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Panamá

Los negocios de Panacorp Casa de Valores con bonos venezolanos y su intento por salvar de la quiebra a la aerolínea Plus Ultra

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La aerolínea Plus Ultra, que ha recibido un fondo de rescate del Gobierno español tras declararse en quiebra, tiene una estrecha relación con Panamá que va más allá de que sus principales accionistas posean una extensa red de empresas en el territorio que la Unión Europea incluye en su lista negra de países no cooperadores a efectos fiscales y que «fomentan prácticas fiscales abusivas», según El Economista.

Según publicó la compañía en sus últimas cuentas, a 31 de enero de 2020 tenía más de dos millones en depósitos en la entidad panameña Panacorp Casa de Valores, la entidad que está vinculada a Rodolfo José Reyes Rojas, el empresario venezolano que entró en capital de la aerolínea en 2017 tras suscribir, a través de SNIP Aviación, una ampliación de 3,7 millones. La firma es la principal accionista con el 45% de capital, informa REPORTE DE LA ECONOMÍA.

Plus Ultra publicó que tenía un depósito con un saldo de 2.256.661 dólares en la entidad panameña cuyos apoderados (de la cuenta) son Julio Martínez Sola, Fernando González Enfedaque, Felix Javier Martín Jiménez y Santiago Fernández Lena.

Según la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, Panacorp Casa de Valores tiene actualmente Alcides José Carrión Romero, como presidente y a Javiela Matilde Cedeño Candanedo como gerente.

Alcides José Carrión Romero administra varias sociedades en Panamá donde figura Rodolfo Reyes Rojas, uno de los dueños venezolanos del 57% de Plus Ultra. Estos coinciden en las empresas Financiera Avanza o ABC Consultores.

En el consejo de Panacorp también figura María Aurora López López, la misma persona que acudió a la ampliación de capital que llevó a cabo Plus Ultra en 2018. Esta mujer, de nacionalidad española, invirtió en la aerolínea 2,9 millones de euros y se hizo con 474.332 acciones, cerca del 44% del total de los nuevos títulos que se pusieron en circulación.

María Aurora López López comparte, a su vez, otra sociedad con Reyes Rojas, denominada T.O.C. 6110, S.A.

Organización y operaciones Panacorp Casa de Valores, S. A. fue constituida conforme a las leyes de la República de Panamá el 29 de mayo de 2006 según escritura No.3820, e inscrita el 21 de junio de 2006, en el Registro Público de la República de Panamá. Su principal actividad consiste en la tramitación y negociación de valores, en la Superintendencia del Mercado de Valores, para personas naturales y jurídicas. Originalmente la sociedad se denominaba Madison Securities, S. A., realizó el cambio de nombre de sociedad en el Registro Público mediante Acta de reunión de Junta de Accionistas del 6 de febrero de 2009 y Escritura Pública No.2234 del 1 de abril de 2009 por medio del cual se protocolizó el cambio de nombre a Panacorp Casa de Valores, S. A. Su oficina principal se encuentra ubicada en el PH Oceanía Business Plaza, torre 1000, piso 22, oficina A-01, Punta Pacífica, Corregimiento de San Francisco, Distrito de Panamá, República de Panamá.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha financiado deuda estatal venezolana con su rescate de Plus Ultra. Precisamente, una de las tareas que debe afrontar ahora la agraciada línea aérea con los 53 millones de euros recibidos del Ejecutivo español es devolver el crédito de 6,4 millones recibido de la firma panameña ‘Panacorp Casa de Valores’.

Lo más significativo de la operación es que la empresa panameña compra y vende bonos de Venezuela y de su petrolera, PDVSA. Y este hecho le ha generado importantes pérdidas, que ahora hay que cubrir de forma inmediata.

La firma panameña ‘Panacorp Casa de Valores’ acumula bonos del Estado venezolano que nadie quiere comprar y otros tantos que debe recomprar.

Panacorp Casa de Valores, la empresa prestamista de Plus Ultra, sitúa los bonos de deuda estatal venezolana en el nivel D de riesgo, el penúltimo en confiabilidad inversora. Mientras que los bonos de PDVSA, la petrolera estatal venezolana que también maneja esta financiera, sólo están un peldaño por encima en fiabilidad, el C.

Todo indica que el dinero para compensar los devaluados bonos venezolanos, que tiene enterrados en su cartera de inversiones, y los que debe recomprar con pérdidas, los ha rescatado parcialmente la financiera Panacorp a través del rescate de la compañía aérea Plus Ultra con la ayuda gubernamental española, según elcierredigital.com.

La citada empresa asume que esta calificación de los activos venezolanos no es baladí. “El riesgo de crédito surge debido a que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero propiedad de la Compañía, no cumple completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer la Compañía de conformidad con los términos y condiciones pactadas en el momento en que la Compañía adquirió u originó el activo financiero respectivo”, señala la financiera. Así, en su cartera de riesgo el estado venezolano y PDVSA copan anualmente las peores posiciones dentro del balance de la financiera panameña.

«En los últimos años Panacorp era consciente de que sufría el riesgo de comerse los bonos venezolanos sin que le devolvieran su importe… Y temía un segundo peligro. Le tocaba a plazo fijo recomprar bonos venezolanos al precio real actual, no al vendido antaño», afirman fuentes de la investigación.

“Los valores vendidos sujetos a acuerdos de recompra (Repos en compra), son transacciones de financiamiento a corto plazo con garantía de valores en las que la Compañía tienen la obligación de recomprar los valores vendidos en una fecha futura y a un período determinado. La diferencia entre el precio de venta y el valor de compra futura se reconoce como gasto por intereses bajo el método de tasa de interés efectiva”, señalan los expertos consultados. La mayor parte de los bonos vendidos con cláusula de recompra son del estado venezolano.

En un escenario para la financiera panameña de constantes pérdidas en los últimos ejercicios, en torno a unos 400.000 euros anuales, sorprende que inyectara la cantidad de 6,4 millones de euros en una compañía en quiebra como Plus Ultra.

Las investigaciones llevan a diversas casualidades panameñas. Así, la sociedad Panam Capital Market, matriz de la empresa que ha financiado a la compañía Plus Ultra, tiene como suscriptores de acciones a José Eugenio Silva y Dianteh Isabel Ospino, que figuraban también en una empresa panameña de la hermana del exvicepresidente del PP, Rodrigo Rato, dinero que luego fue repatriado a España.

El fundador de Plus Ultra, Fernando Isidoro González Enfedaque, ya fue condenado por delito fiscal en 2020 y ahora, el 47 por ciento está en manos de empresarios venezolanos que poseen sociedades offshore en Panamá.

La concesión de 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra, ya recogida hace semanas por Elcierredigital.com, por parte del Gobierno español ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. El Partido Popular ha preguntado al Gobierno español por los vínculos de Plus Ultra con la aerolínea pública de Venezuela, Conviasa. Lo ha hecho mediante varias preguntas enviadas a la Mesa del Congreso por escrito. El Ejecutivo ha rescatado a Plus Ultra con fondos de la SEPI, para empresas estratégicas españolas. El problema es, según las estadísticas de Aena, que esta compañía aporta menos del 1% de las conexiones aéreas y en 2019 representó el 0,03% del total.

La concesión del rescate fue aprobada a propuesta de cuatro ministerios y por el Consejo de Ministros. Plus Ultra está controlada al 53 por ciento por españoles y el resto del 47 por ciento por empresarios venezolanos. La decisión se tomó después de tomar en consideración tres informes, dos de consultoras privadas y un tercero de AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que depende del ministerio de Transportes. Muchos han visto detrás de esta concesión la mano favorecedora del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y su influencia en Venezuela. El 47% de las acciones de Plus Ultra pertenecen a la sociedad Snip Aviation, presidida por el venezolano Rodolfo José Reyes Rojas.

El primer aliado que buscó Plus Ultra fue la compañía aérea estatal de Venezuela, Conviasa, conocida por ser la línea aérea de bandera de Venezuela y sus graves problemas derivados de la crisis económica que vivía el país. Conviasa dejó de pagar el alquiler de los aviones a Plus Ultra y la relación quedó formalmente rota. Aquel mismo año de 2015 se produjeron las renuncias de José L. Navio y Alberto Fernández Lopo al frente de la aerolínea española.

Antes de que acabase el 2015, el ministerio de Fomento le retiró el certificado de operador aéreo, la famosa AOC, por causas que el cierredigital.com no ha podido acreditar. En enero de 2016 volvían a recuperar el certificado, pero en marzo la empresa dejaba de pagar las nóminas. En el verano, la agencia mayorista Politours rompía el convenio con ellos y esos mismos días Plus Ultra disparaba el precio de sus billetes, sin aviso previo, poniendo contra las cuerdas a las agencias que habían adelantado ya esos billetes y no podían cancelarlos, un gasto que tuvieron que asumir de sus bolsillos las propias agencias.

Sin embargo, la desgracia de otros fue un golpe de suerte para Plus Ultra, pues Vueling se declaró en colapso y esto obligó a IAG, la matriz de Vueling, a contratar aparatos de otras compañías para dar servicio a toda su demanda, lo que vino en auxilio de Plus Ultra. Pero pasada la campaña de verano, Plus Ultra despedía en octubre a sus contratados temporales y obligaba a sus pilotos a tomar una excedencia voluntaria de dos meses. En 2017 Plus Ultra cancelaba su ruta regular entre Madrid y Santo Domingo perdiendo el único enlace con la República Dominicana.

A todo aquello se sumaban las quejas de los usuarios sobre el estado de los aparatos. La compañia low cost española operaba con Airbus A340 y se hablaba de motores viejos en un modelo que la inmensa mayoría de compañías aéreas estaban abandonando por su importante consumo de combustible (4 motores) y caro mantenimiento.

En septiembre de 2017 era nombrado presidente Fernando García Manso, que ejerce su cargo a través de su empresa FGM Geoanalisis System S.L., aunque Fernando Isidoro González Enfedaque continuaba en la compañía hasta el 25 de enero de 2021, según el Registro de Empresas. Ahora ya tiene 80 años y está retirado.

Aquel mismo año, en el Consejo de Administración, entraban la empresa Patrifin, Roberto Roselli, Alva Skies and Wings, El Arigie Harbie Raif y José Rodolfo Reyes Rojas, estos dos últimos venezolanos

Plus Ultra ha protagonizado numerosos escándalos a lo largo de su corta historia, uno de los últimos marzo de 2019 cuando dejó a una tripulación abandonada en Caracas, capital de Venezuela. Su flota actual se compone de tres aviones Airbus A340/300, aunque comenzaron a operar con cuatro aparatos. El resultado de 2020 arrojó pérdidas de 2.781.883 euros, aunque aseguraron en las cuentas presentadas en el Registro haber facturado 94 millones de euros en el mismo ejercicio.

El actual presidente es ingeniero de Telecomunicaciones y fue también socio director de Acker and Partners SL y administrador de Bell and Partners SL, director general de Recursos Humanos y director del Proyecto de Integración del Grupo Auna/France Telecom, antes fue director de Alstom Transporte en México y Country manager del mismo grupo. También ha trabajado como director de Unidad de Producción de Alcatel Standard Eléctrica durante 14 años.

Con el nuevo presidente al cargo de la empresa llegaron varios inversores venezolanos a la compañía, consiguiendo el 47 por ciento. De ellos, el más conocido es Rodolfo Reyes, consejero y accionista.

Fernando González Enfedaque y Julio Martínez Sola, conocidos en el sector aéreo por haber llevado a la quiebra a Air Madrid, eran accionistas de Plus Ultra a principios de 2020 a través de Fly Spain, SkySolution y Welcoming Internacional. En este punto, cabe señalar que FlySpain, de la que Enfedaque era administrador único y vocal, ha aumentado su participación en Plus Ultra por encima del 11% y ha pasado a manos de SNIP Aviation, la firma de los venezolanos vinculados a Nicolás Maduro Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie, y Roselli Mielle, tras realizar una ampliación de capital de 2,27 millones en febrero de 2020. Ese mismo mes, Fly Spain hizo una reducción de capital de unos 700.000 euros y González Enfedaque dejó de ser oficialmente administrador único para nombrar a Reyes Rojas. Así SNIP, a febrero de 2020 y según estos datos, tendría el 56% de Plus Ultra.

Además de los depósitos, Panacorp Casa de Valores ha concedido un préstamo participativo de 7,5 millones de dólares a Plus Ultra que fue fundamental para evitar que entrara en causa de disolución en el año 2019/2020, cuando cerró con un fondo de maniobra negativo de 5,7 millones, un patrimonio de 5,8 millones y unas pérdidas acumuladas de más de 10 millones de euros debido a que nunca ha ganado dinero. En este punto, y para financiar su crecimiento y renovación de flota (sumó dos A340-600 en alquiler que ya ha devuelto), Plus Ultra realizó una emisión de deuda de 10 millones de dólares a principios de 2019 que a finales de año amortizó entregando un avión A340-300 como dación en pago de la financiación.

La compañía, que perdió 2,8 millones de euros en un año récord para la aviación, ya arrastraba problemas de liquidez y en plena crisis no consiguió que la banca le diera un crédito avalado por el ICO por el alto riesgo de impago. Sin embargo, si que ha conseguido que acceder al fondo de solvencia de 10.000 millones que gestiona la Sepi y cuyo préstamo de 53 millones también tendrá que devolver en siete años. El acuerdo de financiación, que incluye la prórroga del crédito participativo panameño hasta 2028, habría sido respaldado por tres informes, según publica El País. Uno de Deloitte, otro de la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), que en 2019 sancionó a la compañía aérea, y tercero de Daiwa Corporate Advisory.

Frente a todo esto, pudiera decirse que una vez más Panamá da muestras de ser un paraíso fiscal y un destino para turbias operaciones financieras de venezolanos con vinculaciones políticas.

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Panamá

Zulay Rodríguez: “FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra…»

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, sobre el acuerdo con la constructora española FCC, expresando que le «enoja que piensen que nosotros somos bobos o que seguimos viviendo en la era de la Patria tonta».

«Yo no sé quién es el inteligente o qué tipo de consejeros hay que dijeron: está bien FCC, devuélvenos $1.2 millones y ya queda tu contrato rescindido, no te cobramos póliza”, señaló la diputada.

“FCC cedió el contrato de construcción de una millonaria obra hospitalaria, que primero se le adjudicó por $587.5 millones después agregó adendas y los costos subieron a $769.54 millones, había una póliza para establecer que se tenía que pagar dicha póliza en caso de incumplimientos de FCC de $33.9 millones más otra póliza de $140 millones de dólares”, explicó, según Crítica.

Rodríguez sostuvo que FCC se llevó más de $800 millones más las pólizas de garantías y no ha pasado nada, y recordó que el proyecto de la diputada Mayín Correa que castiga a funcionarios que dejen perder y abandonar obras a, fue vetado.

Dijo que por eso es que el expresidente Varela en Radio Panamá dijo que a él nadie lo investiga, porque según él todo lo ha hecho bien, al igual que sus ministros.

Aquí parece que hay pactos…¿acaso hizo pacto con Javier Caraballo? Yo no quiero pensar que aquí hay pacto con Varela, yo no quiero pensar que aquí se ríen de la corrupción y no se investiga cayendo en la impunidad que todos conocemos.

“FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra, cedió la Ciudad Hospitalaria y encima nos devuelve la miserables de $1.2 millones que era la plata del pueblo panameño, por eso que no hay dinero en el país, porque la plata se la llevan para afuera, o se la roba y aquí no ha pasado nada”, reiteró la diputada perredista.

 

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Panamá

Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

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La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez: El ministro de turismo de Panamá es un completo ausente en la reactivación económica

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró el llamado a ponerle fecha a la citación del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen para que responda un cuestionario de 30 preguntas sobre incentivos al turismo y Copa.

El pleno de la Asamblea Nacional ya aprobó la citación de Eskildsen, el 13 de abril de 2021, informó Yorlenne Morales en el diario Crítica.

La diputada sostuvo que el ministro de Turismo ha sido una persona completamente ausente en las políticas estatales que tienen que ver con la pandemia y la reactivación económica.

Como consecuencia, señaló la diputada, sectores como los hoteles, restaurantes, centros comerciales, y establecimientos han dejado de operar y hoy los empresarios están en la quiebra, que han cerrado sus negocios, porque no tienen acceso ni a créditos blandos, mientras los banqueros y los de las financieras han tenido acceso a $2 mil millones de dólares.

“Personas como los locutores, Djs, meseros, personal de hoteles, discotecas, taxistas, artesanos, vendedores al comercio, al por menor, y demás panameños que llevan el pan a su casa, hoy en día no tiene empleo, porque el ministro de Turismo ha sido una persona que ha sido un fracasado, ciego, sordo y mudo y solo le importa los grandes acuerdos que le brindan beneficios a los poderes económicos y a sus allegados”, expresó la diputada Zulay.

 

El administrador de Turismo, deberá responder preguntas como:

¿Cuánto paga Copa en dinero al Estado panameño por el uso exclusivo del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

¿Hay realmente libre competencia y concurrencia entre líneas aéreas nacionales o internacionales en el Aeropuerto de Tocumen?

Si hay estadísticas para saber cuánto ha dejado de percibir el Estado por todos los beneficios fiscales otorgados por la Ley 80 del 8 de diciembre del 2012, entre otras.

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