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Panamá

Las argucias legales que intentaría el expresidente Juan Carlos Varela para salir bien librado en el caso Odebrecht

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El expresidente Juan Carlos Varela viene intentando, mediante diferentes argucias legales, que el Ministerio Público (MP) lo excluya del caso de supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht.

Varela ha intentado por varias vías zafarse de las investigaciones de Odebrecht. Su último intento infructuoso fue un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, con lo cual intentaba que le anularan los cargos que se le imputaron por el presunto lavado de activos provenientes de Odebrecht.

También Varela buscaba que se dejen sin efecto las medidas cautelares de país por cárcel y el reportarse en la Fiscalía Especial Anticorrupción los días 30 de cada mes.

El exgobernante ha insistido ante el Ministerio Público y la opinión pública que el dinero que recibió de Odebrecht fue en calidad de donaciones políticas para sus campañas electorales, informó Panamá América.

La defensa del exmandatario buscaba que la Corte admitiera su argumento de que las acusaciones contra Varela debían tramitarse en la esfera penal electoral, por tratarse de donaciones políticas y no de coimas como considera la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Incluso, hay abogados que estiman que Varela allanó el camino desde el principio de su administración para quedar fuera de estas pesquisas, tomando en consideración su intervención directa y la de su hermano, el entonces diputado José Luis Varela, en las negociaciones de las delaciones premiadas con la constructora Odebrecht y la conformación de las investigaciones.

En los Varelaleaks parece quedar expuesta esta teoría, cuando se incluyen conversaciones de texto entre Varela, la exprocuradora Kenia Porcell y Jaime Lasso sobre el rumbo que tomarían las investigaciones de este caso.’

Además, quien instruyó el sumario de Varela en este caso fue la fiscal Ruth Morcillo, cercana colaboradora de Porcell, y quien figura en una foto en actitud muy amena con el expresidente y otras fiscales en la Presidencia de la República.

Otras situaciones parecen indicar que el Ministerio Público fue selectivo con Varela y sus allegados en este caso.

El 8 de noviembre 2017, Varela, siendo presidente en funciones, sostuvo una conversación, en inglés y por WhatsApp, con un sujeto no identificado, donde se intercambió detalles de cómo iban a cuadrar los $10 millones que le dio Odebrecht a través de Jaime Lasso, ya que la cifra era muy superior a lo que habían reportado al Tribunal Electoral (TE).

Lo más relevante es que Varela le dijo a esa persona exactamente qué era lo que iba a decir la fiscal Zuleyka Moore, que instruía el caso, un día después, con el fin de que se cerraran los dos expedientes donde estaban involucrados tanto él como Lasso.

«Mañana la fiscal va a decir que el Lazo fue cabildero trabajando para Odebrecht y que recibió apoyo en Don James, V tech y Poseidón. Ella solo va a dar la cantidad de Don James, 700. Y digamos que Laso ya fue investigado por el viejo a/g», dijo Varela el 8 de noviembre de 2017 a un sujeto, tras el número telefónico 218-7801, siendo quizás su asesor Christian Ferry.

Efectivamente, Moore dijo en audiencia el 9 de noviembre de 2017 que no podía investigar el caso de Lasso, porque los expedientes habían sido archivados por la exprocuradora Ana Belfon.

Estos elementos han hecho que diferentes abogados y gremios de juristas cuestionen la imparcialidad del MP en estas investigaciones y han vaticinado que al final Varela saldría bien librado.

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Panamá

Clienta denunció aparente estafa tras colocación de dinero a plazo fijo en Banistmo

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Una usuaria del banco Banistmo, de nombre Martha, denunció cómo había colocado $500.000 a plazo fijo en la entidad bancaria desde el año 2015, que obtuvo gracias a una herencia que le dejó su madre, y luego de vencerse el plazo en 2020 y reclamar sus ahorros, se percató que su dinero había desaparecido.

En entrevista con Nancy Dunkley, la usuaria denunció que el banco no le comunicó en ningún momento inconveniente alguno y que al solicitar explicaciones el banco le informó que el dinero ya no existía porque ella había solicitado un crédito prendario, el cual la clienta negó haber firmado.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sólo le ha respondido que no puede hacer nada, en una situación que tiene visos de haber sido una estafa.

Martha también denunció que una subgerente de Banistmo la amenazó con llevarla a juicio. Sin embargo, señaló que una testigo aseguró que la entidad tenía «comprados» a funcionarios de la superintendencia bancaria.

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Panamá

Se agudiza crisis de migrantes entre Colombia y Panamá

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El pasado sábado el gobierno colombiano planteó un diálogo con Panamá para aliviar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, por el inusual flujo de migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos con destino a Estados Unidos.

Desde hace algunas semanas miles de migrantes, entre venezolanos, haitianos, africanos y cubanos, esperan en el puerto colombiano de Necoclí las embarcaciones que lo lleven hasta la frontera con Panamá, una de las escalas antes de llegar al destino final que es EEUU o Canadá.

Las autoridades colombianas y panameñas temen un brote considerable de coronavirus por la aglomeración de personas en plena pandemia justo cuando Colombia vive la tercera ola de la COVID-19.

La presencia de los migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos genera ganancias a la economía de este pequeño puerto turístico azotado por la pandemia.

La cantidad de migrantes alquilan cuartos de hoteles y casas particulares a la espera de poder abordar alguno de los muchos botes que cruzan a diario el golfo de Urabá.

El golfo de Urabá es uno de los puntos principales del tránsito de migrantes que buscan cruzar caminando hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón de Darién, con rumbo hacia Centroamérica, según la información de AFP.

Aunque la migración de venezolanos en los últimos 5 años es la que ha ocupado mayor centimetraje en los medios de comunicación, hay otros países que también están viendo salir a sus ciudadanos aunque con menos proporción.

Las autoridades colombianas han denunciado recientemente la intervención de redes internacionales que se encargan de trasladar a migrantes no solo desde Venezuela sino también de otros países de latinoamérica al departamento de Nariño.

Migrantes de Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela pagan a estas mafias cientos de dólares para ser trasladados desde la frontera de Colombia con Ecuador hasta los límites con Panamá, situación que ha creado una crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

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Panamá

Ciudadanos ven con suspicacia propuesta del contralor Gerardo Solís de vender el 10% de participación del Estado panameño en Panamá Ports Company

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Tras concluir la votación de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) —el pasado 23 de junio—, que aprobó autorizar la renovación automática del contrato a Panamá Ports Company (PPC), el contralor de la República, Gerardo Solís, propuso venderle a la empresa la participación del Estado en la portuaria, que corresponde al 10% de las acciones.

El planteamiento de Solís lo recoge el acta de la reunión del 23 de junio de 2021, publicada en la página web de la AMP luego de la solicitud de información que hizo el activista político Ricardo Lombana, señaló La Prensa.

“Al venderle el Estado a la empresa el 10%, la empresa queda en igualdad de condiciones, en paridad con el resto de las empresas portuarias, y nosotros tenemos esa plata, ese valor de 25 años lo traemos a valor presente y se puede invertir ahora en beneficio del pueblo panameño, ese dinero…”, dijo Solís.

La propuesta fue planteada por Solís casi al final de la reunión y luego de reiterar que la decisión de prorrogara el contrato es la correcta, porque la empresa cumplió. Se desconoce cuál es el valor de las acciones, pero PPC ha señalado que invirtió más de $1,695 millones en los 23 años y 5 meses de vigencia del contrato.

El tema ha repercutido en las redes sociales, donde algunos ciudadanos han visto con suspicacia la propuesta del contralor Solís.

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