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Panamá

La fraudulenta estructura del AllBank Corp. en Panamá que reveló la liquidación del banco perteneciente al venezolano Víctor Vargas

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Transcurrido poco más de un año de la liquidación forzada de Allbank Corp. ordenada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), se dan a conocer nuevos detalles acerca de la situación de entidad financiera perteneciente al Grupo BOD del banquero venezolanos, Víctor Vargas Irausquín, entre ellos, que la estructura bancaria estaba montada en más de cinco países que se rotaban reservas bancarias como un mecanismo para evadir a el monitoreo de sus operaciones que afectaban a miles de ahorristas privados.

Ante el organismo panameño han llegado cientos de reclamos de clientes de AllBank por renovaciones de plazos fijos no autorizados, reestructuraciones de términos y condiciones de manera unilateral, lo cual revelaba la existencia de problemas de solvencia vigentes desde 2018, es decir, a solamente siete años de su apertura en la nación centroamericana.

Las novedades del caso revelan, como señala una nota del portal El Capital Financiero, el asunto salpica hasta a la realeza española, toda vez que la Fiscalía Adjunto Sección de Atención Primaria Segunda Subregional de Panamá admitió una querella penal interpuesta por Abdel Almengor por presunta comisión del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de apropiación indebida agravada contra Víctor Vargas y Luis Alfonso de Borbón, entre otros representantes del AllBank. El último es hijo que Alfonso Borbón, duque de Cádiz en España, y de Carmen Martínez-Bordiú, nieta del general Francisco Franco, informa Maibort Petit maibortpetit.info.

Había encontrado el liquidador del banco, Rafael Moscarella Valladares, una serie de irregularidades que lo llevaron a presentar una denuncia ante el Ministerio Público de Panamá en contra de Vargas Irausquin y de los gerentes ejecutivos del banco al presumirse la comisión del ilícito contra el orden económico en su modalidad de delitos financieros.

El liquidador Moscarella advirtió la existencia de suficientes elementos de opacidad que sustentan la liquidación forzada del AllBank, entre ellos los reclamos que desde octubre de 2018 algunos clientes del banco por renovaciones de plazos fijos no autorizados, así como por órdenes de pago por montos importantes que no eran atendidas, lo cual revelaba un grave indicio de liquidez.

Además de Vargas Irausquín y Luis Alfonso de Borbón Martínez, la acción penal incluye a toda la Junta Directiva de Allbank, a saber, Raúl Blatar Estevez, Jeffrey Poyo, Karla Mola González, Amalita Frías, Santos Ramos y Domingo Infante.

Refiere la nota de El Capital Financiero que Luis Alfonso de Borbón Martínez no se encuentra por casualidad entre los integrantes de la directiva de AllBank Corp., toda vez que este está casado con la venezolana, María Margarita Vargas Santaella, hija de Víctor Vargas Irausquin.

Ahora le corresponderá al noble español, responder ante la justicia panameña por los señalamientos que en la citada querella penal lo involucran como directivo de la entidad que habría afectado a Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A. y el Consorcio Praval, las cuales reclaman perjuicios que superan los USD 30 millones, a causa de los supuestos manejos irregulares de AllBank.

Refiere la reseña periodística que en agosto de 2019, el representante de Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A. y el Consorcio Praval solicitó a AllBank que le transfiriera fondos de cuenta a cuenta, “el cierre de la cuenta, la devolución de los fondos mediante cheque de gerencia, así como la explicación del motivo del no pago de cheque de su cuenta por $80,000, sin mediar explicación, así como la disposición irregular de fondos de sus cuentas”.

También solicitaron que se le corrigiera el estado de cuenta de Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A, en virtud de que reflejaba un monto inferior a los USD 7 millones que poseía. Ninguno de los requerimientos fue satisfecho por la entidad bancaria.

La querella penal señala que lo ocurrido constituye una negación a “que su propietario disponga de sus fondos, provocándose con ello una afectación en el giro de sus actividades empresariales, y de desarrollo comercial, sin explicación alguna por parte del custodio de estos dineros”[1].

El diario Panamá América también da cuenta del hecho y recuerda que, además de AllBank Corp., Víctor Vargas abrió en octubre de 2011 en la nación centroamericana, la casa de valores Plus Capital Market, al tiempo que compró los derechos de un edificio al cual le daría el nombre de Torre AllBank, con el objetivo de revestir su inversión de gran prestigio.

Pero estas operaciones, supuestamente, carecían de la transparencia debida, toda vez que el grupo financiero de Vargas Irausquín las coordinaba de tal manera que pudiera jugar con las reservas, como lo señaló el informe de intervención de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

La nota periodística de Panamá América “explica que parte de los activos líquidos que respaldaban la operación de Panamá estaban en el Banco Orinoco de Curazao, el primero en ser intervenido y declarado en quiebra”.

El resto de la estructura se encontraba en Antigua & Barbuda con el Boi Bank, así como en República Dominicana con el Banco América (también intervenido) y el Banco Occidental de Descuento en Venezuela (igualmente bajo intervención).

La nota de Panamá América refiere que AllBank manejaba en Panamá USD 175 millones, de los cuales USD 100.7 millones son de particulares que tenían USD 38.1 millones en depósitos a la vista y USD 51.7 millones en plazos fijos. Esta información difiere de los datos manejados por Venezuela Política que el 15 de diciembre de 2019 dio a conocer los detalles de la Resolución de Intervención en razón que de estábamos en poder del documento emanado de la Superintendencia de Bancos de Panamá. El documento en cuestión revelaba que los administradores interinos del banco establecieron que el Allbank Corp mantenía “USD 177.9 millones en depósitos de clientes, de los cuales USD 63.3 millones corresponden a depósitos a la vista, USD 82.9 millones eran depósitos a plazo, USD 31.7 millones correspondían a depósitos de ahorros corrientes y USD 15 mil a depósitos de ahorro de navidad”.

Agregaba el documento que dimos en conocer en aquel entonces que “la mayor proporción del activo estaba en colocaciones e inversiones que totalizaban USD 141.5 millones de los cuales, USD 107.3 millones correspondían a títulos valores que estaban en custodia en bancos y empresas relacionadas al grupo económico, USD 34.2 millones del total de inversiones estaban en colocaciones, de los cuales USD 12.7 millones eran depósitos a plazo fijo, (USD 10.7 millones se encontraban en bancos relacionados al grupo económico) y el resto, USD 21.5 millones en colocaciones a la vista, de los cuales USD 16.2 millones estaban colocados en bancos y empresas del mismo grupo económico”.

La SBP determinó que la cuarta parte de los activos líquidos y los servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores de AllBank se encontraban en el Banco Orinoco de Curazao, entidad intervenida, como ya lo hemos referido, desde septiembre de 2019.

La decisión de liquidar el AllBank

El 8 de noviembre de 2019, el Superintendente de Bancos de la República de Panamá, Ricardo G. Fernández, decidió, luego de conocer el informe presentado por el Administrador Interino en el que se revelaba la situación financiera, operacional y de gobierno corporativo de la institución, la liquidación forzosa de Allbank Corp, entidad perteneciente al Grupo BOD que dirige Víctor Vargas.

La entidad había llegado a manejar más de USD 180 millones en activos líquidos y USD 175 millones en depósitos.

La referida superintendencia tomó la resolución para proteger los intereses de los depositantes que pudieran verse afectados por la intervención del Banco del Orinoco NV en Curazao, entidad beneficiaria de su único accionista, Allbank Corp.

Los detalles de la Resolución SBP-0205-2019 emanada de la autoridad panameña, los dimos a conocer en Venezuela Política[2], la cual indicaba que el Allbank Corp es una sociedad anónima organizada y constituida de acuerdo a lo establecido en las leyes panameñas, inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula (Mercantil), ficha número 724912, documento Redi Nº 1913669, actualizada a folio de igual número, la cual cuenta con Licencia Bancaria General otorgada por la Superintendencia de Bancos mediante resolución S.B.P. Nº 131-2011 de fecha 24 de octubre de 2011.

REFERENCIAS

[1] El Capital Financiero. “La liquidación de AllBank en Panamá toca a la realeza española”. 13 de abril de 2021. https://elcapitalfinanciero.com/la-liquidacion-de-allbank-en-panama-toca-a-la-realeza-espanola/?doing_wp_cron=1618323601.8909530639648437500000

[2] Venezuela Política. “Conozca los detalles de la liquidación forzosa del Allbank Corp ordenada por la Superintendencia de Bancos de Panamá”. 15 de diciembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/12/conozca-los-detalles-de-la-liquidacion.html

Puede conseguir en el texto completo en maibortpetit.info

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Panamá

Zulay Rodríguez: “FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra…»

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, sobre el acuerdo con la constructora española FCC, expresando que le «enoja que piensen que nosotros somos bobos o que seguimos viviendo en la era de la Patria tonta».

«Yo no sé quién es el inteligente o qué tipo de consejeros hay que dijeron: está bien FCC, devuélvenos $1.2 millones y ya queda tu contrato rescindido, no te cobramos póliza”, señaló la diputada.

“FCC cedió el contrato de construcción de una millonaria obra hospitalaria, que primero se le adjudicó por $587.5 millones después agregó adendas y los costos subieron a $769.54 millones, había una póliza para establecer que se tenía que pagar dicha póliza en caso de incumplimientos de FCC de $33.9 millones más otra póliza de $140 millones de dólares”, explicó, según Crítica.

Rodríguez sostuvo que FCC se llevó más de $800 millones más las pólizas de garantías y no ha pasado nada, y recordó que el proyecto de la diputada Mayín Correa que castiga a funcionarios que dejen perder y abandonar obras a, fue vetado.

Dijo que por eso es que el expresidente Varela en Radio Panamá dijo que a él nadie lo investiga, porque según él todo lo ha hecho bien, al igual que sus ministros.

Aquí parece que hay pactos…¿acaso hizo pacto con Javier Caraballo? Yo no quiero pensar que aquí hay pacto con Varela, yo no quiero pensar que aquí se ríen de la corrupción y no se investiga cayendo en la impunidad que todos conocemos.

“FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra, cedió la Ciudad Hospitalaria y encima nos devuelve la miserables de $1.2 millones que era la plata del pueblo panameño, por eso que no hay dinero en el país, porque la plata se la llevan para afuera, o se la roba y aquí no ha pasado nada”, reiteró la diputada perredista.

 

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Panamá

Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

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La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez: El ministro de turismo de Panamá es un completo ausente en la reactivación económica

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró el llamado a ponerle fecha a la citación del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen para que responda un cuestionario de 30 preguntas sobre incentivos al turismo y Copa.

El pleno de la Asamblea Nacional ya aprobó la citación de Eskildsen, el 13 de abril de 2021, informó Yorlenne Morales en el diario Crítica.

La diputada sostuvo que el ministro de Turismo ha sido una persona completamente ausente en las políticas estatales que tienen que ver con la pandemia y la reactivación económica.

Como consecuencia, señaló la diputada, sectores como los hoteles, restaurantes, centros comerciales, y establecimientos han dejado de operar y hoy los empresarios están en la quiebra, que han cerrado sus negocios, porque no tienen acceso ni a créditos blandos, mientras los banqueros y los de las financieras han tenido acceso a $2 mil millones de dólares.

“Personas como los locutores, Djs, meseros, personal de hoteles, discotecas, taxistas, artesanos, vendedores al comercio, al por menor, y demás panameños que llevan el pan a su casa, hoy en día no tiene empleo, porque el ministro de Turismo ha sido una persona que ha sido un fracasado, ciego, sordo y mudo y solo le importa los grandes acuerdos que le brindan beneficios a los poderes económicos y a sus allegados”, expresó la diputada Zulay.

 

El administrador de Turismo, deberá responder preguntas como:

¿Cuánto paga Copa en dinero al Estado panameño por el uso exclusivo del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

¿Hay realmente libre competencia y concurrencia entre líneas aéreas nacionales o internacionales en el Aeropuerto de Tocumen?

Si hay estadísticas para saber cuánto ha dejado de percibir el Estado por todos los beneficios fiscales otorgados por la Ley 80 del 8 de diciembre del 2012, entre otras.

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