El 19 de marzo de 2018, el subdirector de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, División Criminal, William Ho-Gonzalez, envió una carta a su homólogo panameño, José Antonio Candanedo, fiscal superior de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación. La carta era una petición de asistencia por el caso Odebrecht, que involucraba, entre otras, a la principal empresa del grupo Martinelli: Importadora Ricamar, S.A. (Irisa).

Ho-Gonzalez describió sumariamente las operaciones de lavado de dinero de Odebrecht a favor de funcionarios corruptos en varios países de América Latina.

Por ejemplo, el fiscal estadounidense citó el caso de un fallo del Tribunal 13 del Distrito Federal Penal de Curitiba (Brasil) –fechado el 8 de marzo de 2016– que hacía referencia a cuentas bancarias que usó Odebrecht en varios países, como Panamá. “Esta sentencia identificaba una cuenta a nombre de Constructora Internacional del Sur, mantenida en Cridicorp Bank, en Panamá”, indica la solicitud, sociedad esta que, junto con Select Engineering Consulting Services y varias sociedades más, transfirió al extranjero y localmente –desde ese banco– centenares de millones de dólares en sobornos.

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Un dato relevante en esta solicitud es que el DOJ revela que obtuvo copia del software Drousys, una herramienta que pocos países manejan. Drousys era el sistema encriptado de comunicaciones de Odebrecht para mover el dinero sucio –a través de sus operadores financieros– a los funcionarios corruptos del continente, reveló Rolando Rodríguez en La Prensa.

Es decir, el DOJ está en posesión del software que almacenaba las planillas diarias de pagos corruptos de Odebrecht, manejado por la División de Operaciones Estructuradas o departamento de coimas de Odebrecht.

Sin embargo, estas planillas, aunque indican el monto de los sobornos que se pagaban a diario, los proyectos de donde procedían los fondos y el destino de estos, solo mencionan a los beneficiarios por sus apodos. En el caso de Panamá: Águia, Explorer, Cachaça, Periquitas, etc.

El fiscal Ho-Gonzalez –sin relación con Carlos Ho González, el exdirector de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas, condenado a 72 meses de prisión en Panamá por el caso local de Odebrecht– indicó que obtuvieron del Drousys los nombres de 52 entidades (sociedades) con sede en Panamá y “en relación con las actividades ilícitas de la División de Operaciones Estructuradas” y que habrían tenido cuentas en, al menos, 27 bancos locales y extranjeros con licencia para llevar a cabo sus actividades en el país.

Esta solicitud a Panamá buscaba “rastrear los pagos por soborno y las ganancias enviadas y recibidas en estas cuentas”.

Los fiscales estadounidenses investigaban 14 modalidades de delitos, entre ellos, delincuencia organizada y conspiración de delincuencia organizada; viaje o transporte interestatal y extranjero en apoyo de actividad de la delincuencia organizada; violaciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero relacionadas con delitos como corrupción en general y de contabilidad en particular; violaciones con conocimiento en declaraciones que resulten falsas y engañosas; fraudes por correo, electrónico, bancario, de valores y materias primas, lavado de activos y participación en transacciones monetarias con bienes derivados de actividades ilícitas, conspiración, etc.

En su carta, el DOJ pidió a Panamá “copias certificadas completas de cualesquier y todos los registros corporativos, incluyendo, artículos de constitución, solicitudes corporativas y todas las licencias y autorizaciones para realizar comercio en Panamá”, de una lista de al menos 50 sociedades, varias de las cuales están mencionadas en la vista fiscal del caso Odebrecht en Panamá.

Además, los estadounidenses pidieron al Ministerio Público de Panamá los registros bancarios de 47 sociedades con cuentas en 25 bancos locales y extranjeros establecidos en el país.

La mayoría de estos bancos tenía entre una y dos cuentas, aunque otros desarrollaron relaciones mucho más profundas. En algunos casos, estas sociedades contaban con por lo menos una cuenta bancaria en la misma entidad financiera.

Por ejemplo, de las más de 65 cuentas bancarias mencionadas para investigar por la solicitud de cooperación del DOJ, el Credicorp Bank tenía, al menos, 21 cuentas bancarias de sociedades, casi todas controladas por Odebrecht. Le seguía, aunque de lejos, Global Bank, con 7 cuentas, y Bancolombia (Panamá), Multibank y Scotia Bank, con 4 cuentas cada uno. El resto tenía en su mayoría 1 o 2 cuentas y en algunos casos hasta 3 cuentas bancarias.

Varias de esas sociedades investigadas por el DOJ guardan relación con empresas pertenecientes a la familia del expresidente Ricardo Martinelli, incluida la más importante del grupo de Empresas Martinelli: Importadora Ricamar, S.A. (Irisa), que es la razón social de los Súper 99.

El fiscal Ho-Gonzalez pidió al MP la investigación de 16 cuentas bancarias de Irisa en 9 bancos, a saber: Bac International Bank (2); Banco Aliado (1); Banco General (1); Banco Nacional de Panamá (2); Banco Panamá (2); Banistmo (1); Bank of Nova Scotia (1); Global Bank (2); Scotia Bank-“transformándose” (4).

En consecuencia, siendo una de las más grandes empresas, Irisa era la que tenía el mayor número de cuentas bancarias que pidió investigar el DOJ.

Se ha conocido que, de todos los bancos mencionados en los que Irisa tenía cuentas, actualmente solo está con uno: Bac Internacional Bank. Irisa, además, es objeto de una auditoría forense de parte de la Dirección General de Ingresos (DGI), que en mayo pasado recibió una alerta de inteligencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre presuntas actividades de parte de esta empresa dirigidas a la evasión fiscal.

La Prensa tuvo acceso a este documento –con fecha de mayo de 2022– en el que el FBI informó a las autoridades locales de un posible delito de “evasión fiscal”. Esa carta describe operaciones a través de las cuales la familia del expresidente Martinelli, incluidos su esposa e hijos, se beneficiarían de arreglos financieros “irregulares”, a través de Irisa.

Un mes después de la carta del FBI –el 28 de junio pasado– la DGI comenzó su investigación forense, de acuerdo con una nota que envió la institución a Irisa y que divulgó el vocero de Martinelli, Luis Eduardo Camacho.

Sin embargo, la reacción de Martinelli al informe de inteligencia del FBI fue demeritarla. Dijo que él no creía que el FBI estuviera interesado en sus actividades empresariales y fiscales, a lo que el FBI respondió que, “si bien no podemos comentar sobre este documento específico, el FBI rutinariamente comparte información con sus socios extranjeros de aplicación de la ley para apoyar sus propias investigaciones”.

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