La diputada Zulay Rodríguez, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Panamá, llamó a determinar las causas de la deuda de 223 millones de dólares por parte de empleadores a la Caja de Seguro Social (CSS). Habló además de desfalcos y malos manejos denunciados por el director de la CSS, Enrique Lau Cortés; pero también de cómo miles de panameños no podrán acceder a una jubilación digna.

“Yo quisiera saber si en ese diálogo se va hablar del sistema solidario que se cambió a un Sistema Mixto que representa la muerte para todos los cotizantes. El Sistema Solidario era que las generaciones anteriores pagaban las pensiones de las generaciones posteriores, pero al cambiarse a un sistema individual mixto con la Ley 51 del 2005 aprobado por muchos diputados de hoy en día. Representa que no te van a pagar el 60%, significa que cuando te jubiles te vas con un 20% de tu salario”, cuestionó Rodríguez.

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Las palabras de Zulay Rodríguez y su proyecto de ley contra las mafias farmacéuticas en Panamá y contra el encarecimiento de los medicamentos también han recibido el respaldo de muchos ciudadanos.

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La diputada, miembro del Partido Revolucionario Democrático, funge como vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Panamá y fue precandidata a la presidencia de Panamá en unas elecciones internas que perdió frente al hoy presidente Laurentino Cortizo.

Retoques estéticos

La asambleísta ha protagonizado algunas controversias por su promoción de proyectos de ley y sus palabras contra inmigrantes. Pero lo más reciente han sido algunas afirmaciones en las redes sociales que indican que en medio del confinamiento por la pandemia de COVID-19, la diputada habría aprovechado para realizarse algunos retoques estéticos en toda su humanidad, que incluyeron liposucción, aumento de busto, aplanamiento abdominal, aumento de glúteos y estiramientos faciales.

A esto, algunos se han preguntado cómo una servidora pública puede gastarse tanto en ese tipo de tratamientos, aunque reconocen que Zulay Rodríguez ha obtenido importantes ingresos gracias a su ejercicio como abogada. Sin embargo también han evocado la historia de los más de 60 kilogramos de oro que un orfebre y empresario mexicano, le ha reclamado a la hoy diputada, después que esta fuera su abogada en tres procesos y se apropiara supuestamente del metal qué le había sido decomisado por la Dirección de Aduanas y que la asambleísta habría exigido como pago de honorarios profesionales.

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