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Panamá

La valiente denuncia de la abogada Vanina Tuccio por la agresión que sufrió a manos de su pareja Jay Matos

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El Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Mike Zúñiga Rodríguez, decretó las medidas cautelares personales de reporte periódico ante el Ministerio Público los días martes y viernes de cada semana, la prohibición de salida del país y la prohibición de acercarse a la víctima, a Jay Matos de 44 años de edad, imputado por la supuesta comisión del delito de Lesiones Personales, de tipo Psicológicas.
Durante la audiencia los hechos descritos revelan como Vanina Tuccio, había acudido al apartamento de Matos y pasar la noche juntos. Ese día Matos la había llamado muchas veces pero ella no contestaba porque tenía migraña y se había tomado una pastilla que la hizo dormir. A las llamadas se sumaron otros chat de reclamos porque no le contestaba. Cuando Tuccio lo contacta, le explica y acuerdan encontrarse, él le pide ponte el “body” que me gusta y ella le dijo: “lo llevo, voy para allá”.

A medida que pasaron las horas Matos se duerme y Tuccio decide tomarse un café y esto lo molestó a tal punto que pierde el control y la golpea fuertemente en la cara sentándola en el piso del golpe, mediando una discusión porque ella no lo dejaba dormir y ya le había dañado el día que no había ni comenzado, informó Panamá Press.

Durante la audiencia quedó en evidencia que existía una boleta de protección previa al incidente. La víctima lloraba y expresó que ella luchó porque la relación funcionara y hasta buscaron ayuda. También se mencionó que Matos está en programa de rehabilitación con problemas con el alcohol. Tuccio es abogada y tenía una orden previa de protección.

Matos le pidió disculpas a Vanina, por haberla agredido y le recordó que en su relación habían tenido “buenos y malos momentos”.

En la audiencia Tuccio expresó que consideraba que no debían dejarlo detenido en la cárcel y que le dieran otra medida cautelar menos severa y que garantizara que asistiera al proceso.

El Juez le dijo tanto a la víctima como al agresor: Ambos tienen que respetar las medidas cautelares impuestas, no se deben comunicar por chats, ni por Instagram o por terceras personas.

El Juez de Garantías luego de escuchar los argumentos de las partes intervinientes basó su decisión al considerar que existen los requisitos suficientes para imponer medidas cautelares, por la naturaleza del hecho al considerar que se trata de un delito de lesiones personales en contra de una mujer.

Previamente, se dio por presentada la formulación de la imputación de cargos hecha por el Ministerio Público, que estuvo representado por la Fiscal Verónica Checa.

La asistencia legal del imputado estuvo a cargo del Defensor Técnico Particular, Licenciado Francisco Herrera. En este acto de audiencia también se contó con la Asistencia del Defensor Público de Víctimas del Delito, Licenciado Víctor Lara.

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Panamá

Clienta denunció aparente estafa tras colocación de dinero a plazo fijo en Banistmo

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Una usuaria del banco Banistmo, de nombre Martha, denunció cómo había colocado $500.000 a plazo fijo en la entidad bancaria desde el año 2015, que obtuvo gracias a una herencia que le dejó su madre, y luego de vencerse el plazo en 2020 y reclamar sus ahorros, se percató que su dinero había desaparecido.

En entrevista con Nancy Dunkley, la usuaria denunció que el banco no le comunicó en ningún momento inconveniente alguno y que al solicitar explicaciones el banco le informó que el dinero ya no existía porque ella había solicitado un crédito prendario, el cual la clienta negó haber firmado.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sólo le ha respondido que no puede hacer nada, en una situación que tiene visos de haber sido una estafa.

Martha también denunció que una subgerente de Banistmo la amenazó con llevarla a juicio. Sin embargo, señaló que una testigo aseguró que la entidad tenía «comprados» a funcionarios de la superintendencia bancaria.

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Panamá

Se agudiza crisis de migrantes entre Colombia y Panamá

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El pasado sábado el gobierno colombiano planteó un diálogo con Panamá para aliviar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, por el inusual flujo de migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos con destino a Estados Unidos.

Desde hace algunas semanas miles de migrantes, entre venezolanos, haitianos, africanos y cubanos, esperan en el puerto colombiano de Necoclí las embarcaciones que lo lleven hasta la frontera con Panamá, una de las escalas antes de llegar al destino final que es EEUU o Canadá.

Las autoridades colombianas y panameñas temen un brote considerable de coronavirus por la aglomeración de personas en plena pandemia justo cuando Colombia vive la tercera ola de la COVID-19.

La presencia de los migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos genera ganancias a la economía de este pequeño puerto turístico azotado por la pandemia.

La cantidad de migrantes alquilan cuartos de hoteles y casas particulares a la espera de poder abordar alguno de los muchos botes que cruzan a diario el golfo de Urabá.

El golfo de Urabá es uno de los puntos principales del tránsito de migrantes que buscan cruzar caminando hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón de Darién, con rumbo hacia Centroamérica, según la información de AFP.

Aunque la migración de venezolanos en los últimos 5 años es la que ha ocupado mayor centimetraje en los medios de comunicación, hay otros países que también están viendo salir a sus ciudadanos aunque con menos proporción.

Las autoridades colombianas han denunciado recientemente la intervención de redes internacionales que se encargan de trasladar a migrantes no solo desde Venezuela sino también de otros países de latinoamérica al departamento de Nariño.

Migrantes de Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela pagan a estas mafias cientos de dólares para ser trasladados desde la frontera de Colombia con Ecuador hasta los límites con Panamá, situación que ha creado una crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

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Panamá

Ciudadanos ven con suspicacia propuesta del contralor Gerardo Solís de vender el 10% de participación del Estado panameño en Panamá Ports Company

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Tras concluir la votación de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) —el pasado 23 de junio—, que aprobó autorizar la renovación automática del contrato a Panamá Ports Company (PPC), el contralor de la República, Gerardo Solís, propuso venderle a la empresa la participación del Estado en la portuaria, que corresponde al 10% de las acciones.

El planteamiento de Solís lo recoge el acta de la reunión del 23 de junio de 2021, publicada en la página web de la AMP luego de la solicitud de información que hizo el activista político Ricardo Lombana, señaló La Prensa.

“Al venderle el Estado a la empresa el 10%, la empresa queda en igualdad de condiciones, en paridad con el resto de las empresas portuarias, y nosotros tenemos esa plata, ese valor de 25 años lo traemos a valor presente y se puede invertir ahora en beneficio del pueblo panameño, ese dinero…”, dijo Solís.

La propuesta fue planteada por Solís casi al final de la reunión y luego de reiterar que la decisión de prorrogara el contrato es la correcta, porque la empresa cumplió. Se desconoce cuál es el valor de las acciones, pero PPC ha señalado que invirtió más de $1,695 millones en los 23 años y 5 meses de vigencia del contrato.

El tema ha repercutido en las redes sociales, donde algunos ciudadanos han visto con suspicacia la propuesta del contralor Solís.

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