A través de la descripción del caso de Rubén Prato, propietario de dos empresas, con cuentas en la entidad, se dejan ver las penurias de los clientes de la entidad en proceso de liquidación forzada desde 2019.

Fragmentos de la acusación penal que cursa en Panamá contra Víctor Vargas Irausquín en su carácter de propietario de AllBank Corp, revelan las irregularidades cometidas por el banquero y su entidad en la nación centroamericana en contra de los depositantes de la misma, las cuales se constituyen como elementos de convicción de la comisión del delito de fraude financiero, reveló Maibort Petit en maibortpetit.info.

El documento revela una solicitud hecha al Registro Público de Panamá de toda la información registral sobre AllBank Corp en la que se certifica el historial de dicha sociedad anónima constituida el 24 de enero de 2011, con Víctor Vargas Irausquín como director, presidente y beneficiario final.

Se refiere que la Superintendencia de Bancos de Panamá confirmó la situación financiera de AllBank[1], la cual se encuentra el proceso de liquidación forzosa administrativa desde el 8 de noviembre de 2019, por resolución Nº SBP-0205-2019 y a cuyo frente se encuentra Rafael Moscarella Valladares como liquidador administrativo[2].

En la acusación se citan declaraciones de Moscarella Valladares, quien requirió que la decisión de liquidar la institución bancaria se adoptó en razón de la duda razonable existente sobre su liquidez para afrontar sus obligaciones, especialmente, los depósitos de los clientes.

Explicó que la presunción de iliquidez partió de la imposibilidad de lograr que, tanto los fondos líquidos como las posiciones y títulos valores en poder de las entidades relacionadas —en las cuales Víctor Vargas es el beneficiario final— pudieran ser transferidas a las cuentas en el Banco Nacional. Entonces, al no contar con dicha disponibilidad de fondos se hacía imposible cubrir el pago de las obligaciones del banco.

En tal sentido, Moscarella Valladares informó que el objetivo de la liquidación era obtener fondos correspondientes a partir de los activos del banco para entonces proceder a devolver los depósitos a los clientes de la institución, así como para pagar cualesquiera otras obligaciones pendientes.

Precisó que ante la falta de respuesta por parte de las entidades relacionadas que permitieran la obtención de fondos y títulos valores, Rafael Moscarella Valladares presentó una denuncia penal en enero de 2020 a objeto de que las autoridades correspondientes procedieran a realizar la investigación correspondiente. Esta denuncia se presentó ante la Procuraduría General de la Nación de Panamá, entidad a la que se le informó acerca de la presunción de estar en presencia de un fraude financiero, dada la similitud de la situación de AllBank Corp con la de otras instituciones financieras relacionadas con Víctor Vargas en todas las jurisdicciones que no proveen información que permita que la clientela de los mismos disponga de sus fondos y porque no cumplen con las regulaciones bancarias.

Pero a pesar de la dificultad, manifestó que continuaban solicitando los fondos y títulos valores, así como otras dirigencias para lo lograr la liquidez necesaria.

El caso de Rubén Prato

Entre la información suministrada por Moscarella Valladares se encuentra la relacionada con la cuenta 001110006693, abierta el 15 de septiembre de 2013 a nombre de Edificaciones y Estructuras Seguras S.A., cuyos firmantes autorizados eran Rubén Darío Prato Zuluaga y María Rocío Zuluaga de Prato, la cual desde el 8 de noviembre de 2019 se encontraba bajo el estatus de “cuenta controlada. Tal situación impedía la aplicación de créditos y débitos sin que para ello mediara una autorización del oficial y/o área encargada.

Igualmente, la cuenta 001110017006 abierta el 15 de septiembre de 2013, a nombre de Consorcio Praval, encontrándose autorizados para firmar en ella Rubén Prato y María Martínez de Prato. Esta cuenta está controlada desde el 8 de noviembre de 2019, impedida de realizar créditos y débitos en la misma sin autorización expresa del oficial y/o área encargada.

El engaño

Se indica que se solicitó entrevista con Rubén Prato, quien dijo desconocer dicho estatus de sus cuentas, refiriendo que desde su apertura, estas cuentas funcionaron normalmente, pero sin indicación previa, el banco comenzó a manejarlas irregularmente en lo que a transacciones se refiere.

Agregó que AllBank en algún momento adujo que la Superintendencia de Bancos se encontraba auditándolos y en razón de que era un cliente significativo por la cuantía de sus depósitos, tenían que limitar los desembolsos, por lo cual exigió le entregaran la orden formal de la SBP de dicho acto, lo cual nunca sucedió.

Las diligencias de los cuentahabientes

Moscarella Valladares presentó copias de las múltiples peticiones formuladas por Rubén Prato en 2019 a la institución bancaria a objeto de que se le suministrara información sobre la razón de devolución de sus cheques, así como del cierre de sus cuentas y devolución de fondos.

Una de estas solicitudes tuvo lugar el 26 de agosto de 2019, suscrita por cuando Rubén Prato, en su carácter de representante legal de Consorcio Praval; la otra ocurrió en agosto de 2019 firmada por Francisco Espinosa, administrador de la citada empresa.

Rubén Prado escribió a AllBank Corp. en agosto de 2019, esta vez en representación de Edificaciones y estructuras Seguras S.A., solicitando la emisión de dos cheques de gerencia; también en nombre de esta última compañía, Prato escribió al banco el 2 de septiembre de 2019 para reiterar su pedido de dos cheques de gerencia.

El 29 de agosto de 2019, Francisco Espinosa escribió en nombre de Consorcio Praval a Francisco Abraham García, con copia a Evelyn Rojas, empleados de AllBank Corp., para solicitar respuesta a las peticiones formuladas con anterioridad y que no habían sido ejecutadas por el banco. En la misma fecha, Rubén Prato Zuluaga en representación de Edificaciones y Estructuras Seguras S.A., instruyó al banco para que emitiera dos cheques de gerencia contra la cuenta 001110006693 de dicha empresa, a favor de Panamá Viejo Development Corp. por 1.000.000 de balboas y de Constructora Selva Negra S.A. por 500.000 balboas, pero la instrucción no fue acatada por el banco y dispuso de los fondos de manera ilegal.

Los delitos

Se explica en el informe que la situación descrita en el caso de las cuentas de Rubén Prato en AllBank, se compadece con los hallazgos de los inspectores de la Superintendencia de Bancos de Panamá y que están vertidos en el Informe de Inspección Especial de fecha 8 de febrero de 2019. Allí se indicaba que en 2018 y 2019 se encontraron transferencias reportadas como pendientes por procesar de clientes por un total de 6.749.160,23 balboas y 556.100. Algunas de estas transacciones tenían hasta 10 meses de atraso.

El escrito deja ver que se está ante la suposición de existencia del delito de “Contra el orden económico” en la modalidad de “Delito Financiero”, tipificado en el Capítulo III, Título VII del Libro Segundo del Código Penal, artículo 250.

Se indica que los hechos se enmarcan dentro del delito de Fraude Financiero, consistente en el apoderamiento, uso indebido y transferencia ilícita del dinero de las sociedades Edificaciones y Estructuras Seguras S.A. y Consorcio Praval, las cuales confiaron sus recursos al AllBank.

REFERENCIAS

[1] Superintendencia de Bancos de Panamá. AllBank Corp. En liquidación forzosa. Informe preliminar. https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/informacion_general_bancos/Informes_Liquidacion/Allbank/INFORME_PRELIMINAR.pdf

[2] Antilavado de Dinero. “AllBank, el nuevo fraude bancario que golpea a Panamá”. 12 de abril de 2021. https://www.antilavadodedinero.com/allbank-el-nuevo-fraude-bancario-que-golpea-a-panama/

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La diputada Zulay Rodríguez denunció un negociado por parte del Gobierno Nacional de Panamá en el manejo de los hisopados para detectar el contagio de Covid-19.

En su intervención en el periodo de incidencias del parlamento la diputada perredistas señaló: «El presidente Laurentino Cortizo dijo que va a dar más de dos millones de hisopados de a dedo, porque como estamos en un Estado de Emergencia aquí no hay licitación y que hay empresas que se están beneficiando y por supuesto como las actas fueron cerradas por diez años, está bien hazlo, pero siempre quedan rastros, dice que en el delito siempre se dejan huellas y por supuesto ya me mandaron todos los hisopados que trajo la compañía Jers Medical Panamá, donde ellos se han ganado 40 millones de dólares que ha pagado el Gobierno nacional «.

Manifestó: «Nos dimos cuenta de algo y aquí está donde nosotros sacamos la información a través de Aduanas porque ellos no pueden ocultar eso, nos dimos cuenta que la compañía Jers Medical Inc, en las pruebas Sofía, los hisopados cuestan 15 dólares aproximadamente y lo vendieron a 85 dólares en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, estamos hablando que tuvieron ganancias de 60 dólares por cada hisopado».

«También les dieron las pruebas Rthda, adivinen a cuánto $6.05 y las vendían a 85 dólares, es decir que se ganaban 79 dólares, el Gobierno les paga 40 millones ellos tienen ganancias en las pruebas Sofía de 60 dólares por hisopado y 79 de las pruebas Rthda, si hablamos de 2 millones de pruebas ellos se han ganado casi 158 millones de dólares, 60 que se han ganado por la prueba Sofía y a dos millones son 120 millones se han ganado 278 millones más los 40 millones de dólares y no pagan impuestos», denunció la diputada, según informó Panamá América.

Zulay Rodríguez retó al director de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia y le dijo: «Publio Desgracia como te llamaron ese día quieres la Ley 256 para castigar a los abogados, castigar a los artistas, castigar a las profesiones liberales, y a los artesanos, aaahh, aquí el que se equivoque en la declaración jurada vaya preso, pero esta compañía ha evadido impuestos».

Los hallazgos encontrados por los estamentos de seguridad mientras realizaban los trabajos de campo para determinar las rutas del narcotráfico, muestran un punto de coincidencia, la existencia de fincas apartadas que son usadas como caletas o escondites de los cargamentos de droga que provienen de Colombia en lanchas rápidas.

La información es obtenida por estudios de inteligencia preparados por la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Frontera (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y que fueron transcritos en el informe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que revela cómo el narcotráfico se ha enquistado en la región este de la provincia de Panamá (corregimientos de Pacora, 24 de Diciembre y San Martin, así como el distrito de Chepo y la provincia de Darién), informó Marlene Testa en La Estrella de Panamá.

El informe fue preparado por la DIJ para la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada, ante el acelerado incremento de hechos delictivos de altos impacto (decomisos de droga, homicidios, robos y secuestro) en el sector este de esta región del país, que dieron origen a la ejecución de la operación Damasco que logró desmantelar la mayor organización pandillera en esa área autodenominada con los nombres de HP, Clan Agua o Manzana Cero.

Según el Senafront, la organización objeto del estudio tiene entre sus integrantes “a colaboradores con pleno conocimiento y dominio sobre toda el área costera del Pacífico de la provincia de Darién, distrito de Chepo y Panamá este”.

El Senafront logró identificar a los colaboradores encargados del dominio de estos territorios en donde operan fincas privadas dedicadas a la ganadería y la agricultura. “Sobre la identificación y soporte logístico, se pudo conocer que dicha organización contrata a colaboradores, como alertas tempranas, lancheros y cuidadores de caletas, ya que en su mayoría son residentes en estos sectores y conocen todo el terreno”, agrega el estudio.

El documento de Senafront identifica sectores como San José, Zahina y Mamoní Arriba, en el distrito de Chepo, controlados por alias El Científico y alias Chichi, este último hermano de Robert, líderes de la organización, como los colaboradores del grupo que tiene el control de pandilleros para darle el traslado y custodia de la droga que proviene de comunidades costeras del Caribe y el Pacífico.

Mientras que por parte de la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), en un trabajo de campo a estos sectores, que se complementó con interceptaciones telefónicas, determinaron cómo los líderes de esta organización conocidos con los apodos de alias Robert y alias Frankilito adquirieron fincas muy costosas que han logrado controlar a través de acercamientos con personas que han sufrido hurtos de sus reses.

Según destaca el informe, el Ministerio Público adelantó una investigaciones por el delito contra el patrimonio económico, en su modalidad de hurto pecuario, donde se vinculó a unos siete sujetos, todos relacionados con el nivel operativo del grupo pandillero HP, dirigido por alias Robert y Frankilito.

La investigación se originó tras una denuncia presentada el 30 de marzo de 2019 por una serie de hurtos pecuarios en sectores de Carriazo, Loma Bonita, Río Indio, La Chapa, entre otros.

El informe de inteligencia de la DIJ muestras que en una oportunidad el mismo Robert le indicó a una fuente de colaboración de los estamentos de seguridad que deseaba que le consiguiera una finca. “Están comprando muchas fincas”, fue el dato que la fuente le comunicó a los estamentos de seguridad, que originaron un plan de búsqueda de información que arrojó los lugares deseados, el monto y la extensión de estos terrenos.

Se trataba de fincas “no muy grandes”, como dijo Robert en interceptaciones telefónicas, entre 20 a 25 hectáreas y que estén un poco apartadas, porque desea preferiblemente que sean en el área de Cañita distrito de Chepo y que no tenga muchas casas cerca, aparentemente eran para regalárselas a un tío, para la cría de cerdos.

Fincas que adquirían a costos cercanos al medio millón de dólares y ofrecían entre 15 mil y 17 mil dólares de comisiones a los moradores que servían de intermediarios.

El trabajo de inteligencia del Senan confirmó que la base de la estructura de esta organización objeto del estudio se sostiene con la adquisición de estas fincas en zonas apartadas, porque permite el acceso a tierra firma de la droga que proviene de sectores apartados de Gonzalo Vásquez, Brujas, San Buena Ventura y Chimán, de donde desembarca la droga transportada desde Colombia por medio de lanchas rápidas.

Según el estudio del Senan, son fincas ubicadas en poblados de Tortí y Unión Santeña, los cuales poseen carretera. La gran mayoría de los terrenos poseen títulos de propiedad empeñados a la agricultura, ganadería, entre otros, condición privada que garantiza la seguridad por terceros de las rutas y accesos terrestres. Por lo que ante la necesidad del control de las rutas del narcotráfico implicaría evidentemente un aumento significativo de casos relacionados con la expropiación de muchos de estos terrenos o la oferta hacía propietarios de estos bienes inmuebles. Esto es con el fin de ser utilizados por estas organizaciones criminales, ya sea para esconder los estupefacientes o como fachada para ocultar las actividades ilegales al presentarse como ganaderos o agricultores.

Pero las constantes incautaciones realizadas por las fuerzas de orden afectan directamente las finanzas de las organizaciones criminales establecidas en sectores de Panamá este que se asocian a los eventos de impacto registrados en dicha zona. Se estima que continúen aumentando estos hechos delictivos de alto impacto, mientras sus estructuras sigan siendo afectadas producto de los golpes de las fuerzas de seguridad.

El notable flujo de casos judicializados producto de incautaciones llevadas a cabo por las fuerzas del orden ha permitido la identificación del modus operandi de esta estructura criminal.

Las fuentes de colaboración utilizadas por los estamentos de seguridad aducen que los miembros de esta organización tienen tareas muy bien definidas para estructurar el andamiaje logístico que les permita enviar grandes cantidades de droga a varios países de Centroamérica, México y Estados Unidos.

Se estima que está organización, en colaboración con organizaciones criminales de Colombia, son responsable del envío anual de 36 toneladas de estupefacientes a Estados Unidos.