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Panamá

La llamada que salvó a Maduro de una sanción internacional

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El libro Luis Almagro no pide perdón, de los periodistas uruguayos Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira, hace una aproximación a la historia del conflicto venezolano contemporáneo desde el trasescena de las movidas diplomáticas. A continuación, hubo de los fragmentos más llamativos de este texto, que hace referencia a la deportación de colombianos desde Venezuela.

El 19 de agosto de 2015 el presidente venezolanos Nicolás Maduro ordenó el estado de excepción en el estado de Táchira y el cierre de un tramo de los 2.219 kilómetros de frontera que comparte con Colombia, con el argumento de combatir el contrabando y en respuesta a las supuestas acciones de paramilitares.

La jugada incluía fundamentalmente la deportación de 20 mil colombianos, que en cuarenta y ocho horas se movilizaron hacia la frontera. Seis días después de la decisión de Maduro, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, escuchó en Bogotá la preocupación del presidente Juan Manuel Santos y abogó por el «diálogo directo» entre las partes para resolver el tema e insistió con la importancia de una misión de observación electoral. Maduro contestó de nuevo con una negativa: «La OEA debe morir en paz y ojalá Almagro sea el sepulturero», dijo el mandatario venezolano.

Bastó solo un llamado de la canciller colombiana María Ángela Holguín a Almagro para que pudieran agendar un encuentro hemisférico de alto nivel en Washington, y convocaron a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, para decidir sobre la convocatoria a una reunión de cancilleres con el objetivo de abordar la crisis fronteriza. La intención del presidente Santos también era que una misión de la OEA fuera a Cúcuta para conocer la situación en el terreno.

Por primera vez en mucho tiempo la diplomacia hemisférica se empezaba a mover para un voto que se anunciaba dividido. Holguín hizo contactos en toda la región para obtener los 18 apoyos necesarios para que se aprobara la resolución. Pero Caracas aún era muy influyente en el organismo y daría la batalla diplomática.

Cuando habló con el Cancillería de México, Holguín se enteró de que Maduro estaba llamando al presidente Enrique Peña Nieto y calculó que lo estaría haciendo con el resto de la región. El secretario general y la canciller se pasaron todo ese 31 de agosto, día de la reunión, chateando. Holguín quería estar segura de que contaba con los 18 votos, porque de no ser así, no sometería la resolución a votación. Cuando contabilizaban les daban la cantidad de apoyos imprescindibles, lo cual era una situación riesgosa, habida cuenta de los movimientos que estaba haciendo el presidente venezolano.

«Alguien se va a correr», escribía ella por WhatsApp. Volvieron a chequear y sumaron 18. «Luis, nos lanzamos a la votación», escribió Holguín. Su embajador en la OEA, Andrés González y el propio Almagro estuvieron de acuerdo. Pero la intuición de la ministra colombiana estaba acertada. Faltando tres minutos para la votación, Holguín recibió una llamada de la canciller panameña, Isabel de Saint Malo de Alvarado, y le advirtió que Maduro había telefoneado al presidente Juan Carlos Varela (Panamá), con el ofrecimiento de saldar la deuda que mantenían con Copa Airlines a cambio del voto.

Lea el texto completo en EL TIEMPO

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Panamá

El drama de los menores en los albergues panameños

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Suena el teléfono, y puede ser el Senniaff, el Ministerio Público o el Mides, que preguntan si el albergue, puede recibir a un nuevo menor de edad.

La respuesta de Sor Lourdes, directora del Hogar San José de Malambo, siempre es afirmativa, no hay espacio para dudas.

Solo dos albergues para menores y adolescentes en el país son estatales, el resto son de ONGS privadas.

El mides destina 5 millones de dólares anuales para las fundaciones sin fines de lucro y entre ellos están los albergues, informa Leonardo Grinspan en Radio Panamá.

Así como lo escucha, el presupuesto anual aproximado del Hogar San José de Malambo, es 1 millón 800 mil dólares, y el subsidio anual que envía el Mides a esta institución, solo son 300 mil dólares anuales.

Cada menor, cuesta 500 dólares mensuales, entre comida, atención, medicinas, ropa y demás.

La falta de mantenimiento y supervisión por parte del estado a los albergues no es nueva y es un problema de arrastre.

Hay una ausencia de políticas públicas claras para que el Estado enfoque su atención a la situación del menor.

Un simple ejemplo de esto es que según la reglamentación del Senniaf con los albergues, se debe colocar el permiso de funcionamiento, y cada niño debe tener su expediente, el cual debe ser entregado los primeros cinco días del mes a la Seniaff para ser supervisado por el Mides. El tema aqui es que muchas veces, los menores llegan sin identificación ni expedientes.

Para Sor Lourdes, es un problema de arrastre, y en este momento muchos han querido distraer la atención de lo que realmente importa, que es el futuro de las próximas generaciones del país.

El debate en estos momento debe ser la protección de los menores, que son las futuras generaciones del país.

Y este punto está muy lejos de llegar a darse, ya que el asunto se ha politizado y desviado de su problema de origen.

Por lo que la interrogante aquí planteada es:

¿Será que el Estado asume su responsabilidad y comienza a cumplir su rol en la supervisión de los menores en albergues del país, o se continuará en la protección a aquellos que sólo buscan sacar provecho y abusar del sistema?

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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez se opone a decreto varelista para regularizar a más de 60 mil extranjeros y rechaza presiones de venezolanos

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Una marcha hasta la Asamblea Nacional (AN) convocó la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá (ARENA), para exigirle al presidente del Legislativo que retire «cuando antes» el proyecto que elimina el otorgamiento de la residencia permanente a un grupo de inmigrantes.

El presidente de ARENA, Rafael Rodríguez, dijo que están en contra del anteproyecto de ley que presentó la diputada perredista, Zulay Rodríguez, que propone eliminar la posibilidad de que los extranjeros a quienes se les vence su carné de residencia con seis y 10 años, logren su permanencia definitiva en el país, informó Panamá América.

Recordó que el presidente Juan Carlos Varela, antes de abandonar el poder, emitió el Decreto Ejecutivo 249 que ordena otorgarle la residencia permanente al grupo de extranjeros antes mencionado.

En tal sentido, la diputada ha rechazo las presiones de extranjeros, especialmente de venezolanos.

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Panamá

El delivery de droga lleva años operando en Panamá para bares y restaurantes

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La Policía Nacional de Panamá desmanteló el miércoles 3 de marzo pasado una organización delictiva dedicada a la venta al menudeo de droga, que utilizaba el servicio de Delivery para la distribución de sustancias como éxtasis, marihuana y LSD.

Durante el procedimiento, unidades policiales y personal del Ministerio Público efectuaron allanamientos en Bella Vista, El Dorado y Bethania, logrando la detención de varias personas.

Los traficantes camuflaban las sustancias con la apariencia como de dulces como ‘brownie’, tal y como lo informó la jefa de la Zona Policial de San Francisco, comisionada Cynthia Meneses, quien señaló que fueron incautadas sustancias que se supone son drogas, en diferentes presentaciones y equipos para el procesamiento de estas sustancias.

En los allanamientos fueron detenidos tres panameños que se encargaban de las entregas a domicilio en diferentes puntos de la ciudad de Panamá.

Se presume que existen otras redes delictivas que utilizan a motorizados para distribuir los estupefacientes, por la agilidad con la que se mueven por la ciudad y la facilidad para escabullirse de la policía.

Desde 2018 se reportan casos de delivery de droga en bares y restaurantes

Desde 2018 hay comentarios de cómo en bares y restaurantes de Costa del Este, a empleados panameños y extranjeros se les permitiría consumir sustancias estupefacientes, para que mantengan una alta productividad durante largas jornadas laborales, que tienen una duración incluso por encima de lo establecido en la ley, pero también a los clientes.

Algunos, como un par de restaurantes en Costa del Este, o bares y restaurantes en el Casco Antiguo, son lugares de mucho prestigio y renombre, cuyos cocineros y empleados recibirían los delivery de droga. COn esto los empleados se mantendrían ágiles, de buen ánimo y contendrían la necesidad de comer.

 

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