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Panamá

Los negocios de Panacorp Casa de Valores con bonos venezolanos y su intento por salvar de la quiebra a la aerolínea Plus Ultra

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La aerolínea Plus Ultra, que ha recibido un fondo de rescate del Gobierno español tras declararse en quiebra, tiene una estrecha relación con Panamá que va más allá de que sus principales accionistas posean una extensa red de empresas en el territorio que la Unión Europea incluye en su lista negra de países no cooperadores a efectos fiscales y que «fomentan prácticas fiscales abusivas», según El Economista.

Según publicó la compañía en sus últimas cuentas, a 31 de enero de 2020 tenía más de dos millones en depósitos en la entidad panameña Panacorp Casa de Valores, la entidad que está vinculada a Rodolfo José Reyes Rojas, el empresario venezolano que entró en capital de la aerolínea en 2017 tras suscribir, a través de SNIP Aviación, una ampliación de 3,7 millones. La firma es la principal accionista con el 45% de capital, informa REPORTE DE LA ECONOMÍA.

Plus Ultra publicó que tenía un depósito con un saldo de 2.256.661 dólares en la entidad panameña cuyos apoderados (de la cuenta) son Julio Martínez Sola, Fernando González Enfedaque, Felix Javier Martín Jiménez y Santiago Fernández Lena.

Según la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, Panacorp Casa de Valores tiene actualmente Alcides José Carrión Romero, como presidente y a Javiela Matilde Cedeño Candanedo como gerente.

Alcides José Carrión Romero administra varias sociedades en Panamá donde figura Rodolfo Reyes Rojas, uno de los dueños venezolanos del 57% de Plus Ultra. Estos coinciden en las empresas Financiera Avanza o ABC Consultores.

En el consejo de Panacorp también figura María Aurora López López, la misma persona que acudió a la ampliación de capital que llevó a cabo Plus Ultra en 2018. Esta mujer, de nacionalidad española, invirtió en la aerolínea 2,9 millones de euros y se hizo con 474.332 acciones, cerca del 44% del total de los nuevos títulos que se pusieron en circulación.

María Aurora López López comparte, a su vez, otra sociedad con Reyes Rojas, denominada T.O.C. 6110, S.A.

Organización y operaciones Panacorp Casa de Valores, S. A. fue constituida conforme a las leyes de la República de Panamá el 29 de mayo de 2006 según escritura No.3820, e inscrita el 21 de junio de 2006, en el Registro Público de la República de Panamá. Su principal actividad consiste en la tramitación y negociación de valores, en la Superintendencia del Mercado de Valores, para personas naturales y jurídicas. Originalmente la sociedad se denominaba Madison Securities, S. A., realizó el cambio de nombre de sociedad en el Registro Público mediante Acta de reunión de Junta de Accionistas del 6 de febrero de 2009 y Escritura Pública No.2234 del 1 de abril de 2009 por medio del cual se protocolizó el cambio de nombre a Panacorp Casa de Valores, S. A. Su oficina principal se encuentra ubicada en el PH Oceanía Business Plaza, torre 1000, piso 22, oficina A-01, Punta Pacífica, Corregimiento de San Francisco, Distrito de Panamá, República de Panamá.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha financiado deuda estatal venezolana con su rescate de Plus Ultra. Precisamente, una de las tareas que debe afrontar ahora la agraciada línea aérea con los 53 millones de euros recibidos del Ejecutivo español es devolver el crédito de 6,4 millones recibido de la firma panameña ‘Panacorp Casa de Valores’.

Lo más significativo de la operación es que la empresa panameña compra y vende bonos de Venezuela y de su petrolera, PDVSA. Y este hecho le ha generado importantes pérdidas, que ahora hay que cubrir de forma inmediata.

La firma panameña ‘Panacorp Casa de Valores’ acumula bonos del Estado venezolano que nadie quiere comprar y otros tantos que debe recomprar.

Panacorp Casa de Valores, la empresa prestamista de Plus Ultra, sitúa los bonos de deuda estatal venezolana en el nivel D de riesgo, el penúltimo en confiabilidad inversora. Mientras que los bonos de PDVSA, la petrolera estatal venezolana que también maneja esta financiera, sólo están un peldaño por encima en fiabilidad, el C.

Todo indica que el dinero para compensar los devaluados bonos venezolanos, que tiene enterrados en su cartera de inversiones, y los que debe recomprar con pérdidas, los ha rescatado parcialmente la financiera Panacorp a través del rescate de la compañía aérea Plus Ultra con la ayuda gubernamental española, según elcierredigital.com.

La citada empresa asume que esta calificación de los activos venezolanos no es baladí. “El riesgo de crédito surge debido a que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero propiedad de la Compañía, no cumple completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer la Compañía de conformidad con los términos y condiciones pactadas en el momento en que la Compañía adquirió u originó el activo financiero respectivo”, señala la financiera. Así, en su cartera de riesgo el estado venezolano y PDVSA copan anualmente las peores posiciones dentro del balance de la financiera panameña.

«En los últimos años Panacorp era consciente de que sufría el riesgo de comerse los bonos venezolanos sin que le devolvieran su importe… Y temía un segundo peligro. Le tocaba a plazo fijo recomprar bonos venezolanos al precio real actual, no al vendido antaño», afirman fuentes de la investigación.

“Los valores vendidos sujetos a acuerdos de recompra (Repos en compra), son transacciones de financiamiento a corto plazo con garantía de valores en las que la Compañía tienen la obligación de recomprar los valores vendidos en una fecha futura y a un período determinado. La diferencia entre el precio de venta y el valor de compra futura se reconoce como gasto por intereses bajo el método de tasa de interés efectiva”, señalan los expertos consultados. La mayor parte de los bonos vendidos con cláusula de recompra son del estado venezolano.

En un escenario para la financiera panameña de constantes pérdidas en los últimos ejercicios, en torno a unos 400.000 euros anuales, sorprende que inyectara la cantidad de 6,4 millones de euros en una compañía en quiebra como Plus Ultra.

Las investigaciones llevan a diversas casualidades panameñas. Así, la sociedad Panam Capital Market, matriz de la empresa que ha financiado a la compañía Plus Ultra, tiene como suscriptores de acciones a José Eugenio Silva y Dianteh Isabel Ospino, que figuraban también en una empresa panameña de la hermana del exvicepresidente del PP, Rodrigo Rato, dinero que luego fue repatriado a España.

El fundador de Plus Ultra, Fernando Isidoro González Enfedaque, ya fue condenado por delito fiscal en 2020 y ahora, el 47 por ciento está en manos de empresarios venezolanos que poseen sociedades offshore en Panamá.

La concesión de 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra, ya recogida hace semanas por Elcierredigital.com, por parte del Gobierno español ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. El Partido Popular ha preguntado al Gobierno español por los vínculos de Plus Ultra con la aerolínea pública de Venezuela, Conviasa. Lo ha hecho mediante varias preguntas enviadas a la Mesa del Congreso por escrito. El Ejecutivo ha rescatado a Plus Ultra con fondos de la SEPI, para empresas estratégicas españolas. El problema es, según las estadísticas de Aena, que esta compañía aporta menos del 1% de las conexiones aéreas y en 2019 representó el 0,03% del total.

La concesión del rescate fue aprobada a propuesta de cuatro ministerios y por el Consejo de Ministros. Plus Ultra está controlada al 53 por ciento por españoles y el resto del 47 por ciento por empresarios venezolanos. La decisión se tomó después de tomar en consideración tres informes, dos de consultoras privadas y un tercero de AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que depende del ministerio de Transportes. Muchos han visto detrás de esta concesión la mano favorecedora del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y su influencia en Venezuela. El 47% de las acciones de Plus Ultra pertenecen a la sociedad Snip Aviation, presidida por el venezolano Rodolfo José Reyes Rojas.

El primer aliado que buscó Plus Ultra fue la compañía aérea estatal de Venezuela, Conviasa, conocida por ser la línea aérea de bandera de Venezuela y sus graves problemas derivados de la crisis económica que vivía el país. Conviasa dejó de pagar el alquiler de los aviones a Plus Ultra y la relación quedó formalmente rota. Aquel mismo año de 2015 se produjeron las renuncias de José L. Navio y Alberto Fernández Lopo al frente de la aerolínea española.

Antes de que acabase el 2015, el ministerio de Fomento le retiró el certificado de operador aéreo, la famosa AOC, por causas que el cierredigital.com no ha podido acreditar. En enero de 2016 volvían a recuperar el certificado, pero en marzo la empresa dejaba de pagar las nóminas. En el verano, la agencia mayorista Politours rompía el convenio con ellos y esos mismos días Plus Ultra disparaba el precio de sus billetes, sin aviso previo, poniendo contra las cuerdas a las agencias que habían adelantado ya esos billetes y no podían cancelarlos, un gasto que tuvieron que asumir de sus bolsillos las propias agencias.

Sin embargo, la desgracia de otros fue un golpe de suerte para Plus Ultra, pues Vueling se declaró en colapso y esto obligó a IAG, la matriz de Vueling, a contratar aparatos de otras compañías para dar servicio a toda su demanda, lo que vino en auxilio de Plus Ultra. Pero pasada la campaña de verano, Plus Ultra despedía en octubre a sus contratados temporales y obligaba a sus pilotos a tomar una excedencia voluntaria de dos meses. En 2017 Plus Ultra cancelaba su ruta regular entre Madrid y Santo Domingo perdiendo el único enlace con la República Dominicana.

A todo aquello se sumaban las quejas de los usuarios sobre el estado de los aparatos. La compañia low cost española operaba con Airbus A340 y se hablaba de motores viejos en un modelo que la inmensa mayoría de compañías aéreas estaban abandonando por su importante consumo de combustible (4 motores) y caro mantenimiento.

En septiembre de 2017 era nombrado presidente Fernando García Manso, que ejerce su cargo a través de su empresa FGM Geoanalisis System S.L., aunque Fernando Isidoro González Enfedaque continuaba en la compañía hasta el 25 de enero de 2021, según el Registro de Empresas. Ahora ya tiene 80 años y está retirado.

Aquel mismo año, en el Consejo de Administración, entraban la empresa Patrifin, Roberto Roselli, Alva Skies and Wings, El Arigie Harbie Raif y José Rodolfo Reyes Rojas, estos dos últimos venezolanos

Plus Ultra ha protagonizado numerosos escándalos a lo largo de su corta historia, uno de los últimos marzo de 2019 cuando dejó a una tripulación abandonada en Caracas, capital de Venezuela. Su flota actual se compone de tres aviones Airbus A340/300, aunque comenzaron a operar con cuatro aparatos. El resultado de 2020 arrojó pérdidas de 2.781.883 euros, aunque aseguraron en las cuentas presentadas en el Registro haber facturado 94 millones de euros en el mismo ejercicio.

El actual presidente es ingeniero de Telecomunicaciones y fue también socio director de Acker and Partners SL y administrador de Bell and Partners SL, director general de Recursos Humanos y director del Proyecto de Integración del Grupo Auna/France Telecom, antes fue director de Alstom Transporte en México y Country manager del mismo grupo. También ha trabajado como director de Unidad de Producción de Alcatel Standard Eléctrica durante 14 años.

Con el nuevo presidente al cargo de la empresa llegaron varios inversores venezolanos a la compañía, consiguiendo el 47 por ciento. De ellos, el más conocido es Rodolfo Reyes, consejero y accionista.

Fernando González Enfedaque y Julio Martínez Sola, conocidos en el sector aéreo por haber llevado a la quiebra a Air Madrid, eran accionistas de Plus Ultra a principios de 2020 a través de Fly Spain, SkySolution y Welcoming Internacional. En este punto, cabe señalar que FlySpain, de la que Enfedaque era administrador único y vocal, ha aumentado su participación en Plus Ultra por encima del 11% y ha pasado a manos de SNIP Aviation, la firma de los venezolanos vinculados a Nicolás Maduro Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie, y Roselli Mielle, tras realizar una ampliación de capital de 2,27 millones en febrero de 2020. Ese mismo mes, Fly Spain hizo una reducción de capital de unos 700.000 euros y González Enfedaque dejó de ser oficialmente administrador único para nombrar a Reyes Rojas. Así SNIP, a febrero de 2020 y según estos datos, tendría el 56% de Plus Ultra.

Además de los depósitos, Panacorp Casa de Valores ha concedido un préstamo participativo de 7,5 millones de dólares a Plus Ultra que fue fundamental para evitar que entrara en causa de disolución en el año 2019/2020, cuando cerró con un fondo de maniobra negativo de 5,7 millones, un patrimonio de 5,8 millones y unas pérdidas acumuladas de más de 10 millones de euros debido a que nunca ha ganado dinero. En este punto, y para financiar su crecimiento y renovación de flota (sumó dos A340-600 en alquiler que ya ha devuelto), Plus Ultra realizó una emisión de deuda de 10 millones de dólares a principios de 2019 que a finales de año amortizó entregando un avión A340-300 como dación en pago de la financiación.

La compañía, que perdió 2,8 millones de euros en un año récord para la aviación, ya arrastraba problemas de liquidez y en plena crisis no consiguió que la banca le diera un crédito avalado por el ICO por el alto riesgo de impago. Sin embargo, si que ha conseguido que acceder al fondo de solvencia de 10.000 millones que gestiona la Sepi y cuyo préstamo de 53 millones también tendrá que devolver en siete años. El acuerdo de financiación, que incluye la prórroga del crédito participativo panameño hasta 2028, habría sido respaldado por tres informes, según publica El País. Uno de Deloitte, otro de la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), que en 2019 sancionó a la compañía aérea, y tercero de Daiwa Corporate Advisory.

Frente a todo esto, pudiera decirse que una vez más Panamá da muestras de ser un paraíso fiscal y un destino para turbias operaciones financieras de venezolanos con vinculaciones políticas.

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Panamá

Los orígenes del caso que llevó a la liquidación del AllBank en Panamá

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El nuevo fraude bancario que golpea a Panamá tiene sus orígenes en octubre de 2011 cuando el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín estableció su propio banco en la nación centroamericana con el que completó una estructura financiera que hoy es señalada de fraudulenta.

Entidades del grupo rotaban el mismo dinero para respaldar las reservas y depósitos, burlando los sistemas de supervisión de cinco países, entre ellos el panameño.

En el 2019 estalló el escándalo por el nuevo fraude bancario, dando inicio a un proceso de liquidación forzada por insolvencia donde hay más de 182 millones en activos en riesgos, de los cuales 175 millones de dólares son depósitos de clientes o cuentahabientes.

En Panamá, Vargas Irausquín abrió operaciones bajo el nombre de AllBank y la casa de valores Plus Capital Market. Incluso el banco compró los derechos de un edificio para llamarlo Torre AllBank para dar prestigio a sus operaciones como los grandes jugadores de este mercado.

Todas las operaciones del grupo de Vargas Irausquin se coordinaban para jugar con las reservas, tal como se desprende de un reporte de intervención de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

El diario Panamá América explicó que parte de los activos líquidos que respaldaban la operación de Panamá estaban en el Banco Orinoco de Curazao, el primero en ser intervenido y declarado en quiebra.

La otra parte de la estructura del banquero venezolano estaba en Antigua & Barbuda con el Boi Bank, República Dominicana con el Banco América (bajo intervención) y el Banco Occidental de Descuento en Venezuela (también bajo intervención).

En Panamá, de los 175 millones de dólares, 100.7 millones de dólares son de particulares que tenían 38.1 millones de dólares en depósitos a la vista y 51.7 millones de dólares en plazos fijos.

El 9 de septiembre de 2019, la Superintendencia de Bancos de Panamá tomó el control operativo y administrativo del AllBank Corp., afirmando que la operación ponía en riesgo la seguridad de las acreencias confinadas por los clientes en el banco.

El principal riesgo que identificó la Superintendencia de Bancos era que la cuarta parte de los activos líquidos y los servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores de AllBank estaban el Banco Orinoco de Curazao, el cual estaba intervenido desde septiembre de 2019. Ya estaba claro el nuevo fraude bancario de Vargas.

La Superintendencia de Bancos de Panamá también encontró que el AllBank refleja una fuerte debilidad de la salud de la cartera de préstamos, lo que sumado a una frágil gestión de Gobierno Corporativo, establecen un modelo de gestión que se torna inviable.

El 8 de noviembre de 2019, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la liquidación forzosa de AllBank debido a que la situación financiera, operacional y de gobierno corporativo del banco no procedía reorganizarlo o intentar su venta a otro banco.

El liquidador designado para AllBank fue Rafael Moscarella Valladares quien en su informe de intervención había determinado la insostenibilidad del banco como un negocio en marcha.

Moscarella Valladares alegaba la incertidumbre sobre la disponibilidad de sus activos, abriendo una duda razonable sobre la solvencia y liquidez del banco.

Durante el proceso de corrección, «AllBank no logró proponer soluciones a corto plazo, sino reiteradas evasivas y plazos, y condiciones inviables que le permitirían seguir con su riesgoso actuar, incluyendo las evasivas de los bancos del Grupo».

Otro elemento que obligó a la Superintendencia a forzar esta liquidación, es que desde octubre de 2018 se presentaban reportes de recurrentes reclamaciones de ciertos clientes de AllBank.

Las denuncias eran por renovaciones de plazos fijos no autorizados, por restructuraciones de términos y condiciones de manera unilateral, por no concesión de financiamientos con garantías de depósitos del mismo banco, pero sobre todo por instrucciones no atendidas de clientes, sobre transferencias de fondos depositados en el banco.

«Este hecho sugiere una inadecuada gestión de liquidez por parte de AllBank», advirtió el liquidador.

También se identificaron órdenes de pago desatendidas por importes significativos lo cual constituye un grave indicio de iliquidez.

La liquidación del AllBank ahora conduce a importantes bienes de lujos que Vargas Irausquin posee, entre ellas una mansión en la reconocida zona de playa La Romana en República Dominicana, entre otras excentricidades que conducen a la realeza española, según Primer Informe.

Según Carlos Tablante, quien fuera ministro del expresidente Rafael Caldera, Vargas Irausquín es “el banquero rojo” que operó en la compra de la Cadena Capriles para ponerla al servicio del chavismo.

También lo responsabiliza de haber escondido la fortuna de Alejandro Andrade, ex guardaespaldas de Hugo Chávez, hoy preso en Estados Unidos.

Asimismo, estuvo involucrado en los llamados Bonos del Sur con los que Hugo Chávez financió el Gobierno de los Kirchner en Argentina.

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Panamá

Las evidencias halladas por la fiscalía panameña para pedir el llamamiento a juicio de 50 implicados en el caso Odebrecht

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La fiscalía anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio de 50 personas por presunto blanqueo de capitales relacionado con el caso Odebrecht en Panamá.

La fiscalía anticorrupción de Panamá argumenta su acusación a la entrega de sobornos por más de 100 millones de dólares por parte de la constructora brasileña para la concesión y pago de obras en el país centroamericano.

También pidió juicio para una persona jurídica o institución y el sobreseimiento para otras 29 personas, al remitir finalmente el voluminoso expediente de la investigación iniciada hace más de cuatro años a las instancias judiciales.

Según un comunicado del Ministerio Público en la investigación se pudo establecer que la caja no contabilizada de Odebrecht con su compleja estructura, usó la banca nacional e internacional en Panamá para transferir dinero ilícito a servidores públicos y sus familiares.

El dinero transferido que asciende a 100 millones de dólares, “impactaban directamente en la concesión y pago de obras que desarrollaba el conglomerado en nuestro país”, reza el comunicado publicado el lunes, según información de AP.

La fiscalía anticorrupción señaló que para ello los imputados utilizaron sociedades anónimas panameñas y extranjeras, testaferros o interpuestas personas, seguros, contratos ficticios y financiamiento de campañas políticas.

El comunicado del Ministerio Público no da nombres de los llamados a juicio, y algunos críticos exigieron que se revelaran las identidades de los imputados.

El Ministerio Público señaló que a lo largo de la investigación sobre el caso Odebrecht en Panamá se recuperó para el Estado 49,5 millones de dólares, de los cuales 37,8 millones corresponden a los adelantos efectuados por Odebrecht como parte de una multa acordada por 220 millones.

Agregó que otros 36,6 millones fueron aprehendidos y que incluyen bienes y dineros de los imputados.

Indicó que durante el curso de la investigación también se celebraron ocho acuerdos de colaboración eficaz y 11 acuerdos de pena con sentencia condenatoria.

Odebrecht admitió a finales de diciembre del 2016 haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África para acceder a más de un centenar de obras multimillonarias, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En el caso de Panamá, la gigante brasileña pagó sobornos por más de 100 millones incluido el periodo de 2009-2014 en que gobernó Ricardo Martinelli, según las investigaciones.

También habría realizado aportes a campañas electorales, como al partido del entonces candidato a vicepresidente Juan Carlos Varela en los comicios de 2009, por lo cual el exmandatario (2014-2019) está enfrentando actualmente un proceso.

Dos hijos del expresidente Martinelli fueron implicados en el caso Odebrecht, aunque ellos rechazan los señalamientos.

Odebrecht, que llegó al país durante el gobierno Martín Torrijos (2004-2009).

La empresa se convirtió en la mayor contratista del Estado y formó parte del consorcio que construyó las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, puestas en funcionamiento al final de la administración de Martinelli (2014) y de Varela (2019), respectivamente.

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Panamá

Cronista evoca la vida y obra del exdictador panameño Omar Torrijos

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David y Goliat en el canal de Panamá

Por Rafael Fraguas
El País

De los numerosos géneros del periodismo, el que más se aproxima a la literatura es, sin duda, el de la crónica. Así lo demuestra su base narrativa que, unida a su despliegue descriptivo, redondea con colores, olores y sabores aquello que secuencialmente relata, ceñida a una actualidad apremiante o pretérita, pero nunca distante. La mirada que la crónica proyecta sobre los hechos incorpora un dinamismo propio que, en manos de los maestros, genera una sensación de totalidad que traslada de un tirón a quien la lee hasta el origen mismo de los hechos tratados. Ningún otro género periodístico procura tal vitalidad.

El cronista es, en este caso, Zoilo Gutiérrez Martínez de la Vega, periodista asturiano cuya veteranía, adquirida en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, se cinceló durante cinco décadas también sobre tierras centroamericanas: allí fue destinado como redactor y delegado luego de la agencia española de noticias EFE, una de las diez grandes agencias informativas mundiales. Sobre el terreno, Zoilo Gutiérrez acuñó una experiencia irrepetible que, ahora, ofrece al lector en un libro de los que imprimen carácter: Las guerras del general Omar Torrijos, que lleva por subtítulo La reconquista del Canal de Panamá.

Dictador nacional-progresista panameño “convicto, confeso y converso”, como a sí mismo se reconocía, Torrijos descendía del general y político liberal español fusilado en 1831 en la playa de Málaga por la reacción absolutista de Fernando VII.E l futuro líder panameño había nacido en Santiago de Veraguas, agro de Panamá, en febrero de 1929, octavo de una familia con 12 hijos, compuesta por los maestros José María Torrijos y Joaquina Herrera. Infancia y adolescencia entre estrecheces, Omar, accede a una beca para la Guardia Nacional. Asciende velozmente. Casa con Raquel Pauzner, con la que tuvo dos hijos y una hija. La represión dirigida por él contra una manifestación estudiantil le deja una honda huella. Transformará la Guardia Nacional de represora en fuerza pacificadora. A finales de los años 60, ya como líder de su país, será mentor, autor y campeón de una de las mayores gestas políticas –con armas diplomáticas- de la historia contemporánea del hemisferio americano: la de recobrar para su país el canal transoceánico de Panamá, en manos estadounidenses desde 1904.

Puede leer el texto completo en El País

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