En un giro dramático que podría ser el principio del fin de una saga judicial, las cortes panameñas se adentran en el laberinto de engaños urdidos por los hermanos José y Chamel Gaspard Morell. Tras un extenuante periodo cercano a los cuatro años de batallas legales que comprendieron querellas y acciones civiles, penales y administrativas, las víctimas pueden vislumbrar un halo de esperanza.

Los tentáculos del fraude

Los Gaspard, en un acto de complicidad con abogados de Venezuela, España y Panamá -ahora bajo la lupa de la justicia-, orquestaron un fraude millonario en Estados Unidos. Los capitales obtenidos ilícitamente por los Gaspard Morell, provenientes de familiares y terceros inversores engañados, encontraron refugio en Panamá. Instituciones financieras locales, fideicomisos y proyectos como el Mall Las Anclas, que ostentaba una fachada de legalidad, están ahora en el punto de mira de las autoridades.

El Gobierno de Venezuela ha intensificado las acciones, con dos mandatos de detención y extradición en contra de los hermanos Gaspard. No obstante, la República de Panamá se ha convertido en el escenario principal de la contienda judicial. El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá ha marcado un precedente al conceder, por unanimidad, un Amparo de Garantías Constitucionales. Esta decisión desmonta resoluciones previas que podrían estar viciadas y abre la puerta a que se asignen nuevos fiscales para revisar las imputaciones, marcando el camino hacia la fase judicial en contra de los Gaspard y algunos de sus empleados domésticos, quienes también resultaron ser víctimas de la manipulación.

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Intervención de las víctimas en busca de justicia

En un acto que podría describirse como un teatro de lo absurdo, los Gaspard enfrentaron demandas entre sí en lo que se ha revelado como juicios simulados. El objetivo de estas representaciones judiciales no era otro que apoderarse de los fondos entregados para la compra de locales en el Mall Las Anclas, utilizando a empleados y abogados cómplices, quienes ahora enfrentan cargos. En respuesta a estos actos, el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá ha emitido una decisión que refuerza los derechos de las víctimas, permitiéndoles intervenir en estos procesos.

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La mayoría de las víctimas, que sorprendentemente pertenecen al círculo familiar de los Gaspard, han alzado su voz ante las fiscalías panameñas, exponiendo las maniobras ilícitas de estos empresarios en distintas jurisdicciones.

Hermanos Gaspard Morell emprenden campañas de difamación

En un intento por silenciar y desacreditar a quienes osan enfrentarlos, los Gaspard han lanzado campañas de difamación moral y comercial en redes sociales como Instagram, Twitter y diversos blogs. Estas acciones de desprestigio buscan disuadir a los afectados de continuar su lucha por la justicia en Estados Unidos, Venezuela, España y Panamá.

Chamel y José Gaspard Morel

El cinismo de los hermanos Gaspard no conoce límites. No contentos con haber engañado a sus propios familiares y a terceros de buena fe, ahora recurren a la infamia, intentando minar la dignidad y el ánimo de aquellos que buscan reparación por los daños sufridos.

Tribunal concede amparo constitucional a inversor en caso contra José Gaspard

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá concedió un amparo de derechos constitucionales presentado por un inversor contra una orden de no hacer dictada por la jueza Eyvis Jaén durante una audiencia celebrada el 15 de noviembre de 2023.

La orden impugnada negó el reenvío de una carpeta penal al Ministerio Público después de que el inversor, en calidad de querellante, se opusiera a la solicitud de sobreseimiento presentada por el Ministerio Público en la causa contra José Gaspard y otras personas.

José Gaspard

En su demanda de amparo, el inversor argumentó que la negativa a reenviar la carpeta penal violaba su derecho al debido proceso establecido en el artículo 32 de la Constitución panameña. Sostuvo que el artículo 354 del Código Procesal Penal ordena al juez remitir nuevamente las actuaciones al Ministerio Público cuando la víctima o querellante se opone al sobreseimiento, por lo que la jueza no podía negarse.

El demandante alegó que el reenvío es una extensión de los derechos de protección judicial y tutela judicial efectiva de la víctima. Citó jurisprudencia que indica que la norma es un mandato imperativo que debe cumplir el juez de garantías.

En su sentencia, el Tribunal de Amparo confirmó, mediante material de audio de la audiencia, que la jueza Jaén efectivamente se había negado a reenviar la carpeta penal pese a los argumentos del inversor.

El Tribunal señaló que esta negativa infringió el artículo 354 del Código Procesal Penal, que ordena remitir las actuaciones a otro agente fiscal cuando la víctima o querellante se opone al sobreseimiento. Destacó que el reenvío es un derecho de la víctima y que la jueza ignoró su rol de garantizar los derechos constitucionales y legales durante el proceso.

Por tanto, el Tribunal Constitucional concedió el amparo solicitado por el inversor y revocó la decisión de la jueza Eyvis Jaén de negar el reenvío al Ministerio Público. Ordenó a la juzgadora proceder a remitir nuevamente las actuaciones para que otro agente fiscal revise el caso.

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Fraude en compraventa de inmueble en Panamá

Entre otros casos contra los hermanos, la compraventa de un inmueble en la Ciudad de Panamá ha derivado en una batalla legal que involucra a inversores, quienes han acusado de fraude a los venezolanos José y Chamel Gaspard Morell.

Según consta en un documento judicial, todo comenzó cuando la empresa Sidney Enterprises Ltd. demandó a Industrias y Comercializadora HG Insoven 20-46 CA por incumplimiento de un contrato de promesa de compraventa de un inmueble ubicado en la propiedad 30253412 con código 8602.

El contrato fue firmado el 20 de abril de 2018 entre Sidney Enterprises como vendedora e Insoven como compradora, representada por un inversor, quien actuó como director de dicha empresa.

Posteriormente, el 12 de octubre de 2018 se firmó una adenda al contrato original. Sin embargo, según el registro público, la propiedad en cuestión pertenecía a otras empresas: Summa Export Inc, Taboga Investment Foundation, Ocean Panamerican Trading Corp. y Suma Import Inc.

Ante la demanda judicial, Insoven contestó allanándose a las pretensiones de la parte actora. Más adelante, ambas partes acordaron una transacción extrajudicial para poner fin al litigio.

No obstante, el inversor solicitó intervenir en el proceso como tercero, alegando que había realizado pagos por casi 10 millones de dólares a los hermanos José y Chamel Gaspard Morell, propietarios de Suma Import Inc. y Mega Store Premium Market Inc., supuestamente para adquirir la propiedad en cuestión.

El inversor alega que los hermanos Gaspard Morell se confabularon para despojarlo del dinero mediante acciones fraudulentas. Solicitó se declare la inexistencia de la obligación y falsedad del contrato de promesa de compraventa.

En primera instancia se rechazó su solicitud de intervención como tercero, pero el Tribunal Superior revocó dicha decisión y admitió su participación en el proceso.

Acciones judiciales en Panamá contra fraude de los hermanos Gaspard by Presents 360 on Scribd

La implicación en el fraude ha llevado a la imputación en Venezuela de José y Chamel Gaspard Morell, José Nolberto Tomás, Manuel del Jesús Carrión y el abogado José Manuel Olleros Castro. La forma en que los hermanos Gaspard Morell operaban consistía en convencer a los inversionistas de que las empresas que les vendían tenían opciones de compra sobre ciertas áreas del centro comercial Las Anclas Mall, ubicado en el distrito de La Chorrera, Panamá. Sin embargo, tanto Industrias JG Induven 12-72, C.A. como Industria y Comercializadora HG Insoven 20-22 C.A. no tenían los derechos mencionados y no se llevó a cabo ninguna transferencia de acciones.

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