directamente con el dueño, pero no se encuentra en el país”, responden en las oficinas de Lido Internacional en Panamá al ser consultados sobre el tema.

Observador con una sola mirada

En las redes sociales de este empresario de origen árabe, nacido en Colombia y naturalizado panameño en 2001, no hay pistas de sus negocios con el chavismo. Abundan, en cambio, mensajes de apoyo a Hugo Chávez, Adán Chávez -hermano del mandatario fallecido-. Nicolás Maduro o Fidel Castro, así como fotos en lugares emblemáticos para la revolución cubana y la bolivariana, de las que se declara ferviente defensor. También está la prueba de su participación como observador internacional en el proceso electoral del 20 de mayo.

“Ser invitado como observador internacional a Venezuela es un placer. Pero más placer es ser invitado como palestino ante tan importante acto democrático”, escribió en Twitter ese día. El mensaje está acompañado de una foto en la que se le ve con un polo rojo y el chaleco marrón del CNE junto al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. Publicó además un video tomado desde la tarima en el Palacio de Miraflores -sede del Ejecutivo en Caracas- en la que Nicolás Maduro celebró su cuestionada victoria.

“Felicidades al pueblo venezolano por sus elecciones. Ojalá los países de la región entiendan que en diez meses se han hecho en Venezuela cuatro elecciones. El pueblo es soberano y decidió”, elogió al colgar en la red el video. No queda claro si fue tomado por Gassan Salama a apenas unos metros del propio Maduro y confundido entre ministros y jefes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Pero de su cercanía con figuras del chavismo hay más pruebas. En diciembre de 2016 fue homenajeado por el entonces gobernador del Táchira -Andes suroccidentales venezolanos-, José Gregorio Vielma Mora, también oficial retirado del Ejército y ex jefe del organismo tributario bajo la presidencia de Hugo Chávez. En la misma jornada en la que le concedió la “orden superior y de la excelencia del estado Táchira” a su esposa y reconoció a los integrantes de la Coral de la entidad en su cuadragésimo aniversario, Vielma Mora otorgó a Gassan Salama la Orden Mérito al Trabajo.

“En reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, destacándose en sus actividades profesionales, laborales, gremiales, empresariales, académicas, culturales y sociales enfocadas al servicio y en beneficio de la administración pública y privada, del municipio, y también del estado Táchira y de la República Bolivariana de Venezuela”, refiere la distinción. En los registros venezolanos apenas hay evidencia de su actividad empresarial. Se trata de una compañía homónima a la que usa para vender los alimentos para los Clap registrada en Caracas en 2005. Apenas tiene dos empleados y no hay constancia de que haya firmado convenios con el Estado, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), o tramitado divisas preferenciales en la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). La oficina está ubicada en un pequeño edificio en Las Mercedes, zona comercial al este de la capital venezolana, en la que nadie responde el timbre.

Sin embargo, el reconocimiento de Vielma Mora, quien en su juventud participó en la intentona golpista de 1992 comandada por Hugo Chávez y quien hasta hace meses fue ministro de Nicolás Maduro, no parece casual. Vielma Mora fue una pieza clave en el nacimiento de los Clap como programa masivo. Fue a finales de 2016 que Cobiserta, empresa adscrita a la gobernación de Táchira, firmó un primer contrato con Group Grand Limited, sociedad registrada en Hong Kong y manejada por los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, para la compra de diez millones de combos Clap. A la postre, el dúo de empresarios colombianos, hoy investigados en países como Colombia y México, se convirtió en el principal importador para el programa estatal logrando al menos dos contratos por casi 800 millones de dólares.

Fueron los inicios de un programa que, concebido para producir alimentos en la base a modo de pequeñas células partidistas, derivó en importaciones masivas a través de intermediarios seleccionados a dedo por el Gobierno. Hasta 2017 estos compraban los combos de alimentos fundamentalmente en México para luego revendérselos a Venezuela a precios que oscilan entre 34 y 39 dólares por cada despensa Clap. Pero desde el año pasado empresas de Turquía empezaron a ganar terreno a través de estos intermediarios, al tiempo que las autoridades de Caracas estrechaban su relación política y comercial con el régimen de Recep Tayyip Erdogan, que se ha convertido en uno de sus principales aliados globales. La propia Lido Internacional ha comprado los alimentos a fabricantes mexicanos y turcos, según panjiva.com, base de datos especializada en comercio internacional.

Las pocas cifras oficiales indican que el de los Clap es un negocio que no ha parado de crecer. En 2018 el Gobierno distribuyó 114 millones de cajas Clap, que se suman a las 91 millones repartidas en 2017 y que equivaldrían a un gasto que oscila entre los 6.000 millones a 8.000 millones de dólares en solo dos años. “114 millones de combos Clap se distribuyeron a nivel nacional, el mercado a la casa, ¡Llegó el Clap! debería ser la consigna. ¡La revolución lleva el mercado a la casa!”, manifestó recientemente Maduro.

Ahora se sabe que a Lido internacional, la compañía de Gassan Salama, le tocó una porción de ese jugoso pastel. Su empresa, al igual que FB Foods LLC y Wellsford Trading Corp, otras dos compañías panameñas proveedoras de los Clap, escapó al veto comercial que impuso en abril del año pasado el Gobierno venezolano contra casi un centenar de personas jurídicas del istmo, luego de que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, sancionara a 55 funcionarios venezolanos. “Recordando momentos en que Panamá en el año 2016 estimulaba la venta de alimentos a la hermana República de Venezuela. Ahora de manera extraña hasta se quiere desprestigiar el suministro de alimentos que empresas panameñas están desarrollando”, tuiteó Salama a modo de crítica el 14 de julio de 2018 con una foto en la que el ex ministro Miguel Pérez Aabd y el ex presidente de Corpovex, Giuseppe Yoffreda, pactaron la compra de alimentos para los Clap con autoridades panameñas.»

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Los “capos” del turismo en Panamá favorecidos con el proyecto de ley de incentivos a la actividad turística sancionado por el presidente Laurentino Cortizo

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Presidente sanciona Ley de incentivos a inversión turística

De poco sirvió que se revelaran los nombres detrás de las empresas que se verán beneficiadas.

 

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. y Fideicomiso de Fomento Turístico, vinculadas a

Alfonso Naranjo

$14 millones.

Cuñado de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo. Naranjo figura en 2 de las empresas que serán beneficiadas, y es director de Chagres Capital, una firma de asesoría financiera especializada en inversiones inmobiliarias y finanzas corporativas.

 

Inmobiliaria Palma Bonita, propiedad de

José Manuel Bern

$155 millones

Los Bern son asiduos donantes del PRD y dueños de unos 9 hoteles, además de cientos de proyectos inmobiliarios en Panamá. José Manuel Bern es actualmente investigado por venta ilegal de electricidad a inquilinos de Casa Bonita. Su abogado en este caso es Armando Fuentes, director de la ASEP.

 

DB Hotel & Residence y Ocean Hills Pearl Island

Guillermo Saint Malo Eleta

$258 millones

Miembro del Frente Empresarial del PRD y ex jefe de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo, en Grupo Eleta. Hijo de Baty “Agua del Río» Eleta. Los Eleta fueron de las familias ricas que se beneficiaron de su relación con la dictadura militar: les regalaron la isla Pedro González, donde desde 2008 han arrasado con la comunidad de El Cocal para hacer un desarrollo turístico-inmobiliario para ricos.

 

Playa Escondida Beach Front, S.A., propiedad de

Juan Carlos Tapia

$39 millones

Hacía relaciones públicas de sus amigos y socios en Lo Mejor del Boxeo, además de despotricar contra las luchas populares. Hizo una fortuna con jugosos contratos de publicidad de varios gobiernos. Compró 11 hectáreas y media de terrenos del Estado frente al mar a 25€/m2, por medios dudosos, en el gobierno de Mireya. Ha sido acusado de evasión fiscal en varias ocasiones y es socio del empresario Mello Alemán, vinculado al PRD, dueño de Grupo Los Pueblos y de la constructora CMG.

 

Datos de @antonima_org

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Compañía del empresario Ricaurte Grajales obtuvo contrato del Ministerio de Seguridad de Panamá pese a haber sido investigado y haber presentado la oferta más alta en proceso de licitación

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El Ministerio de Seguridad (Minseg) convocó una licitación pública con el fin de comprar uniformes tácticos para el personal del Servicio Nacional de Migración.

El precio de referencia para los uniformes era de $1 millón 459 mil, se trata de 19 mil 630 piezas entre las que se incluyen camisas, pantalones, cinturones, gorras y chalecos antibalas.

Cuatro empresas presentaron propuestas, tres de ellas muy por debajo del precio de referencia, informó FOCO.

Confecciones Comodoro ofertó por $544 mil; Enercom, por $848 mil; Fiori Internazionale, por $889 mil; y Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

La comisión verificadora decidió otorgarle el contrato a la propuesta más costosa para el Estado: Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

Según el informe de la comisión, la decisión se tomó ya que las otras tres empresas presentaron chalecos antibalas que no serían antipuñal.

El CEO de la empresa seleccionada es Ricaurte Grajales, estuvo imputado por tráfico de armas y peculado por la supuesta “comercialización” irregular de armas en perjuicio del SPI. Fue absuelto de los cargos este año.

La investigación en 2014, tras la importación de pistolas a través de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), propiedad de Grajales, adquiridas por personal del SPI para uso privado en plena veda de armas.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez no descarta postularse como independiente a la presidencia de Panamá y denuncia aprobación de leyes en beneficio de empresas que han sido donantes de campaña

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La diputada Zulay Rodríguez señaló en una entrevista que evalúa postularse como candidata independiente a la Presidencia de Panamá, anuncio que, según dijo, pudiera realizar muy pronto.

¿Qué es exactamente lo que padece el presidente de Panamá Laurentino Cortizo y qué preguntas se hacen los panameños sobre su enfermedad?

La asambleísta comentó que el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, promovería la candidatura de dos figuras contra la hipotética postulación presidencial del actual vicepresidente de Panamá, José Gabriel "Gaby" Carrizo.

Adicionalmente la diputada indicó que en el Gobierno de Laurentino Cortizo siempre se habla de Renta Sustitutiva, pero afirmó no haber visto que haya habido Renta Sustitutiva cuando el Ejecutivo panameño otorgó apoyo a los bancos y a las compañías financieras, así como tampoco para el Fondo de Vivienda, para el que fueron transferidos 85 millones de dólares provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá. Agregó que a través de la Ley de Incentivos Turísticos se han destinado más de $1.700 millones, que han sido entregados a cuatro agencias inmobiliarias que, según señaló, se ha tratado de donantes de campaña.

 

La diputada también aseguró que en el parlamento panameño son aprobadas leyes en beneficio de un puñado de empresas que han sido donantes de campaña de las actuales autoridades de Gobierno, mientras que otros proyectos legales no son tomados en cuenta.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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Excandidato presidencial Juan Carlos Navarro es víctima de campaña de desprestigio y persecución judicial por parte de fuerzas oscuras con intereses políticos

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