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Panamá

La acusación contra Cortizo por falsificación de testamento en disputa legal con sus hermanos

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Mucho antes que Laurentino Cortizo se convirtiera en presidente de Panamá e incluso antes que fuera precandidato en el año 2018, por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), a la máxima jefatura del país centroamericano, había sido denunciado y acusado por algunos de sus hermanos de intentar despojarlos de la herencia dejada por su fallecida madre, supuestamente mediante la alteración y falsificación del testamento.

“Qué se puede esperar de alguien que antes de ser presidente fue acusado de haberse quedado con la herencia de sus hermanos falsificando un testamento”, ha comentado una persona familiarizada con el asunto, informa www.expresa.me.

En 2016 Laurentino Cortizo Cohen libró una batalla con algunos de sus hermanos ante el Órgano Judicial de Panamá por la herencia de su madre, según se desprende de una querella presentada y que fue tramitada por la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano.

La querella fue interpuesta por Dorinda Cortizo y Moisés Cortizo Cohen por la supuesta comisión del delito contra la fe pública y contra el patrimonio económico, pues alegaron que fueron excluidos ilegalmente en el testamento que dejó su madre, Esther Cohen de Cortizo, al morir en 2009.

De acuerdo con la querella, “Laurentino Cortizo, Roy Cortizo y Raúl Cortizo, presentaron un proceso sucesorio, con un testamento cuya existencia desconocían los demás hermanos y que distorsionaba la tan reiterada forma en que la señora Esther Cohen de Cortizo en vida, señalaba cómo serían repartidos los bienes de la misma, que incluso, fue atendida por nuestra representada, Dorinda Cortizo, hasta el día de su muerte, sin que aquélla le manifestara algún tipo de variación a su voluntad”, señaló uno de los recursos legales interpuestos por la firma de abogados G&B Law Firm.

Como elemento de sustento, Dorinda Cortizo y Moisés Cortizo Cohen presentaron una declaración notarial de Martha Lineth de González que señaló que no firmó como testigo en el testamento abierto suscrito por la señora Esther Cohen de Cortizo. De acuerdo con la querella, González dijo que no es su firma la que aparece en el documento y testamento. Los denunciantes aportaron un análisis grafólogo y grafocrítico, rendido por Armando Gaitán, en el cual señaló que la firma de Martha Linteth González, tenía “características diferentes a las observadas”. Dorinda Cohen estableció en su denuncia que luego de la muerte de su madre, su hermano (Laurentino Cortizo) le insistió en que fuera a una reunión en una de sus empresas familiares para darle copia del testamento. Aseveró, dentro de la querella, que desde que ella vio el documento, “dudó de la firma de su madre, por ello solicitó las certificaciones ante las notarias correspondientes y que se verificara si su madre había dejado testamento o no”.

Dorinda Cortizo y Moisés Cortizo Cohen acusaron a Laurentino Cortizo y a sus otros dos hermanos de haberse valido de firmas falsas para quedarse con la herencia de su madre.

Desestimiento

A mediados del mes de septiembre del año 2018, a pocos días de las elecciones primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el entonces precandidato presidencial Laurentino “Nito” Cortizo Cohen se quitó el reclamo que le tenían dos de sus hermanos por la supuesta comisión del delito contra la fe pública y contra el patrimonio económico, pues estos alegaban que fueron excluidos ilegalmente en el testamento que dejó su madre, Esther Cohen de Cortizo, al morir en 2009.

Sin embargo, no se supo de inmediato si el repentino desistimiento de sus hermanos suspendía un proceso penal que se entabló tras la querella penal en contra del Cortizo en 2016, señalado del supuesto delito de haber falsificado la firma de una persona en una escritura pública para hacerse de una herencia.

El 5 de septiembre de 2018, a pocos días de las elecciones primarias del PRD, Dorinda y Moisés Cortizo presentaron una “solicitud especial” para el desistimiento por una denuncia que tanto habían peleado legalmente. Los hermanos mantienen una disputa por la herencia familiar.

No hubo un pronunciamiento del juzgado o del Ministerio Público de si el caso fue cerrado o siguió investigando de oficio, pues hay señalado un supuesto delito de falsificación contra una escritura pública, en la que no se conoce bien que el hoy mandatario hubiera o no participado.

 

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Panamá

Clienta denunció aparente estafa tras colocación de dinero a plazo fijo en Banistmo

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Una usuaria del banco Banistmo, de nombre Martha, denunció cómo había colocado $500.000 a plazo fijo en la entidad bancaria desde el año 2015, que obtuvo gracias a una herencia que le dejó su madre, y luego de vencerse el plazo en 2020 y reclamar sus ahorros, se percató que su dinero había desaparecido.

En entrevista con Nancy Dunkley, la usuaria denunció que el banco no le comunicó en ningún momento inconveniente alguno y que al solicitar explicaciones el banco le informó que el dinero ya no existía porque ella había solicitado un crédito prendario, el cual la clienta negó haber firmado.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sólo le ha respondido que no puede hacer nada, en una situación que tiene visos de haber sido una estafa.

Martha también denunció que una subgerente de Banistmo la amenazó con llevarla a juicio. Sin embargo, señaló que una testigo aseguró que la entidad tenía «comprados» a funcionarios de la superintendencia bancaria.

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Panamá

Se agudiza crisis de migrantes entre Colombia y Panamá

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El pasado sábado el gobierno colombiano planteó un diálogo con Panamá para aliviar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, por el inusual flujo de migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos con destino a Estados Unidos.

Desde hace algunas semanas miles de migrantes, entre venezolanos, haitianos, africanos y cubanos, esperan en el puerto colombiano de Necoclí las embarcaciones que lo lleven hasta la frontera con Panamá, una de las escalas antes de llegar al destino final que es EEUU o Canadá.

Las autoridades colombianas y panameñas temen un brote considerable de coronavirus por la aglomeración de personas en plena pandemia justo cuando Colombia vive la tercera ola de la COVID-19.

La presencia de los migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos genera ganancias a la economía de este pequeño puerto turístico azotado por la pandemia.

La cantidad de migrantes alquilan cuartos de hoteles y casas particulares a la espera de poder abordar alguno de los muchos botes que cruzan a diario el golfo de Urabá.

El golfo de Urabá es uno de los puntos principales del tránsito de migrantes que buscan cruzar caminando hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón de Darién, con rumbo hacia Centroamérica, según la información de AFP.

Aunque la migración de venezolanos en los últimos 5 años es la que ha ocupado mayor centimetraje en los medios de comunicación, hay otros países que también están viendo salir a sus ciudadanos aunque con menos proporción.

Las autoridades colombianas han denunciado recientemente la intervención de redes internacionales que se encargan de trasladar a migrantes no solo desde Venezuela sino también de otros países de latinoamérica al departamento de Nariño.

Migrantes de Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela pagan a estas mafias cientos de dólares para ser trasladados desde la frontera de Colombia con Ecuador hasta los límites con Panamá, situación que ha creado una crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

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Panamá

Ciudadanos ven con suspicacia propuesta del contralor Gerardo Solís de vender el 10% de participación del Estado panameño en Panamá Ports Company

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Tras concluir la votación de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) —el pasado 23 de junio—, que aprobó autorizar la renovación automática del contrato a Panamá Ports Company (PPC), el contralor de la República, Gerardo Solís, propuso venderle a la empresa la participación del Estado en la portuaria, que corresponde al 10% de las acciones.

El planteamiento de Solís lo recoge el acta de la reunión del 23 de junio de 2021, publicada en la página web de la AMP luego de la solicitud de información que hizo el activista político Ricardo Lombana, señaló La Prensa.

“Al venderle el Estado a la empresa el 10%, la empresa queda en igualdad de condiciones, en paridad con el resto de las empresas portuarias, y nosotros tenemos esa plata, ese valor de 25 años lo traemos a valor presente y se puede invertir ahora en beneficio del pueblo panameño, ese dinero…”, dijo Solís.

La propuesta fue planteada por Solís casi al final de la reunión y luego de reiterar que la decisión de prorrogara el contrato es la correcta, porque la empresa cumplió. Se desconoce cuál es el valor de las acciones, pero PPC ha señalado que invirtió más de $1,695 millones en los 23 años y 5 meses de vigencia del contrato.

El tema ha repercutido en las redes sociales, donde algunos ciudadanos han visto con suspicacia la propuesta del contralor Solís.

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