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Panamá

Los detalles de la acusación en Estados Unidos por lavado de dinero contra los hijos del expresidente Ricardo Martinelli

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Las declaraciones juradas prestadas por la fiscal del caso y un agente del FBI que participó en la investigación, revelan cómo fue la participación de los hermanos Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en esquema de corrupción implementado por la empresa brasileña Odebrecht.

La investigación determinó que los Martinelli Linares sirvieron de intermediarios para la el envió y recepción de USD 28 millones en sobornos que Odebrecht hizo en beneficio de quien en la investigación figura como “Funcionario de Gobierno de Panamá”.

Los hermanos Martinelli fueron arrestados en Guatemala y aguardan ser extraditados a los Estados Unidos para ser procesados por la justicia, informa Maibort Petit en www.maibortpetit.info.

Las bases legales de la acusación

El 27 de julio de 2020, la fiscal Federal Auxiliar en el Distrito Este de Nueva York, Julia Nestor, emitió una declaración jurada ante la corte de dicha jurisdicción relacionada con el caso Número 20-M- 498, Estados Unidos contra Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares.

A los señalados se les acusa de delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de sobornos a funcionarios públicos de Panamá pagados por la empresa brasileña Odebrecht a cambio de la adjudicación de contratos.

La fiscal Nestor participó en la investigación que la brigada de corrupción internacional del FBI en Nueva York, la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal y la fiscalía llevaron a cabo sobre la citada empresa, la cual implementó un esquema de soborno masivo que involucró a los acusados, imputados por delitos de lavado de dinero.

En el caso específico de Luis Enrique Martinelli Linares, la fiscal Nestor refiere que el 27 de junio de 2020, un magistrado del Tribunal del Distrito Este de Nueva York firmó y presentó la denuncia en su contra. Por ello fue librada una orden de arresto. La demanda enmendada fue firmada el 20 de julio de 2020 por un magistrado de la referida instancia judicial neoyorquina acusándolo de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero , en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957; lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 2; y lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.

En tal sentido, Julia Nestor refiere en su declaración jurada que a la fiscalía le corresponderá probar que Luis Enrique Martinelli Linares celebró un acuerdo con una o más personas para cometer lavado de activos por un valor superior a USD 10.000, que involucran el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá.

Tendrá que comprobar la fiscalía que Luis Enrique Martinelli Linares, consciente y voluntariamente, se convirtió en miembro de tal conspiración.

Apuntó la fiscal que la pena máxima de prisión por este delito es de 20 años.

Sobre el delito de encubrimiento de lavado de dinero se deberá establecer que el acusado realizó o intentó realizar una transacción financiera que involucra bienes que constituyen el producto de un delito de soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la república de Panamá; que sabía que la propiedad involucrada en la transacción financiera era producto de alguna forma de actividad ilícita; y que igualmente conocía que la transacción fue diseñada en todo o en parte para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad del control del producto de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá. La pena máxima de prisión por este delito es de 20 años.

Respecto a los dos delitos de gastos de lavado de dinero, la fiscalía de probar que Martinelli Linares participó o intentó participar a sabiendas en una transacción monetaria; que conocía la transacción de bienes de origen criminal; que la propiedad tenía un valor superior a USD 10.000; que la propiedad, de hecho, se derivó de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; y que la transacción ocurrió en Estados Unidos. La pena máxima de prisión es de 10 años.

Julia Nestor indica que con relación a los dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero y los dos delitos de lavado de dinero de gastos al ayudar e incitar a los delitos, que quien manda, procura, ayuda o causa la comisión de un crimen será responsable y castigado de la misma manera que el principal o la persona que realmente llevó a cabo la tarea. Es decir, la culpabilidad de un acusado se demuestra incluso si no realizó personalmente todos los actos relacionados con la comisión del delito imputado.

Apunta que de acuerdo título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 3282, es necesario que la acusación se formule formalmente dentro de los cinco años posteriores a la fecha en que se cometieron los delitos, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario. En el caso de la conspiración para cometer lavado de activos contra Martinelli Linares que se presentó el 27 de junio de 2020, la fiscal advierte que aun cuando los hechos se cometieron entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, los demás delitos de lavado de activos imputados ocurrieron el 11 de febrero, el 10 de noviembre y 12 de diciembre de 2013, así como el 26 de agosto de 2015; la acusación contra Luis Enrique Martinelli Linares se formuló dentro del plazo de prescripción especificado, teniendo en cuenta el período de suspensión de la prescripción relativa a la solicitud oficial de prueba.

Nestor informa que probará la culpabilidad del imputado con varios tipos de evidencia, incluyendo información obtenida de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de corporaciones, correos electrónicos, entre otras pruebas.

Los hechos

La policía estableció que entre 2001 y 2016, Odebrecht a través de algunos empleados, agentes y otros co-conspiradores, desarrolló un esquema de soborno masivo mediante el cual pagaron de manera corrupta USD 700 millones a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, candidatos políticos extranjeros, con el objetivo de obtener y retener negocios en varios países del mundo, entre ellos Panamá.

La constructora brasileña ocultó la naturaleza, el origen, la propiedad de los ingresos canalizándolos a cuentas bancarias de empresas fantasmas en el extranjero de los beneficiarios finales de los sobornos.

La investigación identificó a Luis Enrique Martinelli Linares como un intermediario que aceptó y blanqueó los fondos irregulares en nombre del “Funcionario del Gobierno de Panamá” desde 2009 hasta 2014. Dicho funcionario era una familiar cercano de Luis Enrique Martinelli Linares.

Entre agosto de 2009 y julio de 2014, Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros, participaron en el esquema, actuando como intermediarios de los pagos corruptos que Odebrecht ofreció y entregó al “Funcionario de Gobierno de Panamá”. Ambos establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasma offshore para recibir y disfrazar los pagos.

Desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, los hermanos Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras, las cuales sirvieron para recibir, transferir y entregar los pagos de sobornos que Odebrecht hizo en beneficio del “Funcionario de Gobierno de Panamá”.

La declaración de Michael Lewandowski

En la misma fecha, 27 de julio de 2020, Michael Lewandowski, agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI), también emitió ante el tribunal una declaración jurada que resume la investigación de la conducta delictiva de Luis Enrique Martinelli Linares.

Precisó que en el transcurso de la investigación se reunió personalmente con Luis Enrique Martinelli Linares en varias ocasiones.

Recuerda que Odebrecht se declaró culpable el 21 de diciembre de 2016, admitiendo que entre 2001 y 2016, a través de algunos de sus empleados y agentes, participaron en un esquema de soborno masivo en el cual los co-conspiradores acordaron con otros pagar de manera corrupta más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios públicos, partidos políticos, funcionarios de partidos políticos y candidatos políticos para obtener y retener negocios en varios países del mundo, entre ellos Panamá.

Estos pagos se realizaron a través de cuentas bancarias de compañías fantasma en el extranjero de los beneficiarios finales del esquema de soborno. Algunas de estas cuentas estaban domiciliadas en Nueva York. Los fondos se transfirieron luego a través de múltiples cuentas bancarias de compañías fantasma en todo el mundo, antes de llegar a los destinatarios finales del soborno.

El agente Lewandowski refiere que los registros y la información proporcionada por Odebrecht a lo largo de la investigación, muestran que esta empresa utilizó un agente en los Estados Unidos para comprar sociedades fantasmas offshore que sirvieran para enviar y recibir documentos que facilitaran el establecimiento de cuentas bancarias offshore a nombre de dichas sociedades fantasma offshore de Odebrecht. El agente también recibió y envió documentos que contenían información falsa y fraudulenta, para hacer que las transacciones financieras se realizaran desde cuentas bancarias de compañías fantasma en el extranjero.

Sostuvo que entre agosto de 2009 y julio de 2014, Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, participaron en el esquema de soborno de Odebrecht, en el cual fungieron como intermediarios de pagos corruptos y la provisión de otras cosas de valor que Odebrecht ofreció y entregó a “Funcionario de Gobierno de Panamá”. Los registros financieros obtenidos durante el curso de la investigación revelaron que los acusados establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasmas offshore para recibir y disfrazar los pagos de sobornos de Odebrecht realizados en beneficio del citado “funcionario de Gobierno de Panamá”.

Michael Lewandowski dijo que las pruebas obtenidas a través de la investigación, incluidos correos electrónicos, registros bancarios y otros registros financieros, muestran que desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, los hermanos Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas ficticias en jurisdicciones extranjeras, las cuales utilizaron para recibir, transferir y entregar sobornos que Odebrecht hizo en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”.

Igualmente, correos electrónicos, registros bancarios y otros registros financieros revelaron que entre 2009 y 2012, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, abrieron una cuenta bancaria en Suiza con el propósito de recibir, transferir y entregar los sobornos de Odebrecht en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”.

Las cuentas de Sociedades Offshore se constituyeron para promover, asistir, facilitar, encubrir y servir como intermediarios para el pago de sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá, a cambio de obtener una ventaja comercial indebida y ganar contratos en Panamá.

El agente del FBI dijo que entre 2009 y 2012, las Cuentas de Sociedades Offshore recibieron USD 28 millones en sobornos de Odebrecht en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”. Agregó que al menos, USD 19 millones de los ingresos de esos sobornos se transfirieron a través de cuentas bancarias corresponsales de EE. UU., incluidos los bancos en Nueva York.

Como ejemplo de estas operaciones irregulares, Lewandowski refiere que el 27 de julio de 2010, se transfirieron USD 350.000 desde una cuenta bancaria de una empresa fantasma offshore controlada por Odebrecht y ubicada en Portugal, a una de las cuentas de sociedades offshore controladas por Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, a través de una cuenta en un banco de Nueva York.

Los hermanos Martinelli Linares luego realizaron numerosas transacciones financieras adicionales a través de bancos estadounidenses que involucraron el producto de los pagos de sobornos de Odebrecht.

Los registros financieros muestran que el 11 de febrero de 2013, Luis Enrique Martinelli Linares transfirió USD 346.500 desde una de las cuentas de Sociedad Offshore, a través de una cuenta en un banco en Nueva York, Nueva York, a otra cuenta en el Estados Unidos. Este dinero se utilizó para la compra de un yate, según registros obtenidos de un corredor de yates en Nueva York.

También el 12 de noviembre de 2013, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares transfirieron USD 899.978,32 de una de las cuentas de la Compañía Offshore a otra de las cuentas de la Compañía Offshore a través de cuentas en un banco en Nueva York.

Los registros financieros muestran que el 10 de diciembre de 2013, los acusados transfirieron USD 30.887,21 de una de las cuentas de la Compañía Offshore a otra de las cuentas de la Compañía Offshore a través de cuentas en un banco en Nueva York.

El 26 de agosto de 2016, Luis Enrique Martinelli Linares transfirió USD 570.000 desde una de las cuentas de la Compañía Offshore a través de una cuenta en un banco en Nueva York a otra cuenta en el Estados Unidos. Se trató de un pago parcial por la compra de un condominio en Miami por parte de la corporación de Florida a su nombre.

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Panamá

Cartas de la exdirectora del Senniaf Mayra Silvera atizan la polémica del caso albergues

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Mayra Inés Silvera, exdirectora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), dijo que su carta de renuncia al cargo le fue entregada en la Presidencia de la República de Panamá el miércoles 3 de marzo.

Desde tempranas horas circuló información sobre la dimisión de Silvera sin que ninguna fuente de Gobierno confirmara o desmintiera. Esto se da justo en momentos en el que el Ministerio Público investiga denuncias por casos de maltratos y abusos a menores de edad en albergues supervisados por el Estado, informó Telemetro.

En entrevista que ofreció la tarde del jueves al programa Cuestión de Ley de Radio Panamá, Silvera explicó que el pasado 25 de febrero había presentado su renuncia al cargo pero «no me la reciben y entonces ahí me dicen que me van a apoyar, y bueno, efectivamente sigo laborando».

Silvera destaca en su carta presentada el 25 de febrero que «sin el apoyo requerido, no puedo contra este gran problema que involucra aberraciones contra niñas, niños y adolescentes, y me lleno de impotencia ante el escenario de un cargo recién asumido que encontré sin una auditoría administrativa, operativa y financiera de los albergues, así como de la institución», reiterando que al prometérsele apoyo, decidió continuar en el cargo.

Dijo que ayer fue citada a la Presidencia «y entonces allí es donde me reciben con la carta de renuncia, ya redactada».

Silvera, designada en enero por el presidente Laurentino Cortizo como directora de la Senniaf y ratificada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 1 de febrero, expresó «me siento traicionada, humillada y utilizada… yo no voy a asumir la responsabilidad de las acciones culposas o dolosas de quienes me antecedieron».

La abogada denunció que no recibía la información completa sobre lo ocurrido en el caso albergues «yo he estado prácticamente, como quien dice, ciega». Contó que el pasado lunes participó en una reunión de Junta Directiva en la que presentó «hallazgos y propuestas de trabajo», y además solicitó las auditorías correspondientes.

En otra carta dirigida a María Inés Castillo de Sanmartín, ministra de Desarrollo Social, Mayra Inés Silvera, dejó constancia de la situación en la que asumió y dejó su cargo.

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Panamá

Piden a la CIDH medidas cautelares para menores por caso de abusos en albergues de Panamá

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Este jueves se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medida cautelar a favor de menores víctimas de posibles abusos y maltratos en algunos albergues de la República de Panamá.

El abogado Emanuel Castro indicó que la solicitud para presentó a título personal y preocupado por la situación que vive el país tras las denuncias de supuestos abusos contra niños, niñas y adolescentes, informó Radio Panamá.

«Lo que queremos es lograr que se dicten medidas de protección en favor de las víctimas, en este caso, todos los menores de edad que han sido objeto de violaciones, ya sea por agentes del Estado, de servidores públicos -por acción o por omisión- y así también como de terceros autorizados por el Estado, incluyendo a los administradores de estos albergues y los empleados que trabajan en los mismos», puntualizó Castro en Radio Panamá.

La solicitud fue presentada vía correo electrónico, dada la situación de pandemia. Con esta acción ante la CIDH el Estado debe acatar las recomendaciones que se emitan. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe realizar una investigación a fin de garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, agregó el abogado.

Al tratarse de un tema relacionado con menores, la Comisión debe actuar de manera urgente con el propósito de garantizar que la violación de la que pudieran ser víctimas sea detenida.

Sergio Rivera con la nota

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Panamá

Patrick Vollert y otros influencers panameños pierden su “esplendor” engañando a sus seguidores

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Por Maite González

Dentro y fuera de Panamá abundan influencers que, puede decirse, se dedican como negocio a vender ilusiones y un privilegiado mundo de lujo y éxitos inexistentes, pero que realmente son mera fábula «compradas» por sus seguidores, muchos de los cuales sueñan ser como ellos.

En lo deportivo, los narradores Julio Shebelut y Roberto «Datitos» Rivera se han unido a esa ola de los llamados influencias que gracias a las redes sociales han aparecido tanto en Panamá, como en otros lugares del mundo, en los últimos tiempos, una ola a la que también se ha unido el actor Patrick Vollert.

 

Panamá es uno de los países del continente americano donde hay un alto número de personas ejerciendo la actividad periodística o que se autodenominan periodistas, sin estar facultados en periodismo por alguna universidad.

El simple hecho de haber trabajado durante años en redacciones de periódicos o en otros medios de comunicación, ha llevado a algunos a hacerse llamar periodistas o considerarse profesionales del periodismo.

Antes de ser actor e influencer, Patrick Vollert tuvo meritorios inicios como futbolista. Su padre fue agente y representante, especialmente de jugadores que no contaban con la licencia que entonces exigía la Federación Internacional de Fútbol Asociado​ ​(FIFA), teniendo en ese terreno una efectiva gestión.

El padre de Vollert constituyó y levantó una bonita familia, impulsando los inicios de su hijo en el fútbol. El actor jugó en su juventud en el Alianza Fútbol Club, uno de los equipos de la primera división de Panamá con menos brillo. Tuvo también una buena relación con la Federación Panameña de Fútbol, presidida entonces por Pedro Chaluja, uno de los directivos más deshonestos que ha pasado por la FEPAFUT. Vollert tuvo también importantes contactos con la FIFA a nivel internacional, con los medios de comunicación y en lo político con el igualmente deshonesto Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.

Pero Patrick Vollert no está mostrando la verdadera realidad a sus fanáticos. Hace poco anunció con unas fotografías en su cuenta en Instagram, gráficas que luego borró, su arribo a la ciudad española de Barcelona. Pero olvidó decirle a aquellos que lo siguen en las redes sociales y que envidian su vida, que él ya había vivido en esa ciudad con una exnovia, mucho antes de regresar a Panamá.

El actor suele comentar poco del origen colombiano de sus padres y de su nacionalidad colombiana, prefiriendo destacar siempre que nació en Hamburgo, Alemania.

Más que como futbolista, el actor se dio a conocer y saltó a la fama en Calle 7, exitoso programa del Telemetro, canal 13 de Panamá, que le sirvió también como trampolín para ser modelo e intentar superar los estereotipos, por su no muy alta estatura y sencilla contextura, distinta a aquello que habitualmente se ve en modelos europeos.

La comedia romántica panameña Donaire y Esplendor (2017) fue la que le valió el título de actor. Allí compartió escena con Gaby Garrido, su actual pareja, panameña que se dio a conocer por haber ganado un reality show hace unos años en Colombia, quien hacía de Donaire, mientras que Vollert interpretaba el papel de Esplendor.

Gaby cambió su atractivo look de morena por uno de rubia peliteñida que quizás no le sienta tan bien, al más puro estilo Shakira-Piqué.

Patrick ahora intenta abrirse paso como pionero de la diáspora de jóvenes que han dejado de conseguir oportunidades en Panamá y ha tenido que emigrar a otros países. El actor da prácticamente a entender que se ha visto forzado a irse a España, a una ciudad para él casi desconocida, cuando realmente estuvo antes allí viviendo con su entonces pareja.

Aparentemente desde el Barrio Gótico de Barcelona, continuaría respondiendo a los fanáticos que envidian y suelen preguntarle por sus zapatillas y por la ropa que lleva puesta. Algunos de sus seguidores hasta, con esmero, le ofrecen el apoyo de familiares en la ciudad española, donde anteriormente Vollert vivía.

El actor, al parecer, ya había planeado con mucha anticipación su mudanza a España, donde había comprado una motocicleta y preparado el alquiler de un apartamento. Sin embargo, ha preferido mostrar otra realidad a sus seguidores y patrocinantes en Panamá y Colombia.

Habría que preguntarle tanto a Vollert como a muchos otros influencers si pagan impuestos en los países en dónde venden publicidad, pues en muchos casos, los influencers parecen estar engañando a sus fanáticos, pero también evadiendo impuestos. La misma pregunta habría que hacerle a Julio Shebelut y Roberto «Datitos» Rivera, para saber cómo y en donde declaran sus impuestos por la venta de publicidad.

Patrick Vollert es meritorio por su esfuerzo, pero la falsa ilusión creada a sus fanáticos, como hacen otros vendedores de sueños, sí que es algo que no se puede aplaudir.

Muchos influencer en Europa están hoy en tela de juicio por sus engaños, acusados de vivir a costa de la publicidad engañosa que venden y señalados de presionar a patrocinantes para disfrutar de privilegios, como restaurantes, vestimenta de marca, hoteles de lujo y una vida de magnates que de otra manera no pudieran tener.

Patrick, su hermano y su pareja no parecen haber sido completamente honestos con su público y sus patrocinantes, manteniéndolos bajo engaño, sin decirles cuáles eran sus verdaderos planes, que consistieron en salir de Panamá, haciendo escala en Bogotá, para luego viajar a Europa, como muy anticipadamente ya lo tenían previsto. Posiblemente intentaron así seguir conservando a los patrocinantes que todavía anuncian con ellos en Panamá, patrocinios por los que no se conoce bien si pagan impuestos.

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