El 13 de abril de 2021, en las Oficinas del Programa Saneamiento de Panamá, ubicadas en Costa del Este, Torre Towerbank, Salón Matías Hernández, el Ministerio de Salud panameño procedió a la apertura de sobres de las ofertas presentadas para el Acto Público No. 2020-0-03-0-15-LV-041514, correspondientes al «Diseño y construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los ríos Cáceres y Perico-Arraiján». El acto se habría convocado a solicitud del Ministerio de la Presidencia.

Es preciso destacar que a la licitación solo acudió una única empresa, de origen brasileño, específicamente Goetze Lobato Engenharia, S.A., que presentó la mayor parte de sus estados financieros y documentos para acreditar su experiencia, en idioma portugués, pues solo algunos habían sido traducidos al español, pero en Brasil, cuando las normas establecen que las traducciones deben ser realizadas por un intérprete público autorizado en Panamá y por Panamá.

La comisión evaluadora de la licitación reconoció que la empresa no presentó las declaraciones de medidas de retorsión, así como tampoco las de incapacidad legal para contratar con el Estado, ni el compromiso verde firmado, es decir, está sin firma, según el último párrafo en la página 7 del informe.

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Pero para justificarla, en el primer párrafo de la página 8 del mismo informe, fundamentan la decisión y aceptación de la propuesta en una resolución que decretaba medidas de emergencia para compras relacionadas con la pandemia de Covid-19, que sin embargo ya no se encuentra vigente, por haber sido derogada mediante la resolución número 124-2020 de la DGCP, del día 2 de noviembre de 2020, mientras que la licitación en cuestión fue convocada el 21 de diciembre de 2020, es decir, cuando ya ese manual de compras para el estado de emergencia no estaba vigente.

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La empresa que acudió a la licitación tampoco presentó el certificado de idoneidad de la junta técnica, sino solo la resolución de inscripción, mas no el certificado de constancia de inscripción, que ha sido regulado por la propia junta técnica de ingeniería y arquitectura de Panamá, con vigencia de 90 días.

Ante todas las irregularidades, procedería revocar el acto y publicarlo nuevamente para que todas las empresas que lo deseen, puedan participar de manera transparente.

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