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Panamá

Los detalles de la acusación en Estados Unidos por lavado de dinero contra los hijos del expresidente Ricardo Martinelli

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Las declaraciones juradas prestadas por la fiscal del caso y un agente del FBI que participó en la investigación, revelan cómo fue la participación de los hermanos Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en esquema de corrupción implementado por la empresa brasileña Odebrecht.

La investigación determinó que los Martinelli Linares sirvieron de intermediarios para la el envió y recepción de USD 28 millones en sobornos que Odebrecht hizo en beneficio de quien en la investigación figura como “Funcionario de Gobierno de Panamá”.

Los hermanos Martinelli fueron arrestados en Guatemala y aguardan ser extraditados a los Estados Unidos para ser procesados por la justicia, informa Maibort Petit en www.maibortpetit.info.

Las bases legales de la acusación

El 27 de julio de 2020, la fiscal Federal Auxiliar en el Distrito Este de Nueva York, Julia Nestor, emitió una declaración jurada ante la corte de dicha jurisdicción relacionada con el caso Número 20-M- 498, Estados Unidos contra Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares.

A los señalados se les acusa de delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de sobornos a funcionarios públicos de Panamá pagados por la empresa brasileña Odebrecht a cambio de la adjudicación de contratos.

La fiscal Nestor participó en la investigación que la brigada de corrupción internacional del FBI en Nueva York, la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal y la fiscalía llevaron a cabo sobre la citada empresa, la cual implementó un esquema de soborno masivo que involucró a los acusados, imputados por delitos de lavado de dinero.

En el caso específico de Luis Enrique Martinelli Linares, la fiscal Nestor refiere que el 27 de junio de 2020, un magistrado del Tribunal del Distrito Este de Nueva York firmó y presentó la denuncia en su contra. Por ello fue librada una orden de arresto. La demanda enmendada fue firmada el 20 de julio de 2020 por un magistrado de la referida instancia judicial neoyorquina acusándolo de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero , en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957; lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 2; y lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.

En tal sentido, Julia Nestor refiere en su declaración jurada que a la fiscalía le corresponderá probar que Luis Enrique Martinelli Linares celebró un acuerdo con una o más personas para cometer lavado de activos por un valor superior a USD 10.000, que involucran el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá.

Tendrá que comprobar la fiscalía que Luis Enrique Martinelli Linares, consciente y voluntariamente, se convirtió en miembro de tal conspiración.

Apuntó la fiscal que la pena máxima de prisión por este delito es de 20 años.

Sobre el delito de encubrimiento de lavado de dinero se deberá establecer que el acusado realizó o intentó realizar una transacción financiera que involucra bienes que constituyen el producto de un delito de soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la república de Panamá; que sabía que la propiedad involucrada en la transacción financiera era producto de alguna forma de actividad ilícita; y que igualmente conocía que la transacción fue diseñada en todo o en parte para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad del control del producto de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá. La pena máxima de prisión por este delito es de 20 años.

Respecto a los dos delitos de gastos de lavado de dinero, la fiscalía de probar que Martinelli Linares participó o intentó participar a sabiendas en una transacción monetaria; que conocía la transacción de bienes de origen criminal; que la propiedad tenía un valor superior a USD 10.000; que la propiedad, de hecho, se derivó de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; y que la transacción ocurrió en Estados Unidos. La pena máxima de prisión es de 10 años.

Julia Nestor indica que con relación a los dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero y los dos delitos de lavado de dinero de gastos al ayudar e incitar a los delitos, que quien manda, procura, ayuda o causa la comisión de un crimen será responsable y castigado de la misma manera que el principal o la persona que realmente llevó a cabo la tarea. Es decir, la culpabilidad de un acusado se demuestra incluso si no realizó personalmente todos los actos relacionados con la comisión del delito imputado.

Apunta que de acuerdo título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 3282, es necesario que la acusación se formule formalmente dentro de los cinco años posteriores a la fecha en que se cometieron los delitos, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario. En el caso de la conspiración para cometer lavado de activos contra Martinelli Linares que se presentó el 27 de junio de 2020, la fiscal advierte que aun cuando los hechos se cometieron entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, los demás delitos de lavado de activos imputados ocurrieron el 11 de febrero, el 10 de noviembre y 12 de diciembre de 2013, así como el 26 de agosto de 2015; la acusación contra Luis Enrique Martinelli Linares se formuló dentro del plazo de prescripción especificado, teniendo en cuenta el período de suspensión de la prescripción relativa a la solicitud oficial de prueba.

Nestor informa que probará la culpabilidad del imputado con varios tipos de evidencia, incluyendo información obtenida de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de corporaciones, correos electrónicos, entre otras pruebas.

Los hechos

La policía estableció que entre 2001 y 2016, Odebrecht a través de algunos empleados, agentes y otros co-conspiradores, desarrolló un esquema de soborno masivo mediante el cual pagaron de manera corrupta USD 700 millones a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, candidatos políticos extranjeros, con el objetivo de obtener y retener negocios en varios países del mundo, entre ellos Panamá.

La constructora brasileña ocultó la naturaleza, el origen, la propiedad de los ingresos canalizándolos a cuentas bancarias de empresas fantasmas en el extranjero de los beneficiarios finales de los sobornos.

La investigación identificó a Luis Enrique Martinelli Linares como un intermediario que aceptó y blanqueó los fondos irregulares en nombre del “Funcionario del Gobierno de Panamá” desde 2009 hasta 2014. Dicho funcionario era una familiar cercano de Luis Enrique Martinelli Linares.

Entre agosto de 2009 y julio de 2014, Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros, participaron en el esquema, actuando como intermediarios de los pagos corruptos que Odebrecht ofreció y entregó al “Funcionario de Gobierno de Panamá”. Ambos establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasma offshore para recibir y disfrazar los pagos.

Desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, los hermanos Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras, las cuales sirvieron para recibir, transferir y entregar los pagos de sobornos que Odebrecht hizo en beneficio del “Funcionario de Gobierno de Panamá”.

La declaración de Michael Lewandowski

En la misma fecha, 27 de julio de 2020, Michael Lewandowski, agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI), también emitió ante el tribunal una declaración jurada que resume la investigación de la conducta delictiva de Luis Enrique Martinelli Linares.

Precisó que en el transcurso de la investigación se reunió personalmente con Luis Enrique Martinelli Linares en varias ocasiones.

Recuerda que Odebrecht se declaró culpable el 21 de diciembre de 2016, admitiendo que entre 2001 y 2016, a través de algunos de sus empleados y agentes, participaron en un esquema de soborno masivo en el cual los co-conspiradores acordaron con otros pagar de manera corrupta más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios públicos, partidos políticos, funcionarios de partidos políticos y candidatos políticos para obtener y retener negocios en varios países del mundo, entre ellos Panamá.

Estos pagos se realizaron a través de cuentas bancarias de compañías fantasma en el extranjero de los beneficiarios finales del esquema de soborno. Algunas de estas cuentas estaban domiciliadas en Nueva York. Los fondos se transfirieron luego a través de múltiples cuentas bancarias de compañías fantasma en todo el mundo, antes de llegar a los destinatarios finales del soborno.

El agente Lewandowski refiere que los registros y la información proporcionada por Odebrecht a lo largo de la investigación, muestran que esta empresa utilizó un agente en los Estados Unidos para comprar sociedades fantasmas offshore que sirvieran para enviar y recibir documentos que facilitaran el establecimiento de cuentas bancarias offshore a nombre de dichas sociedades fantasma offshore de Odebrecht. El agente también recibió y envió documentos que contenían información falsa y fraudulenta, para hacer que las transacciones financieras se realizaran desde cuentas bancarias de compañías fantasma en el extranjero.

Sostuvo que entre agosto de 2009 y julio de 2014, Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, participaron en el esquema de soborno de Odebrecht, en el cual fungieron como intermediarios de pagos corruptos y la provisión de otras cosas de valor que Odebrecht ofreció y entregó a “Funcionario de Gobierno de Panamá”. Los registros financieros obtenidos durante el curso de la investigación revelaron que los acusados establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasmas offshore para recibir y disfrazar los pagos de sobornos de Odebrecht realizados en beneficio del citado “funcionario de Gobierno de Panamá”.

Michael Lewandowski dijo que las pruebas obtenidas a través de la investigación, incluidos correos electrónicos, registros bancarios y otros registros financieros, muestran que desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, los hermanos Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas ficticias en jurisdicciones extranjeras, las cuales utilizaron para recibir, transferir y entregar sobornos que Odebrecht hizo en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”.

Igualmente, correos electrónicos, registros bancarios y otros registros financieros revelaron que entre 2009 y 2012, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, abrieron una cuenta bancaria en Suiza con el propósito de recibir, transferir y entregar los sobornos de Odebrecht en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”.

Las cuentas de Sociedades Offshore se constituyeron para promover, asistir, facilitar, encubrir y servir como intermediarios para el pago de sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá, a cambio de obtener una ventaja comercial indebida y ganar contratos en Panamá.

El agente del FBI dijo que entre 2009 y 2012, las Cuentas de Sociedades Offshore recibieron USD 28 millones en sobornos de Odebrecht en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”. Agregó que al menos, USD 19 millones de los ingresos de esos sobornos se transfirieron a través de cuentas bancarias corresponsales de EE. UU., incluidos los bancos en Nueva York.

Como ejemplo de estas operaciones irregulares, Lewandowski refiere que el 27 de julio de 2010, se transfirieron USD 350.000 desde una cuenta bancaria de una empresa fantasma offshore controlada por Odebrecht y ubicada en Portugal, a una de las cuentas de sociedades offshore controladas por Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, a través de una cuenta en un banco de Nueva York.

Los hermanos Martinelli Linares luego realizaron numerosas transacciones financieras adicionales a través de bancos estadounidenses que involucraron el producto de los pagos de sobornos de Odebrecht.

Los registros financieros muestran que el 11 de febrero de 2013, Luis Enrique Martinelli Linares transfirió USD 346.500 desde una de las cuentas de Sociedad Offshore, a través de una cuenta en un banco en Nueva York, Nueva York, a otra cuenta en el Estados Unidos. Este dinero se utilizó para la compra de un yate, según registros obtenidos de un corredor de yates en Nueva York.

También el 12 de noviembre de 2013, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares transfirieron USD 899.978,32 de una de las cuentas de la Compañía Offshore a otra de las cuentas de la Compañía Offshore a través de cuentas en un banco en Nueva York.

Los registros financieros muestran que el 10 de diciembre de 2013, los acusados transfirieron USD 30.887,21 de una de las cuentas de la Compañía Offshore a otra de las cuentas de la Compañía Offshore a través de cuentas en un banco en Nueva York.

El 26 de agosto de 2016, Luis Enrique Martinelli Linares transfirió USD 570.000 desde una de las cuentas de la Compañía Offshore a través de una cuenta en un banco en Nueva York a otra cuenta en el Estados Unidos. Se trató de un pago parcial por la compra de un condominio en Miami por parte de la corporación de Florida a su nombre.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Los “capos” del turismo en Panamá favorecidos con el proyecto de ley de incentivos a la actividad turística sancionado por el presidente Laurentino Cortizo

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Presidente sanciona Ley de incentivos a inversión turística

De poco sirvió que se revelaran los nombres detrás de las empresas que se verán beneficiadas.

 

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. y Fideicomiso de Fomento Turístico, vinculadas a

Alfonso Naranjo

$14 millones.

Cuñado de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo. Naranjo figura en 2 de las empresas que serán beneficiadas, y es director de Chagres Capital, una firma de asesoría financiera especializada en inversiones inmobiliarias y finanzas corporativas.

 

Inmobiliaria Palma Bonita, propiedad de

José Manuel Bern

$155 millones

Los Bern son asiduos donantes del PRD y dueños de unos 9 hoteles, además de cientos de proyectos inmobiliarios en Panamá. José Manuel Bern es actualmente investigado por venta ilegal de electricidad a inquilinos de Casa Bonita. Su abogado en este caso es Armando Fuentes, director de la ASEP.

 

DB Hotel & Residence y Ocean Hills Pearl Island

Guillermo Saint Malo Eleta

$258 millones

Miembro del Frente Empresarial del PRD y ex jefe de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo, en Grupo Eleta. Hijo de Baty “Agua del Río» Eleta. Los Eleta fueron de las familias ricas que se beneficiaron de su relación con la dictadura militar: les regalaron la isla Pedro González, donde desde 2008 han arrasado con la comunidad de El Cocal para hacer un desarrollo turístico-inmobiliario para ricos.

 

Playa Escondida Beach Front, S.A., propiedad de

Juan Carlos Tapia

$39 millones

Hacía relaciones públicas de sus amigos y socios en Lo Mejor del Boxeo, además de despotricar contra las luchas populares. Hizo una fortuna con jugosos contratos de publicidad de varios gobiernos. Compró 11 hectáreas y media de terrenos del Estado frente al mar a 25€/m2, por medios dudosos, en el gobierno de Mireya. Ha sido acusado de evasión fiscal en varias ocasiones y es socio del empresario Mello Alemán, vinculado al PRD, dueño de Grupo Los Pueblos y de la constructora CMG.

 

Datos de @antonima_org

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Compañía del empresario Ricaurte Grajales obtuvo contrato del Ministerio de Seguridad de Panamá pese a haber sido investigado y haber presentado la oferta más alta en proceso de licitación

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El Ministerio de Seguridad (Minseg) convocó una licitación pública con el fin de comprar uniformes tácticos para el personal del Servicio Nacional de Migración.

El precio de referencia para los uniformes era de $1 millón 459 mil, se trata de 19 mil 630 piezas entre las que se incluyen camisas, pantalones, cinturones, gorras y chalecos antibalas.

Cuatro empresas presentaron propuestas, tres de ellas muy por debajo del precio de referencia, informó FOCO.

Confecciones Comodoro ofertó por $544 mil; Enercom, por $848 mil; Fiori Internazionale, por $889 mil; y Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

La comisión verificadora decidió otorgarle el contrato a la propuesta más costosa para el Estado: Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

Según el informe de la comisión, la decisión se tomó ya que las otras tres empresas presentaron chalecos antibalas que no serían antipuñal.

El CEO de la empresa seleccionada es Ricaurte Grajales, estuvo imputado por tráfico de armas y peculado por la supuesta “comercialización” irregular de armas en perjuicio del SPI. Fue absuelto de los cargos este año.

La investigación en 2014, tras la importación de pistolas a través de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), propiedad de Grajales, adquiridas por personal del SPI para uso privado en plena veda de armas.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez no descarta postularse como independiente a la presidencia de Panamá y denuncia aprobación de leyes en beneficio de empresas que han sido donantes de campaña

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La diputada Zulay Rodríguez señaló en una entrevista que evalúa postularse como candidata independiente a la Presidencia de Panamá, anuncio que, según dijo, pudiera realizar muy pronto.

¿Qué es exactamente lo que padece el presidente de Panamá Laurentino Cortizo y qué preguntas se hacen los panameños sobre su enfermedad?

La asambleísta comentó que el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, promovería la candidatura de dos figuras contra la hipotética postulación presidencial del actual vicepresidente de Panamá, José Gabriel "Gaby" Carrizo.

Adicionalmente la diputada indicó que en el Gobierno de Laurentino Cortizo siempre se habla de Renta Sustitutiva, pero afirmó no haber visto que haya habido Renta Sustitutiva cuando el Ejecutivo panameño otorgó apoyo a los bancos y a las compañías financieras, así como tampoco para el Fondo de Vivienda, para el que fueron transferidos 85 millones de dólares provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá. Agregó que a través de la Ley de Incentivos Turísticos se han destinado más de $1.700 millones, que han sido entregados a cuatro agencias inmobiliarias que, según señaló, se ha tratado de donantes de campaña.

 

La diputada también aseguró que en el parlamento panameño son aprobadas leyes en beneficio de un puñado de empresas que han sido donantes de campaña de las actuales autoridades de Gobierno, mientras que otros proyectos legales no son tomados en cuenta.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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Excandidato presidencial Juan Carlos Navarro es víctima de campaña de desprestigio y persecución judicial por parte de fuerzas oscuras con intereses políticos

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