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Panamá

Los ruegos de una pareja de cubanos Testigos de Jehová no bastaron para impedir su deportación de Panamá a Cuba

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Panamá deportó el martes 13  de julio a Cuba a una familia isleña que estuvo un mes durmiendo en un aeropuerto, pese a sus ruegos para que no los envíen al lugar de donde emigraron hace dos años por problemas para profesar su religión.

«Ya están en Cuba y los han llevado a Las Caletas, un centro de aislamiento» preventivo de covid-19 en La Habana para quienes llegan del extranjero, dijo a la AFP Esther González, hermana de Ilyu González, una de las personas deportadas, informó AFP.

Esther, quien vive en Estados Unidos, aseguró que tanto Ilyu, su cuñado Sergio García y sus dos sobrinos menores de edad fueron movidos a la fuerza durante la madrugada desde el área en la que pernoctaban, en el aeropuerto de Tocumen de Ciudad de Panamá, hacia otro lugar donde quedaron incomunicados.

Mientras las hermanas conversaban por una videollamada, Esther registró el momento en que oficiales de migración se llevan a los García González en medio de forcejeos y gritos. Luego fueron colocados en un vuelo que salió de Ciudad de Panamá rumbo a La Habana.

«Les habían dicho que los iban a mover de sala. Y ellos se rehusaron porque sabían que los iban a mover para el avión. Se los llevaron a la fuerza», comentó Esther.

Su retorno a Cuba ocurre luego de que se produjeran históricas manifestaciones contra el gobierno de la isla.

Según fuentes del Servicio Nacional de Migración de Panamá, la deportación responde a que la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR) les negó la solicitud de refugio.

Sin embargo, el asunto había sido elevado hasta la justicia a través de un hábeas corpus, que debía ser resuelto esta semana.

«Ellos estaban a órdenes de la Corte Suprema de Justicia. Me parece inverosímil que la Oficina de Migración haya pasado por encima de la Corte Suprema de Justicia», dijo el abogado Gustavo Peralta, de la ONG panameña Centro de Asistencia Legal Popular, que asesoraba a la familia.

Los García González emigraron de Cuba hace dos años y vivían en Surinam. El 11 de junio viajaron desde allí al balneario de Cancún, México, para unas vacaciones, pero no les fue permitido el ingreso.

Pidieron que se les permita el retorno a Surinam, su país de salida. Pero con las restricciones por covid los vuelos directos desde Panamá a Surinam se suspendieron.

Intentaron volver vía Guyana, pero tampoco se les permitió.

Durante la espera, Migración Panamá aseguró que la familia tenía visas Schengen de la Unión Europea falsificadas.

Imposibilitados de volver a Surinam, donde aseguran que tienen una vida hecha, Panamá ofreció devolverlos a Cuba, por lo que la familia solicitó refugio, pedido que se rechazó.

Los García González relataron que habían dejado la isla debido a que sufrieron hostigamiento por profesar su religión, Testigos de Jehová.

Panamá

Clienta denunció aparente estafa tras colocación de dinero a plazo fijo en Banistmo

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Una usuaria del banco Banistmo, de nombre Martha, denunció cómo había colocado $500.000 a plazo fijo en la entidad bancaria desde el año 2015, que obtuvo gracias a una herencia que le dejó su madre, y luego de vencerse el plazo en 2020 y reclamar sus ahorros, se percató que su dinero había desaparecido.

En entrevista con Nancy Dunkley, la usuaria denunció que el banco no le comunicó en ningún momento inconveniente alguno y que al solicitar explicaciones el banco le informó que el dinero ya no existía porque ella había solicitado un crédito prendario, el cual la clienta negó haber firmado.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sólo le ha respondido que no puede hacer nada, en una situación que tiene visos de haber sido una estafa.

Martha también denunció que una subgerente de Banistmo la amenazó con llevarla a juicio. Sin embargo, señaló que una testigo aseguró que la entidad tenía «comprados» a funcionarios de la superintendencia bancaria.

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Panamá

Se agudiza crisis de migrantes entre Colombia y Panamá

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El pasado sábado el gobierno colombiano planteó un diálogo con Panamá para aliviar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, por el inusual flujo de migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos con destino a Estados Unidos.

Desde hace algunas semanas miles de migrantes, entre venezolanos, haitianos, africanos y cubanos, esperan en el puerto colombiano de Necoclí las embarcaciones que lo lleven hasta la frontera con Panamá, una de las escalas antes de llegar al destino final que es EEUU o Canadá.

Las autoridades colombianas y panameñas temen un brote considerable de coronavirus por la aglomeración de personas en plena pandemia justo cuando Colombia vive la tercera ola de la COVID-19.

La presencia de los migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos genera ganancias a la economía de este pequeño puerto turístico azotado por la pandemia.

La cantidad de migrantes alquilan cuartos de hoteles y casas particulares a la espera de poder abordar alguno de los muchos botes que cruzan a diario el golfo de Urabá.

El golfo de Urabá es uno de los puntos principales del tránsito de migrantes que buscan cruzar caminando hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón de Darién, con rumbo hacia Centroamérica, según la información de AFP.

Aunque la migración de venezolanos en los últimos 5 años es la que ha ocupado mayor centimetraje en los medios de comunicación, hay otros países que también están viendo salir a sus ciudadanos aunque con menos proporción.

Las autoridades colombianas han denunciado recientemente la intervención de redes internacionales que se encargan de trasladar a migrantes no solo desde Venezuela sino también de otros países de latinoamérica al departamento de Nariño.

Migrantes de Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela pagan a estas mafias cientos de dólares para ser trasladados desde la frontera de Colombia con Ecuador hasta los límites con Panamá, situación que ha creado una crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

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Panamá

Ciudadanos ven con suspicacia propuesta del contralor Gerardo Solís de vender el 10% de participación del Estado panameño en Panamá Ports Company

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Tras concluir la votación de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) —el pasado 23 de junio—, que aprobó autorizar la renovación automática del contrato a Panamá Ports Company (PPC), el contralor de la República, Gerardo Solís, propuso venderle a la empresa la participación del Estado en la portuaria, que corresponde al 10% de las acciones.

El planteamiento de Solís lo recoge el acta de la reunión del 23 de junio de 2021, publicada en la página web de la AMP luego de la solicitud de información que hizo el activista político Ricardo Lombana, señaló La Prensa.

“Al venderle el Estado a la empresa el 10%, la empresa queda en igualdad de condiciones, en paridad con el resto de las empresas portuarias, y nosotros tenemos esa plata, ese valor de 25 años lo traemos a valor presente y se puede invertir ahora en beneficio del pueblo panameño, ese dinero…”, dijo Solís.

La propuesta fue planteada por Solís casi al final de la reunión y luego de reiterar que la decisión de prorrogara el contrato es la correcta, porque la empresa cumplió. Se desconoce cuál es el valor de las acciones, pero PPC ha señalado que invirtió más de $1,695 millones en los 23 años y 5 meses de vigencia del contrato.

El tema ha repercutido en las redes sociales, donde algunos ciudadanos han visto con suspicacia la propuesta del contralor Solís.

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